Las vulneraciones de los derechos de la infancia, como el derecho a una vida adecuada o el derecho a la educación, establecidos por la Convención de las Naciones Unidas, no solo están aumentando por el contexto de precariedad económica de muchas familias, sino que no están siendo atajadas por la administración pública. Más bien al […]
Las vulneraciones de los derechos de la infancia, como el derecho a una vida adecuada o el derecho a la educación, establecidos por la Convención de las Naciones Unidas, no solo están aumentando por el contexto de precariedad económica de muchas familias, sino que no están siendo atajadas por la administración pública. Más bien al contrario, según se desprende del Informe sobre los Derechos de la Infancia del 2012 que ha entregado esta mañana el Síndic de Greuges (defensor del pueblo en Cataluña) a la presidenta del Parlament, Nuria de Gispert.
«Se constata que las administraciones públicas no han preservado las políticas y las prestaciones dirigidas a la infancia. La suspensión de algunas ayudas y servicios (como las de menores a cargo), la disminución generalizada de determinadas prestaciones (como las becas de comedor) o el incremento de determinadas cuotas de acceso a servicios (guarderías, transporte escolar, etc.) han agravado las situaciones de vulnerabilidad de los menores que viven en entornos empobrecidos», destaca el Síndic, Rafael Ribó.
Ribó pone de manifiesto que gran parte de las recomendaciones que hizo en el anterior informe no han sido escuchadas por la Administración, que ha persistido en unas políticas de austeridad que poco tienen en cuenta la protección de la infancia. Un 26,3% de los menores en Cataluña viven actualmente por debajo del umbral de la pobreza, un porcentaje tan solo cinco puntos mayor que el de antes del inicio de la crisis (21% en el 2007), lo cual refleja la pobreza estructural existente.
Las prestaciones dirigidas a la infancia o bien han quedado suspendidas o han reducido significativamente su aportación. Es el caso de la prestación económica por menores a cargo o la renta mínima de inserción. La reducción del presupuesto destinado a la educación, además, «puede poner en peligro el derecho a la educación de calidad y la igualdad de oportunidades«, mantiene el Síndic. «No se ha condicionado la inversión a las necesidades sociales y económicas existentes», sentencia.
Condiciones duras para obtener ayuda
«Las dos únicas prestaciones que consiguen reducir la pobreza infantil en más de un punto porcentual son las prestaciones de paro y las de jubilación. Las políticas de ayuda a la familia, en cambio, reducen de forma escasa el riesgo de pobreza infantil», refleja el informe. El acceso a las ayudas y prestaciones existentes, según el Síndic, debería de producirse simplemente por la ausencia de recursos económicos, pero las administraciones piden en muchos casos más requísitos, como un informe de riesgo social derivado de unas conductas inadecuadas de los padres o tutores. Este hecho «condiciona negativamente» el acceso a las ayudas de familias «que sufren privaciones materiales y económicas objetivables», asegura el informe.
Por todo ello, el Síndic insta a la Generalitat a garantizar que las restricciones presupuestarias no afecten al ámbito de la infancia, así como a impulsar una prestación que garantice la renta de suficiencia económica de la que «debe disponer una familia para asegurar los mínimos de una vida digna», tal como prevé el Estatut.