Un grupo de republicanos cuestiona la pena de muerte con argumentos y principios de la derecha más tradicional: menos gobierno, menos impuestos y respeto por la naturaleza sagrada de la vida humana.
Imagen de archivo sobre la pena de muerte en Estados Unidos. / EFEArchivo. EFE
Sin embargo, uno de los puestos de la exhibición del CPAC en el National Harbor de Maryland tenía un mensaje mucho menos predecible. Una gran pancarta en el stand afirmaba: «Cuestionando un sistema fallido que se caracteriza por la ineficiencia, la inequidad y la inexactitud». Este «sistema fallido» que denunciaban no era el socialismo, el control de las armas u otros blancos de ataque odiados por los republicanos modernos. Se referían a la pena de muerte.
El puesto estaba lleno de carteles que se oponían a la pena capital y con citas de destacados políticos republicanos. En uno de los carteles se podía leer una cita de Jay Sekulow, el abogado que ha defendido a Donald Trump en la investigación sobre la relación del presidente con Rusia y la interferencia de este país en las elecciones presidenciales: «Los conservadores deberían cuestionar cómo funciona la pena de muerte para ser fieles al principio de un gobierno poco activo».
Detrás de esta denuncia a la pena capital se encuentra el grupo Conservadores preocupados por la pena de muerte (Conservatives Concerned About the Death Penalty, CCATDP), una red nacional que cuestiona esta práctica entre las bases de la derecha tradicional. De hecho, en un país donde cada vez es más habitual que los republicanos lancen mensajes radicales del tipo «que los cuelguen» o «que les den una paliza», el impacto de este grupo no debería ser superior al que tendrían unos pavos intentando defender sus derechos antes de Navidad.
Hannah Cox, una conservadora de Tennessee que trabajaba en un thinktank que defiende los principios de libre mercado y también ha participado en campañas en contra del control de armas, es la líder de este grupo. Como es habitual entre los sureños, Cox fue en el pasado una firme defensora de la pena de muerte. «Mis orígenes son republicanos y baptistas y siempre estuve rodeada de personas que son partidarias de la pena de muerte», indica. Cambió de opinión tras investigar la realidad de las ejecuciones en Estados Unidos. «Lo cierto es que mi apoyo a la pena capital no era más que una reacción visceral basada en la ignorancia. Cuando me interesé por esta cuestión descubrí que el sistema es completamente distinto a lo que había imaginado».
Cox enumeró una serie de argumentos que propiciaron que pasara de ser una firme partidaria de la pena capital a una crítica acérrima:
- Inocencia: «Lo primero que me llamó la atención fue la cifra de personas inocentes en el corredor de la muerte y es lo que más me sigue preocupando», indica.
- Coste: Numerosos estudios muestran que en los casos en los que se sentencia a muerte al reo, el coste desde el juicio hasta la ejecución es mucho más elevado que si se lo hubiera condenado a cadena perpetua. Una revisión llevada a cabo en Oklahoma en 2017 descubrió que en los casos en los que se condena al acusado a la pena capital el coste es más de tres veces superior al de los casos parecidos en los que no se le condena a muerte.
- Incidencia del gobierno: Como conservadora comprometida con el principio de «gobierno menos activo», Cox considera ahora que la pena capital es «tan grande como un gran gobierno, y como ocurre con los gobiernos, se cometen errores con frecuencia».
El CCATDP se fundó hace siete años. Desde entonces ha ido perdiendo fuelle pero ahora Cox está convencida de que la mentalidad está cambiando, de forma gradual y lenta, pero claramente a su favor. «Podemos constatar un cambio de opinión de las bases conservadoras, y cada vez son más los que llegan a la conclusión de que este sistema no funciona», señala.
La pena capital está vigente en 30 estados del país pero esta cifra no refleja la realidad, ya que es un castigo en desuso. En 2018 se llevaron a cabo 25 ejecuciones en Estados Unidos; es el cuarto año consecutivo en el que el número de ejecuciones es inferior a 30. De hecho, 1996 fue el año con más ejecuciones, con un total de 315.
