El informe del entonces senador John Kerry contenía algunas pistas vinculando la CIA con el tráfico de drogas.
La CIA afirma que cualquier historia que la relacionara con la explosión de la cocaína en los años 80 es una calumnia conspiratoria. Pero las pruebas de su complicidad están todas en los expedientes del Congreso. Esto es lo que sabemos:
La CIA pensó que había enterrado una historia sórdida con la muerte del reportero del Mercury News de San Jose, Gary Webb. Webb había pasado años documentando el tráfico de crack en Estados Unidos y la complicidad de la agencia de inteligencia en el mismo, y se quitó la vida en 2004 después de que su serie de reportajes «Dark Alliance», de 1996, fuera objeto de un intenso escrutinio por parte de los pesos pesados del periodismo estadounidense, como el New York Times, el Washington Post y Los Angeles Times.
Desgraciadamente para los jefes de la inteligencia estadounidense, las acusaciones de Webb y otros periodistas continuaron prendiendo en la cultura popular, donde la oportunidad de combinar dos arquetipos cinematográficos, el espía y el gángster, parece irresistible. Varias películas de Hollywood, como el biopic de Webb Kill the Messenger (2014) y American Made (2017), con Tom Cruise como el piloto de la CIA Barry Seal, han ayudado a mantener las acusaciones en la conciencia pública.
El mismo año en que se estrenó Kill the Messenger, la Agencia Central de Inteligencia publicó un artículo previamente clasificado de 1997 de su revista interna titulado «Managing a Nightmare: CIA Public Affairs and the Drug Conspiracy Story» (La gestión de una pesadilla: los asuntos públicos de la CIA y la historia de la conspiración del narcotráfico). Su autor, Nicholas Dujmovic, describió la controversia como un síntoma de la creciente «desconfianza pública en el gobierno», con la CIA como un espectador inocente atrapado entre fuego cruzado: «En estos tiempos, incluso las alegaciones más fantásticas sobre la CIA —como el asesinato de JFK, el encubrimiento de OVNIS o la importación de drogas a las ciudades de Estados Unidos— resonarán e incluso atraerán, a gran parte de la sociedad estadounidense».
Según Dujmovic, el asunto de la «Alianza Oscura» («Dark Alliance») había «seguido en gran medida su curso», dejando a los agentes de inteligencia lamentando el «escaso aprecio público de su dedicación y duro trabajo» entre la ciudadanía estadounidense:
En última instancia, la historia de la CIA y las drogas dice mucho más sobre la sociedad estadounidense en vísperas del milenio que sobre la CIA o los medios de comunicación. Vivimos en tiempos un tanto toscos y emocionales, en los que un gran número de estadounidenses no adhieren a los mismos estándares de lógica, evidencia o incluso discurso civilizado que los practicados por los miembros de la comunidad de la CIA.
Afortunadamente, hubo excepciones a esta regla. Dujmovic atribuyó a «una base de relaciones ya productivas con los periodistas» el haber ayudado a «evitar que esta historia se convirtiera en un desastre sin paliativos» mientras la agencia daba a conocer su versión de los hechos: «Durante los primeros días, los portavoces de la CIA recordaban a los periodistas que la serie no representaba ninguna noticia real, ya que en los años ochenta se hicieron acusaciones similares que fueron investigadas por el Congreso y se comprobó que no tenían fundamento».
El informe Kerry
Aunque no lo mencionó por su nombre, Dujmovic solo puede haberse referido a un informe publicado en 1989 por el senador de Massachusetts John Kerry y su equipo tras una investigación del Comité de Relaciones Exteriores del Senado. Si la CIA considera realmente que el informe del Comité Kerry es una exoneración de su historial, resulta difícil saber qué podría considerar como una acusación.
