La cadena perpetua impuesta a Ahmed Kalfan Ghailani por su participación en los atentados contra las embajadas de Estados Unidos en Kenia y Tanzania, en 1998, catapultó el debate sobre qué justicia, si la civil o la militar, debe procesar a los detenidos por terrorismo en Guantánamo. La sentencia conocida el martes es resultado del […]
La cadena perpetua impuesta a Ahmed Kalfan Ghailani por su participación en los atentados contra las embajadas de Estados Unidos en Kenia y Tanzania, en 1998, catapultó el debate sobre qué justicia, si la civil o la militar, debe procesar a los detenidos por terrorismo en Guantánamo.
La sentencia conocida el martes es resultado del primer juicio llevado totalmente a cabo por un tribunal federal civil. Murieron 224 personas en los atentados de 1998 y cientos más quedaron heridas.
Ghailani fue declarado culpable en noviembre de conspiración y absuelto de otros 284 cargos. La justicia civil lo condenó a la máxima pena prevista pese al pedido de clemencia de sus abogados alegando las torturas y los malos tratos de que fuera víctima en los llamados «sitios oscuros» de la estadounidense Agencia Central de Inteligencia (CIA) y en el centro de detención de la base naval de Guantánamo, Cuba.
El sufrimiento de Ghaliani «es nimio comparado con el horror que él y sus cómplices causaron», señaló el juez federal de la Corte de Distrito, Lewis Kaplan, al rechazar el pedido en su tribunal de Manhattan, en Nueva York. «El asesinato y la mutilación a sangre fría de personas inocentes fue de una magnitud difícil de imaginar en 1998», añadió.
El gobierno del presidente Barack Obama defendió la importancia de que ese tipo de juicios fueran realizados por tribunales federales. Pero a fines del año pasado, el Congreso legislativo aprobó una enmienda al proyecto de ley de autorización de defensa 2011 que prohíbe el uso de fondos del Pentágono, sede del Departamento de Defensa, para trasladar detenidos de Guantánamo a Estados Unidos.
La reforma impidió que Obama cumpliera su promesa de cerrar Guantánamo, pero también mantuvo a las criticadas comisiones militares, acusadas de innumerables errores, como el único ámbito para procesar a los detenidos. Sólo cinco casos fueron juzgados con éxito en tribunales militares en los nueve años transcurridos desde que llegaron los primeros presos a Guantánamo.
Cuando Obama promulgó la ley envió un comunicado en el que reafirmó su voluntad de que los juicios fuera realizados por tribunales civiles y prometió trabajar con el nuevo Congreso para revocar la enmienda, una tarea mucho más difícil ahora que la Cámara de Representantes tiene mayoría de legisladores del opositor Partido Republicano. El fallo fue aplaudido por organizaciones de derechos humanos. «El juicio de Ghailani demostró que un caso complejo como el horrendo crimen cometido en el extranjero puede ser objeto de un proceso justo en un sistema legítimo y concluir con una condena acorde con el delito», señaló Laura Pitter, asesora en materia de antiterrorismo de Human Rights Watch (HRW).
Similares declaraciones realizó Amnistía Internacional que, al igual que HRW y otras organizaciones de derechos humanos, sostienen desde hace tiempo que las personas acusadas de terrorismo en Guantánamo deben ser procesadas por tribunales civiles. «El veredicto y la sentencia serán reconocidos internacionalmente como el producto de un sistema establecido y abierto, a diferencia de las comisiones militares», señaló Geneve Mantri, directora de relaciones con el gobierno en materia de seguridad nacional y derechos humanos del capítulo local de Amnistía.
Ghailani, miembro de la red extremista Al Qaeda de Tanzania que desempeñó un papel clave en la organización de los atentados y el contrabando de explosivos para el hombre que ejecutó el ataque en Dar es Salaam, fue acusado poco después de ocurrido el hecho y capturado en Pakistán en 2004. Estuvo varios años en uno de los «sitios oscuros» de la CIA, donde habría sido torturado y luego llevado a Guantánamo en septiembre de 2006.
El Departamento de Justicia ordenó en mayo de 2009 su traslado a Estados Unidos para ser procesado por un tribunal federal. Durante el juicio, Kaplan excluyó al único testigo que podía vincular a Ghailani directamente con los explosivos utilizados en los atentados alegando que la identidad de la persona había sido obtenida bajo técnicas de interrogatorio calificadas de tortura por la mayoría de las organizaciones de derechos humanos.
El jurado sorprendió al absolver a Ghailani de todos los cargos, salvo el de conspiración para destruir edificios y propiedades del gobierno.
El veredicto sirvió para que la mayoría de los republicanos que critican la iniciativa de Obama de juzgar a los presuntos terroristas de Guantánamo en tribunales federales de Estados Unidos lo utilizaran como prueba de que la justicia civil les otorga demasiadas salvaguardas.
El líder republicano en el Senado, Mitch McConnell, pidió al gobierno que considere que es un error recurrir a los tribunales federales «y nos asegure que los terroristas serán procesados de aquí en más en el sistema de comisiones militares». El veredicto y el posterior escándalo llevaron a varios legisladores del gobernante Partido Demócrata a abandonar a su presidente y votar a favor de la enmienda.
Pero el delito por el cual fue acusado Ghailani ofrece al magistrado la discreción sustancial de una sentencia mínima de 20 años a una máxima de cadena perpetua sin libertad bajo fianza. El juez optó por esta última. Kaplan todavía debe decidir donde cumplirá la condena Ghailani, pero la mayoría de los observadores especulan que será en la prisión federal de Colorado, donde están cuatro de sus cómplices de los ataques de 1998, condenados por un tribunal federal en 2001, antes de los atentados contra Nueva York y Washington.
Habrá que ver qué pasará con los próximos juicios a los presos de Guantánamo, entre los que está Jalid Jeque Mohammad, el presunto ideólogo de los atentados del 11 de septiembre de 2001.