Las nuevas tensiones transfronterizas que han estallado entre Sudán del Sur y el vecino del norte en las últimas semanas han provocado que la sensación de una guerra a gran escala aflore a causa de las disputas en torno al estado sudanés de Heglig, rico en petróleo, hasta donde han llegado tropas sursudanesas en su […]
Las nuevas tensiones transfronterizas que han estallado entre Sudán del Sur y el vecino del norte en las últimas semanas han provocado que la sensación de una guerra a gran escala aflore a causa de las disputas en torno al estado sudanés de Heglig, rico en petróleo, hasta donde han llegado tropas sursudanesas en su avance.
A pesar de que el Ministro de Asuntos Exteriores de Egipto, Mohamed Kamel Amr, se ha desplazado a la zona para intentar desactivar las tensiones, Jartum ya ha dejado claro que no entrará en la mesa de negociaciones hasta que Juba retire a sus hombres de Heglig, algo que el Ejecutivo sursudanés ya ha anunciado que no hará, contradiciendo las peticiones del secretario general de la Unión Africana, Jean Ping, y del secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki Moon, que también han solicitado el repliegue y el fin «inmediato» de los combates.
En vista del actual estancamiento, parece evidente que alguna de las partes tendrá que hacer un acto de buena fe y ceder en sus pretensiones, ya que la situación aboca a un enfrentamiento abierto, especialmente teniendo en cuenta el cruce de acusaciones y desmentidos entre ambas partes. En este contexto, Sudán del Sur acusó a Sudán de destruir las instalaciones petroleras del estado en una especie de táctica de «tierra quemada», aunque esa aseveración fue desmentida rápidamente por el Ejecutivo sudanés.
Parece claro que las lagunas en la implementación del Acuerdo de Paz Integral (CPA) en cuanto a fronteras, distribución de la explotación de petróleo, etc. están estancando el proceso de independencia efectiva de Sudán del Sur y de coexistencia pacífica y amistosa entre estados vecinos. En este sentido, el propio Consejo de Seguridad de la ONU pidió a Jartum y Juba «que resuelvan urgentemente y pacíficamente sus problemas fundamentales en seguridad y gestión de fronteras, la situación en (los estados y regiones de) Kordofán Sur, Nilo Azul y Abyei y todos los puntos sin resolver del CPA».
Como se puede leer en la Clave de Sudán del Sur publicada en AISH el 4 de marzo, la demarcación de las fronteras, el petróleo, la deuda externa, la ciudadanía y los acuerdos de seguridad son los principales motivos de las actuales disputas entre ambos países. Ambas partes han fracasado en sus intentos por alcanzar un acuerdo en materia petrolera, vital para ambos Estados, pero esto no es sino una muestra de su incapacidad para avanzar en la resolución del resto de puntos en conflicto.
Dentro de esta escalada de incapacidad a la hora de afrontar la situación con voluntad política real para solucionar las tensiones, el Parlamento de Sudán aprobó el 16 de abril una declaración en la que tildó a Sudán del Sur de «enemigo», lo que provoca que las trompetas de guerra avancen un par de filas. «El Gobierno de Sudán del Sur es enemigo. Todos los organismos estatales sudaneses deben tratarlo de forma acorde», recoge el texto , que justifica su decisión en base a la «ocupación» de Heglig.
Sin embargo, como se desprende de los datos tanto micro como macroeconómicos de ambos países, su dependencia del petróleo es muy acusada, y una política de estabilidad sería recomendable para conseguir progresos sostenidos. De hecho, el Gobierno de Sudán ya ha admitido que la crisis de Heglig ha tenido un impacto sobre la economía del país al tener que detener prácticamente la mitad de las exportaciones de petróleo diarias, que ascienden a 115.000 barriles.
Como siempre, este impacto no recae en los grandes datos, que es donde se reflejan las crónicas y los análisis, sino en la población civil, muy castigada en ambos casos, especialmente en las zonas fronterizas. Esta nueva escalada de tensiones ha provocado que Juba haya decidido endurecer las normas para conseguir el visado para los extranjeros que trabajan en la industria a causa del impacto negativo de la situación sobre su propia economía (baste recordar que el 98% de los ingresos del país provienen del petróleo). Por ello, los trabajadores extranjeros tendrán que pagar 50 dólares (38 euros) para hacerse con el visado, tal y como informó el ministro de Interior sursudanés, Alison Magaya.
Esta situación, que en el momento de redacción del texto permanece sin variaciones, únicamente implicará nuevos sufrimientos para la población de Sudán del Sur, cuya voluntad, según un estudio realizado por el Instituto Democrático Nacional (NDI) -creado por el Gobierno estadounidense en 1983 y con lazos con la Internacional Socialista y la Internacional Liberal- se dirigía hacia la opción de reabrir la frontera. Incluso, el informe refleja que el pueblo sursudanés, o al menos el representado en el estudio, considera que Juba tiene una «obligación moral» en la resolución de los conflictos en Kordofán Sur y Nilo Azul.