EL Plan de Bush para la privatización del Seguro Social se cimenta sobre tres mentiras Primero, que el sistema actual está en crisis y destinado a colapsar. Segundo, que las ganancias que lograrán quienes acepten las cuentas de retiro privadas excederán los beneficios tradicionales del programa. Y tercero, que las cuentas privadas se convertirán en […]
EL Plan de Bush para la privatización del Seguro Social se cimenta sobre tres mentiras
Primero, que el sistema actual está en crisis y destinado a colapsar. Segundo, que las ganancias que lograrán quienes acepten las cuentas de retiro privadas excederán los beneficios tradicionales del programa. Y tercero, que las cuentas privadas se convertirán en el pilar de una «sociedad de propietarios», en la cual la gente trabajadora podrá continuamente aumentar su riqueza.
Cada uno de estos puntos puede ser fácilmente desenmascarado como disparates–y como una cortina de humo para implementar recortes drásticos de beneficios y el desmantelamiento del sistema. Pero como el Partido Demócrata acepta la mayoría de las premisas políticas de la Casa Blanca, le ha entregado en bandeja de plata a Bush la oportunidad de destruir el programa social más exitoso en la historia de Estados Unidos.
Consideremos la refutación ofrecida por la líder Demócrata en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, previa al discurso de Bush sobre el estado del país. Ella estableció la «responsabilidad fiscal» como el primer criterio necesario pare efectuar «cambios» al Seguro Social. Si Pelosi criticó los planes privatizadores de Bush e hizo un llamado a garantizar los beneficios para los trabajadores que actualmente son parte de la fuerza laboral, ella intencionalmente evitó pronunciarse en contra de algún recorte de los beneficios.
Tampoco intentó defender el Seguro Social por lo qué es–una forma progresista de transferir riqueza, la cuál usa impuestos pagados por los empleados y sus patrones para mantener a los jubilados y a los que no pueden trabajar. Al contrario, Pelosi recurrió a la jerga de Bush, al describirlo en el contexto de la expansión de los programas sociales de los años treinta como un programa que es «un orgullo y una hazaña empresarial del Nuevo Trato». La alternativa Demócrata, sea lo que sea, estará basada «en los valores medulares de Estados Unidos y el espíritu empresarial que es el legado de nuestro partido y nuestro país», ella dijo.
Así que la batalla por el Seguro Social comienza en el terreno de Bush. Los Demócratas no sólo aceptan las restricciones del masivo déficit del presupuesto federal, incrementado por los recortes a los impuestos de los ricos que Bush les obsequió, sino que además pretenden defender el Seguro Social como un modo de crear millones de mini-capitalistas–en vez de como un medio de fortalecer y extender la red de seguridad social en una época de bajos sueldos y creciente desigualdad social. Esto equivale, en términos de política doméstica, a John Kerry decir que él hubiera votado por la guerra contra Irak, aun si hubiera sabido que allí no habían armas de destrucción masiva.
Los Demócratas saben muy bien que la descripción que Bush hace de la crisis del Seguro Social es tan acertada como su informe sobre el material nuclear que supuestamente estaba en manos de Saddam Hussein. Pero los cálculos políticos de los Demócratas–y la posibilidad de contribuciones monetarias electorales de las firmas de Wall Street, que se babean por aferrarse a las cuentas privatizadas–implican que estos están listos a hacerle el juego a la Casa Blanca.
Después de todo fue Bill Clinton quien desmanteló el otro pilar del Nuevo Trato (las grandes reformas sociales de la década de 1930)–el sistema federal de bienestar (welfare), a la vez que introdujo al debate político la idea de «reparar» el Seguro Social, ofreciéndole tela que cortar a los privatizadores.
Luego, en su campaña presidencial del 2000, Al Gore prometió proteger el Seguro Social, poniéndolo bajo «candado». Pero en realidad, Gore quería usar los excedentes del fondo fiduciario del Seguro Social para reducir la deuda del gobierno, para luego vender nuevos bonos del tesoro para financiar el sistema si fuera necesario.
Esta maniobra, recientemente descrita por el economista Robert Kuttner como un «truco de contabilidad», lo que hizo fue darle más cartuchos a los propagandistas de la noción de la supuesta crisis. «Si la idea era extraer los fondos excedentes e invertirlos separadamente, eso pudo haberse hecho», escribió Kuttner. «Pero eso no es lo que Gore ofreció. Wall Street se pone nervioso cuando el gobierno invierte grandes reservas en la bolsa de valores».
Pero si al contrario ese dinero fuera canalizado a través de las susodichas «cuentas personales» de Bush, Wall Street podría chuparse miles de millones de dólares en recargos–y el gobierno podría desechar la obligación de garantizarles un ingreso modesto a los jubilados. El esquema de Bush para el Seguro Social es un fraude. Desafortunadamente, no podemos contar con los Demócratas para desenmascararlo.
Desmantelando las mentiras de Bush
Aunque todos los detalles del plan de Bush no han sido presentados, ya es posible desenmascarar las principales premisas de su plan.
Mentira número 1: El Seguro Social pronto se irá a la «bancarrota»
Esta alegación fue refutada en el libro publicado en 1999, Seguro Social: la crisis fabricada, por Dean Baker y Mark Weisbrot. Pero desde entonces, la máquina propagandista de Washington y Wall Street ha sido capaz de enterrar una serie de hechos claves.
