Imagen: Alessandro Rota. Intermón.
¿Qué realidad sufren las personas atrapadas en Libia, país al que llegan huyendo de la pobreza, las persecuciones y la guerra? Un informe de la ONG Oxfam-Intermón y sus socias en Italia MEDU y Borderline-Sicilia difundido el ocho de agosto lo resume en un puñado de palabras: tortura, violaciones y trabajo en condiciones de esclavitud. Basado en 158 testimonios, de 131 hombres y 27 mujeres, el documento pone rostro a lo que denomina el «infierno» libio. Los resultados constituyen un aldabonazo en la conciencia de la vieja Europa. Todas las mujeres, con excepción de una, señalan haber sido víctimas de la violencia sexual; el 74% de las personas entrevistadas fueron testigo de torturas o el asesinato de alguno de sus compañeros de viaje; el 84%, objeto de violencia extrema o trato degradante; el mismo porcentaje denunció que durante la estancia en Libia se les negaba el agua o la alimentación. Además de la información estadística, la ONG pone el acento en las responsabilidades: «las terribles consecuencias de la política migratoria de la UE y sus estados miembro».
Oxfam-Intermón asegura que, debido a la falta de rutas «seguras», la del Mediterráneo central -de Libia a Italia- se ha convertido en la puerta principal de ingreso a Europa; así, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), entre enero y agosto de 2017 entraron en Europa por vía marítima 116.692 migrantes y refugiados, de los que 96.438 (el 83%) arribaron a Italia; además, 2.240 personas perdieron la vida en la ruta del Mediterráneo central entre enero y agosto. Oxfam-Intermón recoge el relato de personas refugiadas y migrantes que llegaron a Sicilia tras comenzar, desde Libia, la travesía por el Mediterráneo. Incluye el testimonio de víctimas de diferentes «bandas», que encerraban a los refugiados en celdas subterráneas para después pedir un rescate a las familias; o de otras que recibieron palizas y apenas pudieron alimentarse durante meses.
Estos casos no representan una excepción en el drama migratorio. El pasado 10 de agosto Unicef informó de que aproximadamente 550.000 niños necesitan asistencia urgente en Libia. La Agencia Efe se hizo eco de las declaraciones del director de Unicef en el Norte de África, Geert Cappelaere, tras visitar el país. Destacó la «extrema vulnerabilidad» de cerca de 80.000 niños, forzados al desplazamiento interno por la violencia de milicias y mafias. Estos menores son carne de explotación infantil, «incluidos aquellos que están en centros de detención», subrayó Cappelaere. El alto responsable de la agencia de Naciones Unidas para la infancia se refirió a la situación de «inestabilidad política» y «colapso económico» que vive Libia, seis años después de que se iniciara el conflicto.
ACNUR dio cuenta el cuatro de julio otras consecuencias del caos libio. La agencia de Naciones Unidas informó de la evacuación de seis mujeres refugiadas, desde el país norteafricano a un tercer destino, donde se las aceptó para el reasentamiento. Se da la circunstancia de que habían sufrido «terribles abusos», y fueron víctimas de la esclavitud por parte de una banda armada en Libia. ACNUR también reiteró en un comunicado el «llamamiento» de 75,5 millones de dólares para proveer las necesidades humanitarias y de protección de las personas en Libia; y recordó que el 89% de quienes atraviesan el Mediterráneo rumbo a Europa parten del país magrebí.
El analista internacional Carlos Martínez apunta algunos antecedentes geopolíticos de la actual tragedia humanitaria; en concreto, la ofensiva militar sobre Libia (marzo-octubre de 2011) liderada por Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos, que acabaron con el gobierno de Muamar el Gadafi. «Muchos de los opinadores que decían hace seis años que algo debería hacerse en Libia, hoy no saben qué ocurre en este país; hay un gran silencio informativo, que sólo se rompe con algunas noticias sobre el drama de las personas refugiadas, la compraventa de esclavos o las violaciones de mujeres; pero, nos guste o no, en 2011 existía un Estado, no un territorio dividido en manos de terroristas; hoy ya nadie afirma ‘algo hay que hacer en Libia'», resalta el activista. Además del gobierno de Trípoli, que cuenta con el apoyo de Naciones Unidas, y la presencia de grupos relacionados con Al Qaeda y el Estado Islámico, en el Este del Libia ejerce el control un tercer actor: el mariscal Jalifa Haftar, en su día un hombre de Gadafi. «Ha sido muy hábil, y posiblemente sea el próximo presidente del país; busca aliados, como Egipto o Rusia, que no quieren que Libia se convierta en un estado ‘fallido'».
