Uno de los trazos más destacados de la “nueva era” de Xi Jinping es la defensa a ultranza del liderazgo del Partido. La omnipresencia del PCCh es evocada como una garantía indispensable de la culminación exitosa del proceso de modernización, que atraviesa un momento crítico y decisivo.
En esa dinámica, hay dos estructuras clave sobre las que Xi Jinping ha fortalecido al detalle el liderazgo partidario, alentando en ellas dinámicas de “repartidirización” activa: el Estado y el Ejército.
En el Estado manda el Partido
Uno de los rasgos más distintivos del xiísmo es la clausura explícita del debate -ya tenue- sobre la separación entre Estado y Partido y su sustitución por una lógica de repartidirización integral conforme al aserto de que “el Partido lo dirige todo”. No se trata de un giro abrupto, sino de un proceso gradual, acumulativo y cuidadosamente legitimado, que puede descomponerse en varios planos interrelacionados.
Desde 2012, Xi ha insistido en que el liderazgo del PCCh no es una mera opción política sino un principio constitucional y civilizatorio. A diferencia del reformismo pragmático de Deng Xiaoping, incluido el periodo tardío de Jiang Zemin y Hu Jintao, Xi plantea que sin Partido fuerte no hay Estado eficaz ni modernización posible. Esta idea se codifica progresivamente en documentos clave: resoluciones plenarias, discursos programáticos y, sobre todo, en la constitucionalización del “Pensamiento de Xi Jinping sobre el socialismo con características chinas para una nueva era” (2018). El mensaje es inequívoco: el Partido no supervisa al Estado desde fuera, sino que lo encarna y lo orienta desde dentro.
La repartidirización no se limita a una retórica ideológica. Se traduce en una reingeniería institucional que refuerza la primacía de los órganos del Partido sobre los del Estado. El ejemplo más claro es el papel de los “grupos dirigentes centrales”, muchos de los cuales han sido transformados en comisiones centrales del PCCh, presididas directamente por Xi. Estas estructuras partidarias asumen funciones estratégicas en ámbitos que formalmente corresponden al Estado, desde la seguridad a la reforma económica, asuntos exteriores, tecnología o ciberespacio. El Consejo de Estado queda así funcionalmente subordinado, reducido a un ejecutor administrativo de decisiones tomadas en el seno del Partido.
Un elemento clave del proceso es la reforzada presencia de células y comités del PCCh en todos los niveles del aparato estatal, incluidas agencias reguladoras, empresas públicas, universidades, hospitales y, de forma creciente, empresas privadas. Bajo Xi, se enfatiza que el secretario del Partido en cada unidad es la figura central de autoridad, incluso cuando existe un director o gestor con funciones ejecutivas. Esto altera el equilibrio heredado del periodo denguista, cuando el Partido “marcaba la línea” pero dejaba cierto margen de autonomía técnica a la administración.
La potenciación del Estado de derecho bajo Xi no implica una autonomización del poder judicial, sino su alineamiento explícito con los objetivos políticos del Partido. Se refuerza así la idea de que la ley es un instrumento de gobernanza del PCCh, y que los tribunales, las fiscalías y los órganos de seguridad interior operan bajo el principio de “lealtad política”.
En perspectiva histórica, Xi rompe con la ambigüedad funcional que caracterizó a las décadas posteriores a Mao, cuando se toleró cierta diferenciación entre Partido y Estado para facilitar la gestión económica y la profesionalización administrativa. Xi considera que ese modelo generó fragmentación del poder, laxitud ideológica y riesgos sistémicos. Su respuesta no es volver al maoísmo clásico, sino construir un Estado altamente modernizado, pero orgánicamente subordinado al Partido, donde la eficiencia técnica no cuestiona la primacía política.
La repartidirización también responde a una lectura del contexto internacional. En un entorno percibido como hostil e inestable, Xi apuesta por un Estado-partido cohesionado, capaz de movilizar recursos, imponer disciplina y sostener una estrategia de largo plazo. Desde esta óptica, la separación Estado-Partido no es un ideal deseable, sino una vulnerabilidad estructural.
Por último, debe entenderse que el Estado no se debilita frente al Partido, sino que se redefine como su brazo operativo, cerrando un ciclo histórico abierto con las reformas denguistas y restaurando, en clave contemporánea, el principio fundacional del sistema, es decir, la idea de que el Partido es el núcleo dirigente absoluto.
En el Ejército manda el Partido
El Ejército Popular de Liberación (EPL), de actualidad ahora por una nueva depuración en su cúpula, es, quizá, el laboratorio más acabado de la repartidirización bajo Xi. A diferencia de un aparato civil donde aún subsisten inercias tecnocráticas, en el ámbito militar Xi ha actuado con una claridad doctrinal y una contundencia política excepcionales, precisamente porque ahí se juega el nervio último del poder.
Cuando Xi llega al poder, el EPL ya no es, por supuesto, el ejército maoísta de “soldados rojos”, sino una fuerza altamente profesionalizada, con mandos que acumulan poder corporativo, redes clientelares y una cultura de autonomía funcional. Formalmente, el principio de que “el Partido manda al fusil” nunca se abandonó, pero en la práctica se había producido una relajación del control político, especialmente durante las décadas de Jiang Zemin y Hu Jintao, cuando primó la estabilidad interna y el desarrollo técnico-militar. Xi interpreta esa evolución como un riesgo estratégico ya que, en la tradición del PCCh, un ejército eficaz pero políticamente tibio es una contradicción peligrosa.
