La Habana (PL).- La conmemoración del décimo aniversario del inicio de la invasión de Estados Unidos contra Irak en marzo de este año tuvo un bajo perfil en Washington, pero reavivó el debate sobre uno de los mayores fracasos de la política exterior norteamericana. Seis meses después los planes del presidente Barack Obama de ejecutar […]
La Habana (PL).- La conmemoración del décimo aniversario del inicio de la invasión de Estados Unidos contra Irak en marzo de este año tuvo un bajo perfil en Washington, pero reavivó el debate sobre uno de los mayores fracasos de la política exterior norteamericana. Seis meses después los planes del presidente Barack Obama de ejecutar una acción militar contra Siria enfrentan dificultades que obstaculizan, al menos temporalmente, la realización de esa acción bélica.
Hace más de una década, la Casa Blanca, con la complicidad casi absoluta de los principales medios de difusión, realizó una campaña en torno a la supuesta presencia de armas de destrucción en masa (ADM) en territorio iraquí, cuyo punto culminante fue la intervención en Naciones Unidas del secretario de Estado Colin Powell.
Resulta a veces difícil creer que este ex general, con una alta preparación en temas de seguridad nacional y la dinámica de los servicios de inteligencia, pudiera en realidad considerar como ciertos los elementos que componían esta farsa de grandes proporciones. El entonces jefe de la diplomacia estadounidense puso en juego lo que quedaba de su credibilidad de antaño y juró ante la opinión pública internacional que Saddam Hussein estaba en capacidad de utilizar las ADM, y para ello mostró supuestas evidencias en la organización mundial.
El 19 de marzo de 2003, al anunciar el inicio de la Operación Libertad Iraquí, el presidente George W. Bush dijo que sus objetivos serían liberar a Irak y defender al mundo del supuesto peligro de los armamentos en poder de Bagdad. Las principales cadenas televisivas transmitían las imágenes del avance sin obstáculos de las unidades mecanizadas y de infantería de las fuerzas armadas norteamericanas, lo cual hizo pensar que toda la operación sería rápida y sin mayores dificultades.
Sin embargo, varios meses más tarde, la práctica demostró que los militares estadounidenses están más adaptados a las operaciones convencionales, pero tienen serias dificultades para enfrentar las acciones irregulares de una insurgencia armada, lo que provocó un cambio de estrategia. El enemigo no tenía una posición fija contra la cual la aviación podía lanzar sus más modernos artefactos de destrucción, ni tampoco las condiciones permitían realizar el fuego con la artillería y los morteros contra grandes agrupaciones, como había ocurrido en las primeras etapas de la guerra.
Tras varias oleadas de refuerzos y frente al aumento de la violencia interna, en 2007 Bush ordenó una escalada sustancial de las unidades en el país árabe, que alcanzaron la cifra de 170 mil militares, 100 mil por encima de la agrupación inicial en 2003. Es así que la euforia inicial contrastó con el pesimismo prevaleciente en Washington en ocasión del décimo aniversario de aquella aventura en suelo iraquí, que tuvo un saldo de cuatro mil 488 militares norteamericanos muertos, 32 mil heridos, y un gasto de 767 mil millones de dólares.
Según una encuesta de la cadena ABC y el diario The Washington Post, 58% de los estadounidenses consideran un error la agresión a Irak, y apenas 40% apoyan la intervención militar concluida en diciembre de 2011. Un artículo reciente del diario Los Angeles Times afirmó con certeza que el pretexto de las ADM fue una ficción de consecuencias bíblicas, la cual se tornó en una realidad humillante para Powell y Estados Unidos, y fue uno de los momentos más vergonzosos en la historia norteamericana.
Medios de prensa resaltaron que el Inspector General Especial para la Reconstrucción de Irak Stuart Bowen reconoció ante el Congreso que Estados Unidos gastó demasiados recursos en Irak desde la invasión en marzo de 2003, pero obtuvo muy pocos resultados. El funcionario señaló que el esfuerzo financiero alcanzó un nivel mucho mayor de lo previsto, a un ritmo de casi 15 millones de dólares diarios.
