Kenia no ha ratificado todavía la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
NAIROBI – Kenia lidia con una crisis persistente y oscura: las desapariciones forzadas. Una desgarradora violación de los derechos humanos que ha dejado a innumerables familias angustiadas, buscando a sus seres queridos mientras luchan contra un muro de negación e indiferencia del gobierno y los demás poderes institucionales.
La desaparición forzada está contemplada en el derecho internacional, concretamente en la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, vigente desde 2010. Pero Kenia aún no ha ratificado este crucial tratado suscrito en el marco de las Naciones Unidas, lo que deja un vacío legal que agrava el problema.
Según Kevin Mwangi, responsable de programas de la Unidad Medicojurídica Independiente (Imlu, en inglés), el gobierno local carece de una definición en la legislación nacional, por lo que los kenianos y la sociedad civil dependen de las directrices internacionales de la ONU para exigir responsabilidades a las autoridades.
Un caso inquietante ocurrió en 2021, cuando la zona del río Yala, antaño un área tranquila y apartada, se convirtió en un lugar de horror. En pocas semanas se descubrieron 26 cadáveres en un tramo de 50 metros. Los cadáveres, muchos de ellos varones, se encontraron lejos del lugar donde habían desaparecido originalmente.
Los activistas de derechos humanos participaron inicialmente en las investigaciones, pero pronto fueron apartados por la policía.
Boniface Ogutu, uno de los activistas que trabajaban en el caso, declaró a los medios: «Encontramos cadáveres con las manos atadas con cuerdas. Algunos estaban envueltos en bolsas de polietileno. Muchos de los cuerpos mostraban signos de traumatismo grave, incluidas cicatrices similares a quemaduras con ácido, y la mayoría parecían haber sido torturados antes de ser arrojados al agua».
Ogutu informó además de que los aldeanos habían observado un vehículo negro de la marca Subaru, a menudo asociado con las fuerzas de seguridad, que se dirigía a toda velocidad a la orilla del río con cuatro ocupantes que se deshacían apresuradamente de los cadáveres antes de marcharse.
A principios de la década de 2010, el gobierno de este país de África oriental concedió amplios poderes a los organismos de seguridad para combatir el terrorismo, lo que provocó un aumento de los secuestros, las torturas y las ejecuciones extrajudiciales, incluso por delitos menores.
Los llamados escuadrones de la muerte empezaron a perseguir a sospechosos, y durante las épocas electorales, cuando las concentraciones y protestas eran frecuentes, se dispararon los informes de desapariciones y asesinatos.
Tan solo en 2021, los grupos de derechos humanos documentaron al menos 170 ejecuciones extrajudiciales y numerosas desapariciones atribuidas a la policía.
Una de las víctimas halladas en el río Yala fue Philemon Chepkwony, residente en Kipkelion, en la occidental provincia del Valle del Rift. Había sido acusado de robo de automóviles y estaba en libertad bajo fianza a la espera de juicio cuando desapareció en diciembre de 2021.
«Asistimos a una preocupante tendencia de jóvenes como Philemon que desaparecen sin dejar rastro, para luego ser encontrados muertos en los ríos», lamentó Hillary Kosgey, legisladora por Kipkelion Occidental, en el entierro de Chepkwony. «Nadie tiene derecho a arrebatarnos estas vidas. Si se les encarcela, podrán reformarse», añadió.
En condados costeros de Kenia como el oriental Mombasa, donde reside gran parte de la población musulmana del país, los grupos terroristas han reclutado a hombres jóvenes, lo que ha llevado a la policía a realizar frecuentes redadas y a elaborar perfiles de estas comunidades.
El reciente descubrimiento de cadáveres mutilados envueltos en bolsas de polietileno en una cantera a cielo abierto de Mukuru Kwa Njenga, uno de los mayores barrios pobres del este de Nairobi, desató la ira pública en medio de semanas de protestas contra el gobierno por una ley de finanzas que desde entonces se mantiene en suspenso.
Tras asumir el poder, el presidente William Ruto declaró repetidamente en mítines públicos que no habría casos de desaparición forzada ni ejecuciones extrajudiciales.
Mwangi esboza los escalofriantes componentes de la desaparición forzada en Kenia, un país de 55,2 millones de habitantes.
«Comienza con la privación del derecho a la libertad, a menudo sin el consentimiento o el conocimiento de la víctima. Este acto lo llevan a cabo funcionarios del gobierno, que luego ocultan o niegan todo conocimiento del paradero de la persona», explica.
Añade, subrayando el impacto duradero de estos delitos, que «la desaparición forzada no es una cuestión pasajera; puede durar años, incluso décadas. Es un estado permanente de limbo para las víctimas y sus familias hasta que se encuentra a la persona».
El Informe Anual sobre Voces Desaparecidas 2023, elaborado por Amnistía Internacional sobre el problema en Kenia, indica una ligera reducción de las ejecuciones extrajudiciales entre 2022 y 2023, de 130 a 118, y un descenso de las desapariciones forzadas, de 22 a 10.
«Los hombres siguen siendo las principales víctimas, representando el 94% de las ejecuciones extrajudiciales, con una notable concentración entre los hombres de 19 a 35 años», señala el informe.
En África, las desapariciones forzadas, sobre todo en regiones políticamente inestables, suelen producirse en el contexto de la represión estatal. La República Democrática del Congo (RDC) es un claro ejemplo, donde una masacre llevó al Tribunal Africano de Derechos Humanos y de los Pueblos a responsabilizar al gobierno de actos de desaparición forzada.
«Para que se produzca una desaparición forzada, deben estar implicados funcionarios del gobierno, y el Estado debe tener pleno conocimiento del paradero de las personas desaparecidas», aclaró Mwangi.
En Kenia, la situación se mantiene como grave.