Aunque Kerry no encontró pruebas de que los jefes de la CIA hubieran orquestado deliberadamente la venta de drogas en ciudades estadounidenses, sus conclusiones siguen siendo condenatorias:
Está claro que los individuos que proporcionaron apoyo a los Contras estaban implicados en el tráfico de drogas, la red de suministro de los Contras fue utilizada por organizaciones de narcotraficantes, y elementos de los propios Contras recibieron a sabiendas ayuda financiera y material de los narcotraficantes. En cada caso, una u otra agencia del gobierno de los Estados Unidos tenía información sobre la participación, ya sea mientras se estaba produciendo o inmediatamente después.
El informe citaba el testimonio del jefe del Grupo de Tareas de la CIA en América Central, Alan Fiers, sobre los vínculos entre los Contras y el contrabando de drogas: «No se trata de un par de personas. Es mucha gente». Refiriéndose a un destacado líder de la Contra, Edén Pastora, Fiers fue igualmente sincero: «Sabíamos que todos los que rodeaban a Pastora estaban involucrados en la cocaína».
El patrón de complicidad no empezó ni terminó en Langley. Los funcionarios del Departamento de Justicia seguían negando las acusaciones en 1986, señala el informe, a pesar de que el FBI ya tenía en su poder «información significativa sobre la participación de narcotraficantes en las operaciones de la Contra». Por su parte, el Departamento de Estado había «seleccionado cuatro empresas propiedad de narcotraficantes y operadas por ellos para suministrar asistencia humanitaria a los Contras». Todavía estaba haciendo negocios con una empresa, Diacsa, seis meses después de que sus directores fueran acusados de contrabando de cocaína y lavado de dinero.
Los exiliados cubanos de derecha, con fuertes vínculos con el gobierno estadounidense, especialmente con la CIA, habían estado muy involucrados en el apoyo a los Contras: «Su ayuda, que incluía suministros y entrenamiento, fue financiada en parte con dinero de la droga». El comité de Kerry descubrió que el mayor grupo de la Contra, la Fuerza Democrática Nicaragüense, «sí movió fondos de la Contra a través de una empresa de tráfico de drogas y una operación de lavado de dinero». Este tipo de actividad era un secreto a voces en los círculos gubernamentales:
Los funcionarios estadounidenses implicados en la asistencia a los Contras sabían que los contrabandistas de drogas estaban explotando la infraestructura clandestina establecida para apoyar la guerra y que los Contras estaban recibiendo ayuda derivada del tráfico de drogas. En lugar de denunciar a estas personas a los organismos de seguridad correspondientes, parece que algunos funcionarios pueden haber hecho la vista gorda ante estas actividades.
El diario del funcionario de la administración Reagan, Oliver North, fue redactado en gran medida antes de las audiencias de Irán-Contra, pero todavía contenía anotaciones como «El DC-6 hondureño que se está utilizando para las salidas de Nueva Orleans probablemente se está utilizando para el tráfico de drogas en los EE. UU.» de agosto de 1985. El dictador panameño Manuel Noriega también se benefició de la indulgencia de Washington, como señalaba el informe: «Todas las agencias del gobierno estadounidense que tenían relación con Noriega hicieron la vista gorda ante su corrupción y tráfico de drogas, incluso cuando se estaba convirtiendo en un actor clave en nombre del cártel de Medellín».
Hacer la vista gorda
Las conclusiones del informe de la Comisión Kerry respaldan ampliamente las acusaciones de que la CIA facilitó, al menos indirectamente, el tráfico de drogas. Incluso el inspector general de la agencia, Frederick Hitz, confirmó a regañadientes la idea general de la acusación de «hacer la vista gorda»: «Hay casos en los que la CIA no cortó de forma expeditiva o coherente las relaciones con individuos que apoyaban el programa de la Contra y que supuestamente habían participado en actividades de tráfico de drogas, ni tomó medidas para resolver las acusaciones».
