La negociación colectiva es una herramienta potente. Genera conciencia de clase, engrasa y refuerza las organizaciones obreras, redistribuye la riqueza, y permite mejorar nuestras condiciones de vida y trabajo. Mas de 5.000 convenios negociados al año, mas de 11 millones de trabajadores involucrados, un millón cien mil empresas implicadas. En el Estado español mas del […]
La negociación colectiva es una herramienta potente. Genera conciencia de clase, engrasa y refuerza las organizaciones obreras, redistribuye la riqueza, y permite mejorar nuestras condiciones de vida y trabajo. Mas de 5.000 convenios negociados al año, mas de 11 millones de trabajadores involucrados, un millón cien mil empresas implicadas.
En el Estado español mas del 80% de los trabajadores del sector privado están afectados por acuerdos colectivos que tienen eficacia general. El 79% son convenios de empresa que incluyen al 11% de los asalariados. Los convenios provinciales afectan al 52%, los autonómicos al 9,3% y los estatales al 27%.
Sin embargo, bajo el capitalismo, ninguna conquista esta garantizada. Cada empresario compite con otros, trata de producir más y más barato, mediante el desarrollo de la tecnología y una organización del trabajo más eficaz, porque de ello dependen sus beneficios. Pero, como dice Marx, «eso no basta, y siempre llega un momento en que se esfuerzan por reducir el precio de sus mercancías mediante la depresión del salario por debajo del valor de la fuerza de trabajo».
Como un recién operado de cataratas podemos ver claro por qué gobierno y patronal amplifican el miedo que provocan la precariedad y el desempleo masivo para dividir a los trabajadores potenciando la negociación empresa por empresa. La próxima reforma de la ley de huelga cerrará el círculo iniciado hace un año con medidas de reducción del gasto social, reforma laboral y reforma de las pensiones.
Los dirigentes de UGT y CCOO, prisioneros del acuerdo que retrasa la edad de jubilación y abarata las pensiones, tal y como exigía la derecha europea representada por Merkel y Sarkozy, se ven ahora sin margen de maniobra ante la amenaza del gobierno de legislar nuevamente por decreto, tal y como hicieron con la reforma laboral. Una reforma aprobada en 2010 que ha empeorado la negociación colectiva; facilitando los traslados colectivos, allanando la modificación de las condiciones de trabajo, y favoreciendo el descuelgue salarial generalizado.
Antes de la ley, aprobada en septiembre, un convenio provincial, autonómico, o estatal, era vinculante, y para que una empresa se descolgase debía establecerlo el convenio, conocerlo la Comisión Paritaria, y ser ciertas y justificadas las razones. Ahora, la norma dice que si hay acuerdo en la empresa «se entenderá que concurren las causas justificativas», es decir, que no hacen falta razones y se excluye el control judicial. La consecuencia es que en la empresa se pueden fijar salarios, jornada y condiciones de trabajo que anulen lo establecido en convenios de ámbito superior, y allí donde no haya delegados sindicales se puede elegir directamente una representación específica sin ningún control. Se abren asi las puertas del infierno porque cuatro de cada cinco empresas tienen menos de diez trabajadores y ninguna representación, y porque la ley habilita al empresario para suspender pactos de empresa que no cumplan los requisitos propios de un convenio colectivo.
Y aun asi no es suficiente. El gobierno reclama que los convenios respondan a las necesidades de las empresas y a políticas que se deciden en los centros de poder económico y financiero. Los intereses de los trabajadores no cuentan. Varias son las exigencias concretas:
– Romper la relación salarios inflación. Para que los salarios no perdiesen poder adquisitivo deberían actualizarse conforme al aumento de precios del año anterior. Hace tiempo, sin embargo, que los salarios crecen según la previsión del gobierno de turno, muy por debajo de la realidad. La pretensión ahora es suprimir las cláusulas de revisión salarial donde las haya e introducir la productividad como nuevo factor de rebaja salarial. Los salarios crecieron en diciembre el 1,3% y los precios al 3%. Este es el camino que defiende el gobierno en lugar de exigir a las empresas innovación e inversión.
– Eliminar o neutralizar la prórroga de los convenios cuando finaliza su vigencia (ultraactividad). Los empresarios quieren que al finalizar un convenio se apliquen las condiciones mínimas previstas en las leyes, o bien una mediación o arbitraje rápido que anule las medidas de fuerza de los trabajadores, dado que la huelga no esta permitida mientras esta vigente un acuerdo laboral. La negociación sindical de la ultraactividad limitándola temporalmente reforzaría la prepotencia empresarial y los acuerdos a la baja.
– Modificar la estructura de la negociación colectiva rompiendo el principio de que «un convenio colectivo, durante su vigencia, no podrá ser afectado por lo dispuesto en convenios de ámbito distinto». Reservar determinadas materias al convenio estatal o autonómico, marginar los convenios provinciales, y potenciar aún mas los convenios de empresa, significaría un nuevo paso atrás.
– Aumentar la flexibilidad interna en las empresas. Posibilitando que se revise un convenio aunque esté vigente. Ordenando el tiempo de trabajo como interese al empresario. Manejando las categorías profesionales. Vinculando los salarios a una falsa productividad; al absentismo, a los premios de presencia, o a los pluses. En ningún caso a la productividad real, porque en las empresas no hay transparencia, ni acceso a los libros de cuentas, ni a los consejos de dirección, ni a las decisiones estratégicas. Mucho menos cuando proliferan las contratas, subcontratas y ETTs.
Hace falta un golpe de timón. El movimiento sindical nació para combatir al capitalismo y luchar por una sociedad socialista en la que los recursos económicos se planificasen en beneficio de la mayoría social. Recuperar este sindicalismo de clase es fundamental para pasar a la ofensiva y defender alternativas al Pacto de Competitividad que define una Europa dominada por mercaderes. Podrán imponernos reformas pero no conseguir que legitimemos políticas antiobreras que aumentan la desigualdad y la precariedad en beneficio de una minoría de la sociedad. La confrontación es inevitable asi que, hagamos de la necesidad virtud, y preparemonos para el combate. Como recitaba Rafael Alberti ¡A galopar, a galopar, hasta enterrarlos en el mar!
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.