Washington hizo una inversión inicial de más de 60 mil millones de dólares para la reconstrucción del país, y según Bowen al menos ocho mil millones de esos fondos fueron malgastados por funcionarios iraquíes y los jefes militares estadounidenses que estaban al frente de las operaciones. La senadora republicana por el estado de Maine Susan Collins señaló que ha sido un esfuerzo extraordinariamente frustrante, pues el dinero se gastó de forma irresponsable y con alto nivel de corrupción. El director de Inteligencia Nacional James Clapper afirmó el 12 de marzo pasado en una audiencia del Senado, que los grupos armados en Irak realizaron más atentados con bombas en 2012 que en 2011.
El desastre alcanzó también al interminable conflicto en Afganistán, donde especialistas temen vuelva a repetirse una historia similar a la iraquí, pues allí hasta ahora Washington gastó más de 90 mil millones de dólares, en una campaña que culminará en diciembre de 2014. Un informe del Inspector General para la Reconstrucción de Afganistán John Sopko asegura que miles de millones de dólares destinados a las fuerzas norteamericanas en Afganistán están fuera de control y pueden caer en manos de grupos insurgentes y terroristas de ese país. Apenas 18 meses antes de la retirada del grueso de las tropas norteamericanas y de sus aliados de suelo afgano, esos fondos son malgastados y hay ruptura entre los objetivos de la política de la Casa Blanca y la posibilidad real de alcanzarlos, advierte el reporte.
El aniversario del desastre en Irak y los fracasos en Afganistán son ahora un recordatorio de la necesidad de que los líderes políticos escuchen de forma honesta antes realizar una operación militar de este tipo, y no dejarse llevar por impulsos políticos e ideológicos, señaló un editorial del diario The New York Times. Para solo tomar dos ejemplos, la lección iraquí debiera tenerse en cuenta en la toma de decisiones en el conflicto con Irán, país al que Washington acusa de tener un programa nuclear con fines bélicos, pero sus autoridades reiteran es con objetivos pacíficos. Algo similar sucede en el caso de Siria, donde Washington y sus aliados se empeñan en ayudar por todas las vías posibles a las bandas armadas que intentan derrocar al presidente Bashar Al Assad.
A juzgar por lo que señalan medios de prensa y especialistas estadounidenses en el tema, las lecciones aprendidas en la llamada Operación Libertad Iraquí no resultaron suficientes como para que los políticos más conservadores en Washington cesen de convocar a nuevas intervenciones militares en Medio Oriente y otras regiones. De ahí que vuelven a escucharse hoy, una década después, los llamados de los halcones que claman por el uso de la fuerza en regiones donde consideran amenazados los intereses estadounidenses de seguridad nacional y esgrimen una vez más el fantasma del peligro de las armas químicas y nucleares.
Las vicisitudes de Obama en sus planes contra Siria
Los planes del presidente Barack Obama de ejecutar una acción militar contra Siria enfrentan dificultades que obstaculizan, al menos temporalmente, la realización de esa acción bélica. En el plano interno, una encuesta reciente del diario The Washington Post y la cadena ABC mostró que 59% de los estadounidenses están en contra de los planes de Obama contra el país del Levante, mientras 36% los apoyan.
El secretario de Estado John Kerry, el jefe del Pentágono Charles Hagel y el presidente de la Junta de Jefes de Estado Mayor de Estados Unidos general Martin Dempsey defendieron los argumentos de Obama y sus asesores para la realización de la eventual acción de fuerza contra el país árabe. Sin embargo, la presencia constante de miembros del Ejecutivo en el Legislativo es muestra de la incertidumbre por la falta de apoyo a las intenciones del mandatario de castigar al Gobierno de Damasco, al que acusa del supuesto uso de armas químicas, alegación rechazada por las autoridades sirias.