Llegados a este punto, podríamos imaginar las citas pertinentes de Hitz o del informe Kerry, pero con las letras «KGB» en lugar de «CIA». Si los agentes de inteligencia soviéticos hubieran mostrado un historial similar de connivencia con los narcotraficantes que introducían toneladas de cocaína en Estados Unidos, no nos habríamos preguntado si se propusieron deliberadamente fomentar una catástrofe social o simplemente no les importaba lo que ocurriera al otro lado de sus cadenas de suministro cuidadosamente construidas.
Dicho de otro modo: cuando bancos como Wachovia y HSBC han tenido que pagar multas masiva —1900 millones de dólares en el caso del HSBC— por ayudar a los cárteles mexicanos a blanquear sus beneficios, nadie ha intentado defenderlos alegando que solo querían ganar dinero y que solo trataban con los cárteles porque esos grupos tenían mucho.
Entonces, ¿cómo es posible que «Managing a Nightmare» se refiera con tanta seguridad a la «historia de la conspiración de la CIA contra el narcotráfico» como una fábula desacreditada que se parece más a The X-Files que a All The President’s Men? Dujmovic se declaró gratamente sorprendido por el historial de los medios de comunicación estadounidenses: «La profesión periodística tiene la voluntad y la capacidad de hacer que sus propios miembros cumplan ciertas normas». Los miembros del personal de Asuntos Públicos de la CIA no tardaron en «recibir llamadas de diversos reporteros que se mostraban escépticos ante las acusaciones y que planeaban escribir artículos que pusieran en duda la serie del Mercury News».
Gatekeepers
En un artículo de 1997 para Columbia Journalism Review, Peter Kornbluh adoptó una visión mucho más áspera del historial de sus colegas. Como señaló Kornbluh, había una larga historia de control de acceso en este campo, que se remontaba a la publicación del informe Irán-Contra en noviembre de 1987:
Cuando un reportero de investigación se levantó para preguntar al abogado principal de los comités si los legisladores habían encontrado alguna conexión entre los contras y el contrabando de drogas, un corresponsal del New York Times le gritó burlonamente desde el otro lado del pasillo: «¿Por qué no haces una pregunta seria?»
Cuando el equipo de John Kerry publicó su propio informe dos años después, la respuesta de los principales medios de prensa «constituyó poco más que un bostezo colectivo (…) el Washington Post publicó un breve artículo en la página 20 que se centraba tanto en las luchas internas del comité como en sus conclusiones; el New York Times publicó un breve artículo en la página 8; Los Angeles Times publicó un artículo de 589 palabras en la página 11». Los mismos periódicos dedicaron mucho más espacio a desmontar la serie de Gary Webb en el Mercury News siete años después.
Fueron Webb y sus editores quienes finalmente pusieron el tema en la agenda de las noticias en 1996, ayudados por el auge de Internet y por las emisoras de radio alternativas que amplificaron (y a veces embellecieron) las principales afirmaciones. Los principales periódicos de Estados Unidos se dedicaron entonces a desmontar la historia de Webb, en particular Los Angeles Times, que asignó un equipo de diecisiete reporteros a la tarea. Uno de sus miembros lo describió con agudeza como el «equipo para atrapar a Gary Webb».
Inevitablemente, pudieron encontrar algunos agujeros en los artículos del Mercury News. Informar sobre la actividad de las bandas criminales, los grupos paramilitares y las agencias de inteligencia no es como informar sobre el Capitolio: los actores principales se esfuerzan por cubrir sus huellas, dejando importantes lagunas en el registro documental, y las pruebas individuales a menudo estarán abiertas a múltiples interpretaciones.
Aun así, algunas de las «correcciones» publicadas por Los Angeles Times eran mucho más dudosas que el informe original de Webb. Uno de los artículos acusaba a Webb de inflar groseramente el papel de «Freeway» Rick Ross, un narcotraficante de Los Ángeles que también aparece en el documental de 2021 Stanley Nelson Crack: Cocaine, Corruption & Conspiracy. Según el Times, Ross era realmente una figura menor, sin mayor trascendencia en la historia del crack. Sin embargo, tres años antes había publicado un artículo en el que se afirmaba precisamente lo contrario, con un titular de uno de los mismos reporteros: «Si hubo un ojo de la tormenta, si hubo un cerebro criminal detrás del reinado del crack durante una década, si hubo un capitalista fuera de la ley más responsable de inundar las calles de Los Ángeles con cocaína comercializada en masa, su nombre fue Freeway Rick».
