La ola de incendios que asolan amplios territorios no puede seguir tratándose como una sucesión de tragedias inevitables, ni como un problema exclusivamente meteorológico, ni como la consecuencia de unas cuantas conductas individuales irresponsables. Lo que arde no es solo monte: arde, sobre todo, un modelo de país que ha tolerado durante años el abandono rural, la acumulación de combustible forestal, la falta de ordenación territorial y una inversión claramente insuficiente en prevención. La emergencia es real, pero también lo es la responsabilidad política.
Cada verano se repite la misma escena: llamas avanzando sobre territorios cada vez más vulnerables, desalojos, carreteras cortadas, viviendas amenazadas, explotación agroganadera arrasada y dispositivos de extinción sometidos a una presión descomunal. El problema no es que el fuego exista; el problema es que el territorio ha sido gestionado como si nunca fuera a arder. Eso es una negligencia estructural.
La idea de que “el monte no se toca” ha servido para simplificar el debate público, pero no explica el problema real. Desbrozar, limpiar, extraer biomasa y ordenar el paisaje no solo es compatible con la ley: es parte esencial de la prevención. Cuando se deja acumular combustible durante años, el incendio deja de ser un episodio y pasa a ser una consecuencia previsible.
La responsabilidad de las administraciones municipales, autonómicas y estatales no es homogénea, pero sí compartida. Los ayuntamientos han fallado en la creación y mantenimiento de perímetros de seguridad, en la vigilancia de zonas de interfaz urbano-forestal y en la activación de medidas preventivas sobre el terreno. Muchas veces ni siquiera existen planes locales sólidos ni recursos suficientes para una mínima estrategia de reducción del riesgo.
Las comunidades autónomas cargan con una responsabilidad mayor, porque disponen de las competencias clave en prevención, ordenación forestal y gestión de emergencias. Y ahí el balance es demoledor: falta planificación, sobran discursos, escasean cuadrillas estables, faltan planes de aprovechamiento y la inversión preventiva sigue muy por debajo de lo que exigiría un país que convive con incendios cada vez más violentos. No se puede improvisar en julio lo que no se planificó en enero.
El Estado tampoco queda al margen. Su obligación es articular una política forestal y territorial de largo plazo, coordinar, financiar y corregir las desigualdades entre territorios. Pero el marco estatal ha permitido durante demasiado tiempo que la prevención quede subordinada a la extinción, como si apagar fuera más importante que evitar. Es una lógica cara, inútil y políticamente cómoda.
La gran trampa es presupuestaria: parece más barato no limpiar, no ordenar, no intervenir, no pastorear, no planificar. Pero ese supuesto ahorro es una mentira contable. Cada euro no invertido en prevención termina multiplicado en extinción, evacuaciones, daños materiales, pérdida de biodiversidad, caída de actividad económica, erosión del suelo y reconstrucción de emergencia.
La pregunta que debe hacerse con dureza es esta: ¿Cuánto habría costado sostener una política seria de prevención frente a lo que cuestan los incendios cuando desbordan a los dispositivos? La respuesta es incómoda para todos los niveles de gobierno. Porque el dinero “ahorrado” en gestión forestal, ordenación del territorio y apoyo al medio rural se paga después en forma de catástrofe. Y se paga más caro.
La raíz del problema no está solo en el clima, aunque el clima agrava y acelera todo. Está también en un territorio deshabitado, envejecido, sin rentabilidad agraria suficiente y sin usos tradicionales capaces de mantener el mosaico paisajístico. Donde desaparecen la agricultura, la ganadería extensiva y el aprovechamiento forestal, aparece la continuidad del combustible. Donde no hay gente trabajando el territorio, el monte se vuelve más homogéneo, más seco y más inflamable.
Hablar de incendios sin hablar de despoblación rural es engañoso. Hablar de incendios sin hablar de abandono institucional del campo es insuficiente. Hablar de incendios como si todo dependiera de la mala suerte es directamente tramposo. El fuego encuentra un territorio cada vez más predispuesto a arder porque el poder público ha permitido que el medio rural pierda funciones, población y capacidad de gestión.
También existe responsabilidad individual, y no conviene ocultarla. Hay negligencias, imprudencias, usos inadecuados del fuego, comportamientos temerarios y, en algunos casos, conductas delictivas. Cada verano se repite el mismo patrón: una parte de los incendios nace de descuidos evitables, de una relación irresponsable con el medio natural y de la creencia absurda de que el monte es un espacio sin límites donde todo puede hacerse.
Pero esa responsabilidad personal no debe utilizarse como coartada para la inacción pública. Las imprudencias individuales solo se convierten en grandes desastres cuando el sistema ya estaba roto. Un territorio bien gestionado tolera mejor un error. Un territorio abandonado convierte cualquier chispa en una tragedia.
Lo más grave no es que haya incendios. Lo más grave es que se siga reaccionando como si fueran inevitables. La política española, en sus tres niveles, ha actuado con demasiada frecuencia como administradora de consecuencias, no como arquitecta de prevención. Y cuando llega el desastre, se recurre a los mismos eslóganes: clima, pirómanos, especulación, eucalipto, mala suerte. Todo eso puede tener parte de verdad, pero ninguna de esas explicaciones exime a las administraciones de su obligación central: evitar que el territorio llegue al verano convertido en una trampa incendiaria.
El país no necesita más discursos de conmoción. Necesita menos humo retórico y más gestión real. Menos propaganda y más prevención. Menos excusas y más responsabilidad. Porque los incendios no solo se apagan: también se previenen. Y en esa tarea, el fracaso institucional es tan visible como el fuego.
J Luis Carpintero Avellaneda. Profesional sanitarios jubilado y exprofesor de la UMA.
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