Mwangi recuerda un caso tramitado por Imlu en el que dos personas, tras ser puestas en libertad, fueron presuntamente secuestradas por agentes de seguridad. «Al día de hoy, el gobierno niega conocer su paradero», lamentó, subrayando la omnipresente cultura de impunidad.
El tristemente célebre incidente del río Yala es un sombrío recordatorio de la magnitud del problema. Mwangi señala el fallo sistémico del poder judicial, donde una puerta giratoria de excarcelaciones bajo fianza perpetúa el ciclo de delincuencia y violencia.
«Crece la idea de que los tribunales no hacen su trabajo, lo que lleva a la policía a tomarse la justicia por su mano», dijo.
A pesar de la gravedad de la situación, Kenia carece de legislación específica sobre desaparición forzada. El país no ha ratificado la convención internacional, lo que deja a las víctimas y a sus familias sin un camino claro hacia la justicia.
«Una vida ya es demasiada», afirmó Mwangi, en referencia a los 32 casos documentados por Voces Desaparecidas. «Actualmente estamos elaborando directrices para garantizar que cada país africano tenga una política sobre desaparición forzada. Las cifras pueden ser mayores de lo que se informa, pero sólo unos pocos casos salen a la luz», detalló.
Tras las elecciones generales de Kenia de 2007-2008, se produjeron importantes violaciones de derechos humanos, lo que llevó a la formación del Grupo de Trabajo Ransley para abordar las reformas policiales necesarias para poner fin a sus excesos.
El grupo de trabajo hizo recomendaciones contundentes, entre ellas la necesidad de separar estas entidades, ya que en aquel momento la policía era la autora de los delitos, la fiscalía y la investigación.
Este sistema defectuoso impedía que se hiciera justicia y ponía de relieve la necesidad de mecanismos que garantizaran la justicia y la rendición de cuentas.
En 2017, Kenia promulgó la Ley del Servicio Forense, que proporcionó un marco para la documentación forense en las escenas del crimen.
Sin embargo, su aplicación ha sido problemática. Por ejemplo, en un caso de 2018 en la occidental ciudad de Eldoret, un agente de policía manipuló un arma homicida con las manos desnudas, comprometiendo así las pruebas.
Actualmente, la recolección de pruebas forenses en Kenia es deficiente y no cumple los requisitos necesarios para resistir ante los tribunales. Aunque la Ley Forense fue promulgada en 2017 por el entonces presidente Uhuru Kenyatta , no se ha puesto en marcha, en gran parte debido a la falta de voluntad política.
«Kenia tiene un historial de aprobación de leyes que luego son archivadas. Cuando se le cuestiona, el Gobierno alega que el retraso se debe a problemas de financiación, afirmando que es necesario asignar fondos para crear la oficina del forense», afirmó Mwangi.
Además, la Autoridad Independiente de Supervisión Policial (Ipoa, en inglés) carece de laboratorio forense y debe depender de la Dirección de Investigaciones Criminales (DCI), que forma parte de las fuerzas de seguridad.
Los activistas de derechos humanos insisten en que hay una necesidad acuciante de un laboratorio forense independiente en el marco de la Ipoa para llevar a cabo auditorías forenses.
A pesar de estos retos, la Ipoa ha logrado ocho condenas en casos extrajudiciales en los últimos 11 años. Esta entidad se creó para garantizar la rendición de cuentas en tales casos.
Roselyn Odede, presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Kenia, informó en 2023 de que la comisión había recibido informes de 22 ejecuciones extrajudiciales y nueve casos de desaparición forzada entre enero de 2022 y junio de 2023.
Peninah Koome, presidenta de Campeones Kenianos por la Justicia, una organización de base comunitaria, relató su desgarradora experiencia. Su marido fue detenido, brutalmente golpeado por el oficial al mando en la comisaría de Ruaraka, un suburbio de Nairobi. Terminó muriendo a consecuencia de la paliza en el Hospital Nacional Keniata.
«No tenía dinero para pagar abogados, pero Ipoa e International Justice Mission (IJM) intervinieron. Sin embargo, como testigo del caso de mi marido, me convertí en un objetivo. Vinieron a por mí al día siguiente de testificar. Ipoa e IJM tuvieron que proporcionarme protección. Después de tres años, por fin conseguimos justicia», detalló.
Houghton Irungu, director ejecutivo de Amnistía Internacional Kenia, expresó su preocupación por el regreso de la misma cultura opresiva, a pesar de la promesa del gobierno de Ruto de poner fin a las desapariciones forzadas.
«Disolvieron la Unidad de Servicios Especiales, renovaron el Servicio Nacional de Policía, cambiaron al director de Investigaciones Criminales y reestructuraron la Unidad de Policía Antiterrorista.. Esperábamos que esto condujera al respeto del Estado de derecho, pero los viejos hábitos parecen estar resurgiendo», afirmó.
Irungu subraya la importancia de identificar a tiempo a las personas desaparecidas y la necesidad de que las organizaciones de derechos humanos y los organismos de protección de testigos actúen con rapidez para proteger a los testigos y a sus familias.
«Como país, aún no hemos ratificado la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Han pasado cinco años desde que el Parlamento aprobó la Ley de Servicios Forenses y, sin embargo, seguimos careciendo de capacidad forense independiente para enjuiciar estos casos», lamentó Irungu.
Añadió que «ni siquiera tenemos una base de datos nacional sobre personas desaparecidas».
La incapacidad del gobierno para abordar esta cuestión de las desapariciones forzadas viola los derechos humanos, además de erosionar la confianza pública en las instituciones del Estado. Para las familias de los desaparecidos, la búsqueda de la verdad y la rendición de cuentas.
Puede leer aquí la versión en inglés de este artículo.
T: MF / ED: EG