La mayoría de las refutaciones en los medios de comunicación estadounidenses se referían en realidad a una acusación que Webb no había formulado, pero que no tardó en generalizarse en las comunidades afroamericanas: la CIA no solo había hecho la vista gorda ante el tráfico de drogas, sino que en realidad había fomentado la proliferación del crack como parte de una estrategia deliberada para hacer retroceder los logros políticos de los años sesenta y setenta. Era perfectamente comprensible, después de las experiencias de COINTELPRO, Reaganomics y el encarcelamiento masivo, que muchos negros estuvieran dispuestos a creer tales acusaciones. Incluso si las pruebas no apoyan la versión fuerte de esta tesis, la verdad bien documentada es apenas menos condenatoria.
En noviembre de 1996, el director de la CIA, John Deutch, aceptó dar la cara en una reunión comunitaria en el barrio de Watts, en Los Ángeles. En la víspera de su comparecencia, Kornbluh resumió el dilema de la agencia:
Para contrarrestar las acusaciones extremas de que la CIA eligió comunidades de color para la distribución de crack con el fin de financiar la guerra de la Contra, Deutch debe admitir una verdad diferente, pero igualmente escandalosa: la disposición de los funcionarios de seguridad nacional a conspirar con los traficantes de droga simplemente porque tenían una contribución que hacer a la guerra encubierta contra la Nicaragua sandinista. Dependerá de Deutch convencer a los que han sufrido este escalofriante conjunto de prioridades de la Guerra Fría de que la CIA está ahora comprometida con la prevención de la criminalización de la doctrina de seguridad nacional.
Perspectivas positivas
La historia de la «Alianza Oscura» captó la imaginación del público por su relevancia para un problema social catastrófico en los propios Estados Unidos. Pero el vínculo entre la política exterior estadounidense y el narcotráfico no empezó ni terminó con Centroamérica en los años ochenta. Las operaciones clandestinas fomentan este tipo de empresas del mismo modo que los pantanos fomentan la malaria. En la década de 1950, la CIA envió armas a los anticomunistas señores de la guerra chinos que habían cruzado al norte de Birmania, lo que les permitió hacerse con su propia porción de territorio. Los señores de la guerra empezaron a cultivar opio para financiar sus actividades, y así nació el Triángulo de Oro.
Robert Oakley, embajador de Estados Unidos en Pakistán entre 1988 y 1991, se quejó de que la estación local de la CIA trabajaba mano a mano con los líderes muyahidines afganos que estaban muy involucrados en el comercio de narcóticos, incluso después de la retirada de las tropas soviéticas:
Pedí constantemente a la estación que obtuviera información sobre este tráfico de sus fuentes dentro de Afganistán. Negaron que tuvieran fuentes capaces de hacerlo. No podían negar que tuvieran fuentes, ya que estábamos obteniendo información sobre armas y otros asuntos. Incluso planteé el asunto a [el jefe de la CIA] Bill Webster. Nunca obtuve una respuesta satisfactoria. Nunca pasó nada.
Entre los socios elegidos por Langley se encontraba el futuro aliado de los talibanes, Gulbuddin Hekmatyar.
El informe Kerry relacionaba las prácticas que documentaba en América Latina con el entorno más amplio de la Guerra Fría: «las operaciones de los cárteles se han visto con demasiada frecuencia como un complemento de lo que se ha percibido como la cuestión más importante del conflicto Este-Oeste en la región». Poco después de la aparición del informe, cayó el Muro de Berlín, pero la «criminalización de la doctrina de la seguridad nacional» ha seguido estando muy presente en las últimas tres décadas.