Obama sostuvo reuniones en los últimos días con los principales líderes del Congreso, incluyendo el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano John Boehner y la congresista Nancy Pelosi, líder de la minoría demócrata en ese cuerpo legislativo. Ambos expresaron su apoyo irrestricto a la decisión de realizar la operación bélica. A pesar de la ofensiva política en el Capitolio y con sus principales aliados europeos y de Oriente Medio, la idea de propinar un golpe contra el país árabe continúa con un bajo nivel de aceptación, aunque el jefe de la Oficina Oval pudiera llevar a cabo la acción sin apoyo legislativo.
En la Cámara de Representantes, de mayoría republicana y con un total de 435 miembros, hasta la fecha solo 16 legisladores -de 200 consultados- expresaron su apoyo abierto a los planes de Obama y otros 60 se inclinan por el no, señaló el diario The Washington Post y precisó que 32 representantes se manifiestan contra la opción bélica y otros 90 se mantienen indecisos, lo que constituye una muestra del trabajo que todavía tiene pendiente el Ejecutivo para convencer a los miembros del Capitolio. En el Senado, tres legisladores son contrarios a un ataque militar contra Siria y otros 17 manifestaron que pudieran votar también de forma negativa, mientras alrededor de 60 aseguraron que todavía están indecisos y una veintena apoya la operación bélica.
Los principales líderes del Comité de Relaciones Exteriores del Senado aprobaron la noche del 3 de septiembre un borrador de la resolución que sustenta la estrategia de la Casa Blanca contra el país del Levante. El presidente de dicha comisión senatorial Robert Menéndez y la figura principal de los republicanos en esa instancia Bob Corker pusieron como condición que no se utilizaran fuerzas terrestres estadounidenses en las operaciones militares. Además, Obama debe presentar en un término de 30 días posteriores a la aprobación del texto, un plan para la solución pacífica del conflicto en Siria. La propuesta legislativa establece también que la operación militar estaría limitada a 60 días, aunque pudiera extenderse a otros 30 si el Ejecutivo argumenta la necesidad de esa ampliación.
El Congreso reanuda sus sesiones el próximo 9 de septiembre y se espera que durante la semana valore la resolución de apoyo presentada por la Casa Blanca, que pudiera enfrentar maniobras obstruccionistas si no tiene inicialmente los 60 sufragios que necesita en el Senado para autorizar un voto final en el plenario.
En toda esta discusión tendrá un impacto significativo el llamado lobby judío, cuya organización insigne, el Comité Americano Israelí de Asuntos Públicos (AIPAC), anunció el 3 de septiembre pasado su apoyo a la intervención militar de Washington en Siria. La concesión del gobierno de Israel a la compañía estadounidense Genie Energy Company para la exploración de petróleo en el Golán sirio ocupado constituye un nuevo punto de fricción y denuncia de las acciones ilegítimas de Tel Aviv contra Damasco.
Israel ocupó la meseta del Golán a Siria en 1967 y allí permanece, si bien el pueblo sirio mantiene el reclamo sobre su territorio. En diciembre de 1981, la denominada Ley de Anexión al Golán por parte del Kenesst (Parlamento), atribuyó a Tel Aviv la apropiación del sureño territorio sirio. Los golaneses rechazan subordinarse a la legislación israelí, se niegan incluso a recibir la cédula de entidad de ese país y la comunidad internacional tampoco ha reconocido el despojo.
Israel no tiene derecho a usurpar los recursos naturales de esa región, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y el Derecho internacional, que prohíben a la entidad sionista explotar o modificar el medio geográfico o la naturaleza del territorio ocupado. Por esa razón la concesión petrolera constituye una nueva y flagrante violación de las leyes y normas internacionales, que se añaden a la trayectoria ilegal de Tel Aviv, y como es costumbre, Washington se convierte en partícipe y cómplice de su aliado en la región, comentó la televisión nacional siria.
