l pasado mes de diciembre, los trabajadores de una importante fábrica textil al norte de Egipto ocupaban sus instalaciones, reclamando varias partidas salariales atrasadas. Gracias al éxito de la protesta, ésta se ha convertido en un símbolo de la lucha contra las privatizaciones del sector público y ha sido seguida por muchas otras. El sector […]
l pasado mes de diciembre, los trabajadores de una importante fábrica textil al norte de Egipto ocupaban sus instalaciones, reclamando varias partidas salariales atrasadas. Gracias al éxito de la protesta, ésta se ha convertido en un símbolo de la lucha contra las privatizaciones del sector público y ha sido seguida por muchas otras.
El sector textil egipcio ha sido tradicionalmente uno de los más pujantes de la economía del país, desde su completa nacionalización en la década de los ’50. Aunque es una importante fuente de creación de empleo, en los últimos años los trabajadores han sufrido una progresiva pérdida de poder adquisitivo, hasta llegar a tener salarios más bajos en 2004 que en 1995. Esta situación se ha visto agravada por la política de privatizaciones que el Gobierno de Hosni Mubarak comenzara en los años ’90, y que se ha acelerado con la llegada de nuevos ministros de talante liberal en el año 2004.
En la primera gran protesta de diciembre, unos 27.000 trabajadores de la fábrica de Ghazl el-Mahalla, situada unos kilómetros al norte de El Cairo, ocuparon las instalaciones de la empresa y, pese a las presiones policiales y las amenazas recibidas, consiguieron que se reconocieran sus peticiones. Desde entonces, a lo largo de los primeros cuatro meses de 2007, se han producido diez huelgas en el sector, en las que han participado más de 30.000 trabajadores.
Contra las privatizaciones
Varias de estas huelgas han tenido el éxito deseado, lo que ha llevado a los trabajadores a planear una nueva estrategia en su relación con el Gobierno, quien por primera vez se ha visto obligado a dar marcha atrás en su plan de privatizaciones. Ambos factores han provocado que el país haya llegado a un nivel de activismo político contra el Gobierno sin precedentes, consecuencia del malestar existente en casi todos los sectores sociales. A la situación económica se suma el malestar de las fuerzas políticas de la oposición, tanto laicas, si bien con escaso poder organizativo y representación política, como religiosas, a través de los Hermanos Musulmanes, poderosa organización religiosa de ámbito supranacional, que cuenta con un creciente apoyo social y critica duramente la política económica del Gobierno de Hosni Mubarak.
La reacción del Gobierno no se ha hecho esperar, y como viene siendo habitual en el país norteafricano, las medidas represoras se han multiplicado. A las encarcelaciones masivas de activistas sindicales y políticos se ha sumado la clausura de los locales del más importante sindicato independiente de Egipto, el Centro de Trabajadores del Comercio y Servicio (CTUWS), especialmente activo en las principales movilizaciones de los últimos meses. Esto le ha costado a las autoridades egipcias la condena de Amnistía Internacional, quien ha exigido «el respeto al derecho de reunión, reconocido en los acuerdos internacionales aceptados por Egipto».