La relación de Estados Unidos con el presidente colombiano Álvaro Uribe ofrece un ejemplo sorprendente. Durante su primer mandato, Uribe promulgó la llamada «Ley de Justicia y Paz», que concedía una amnistía a los líderes paramilitares de derecha que habían matado a muchos miles de civiles colombianos. Los tribunales colombianos dictaminaron posteriormente que los términos de la ley eran inconstitucionales. Los jefes paramilitares, que ahora se enfrentaban a la posibilidad de ser encarcelados, sintieron que Uribe les había traicionado, y estaban a punto de empezar a hablar libremente sobre su largo historial de connivencia con sus actividades.
Afortunadamente para Uribe, tenía amigos en Washington dispuestos a ayudarle a salir de una situación complicada. Los paramilitares eran buscados por delitos de narcotráfico en Estados Unidos, pero Uribe se había negado hasta entonces a extraditarlos. De repente, cambió esa política y los sacó del país de la noche a la mañana para que ningún juez colombiano pudiera intervenir. Personajes infames como Salvatore Mancuso pasaron ahora a manos de las autoridades estadounidenses.
Una investigación del New York Times de 2016 encontró algunas irregularidades extraordinarias en el manejo de sus casos:
Los líderes extraditados en masa habrán cumplido una media de 10 años como máximo por conspiraciones de drogas que implicaban toneladas de cocaína. En comparación, los presos federales condenados por tráfico de crack —en su mayoría traficantes callejeros que vendieron menos de una onza— cumplen una media de poco más de 12 años de prisión (…) Se les trató como si fueran delincuentes por primera vez a pesar de sus amplios antecedentes penales en Colombia, y se les acreditó el tiempo que habían cumplido allí a pesar de que la justificación oficial de su extradición era que estaban cometiendo delitos en las cárceles colombianas.
Los funcionarios jurídicos estadounidenses que se ocuparon de los casos de estos hombres, ninguno de los cuales llegó a juicio, no tuvieron reparos en expresar su admiración y respeto por los narcos. Uno de los jueces describió al hombre al que estaba sentenciando como «sustancialmente diferente» de los señores del crimen comunes y corrientes, ya que utilizaba el dinero del narcotráfico para ayudar a financiar una guerra contra la izquierda colombiana: «se dedicaba a una actividad que tenía algunas perspectivas positivas». Un fiscal federal de narcóticos fue igualmente generoso en su valoración: «Claramente, hicieron algunas cosas desagradables. Pero, ya sabes, era una guerra civil allí. Siempre he querido creer que si me pusieran en la misma situación, habría hecho las cosas de otra manera. Pero no lo sé».
Desde cualquier punto de vista racional, el hecho de que los líderes paramilitares utilizaran sus beneficios del narcotráfico para pagar una campaña de asesinatos en masa debería haber sido un factor agravante, que diera lugar a sentencias más duras.
Las oscuras alianzas que contribuyeron a fomentar una calamidad social durante los años 80 y 90 encajan en un patrón mucho más amplio. Existe un abismo entre la «seguridad nacional», tal como la interpretan agencias gubernamentales como la CIA, y la seguridad real de los ciudadanos estadounidenses. En nombre de la protección de la patria y de la seguridad de su población, estos organismos han aplicado sistemáticamente políticas que aumentaron los peligros que se suponía debían combatir.
El trabajo de reporteros como Gary Webb puso de manifiesto esa realidad para todos los que sufrieron directa o indirectamente la explosión de la adicción al crack y la criminalidad violenta que la acompañaba. La pesadilla de las relaciones públicas de la agencia de inteligencia era la sombra que proyectaba una pesadilla real en los barrios humildes de todo Estados Unidos.
Daniel Finn: Editor de Jacobin Magazine y autor de One Man’s Terrorist: A Political History of the IRA (Verso, 2019).