Una comunidad como Madrid, que tiene un 35% de tasa de paro juvenil y una alta precariedad laboral, no puede cometer el disparate de dejar sin atender a una buena parte de la demanda de formación de los jóvenes.
Alba acabó bachillerato en un instituto público del sur de Madrid y quería matricularse en un ciclo de grado superior de Laboratorio Clínico. Pertenece a una familia trabajadora y cree que tiene capacidad para cursar una carrera, pero no puede permitirse la Universidad por las tasas universitarias y, sobre todo, porque necesita trabajar lo antes posible. Pero cuando miró las listas de admitidos en julio comprobó que no tenía plaza y que estaba en una lista de espera de 1.684 personas, ya que el 90% habían sido excluidos. Estos primeros días de septiembre va a tener que hacer guardia de noche en la puerta de un centro público, a ver si tiene mucha suerte y puede acceder a una posibilidad para seguir formándose. Alba es una más de las casi 25.000 personas que se han quedado sin una plaza pública para poder estudiar Formación Profesional (FP) en Madrid.
Los datos de la campaña de matriculación en Formación Profesional en Madrid para el curso 2021-2022 son escandalosos. En julio se quedaron 6.938 personas sin poder matricularse en Ciclos Formativos de Grado Medio. A ellos hay que sumar otros 17.976 (el 54%) que se quedaron sin una plaza pública para cursar un ciclo de Grado Superior. Son un total de 24.914 solicitudes rechazadas de personas, obligados ahora a ir centros privados y concertados o a quedarse en su casa por no poder pagar tasas de 7.000 a 10.000 euros. Este desastre de la FP en Madrid pone de manifiesto que no estudia quien quiere sino quien puede.
El déficit estructural de plazas públicas en la FP es un grave problema educativo por la falta de inversión y de planificación. Está afectando a sectores del alumnado con menos recursos que eligen la FP como itinerario formativo y destroza la equidad del sistema. Porque si lo unimos a la segregación escolar que produce la apuesta de la derecha por la red de centros privados y concertados, al distrito único y al bilingüismo, en la práctica supone un irrompible techo de cristal para los jóvenes de familias modestas. Algo que ya documentó Paul Willis en su “Aprendiendo a trabajar” (NOTA 1), desmontando el mito neoliberal de que cualquiera puede alcanzar los sueños que se proponga si se esfuerza independientemente de su origen social: los chicos de la clase obrera consiguen trabajos de clase obrera. No hay que olvidar que la naturaleza de toda segregación consiste en dejar a gente por el camino, convirtiéndose en un poderoso mecanismo que convierte la igualdad de oportunidades en un espejismo.
Lo sucedido no es imprevisión ni simple incompetencia. Es recurrente, ya que algo parecido sucede todos los años (NOTA 2). Las causas hay que buscarlas en la descarada estrategia de privatización de la FP. Privatización que no consiste en vender centros públicos, pero sí en cerrar aulas o ir vaciándolas de su alumnado. Es una decisión política que apuesta por un modelo educativo neoliberal que reproduce fielmente un modelo social injusto por desigual.
Su política contra lo público les hace mantener un déficit crónico de plazas en la FP pública para achicar el espacio de la educación pública. Al negar plazas públicas a muchos miles de alumnos, se les deja en la calle o se les arroja en brazos del sector privado, que ha proliferado bajo la forma de academias que difícilmente reúnen condiciones mínimas de calidad. Miles de alumnos reciben el “cheque escolar” exclusivo para el alumnado de la FP privada. Así, una orden de la Consejería de Educación de mayo de 2021 destina 18,5 millones de euros para becas de una media de 2.000 euros, lo que supone más de 9.000 alumnos derivados a la FP de Grado Superior privada. Las becas se gestionan directamente desde las secretarias de los centros privados. El resultado del proceso de privatización de la FP en la Comunidad de Madrid es demoledor: en solo diez años el alumnado que estudia FP en centros concertados y privados ha pasado del 27% al 44%, gracias a esta política deliberada.
Una comunidad como Madrid, que tiene un 35% de tasa de paro juvenil y una alta precariedad laboral, no puede cometer el disparate de dejar sin atender a una buena parte de la demanda de formación de los jóvenes. No es aceptable una política que escatima esfuerzos de financiación, de profesorado y recursos para potenciar y modernizar un sector educativo fundamental para mejorar la cualificación y la calidad del empleo. Este desprecio hacia la FP se evidencia en que Madrid es la comunidad autónoma con menos alumnos matriculados en FP sobre el total de alumnos matriculados en todo el sistema educativo, la que menos plazas oferta en la FP pública, y la única que cobra unas tasas académicas en la FP de grado superior de 400 euros. Para corregir y mejorar la situación, desde Unidas Podemos exigimos la máxima transparencia al Gobierno de la Comunidad y una Comisión de Seguimiento para la gestión de fondos provenientes de Europa para la FP. Hay que asegurar su carácter finalista y que no sean desviados a la privatización y a otros capítulos.
Es urgente negociar un Plan de Choque de Formación Profesional para hacer frente a la situación de emergencia existente y atender la demanda insatisfecha con mayor inversión, contratación de profesorado y apertura de las aulas taller en turno de tarde. A medio plazo, se deberá negociar con la comunidad educativa y los agentes sociales un Plan Estratégico de Formación Profesional que incremente la oferta de plazas públicas de FP en función de la demanda del alumnado y del mercado de trabajo, y no del negocio de los centros de FP privados. Hay que reforzar la FP reglada pública, más aún, cuando conocemos que se produce una disminución de la FP continua (dirigida a trabajadores en activo), porque las empresas han recortado a la mitad en una década el dinero en formación a sus trabajadores (NOTA 3).
Los efectos sociales y laborales del debilitamiento de la FP que hacen comunidades como Madrid, convierten el mercado de trabajo en el reino de la desregulación y la precariedad. Negar una mayor cualificación profesional a decenas de miles de jóvenes es abocarles al paro, a la precariedad y a los bajos salarios. Es la hora de apostar por empleos de calidad. Ello pasa, además, por la derogación de la reforma laboral a la máxima urgencia y por otro modelo productivo que nos saque del círculo vicioso de la dependencia cuasi absoluta de la hostelería y del turismo. Desde Biden a Macron han abierto el melón de algo obvio: es absolutamente necesario pagar bien a trabajadores debidamente formados. El modelo de precariedad, bajos salarios, trabajo sin derechos que conduce a la generación de trabajadores pobres no debe tener cabida en una economía avanzada y en una sociedad civilizada. Hay que poner una FP pública de calidad al servicio de la formación de los buenos profesionales que el país necesita.