Desde el inicio de su mandato, Xi, al igual que aconteció con el debate sobre la separación Estado-Partido, ha soslayado cualquier invocación acerca de la “nacionalización” del ejército, una idea que había circulado en círculos académicos chinos en los años noventa, y reitera un mensaje clave: “El EPL es el ejército del Partido, no un ejército nacional en sentido occidental.” Xi entierra esa discusión y enfatiza la lealtad absoluta al PCCh y, en concreto, a su “núcleo” dirigente.
Uno de los instrumentos más decisivos de este proceso es la consolidación del sistema de responsabilidad del presidente de la Comisión Militar Central (CMC). Aunque este principio existía formalmente, Xi lo convierte en un mecanismo de mando real y personalizado. En la práctica, esto significa que todas las decisiones estratégicas clave -operativas, doctrinales y organizativas- se concentran en la figura del presidente de la CMC, es decir, el propio Xi Jinping. Se diluye así la autonomía colegiada del alto mando y se refuerza una cadena de mando vertical, política antes que profesional.
La gran reforma militar que lanza a partir de 2015 persigue el doble cometido de modernizar el EPL y desarticular cualquier centro de poder autónomo. Entre los cambios más relevantes cabría citar la disolución de las cuatro grandes direcciones generales (Estado Mayor, Política, Logística y Armamento), que habían acumulado enorme poder burocrático; la creación de 15 departamentos directamente dependientes de la CMC, para reforzar el control central y reducir la intermediación jerárquica; y la reorganización territorial, de modo que las antiguas regiones militares son sustituidas por comandos conjuntos, limitando el arraigo local de los mandos.
El efecto político que se persigue es claro: menos redes personales y más dependencia del centro partidario.
Xi, además, refuerza de forma explícita el sistema de doble mando (comandante y comisario político), inclinando el equilibrio hacia este último. El comisario deja de ser una figura ideológica decorativa y se reafirma como garante de la ortodoxia política y de la lealtad al Partido. Además, se intensifica el trabajo político en las unidades apelando al estudio ideológico, juramentos de lealtad, campañas de educación partidaria y vigilancia interna. El mensaje apunta a que la competencia militar en modo alguno debe pasar por alto la fiabilidad política.
Al igual que acontece con el Estado, el objetivo final no es debilitar al EPL, sino todo lo contrario, es decir, hacerlo más capaz operativamente y menos autónomo políticamente. Xi persigue un ejército preparado para “librar guerras y ganarlas”, tecnológicamente avanzado y capaz de llevar a cabo operaciones conjuntas, pero incapaz de actuar como actor corporativo independiente.
La corrupción como argumento
La campaña anticorrupción desempeña un papel decisivo en la repartidirización. Más allá de su dimensión moral o administrativa, funciona como un mecanismo de recentralización política al someter a los cuadros estatales a la disciplina del Partido y reforzar la autoridad de la Comisión Central de Control Disciplinario, un órgano estrictamente partidario que actúa al margen del sistema judicial ordinario. La rendición de cuentas se produce primero ante el Partido, y solo secundariamente ante el Estado.
La campaña anticorrupción en el EPL es especialmente reveladora. La caída de figuras como Xu Caihou y Guo Boxiong, ambos ex vicepresidentes de la CMC, tiene un efecto sísmico al demostrar que ningún rango militar está por encima de la disciplina del Partido. Esa onda expansiva es la que también alcanza ahora a Zhang Youxia, el último de una larga lista, junto a Liu Zhenli, altos mandos de la Comisión Militar Central. En octubre del pasado año, había sido el turno de otros nueve generales.
Aquí se refuerza el papel de la Comisión de Control Disciplinario Militar, un órgano partidario que actúa al margen del sistema judicial militar ordinario, subrayando que la rendición de cuentas es, ante todo, política.
A mayores, Xi impulsa una proliferación de reglamentos, códigos disciplinarios y normas internas que regulan no solo la conducta profesional, sino también la expresión política, el uso de redes sociales y las relaciones personales de los oficiales. La legalización del control no busca autonomía jurídica o una normativización neutral, sino institucionalizar la subordinación al Partido bajo el lenguaje de la gobernanza moderna.
El blindaje del Partido
Por tanto, Xi Jinping ha llevado al extremo el principio fundacional del sistema chino que preconiza la primacía absoluta del Partido sobre el fusil. Ciertamente, la novedad no está en la idea, sino en su ejecución sistemática y centralizada, reduciendo al mínimo los márgenes de autonomía del estamento militar e integrándolo de lleno en la arquitectura del Estado-Partido.
Así, el PCCh ha alcanzado su máximo grado de centralidad institucional desde 1978, y probablemente el mayor control efectivo sobre el Estado, el Ejército y la sociedad desde la muerte de Mao, pero sin el caos ni la fragmentación de aquella etapa.
Durante la era denguista, el PCCh actuaba como instancia suprema de arbitraje, fijando los grandes límites, pero dejando amplios márgenes de gestión al Estado, a los gobiernos locales y a los tecnócratas. Hoy, el Partido es el núcleo operativo que decide, coordina, supervisa y sanciona. El PCCh nunca había estado tan orgánicamente presente.
A diferencia de los años 80 o 90, la separación Estado-Partido o la nacionalización del Ejército han cedido paso al enaltecimiento del liderazgo indiscutido del Partido con el propósito de blindarse al máximo frente a hipotéticas vulnerabilidades. A fin de cuentas, el Partido repartidiriza Estado y Ejército para blindar su continuidad.
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