Fuerzas armadas y crisis fiscal
Militares estadounidenses en activo han expresado serias dudas acerca de las ventajas de un ataque militar contra Siria, debido a las restricciones impuestas al Pentágono por la actual crisis fiscal y el desgaste de los servicios armados en otros conflictos recientes. El Departamento de Defensa analiza cómo enfrentar los recortes multimillonarios a su presupuesto en la próxima década, que implican reducciones significativas en sus tropas y sistemas de armamentos.
El rango de opciones para los reajustes, muchos de los cuales requieren la aprobación del Congreso, están contenidos en el documento denominado Revisión de las Opciones Estratégicas y de Dirección, conocido por las siglas SCMR, que fue diseñado para ayudar al Pentágono a enfrentar estos recortes de fondos. De esta forma, el Pentágono presiona al Congreso para que resuelva la crisis fiscal al amenazar con afectar a dos sectores fundamentales para los intereses electorales de los integrantes del Capitolio: centenares de miles de oficiales y soldados, así como los representantes de la industria militar, afirma el periódico digital Politico.com.
Esas son las reducciones más drásticas anunciadas por el secretario de Defensa Charles Hagel en el Pentágono para enfrentar los recortes de más de 500 mil millones de dólares en los próximos dos años, que incluyen 52 mil millones para el presupuesto del año fiscal 2014, el cual comienza el próximo 1 de octubre. Una consecuencia reciente de estos reajustes es la decisión de la Armada estadounidense de eliminar uno de sus submarinos nucleares de ataque, el USS Miami, por no tener los fondos necesarios para restaurarlo, después que sufrió los daños de dos incendios consecutivos, iniciados intencionalmente por un empleado civil.
La jefatura de la Marina de Guerra estadounidense anunció a principios de agosto la desactivación de dicho buque por no tener los más de 400 millones de dólares necesarios para reparar los daños del siniestro. Para el congresista republicano Randy Forbes, la desactivación de la unidad naval es un indicio peligroso de los daños que la crisis fiscal ocasiona al Pentágono, y un recordatorio inevitable de los costos reales que tienen para la seguridad nacional los rejuegos políticos en Washington en torno a los temas presupuestarios. «Enfrentamos una crisis de disposición y capacidad combativas que nosotros mismos hemos provocado y la desactivación del USS Miami es un ejemplo insuperable de esta situación», estimó el legislador, según el sitio digital Defense News.
Un informe del Pentágono emitido a principios de agosto señala que uno de los escenarios posibles para enfrentar la crisis fiscal es la reducción de las fuerzas del Ejército de 490 mil a 380 mil efectivos, la infantería de marina de 182 mil a 150 mil y los grupos de ataque de portaaviones de 11 a ocho. Estas reducciones resultan excesivas para las actuales condiciones de turbulencias estratégicas en el mundo, considera el académico Michael O’Hanlon, experto en temas de defensa en la Institución Brookings, un «tanque pensante» con sede en Washington.
Según el académico, estos reajustes disminuirán las capacidades militares norteamericanas a un nivel insoportable, y el ejemplo más significativo es el Ejército, que perderá alrededor de 100 mil soldados de sus fuerzas en servicio activo y una cantidad similar en el componente de la reserva, debido a los recortes automáticos. Esto significa que dicho servicio armado será significativamente menor que durante la administración de William Clinton (1993-2001) y más pequeño además que en cualquier otro momento histórico anterior a la Segunda Guerra Mundial, señala O’Hanlon.
Además, las fuerzas armadas estadounidenses son demasiado caras y han pasado en la última década por dos guerras terrestres desgastantes en Irak y Afganistán, tras las cuales muchos piensan que el Pentágono solo necesitará medios aéreos y navales y una fuerte capacidad de ciberguerra, lo cual es un error. El académico señala que en la década de los 90 las fuerzas terrestres tenían capacidades para enfrentar hasta dos guerras de manera casi simultánea, concepto estratégico que se mantuvo durante varios años. Pero Estados Unidos debe contar con un nuevo paradigma de planificación de las unidades terrestres, capaces de lidiar con una guerra y a la vez llevar a efecto otras dos misiones importantes, como los esfuerzos residuales que tendrá que cumplir en Afganistán o estabilizar otros países de Oriente Medio, añade O’Hanlon.