Martínez sostiene que los ataques de la OTAN sobre Libia violaron la Resolución 1973 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (marzo de 2011), que autorizaba a «tomar todas las medidas necesarias» para la protección de los civiles; constituir una zona de exclusión aérea y hacer efectivo el embargo de armas en el país. «Engañaron a Rusia y a China; además, las bombas de la OTAN mataron a civiles», subraya el analista.
Asimismo resalta el valor de un informe del Parlamento británico (septiembre de 2016) que criticó la «operación» promovida por los presidentes Cameron y Sarkozy en Libia. El informe del Comité de Asuntos Exteriores del Parlamento de Gran Bretaña señala que no se contaba con la información de inteligencia «precisa». Y, más aún, que la intervención militar fue el resultado de una «política oportunista de cambio de régimen». En cuanto a las consecuencias, la agresión dio lugar a un «derrumbe político y económico, guerras entre milicias y tribus, crisis humanitarias y de migrantes, violaciones generalizadas de los derechos humanos, difusión de las armas del régimen en la región y el crecimiento del Estado Islámico en el Norte de África». Carlos Martínez llama la atención además sobre figuras como la de Abdel Hakim al-Hasidi, uno de los comandantes de las fuerzas «rebeldes» que se enfrentaron a Gadafi en 2011, quien reconoció que sus combatientes mantenían vínculos con Al Qaeda.
Casi al calor de los primeros ataques, la politóloga Nazanín Armanian enumeró en un artículo publicado en el periódico digital Público (13 de marzo de 2011) algunas de las características de la Libia del momento: un país africano sin hambrunas, con un porcentaje de alfabetización del 80%, que garantizaba el acceso al agua potable y la sanidad; con una esperanza de vida que rayaba los 79 años y una situación de la mujer en la que podían reconocerse «avances». La analista señalaba la paradoja, sólo aparente, de que el alzamiento contra Gadafi no lo protagonizara la población libia, «harta de su dictadura férrea». Se trataba, por el contrario, de «jefes tribales -pseudo caudillos-, que respaldados por los comandos de la OTAN están empujando al país hacia una guerra civil». La autora de «El islam sin velo» e «Irak, Afganistán e Irán. 40 respuestas al conflicto en Oriente Próximo» pone el énfasis en un elemento medular, el petróleo. El artículo citado no sólo menciona a Libia como principal reserva de «oro negro» en el continente, sino que también lo destaca como un crudo barato y «de gran calidad». «Toda una tentación para las petroleras estadounidenses, marginadas en el mercado libio que estaba dominado por Europa, China y Rusia», remata Nazanín Armanian. Algo similar ocurrió en Irak.
¿Con qué consecuencias? El pasado mes de abril la OIM documentó con testimonios la existencia de «mercados de esclavos» en las rutas migratorias y de refugiados en el norte de África. Las principales víctimas, jóvenes que se dirigen a Libia. Así, el personal de esta organización en Níger informó del rescate de un ciudadano de Senegal, después de permanecer rehén durante meses. Tras ser objeto de «compra», según las explicaciones de la víctima, pasó por diferentes casas en las que se hallaban otros migrantes cautivos; los captores pidieron un rescate para la puesta en libertad: en el caso de algunos migrantes que no pudieron pagar, fueron asesinados o se les dejó morir de inanición, según los testimonios recabados; a las mujeres, agregó la víctima de origen senegalí, se las forzaba a convertirse en esclavas sexuales.
Diversas fuentes coinciden en el riesgo de ser vendidos como esclavos en plazas o garajes en la ciudad libia de Sabha, punto de tránsito en las rutas migratorias. Se les puede reclutar, por ejemplo, para trabajar en la construcción o -en el caso de nigerianos, ghaneses o gambianos- como «guardias» en las casas de secuestro. La OIM menciona el caso de Adam (nombre ficticio de un ciudadano de Gambia), secuestrado con 25 compatriotas durante el itinerario Sabha-Trípoli.
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