La propuesta marroquí de autonomía para el Sáhara, apoyada por Francia, EE UU y España, ha encontrado una fuerte oposición entre el pueblo saharaui.
Todos los esfuerzos desplegados por Marruecos para que su Plan de Autonomía para el Sáhara Occidental fuese aceptado por la ONU como documento de partida en la nueva fase del conflicto acabaron en un relativo fracaso. Ban Ki-Moon, en su informe semestral, acogió con interés la propuesta alauita, que «puede servir como base para el diálogo», pero dejó claro que este diálogo solo puede acabar en una solución «justa, duradera y mutuamente aceptable, proporcionando la autodeterminación» al pueblo saharaui. Para el Polisario, que presentó a la ONU una proposición de paz alternativa el 10 de abril, el mismo día que Marruecos, Ki-Moon «ha concedido un trato igualitario a las propuestas presentadas por ambas partes», invalidando las «maniobras» ejercidas por el reino alauita con objeto de conseguir «un estatus estratégico» para su plan. En el cierre de esta edición, el Consejo de Seguridad debatía el nuevo informe de su Secretario General y todo parece indicar que aprobará una nueva resolución «técnica», destinada a renovar otros seis meses el mandato de la MINURSO.
Ambas proposiciones establecen como mecanismo de solución para el enquistado conflicto la organización de un referéndum, pero como si de una broma se tratase, Mohamed VI propone que los saharauis voten un estatuto de autonomía, que tendría características similares a los existentes en el Estado español. Marruecos cedería buena parte de sus competencias en materia legislativa, ejecutiva y judicial, y permitiría la creación de un parlamento saharaui, todo «en el marco de la soberanía del Reino y de su unidad nacional». Según el plan alauita, Rabat se reserva las cuestiones relativas a «defensa, relaciones exteriores y las atribuciones constitucionales y religiosas». De la misma manera, conservaría «el régimen de exploración y explotación de los recursos naturales». La propuesta del Polisario, por su parte, recupera los aspectos esenciales del Plan Baker y establece como salida al conflicto un plebiscito popular en el que los saharauis puedan elegir «entre la independencia, la integración en Marruecos y la autonomía».
Si la opción más votada fuese la independencia, el Polisario se compromete a otorgar la nacionalidad saharaui a todos los colonos marroquíes y a firmar acuerdos con Rabat que permitan «el desarrollo y la explotación conjunta de los recursos naturales» saharauis. Tanto marroquíes como saharauis se muestran dispuestos a entablar negociaciones directas, pero sus puntos de partida son netamente diferentes. En el plano internacional, el Polisario sigue contando con el apoyo de Argelia y de los países no alineados, encabezados por Venezuela, mientras que el plan de Marruecos ha recibido el beneplácito de Francia, Estados Unidos y España. Precisamente este último sostén ha generado una auténtica tormenta política en el Estado y a Zapatero le han llovido las críticas por abandonar la tradicional política de «neutralidad activa» del Gobierno en el conflicto de la ex colonia.
Durante las últimas semanas, altos responsables del PSOE y del PP invitaron al Polisario a abandonar su posición «maximalista». Yeslem Beissat, sorprendido por este tipo de declaraciones, afirmó a DIAGONAL que la saharaui es una «postura moderada, de mínimos, que solo exige el cumplimiento de la legalidad internacional». «Nuestra propuesta de paz es muy generosa y tiende la mano a Marruecos para resolver definitivamente el conflicto, por lo que deseamos que España reconsidere su apoyo ciego a la posición marroquí», concluyó.