Ese esquema permitiría tener un Ejército más pequeño que el actual, pero no inferior a 450 mil efectivos para poder cumplir con las expectativas del mando político militar del país, por lo cual los planes actuales de reducciones van más allá de lo que puede soportar la seguridad nacional de Estados Unidos. De todas formas, las arcas del Pentágono siguen siendo voluminosas, pues su presupuesto para el año fiscal 2014 se estima en más de 640 mil millones de dólares, y es mayor que el monto combinado de las otras 10 naciones que más gastan en esa esfera.
A pesar de los recortes presupuestarios, las fuerzas armadas de Estados Unidos apenas afectan sus fondos para participar en grandes ejercicios y maniobras en ultramar. En ese sentido, el Pentágono realizó el ejercicio anual conjunto Ulchi Freedom Guardian con fuerzas de Surcorea, Australia, Canadá, Dinamarca, Francia, Reino Unido, Nueva Zelandia y Noruega en áreas del océano Pacífico cercanas a la península coreana. Dichas maniobras, a un costo de varios miles de millones de dólares, tienen como fin «garantizar la estabilidad y seguridad en la Península Coreana y reafirmar el compromiso de Estados Unidos en la región del noreste de Asia», señala un comunicado oficial al que hizo referencia el 11 de agosto el diario Stars and Stripes.
Entretanto, Estados Unidos e Israel realizaron el 3 de septiembre una prueba conjunta de lanzamiento de cohetes balísticos desde el centro del mar Mediterráneo hacia la parte oriental y sobre una base militar israelí, información confirmada por fuentes del Ministerio de Defensa de Rusia. Para algunos especialistas, tal acción tuvo como objetivo realizar una demostración de fuerza, comprobar los sistemas defensivos de las tropas de Tel Aviv y a la vez monitorear la reacción de los medios de defensa antiaéreos sirios y de otros países hostiles a Occidente en la zona.
Washington continuó la preparación del teatro de operaciones para cumplir sus objetivos. El buque de transporte anfibio de Estados Unidos USS San Antonio, con centenares de infantes de marina a bordo, se encuentra en las cercanías de las costas de Siria. Los marines forman parte de la 26 Unidad Expedicionaria (MEU), integrada por más de 2.200 militares, que disponen de capacidades de operaciones terrestres y aéreas, para intervenir en áreas de conflicto en plazos relativamente breves.
La MEU está conformada además por el buque de asalto anfibio Kearsarge, actualmente en el golfo Pérsico, y el de desembarco Carter Hall que se mantiene en el océano Índico. Sin embargo, el Pentágono aclaró que estas fuerzas no forman parte de los planes para una eventual operación contra Siria, que se prevé realizar solo con cohetes crucero Tomahawk, de largo alcance, a bordo de buques norteamericanos en áreas aledañas a territorio sirio.
En los últimos días la Armada estadounidense reforzó su presencia en la región del golfo Pérsico con el arribo del portaaviones Harry S. Truman, con dos cruceros coheteriles e igual número de destructores como buques escoltas. Esta agrupación relevará a su similar, del USS Nimitz, pero este a su vez permanecerá en la región hasta nuevo aviso, pues su presencia sería vital en la eventualidad de un golpe militar contra Siria.
Sin embargo, más de una docena de oficiales estadounidenses, con rangos desde capitanes hasta generales, mostraron su preocupación acerca de las probables consecuencias de un ataque con cohetes crucero a Siria. Según el diario The Washington Post, algunos uniformados señalaron que la Casa Blanca carece de una estrategia coherente contra el Gobierno de Damasco, por lo que una eventual operación contra objetivos militares sirios resulta al menos ambigua. Otros estimaron que las proyecciones políticas de los líderes de las bandas armadas que intentan derrocar por la fuerza al Gobierno de Damasco constituyen un peligro para los intereses de Estados Unidos.
Roberto García Hernández es periodista de la redacción Norteamérica de Prensa Latina.