Los fondos del Seguro Social no se esfumarán en 2018, como Bush reclama, sino que ese es el año que el fondo comenzará a pagar los beneficios usando los excedentes del fondo, en vez de usar los intereses acumulados sobre los bonos del Tesoro, como el gobierno hace hoy en día. Incluso si nada fuera hecho para aupar el sistema, los excedentes podrían pagar todos los beneficios hasta el año 2052, de acuerdo a los más recientes pronósticos de la Oficina de Presupuesto del Congreso.
Otra supuesta razón para privatizar es el hecho de que solo habrá 2.1 trabajadores por cada jubilado en 2030–por debajo del 3.3 actual. Pero como Baker y Weisbrot señalan, la tasa era de 8.6 trabajadores por jubilado en 1955. La tasa menor actual no condujo a ninguna crisis económica debido a los tremendos adelantos en productividad en toda la economía.
Peor aun, aquellos que predicen una crisis del Seguro Social usan proyecciones pesimistas del crecimiento económico, lo que asume menores ingresos de los impuestos a la nómina usados para financiar el sistema.
Incluso si el peor pronóstico resultara cierto, el sistema podría ser fácilmente refortalecido por medio de aumentos graduales en los impuestos a la nómina a lo largo de varios años–o sino, como una alternativa más equitativa, al aumentar el límite máximo de $87,900 de un salario que es sujeto a los impuestos de nómina. Mientras la carga tributaria que recaería sobre la futura generación de trabajadores sería un poco más alta, esta sería sólo una pequeña parte de la mejoría en lo salarios reales que se espera, basado en los promedios históricos en el incremento de la productividad.
Bush, por supuesto, se rehúsa a contemplar tal incremento en las cotizaciones–aun a pesar de que su plan de hacer permanentes los recortes de impuestos de 2001 y 2003 podría costar $344 mil millones en 2027 y $377 mil millones en 2033, de acuerdo al economista Jason Furman–sumas que exceden por mucho las predicciones de deficiencias del Seguro Social.
Mentira número 2: Las cuentas privadas le harán más bien a los futuros jubilados que los beneficios tradicionales del Seguro Social
Comenzando en 2009, el plan de Bush permitirá a aquellos nacidos en 1965 o después a re-dirigir hasta un 4 por ciento de su salario total hacia las cuentas privadas. El límite inicial sería de $1,000, y gradualmente subiría hasta todo el 4 por ciento anual.
Sin embargo, el incentivo para embarcarse en semejante maroma no es la promesa de lograr ganancias en la bolsa de valores, sino la oportunidad de reponer las pérdidas causadas por los recortes a los beneficios del programa tradicional, según propuesto por Bush. Él quiere calcular los aumentos futuros de los beneficios del Seguro Social usando la tasa de inflación como base en vez del aumento de los salarios reales–un cambio que efectivamente reduciría los beneficios y prevendría que los jubilados se beneficiaran de futuras mejoras en la calidad de vida.
Al retirarse, aquellos con cuentas privadas tendrían que usar el dinero para costear un programa de anualidades para mantenerse sobre la línea de pobreza, y convertir en dinero efectivo o invertir el monto sobrante–eso es si sobrara algo.
Y sobretodo, las cuentas privadas van a usar como modelo los planes de retiro 401(k) de los empleados federales, cuyas opciones de inversión están limitadas a cinco o seis fondos–cosa lejos del mentado control individual proclamado por Bush. Aunque que los cargos a pagar por la administración de estas cuentas puede que sean más bajos que los de las cuentas individuales genuinas, comoquiera podrían alcanzar hasta el 20 por ciento de los ingresos del plan de retiro para un trabajador promedio, de acuerdo al análisis del ex-banquero de inversiones, Nomi Prins, presentado en la revista Against the Current.
Finalmente, se estima que el gobierno tendría que asumir una deuda de $4.5 trillones durante las dos primeras décadas de la privatización para pagar los «costos de transición» necesarios para financiar las cuentas privadas–lo que empeoraría el déficit gubernamental que supuestamente hace necesaria la privatización.
Mentira número 3: La reforma del Seguro Social será el comienzo de una «sociedad de propietarios» en la que el pueblo trabajador tomará el control de su vida
«Si pudiéramos cambiar de una nación donde el 50 por ciento de los estadounidense son dueños de acciones bursátiles a una nación donde el 75 al 80 por ciento son dueños de acciones, podríamos cambiar las actitudes políticas y la cultura política a un modo que es más conservador y más pro-Republicano», dijo al Los Angeles Times Stephen Moore, ex-presidente del «Club por el Crecimiento», que apoya la privatización.
Pero es un hecho que «la mitad más pobre de la población era dueña de solo un 1.4 por ciento de las acciones en 2001, con un portafolio promedio que apenas excede los $3,000», indicó el escritor economista Doug Henwood en un libro recientemente publicado. «Y dado que sólo una pequeña minoría de las familias en la mitad más pobre de la población posee acciones, este promedio es engañosamente alto».
De cualquier forma, el 10 por ciento más rico es dueño de tres cuartas partes de todas las acciones.
Estas estadísticas clarifican el efecto real de la privatización del Seguro Social y otros planes para una «sociedad de propietarios»–un esfuerzo para hacer que los trabajadores se identifiquen con los intereses financieros de los ricos y poderosos, mientras el gobierno abandona a los ancianos a padecer condiciones económicas crueles.
Socialist Worker, 18-3-05