En un contexto en el que la cifra de ejecuciones disminuye año tras año, también son cada vez menos los estados que continúan aplicando esta pena. El año pasado, solo ocho estados ejecutaron a acusados y, de estos, solo Texas destacó por la elevada cifra de ejecuciones: concretamente 13.
La importancia del grupo radica en el hecho de que los ocho estados que el año pasado ejecutaron a reos (Texas, Alabama, Florida, Georgia, Nebraska, Ohio, Dakota del Sur y Tennessee) están controlados por los republicanos. Algunos sondeos parecen evidenciar que los conservadores están cambiando de mentalidad. Un estudio del año pasado de CCATDP mostró que la cifra de legisladores republicanos que apoyan leyes del estado para revocar la pena de muerte se ha disparado y ha pasado de 2 en 2009 a 40 en 2016. De hecho, en las primeras semanas de 2019, legisladores republicanos de siete estados impulsaron proyectos de ley para poner fin a este castigo.
Missouri es un buen reflejo de este cambio. Los políticos republicanos se han mostrado partidarios de las ejecuciones a lo largo de los años. Sin embargo, en 2011 la Unión Europea decidió prohibir la exportación de los medicamentos que se utilizaban para las inyecciones letales [ya que se dieron casos en los que los condenados no morían al instante] y esto propició una moratoria.
¿Está el fin de la pena capital cerca?
Cada vez son más los republicanos que se oponen a la pena capital. Desde hace seis años, el senador de Missouri Paul Wieland hace presión para que se tramite un proyecto de ley que ponga fin a la pena de muerte. En 2016 consiguió que el proyecto de ley llegará hasta el Senado. Si bien nunca se sometió a votación, el debate marcó el punto de partida de un cambio de actitud.
Al igual que Cox, Wieland fue en sus inicios un firme defensor de la pena de muerte: «pensaba que los condenados tenían que pagar por el crimen que habían cometido. Sin embargo, empecé a estudiar esta cuestión más a fondo y muy pronto cambié de parecer». En primer lugar, se preguntó cómo podría haber un valor disuasorio [en la pena de muerte] cuando eran necesarios entre 20 y 30 años para completar el ciclo de apelaciones y ejecutar a alguien. Luego se hizo preguntas de índole moral, como si se puede tener la seguridad de que el Estado no matará a una persona inocente. Como católico que se opone al aborto, comenzó a cuestionarse si él podía apoyar cualquier otra opción que no fuera la de defender la vida humana en el caso de adultos.
New Hampshire ha estado muy cerca de abolir la práctica. De hecho, el estado no ha ejecutado a ningún acusado desde 1939, y en estos momentos solo un prisionero está en el corredor de la muerte. El año pasado se aprobó un proyecto de ley para derogar la pena capital en ambas cámaras, entonces bajo control republicano, pero fue vetado por el gobernador republicano Chris Sununu.
El senador de New Hampshire Bob Guida, copatrocinador de los proyectos de ley para derogar la pena capital en el estado, proviene de la estirpe conservadora clásica. Firme defensor de las armas, fue marine antes de empezar a trabajar en el FBI como agente especial. Él también era un firme defensor de la pena de muerte. «Mis compañeros en el FBI eran partidarios de la pena capital y estoy seguro de que sigue siendo así. Vi crímenes atroces y horribles. Sin embargo, he llegado a la conclusión de que nuestro sistema no es infalible. Mejor que diez hombre culpables queden libres que ejecutar a un inocente».
Cox está convencida de que esta opinión llegará a ser mayoritaria y algún día la pena de muerte dejará de aplicarse en Estados Unidos. «Animo a los ciudadanos que vuelvan a abrazar los principios de menos gobierno, menos impuestos y del respeto por la naturaleza sagrada de la vida humana. Estos son los auténticos valores conservadores. Así que ¿por qué no invocarlos?».
Fuente: http://www.eldiario.es/theguardian/sistema-fallido-arrastran-conservadores-EEUU_0_874563211.html