En 1909, en Nicaragua, grupos conservadores, adversarios del gobierno liberal de José Santos Zelaya, se levantaron en armas. Zelaya gobernaba con mano de hierro desde 1893 y había hecho de Nicaragua el Estado más fuerte de Centroamérica. EEUU, tras acusar al presidente Zelaya de crímenes contra su pueblo y de constituir una amenaza para la […]
En 1909, en Nicaragua, grupos conservadores, adversarios del gobierno liberal de José Santos Zelaya, se levantaron en armas. Zelaya gobernaba con mano de hierro desde 1893 y había hecho de Nicaragua el Estado más fuerte de Centroamérica. EEUU, tras acusar al presidente Zelaya de crímenes contra su pueblo y de constituir una amenaza para la región, intervino en el conflicto a favor de los sublevados. Plantó buques de guerra frente a las costas del mar Caribe y declaró los puertos «zona neutral». Era la forma de impedir que el ejército nacional derrotara la sublevación. Zelaya renunció al poder en 1909, para evitar la intervención yanqui. Designó sucesor a José Madriz, liberal exiliado, quien continuó la guerra contra los conservadores. En 1912, viendo que sus protegidos eran incapaces de vencer, EEUU ocupó militarmente el país.
EEUU nombró un gobierno lacayo, disolvió las instituciones estatales; se apoderó de las aduanas, los ferrocarriles, el banco. Entre 1912 y 1924 Nicaragua sufrió el mayor saqueo de su historia. Los interventores dictaron que había democracia y organizaron elecciones «libres» en 1916, supervisadas por marines. No participó el Partido Liberal -proscrito- ni nadie que hubiera apoyado al gobierno derrocado.
No movía a EEUU ningún interés por Nicaragua o su gente. Lo movía el deseo de controlar el canal interoceánico que representaba, en ese entonces, lo que el petróleo representa hoy día. No existía, hace un siglo, nada más importante que la construcción del canal y sólo dos países eran idóneos para su construcción: Nicaragua y Panamá. Ambos fueron ocupados militarmente y convertidos en protectorados de Washington.
Woodrow Wilson, presidente de EEUU entre 1914 y 1921, fue el gran impulsor de la Sociedad de Naciones y también el presidente más intervencionista de la historia de ese país. Defendió su política de intervenciones armadas contra los países del Caribe afirmando que «la única justificación del empleo por Estados Unidos de la fuerza física consiste en que se emplea en aras de los intereses de la humanidad». Wilson, dicho sea de paso, impulsó la segregación racial y fue abierto partidario del Ku Klux Klan, que nació -según sus palabras- «para proteger al territorio sureño» de la provocación negra.
Es viejo el cuento de justificar intervenciones militares arguyendo, como Wilson, «los intereses de la humanidad». Gerald Ford sostuvo que el golpe de estado contra Salvador Allende fue a favor de «los mejores intereses chilenos». Richard Nixon, promotor de las tiranías que sumieron en sangre Latinoamérica en los 70, afirmó que «ayudar a los hombres a conservar la libertad es algo digno de hacerse porque es justo». «Causa Justa» fue el nombre que recibió la invasión de Panamá por EEUU, en 1989.
Las realidades suelen estar en las antípodas de ese inexistente «humanismo». En 1925, los políticos nativos buscaban reiteradamente al embajador de EEUU en Nicaragua, disputando sus favores. El embajador hizo un comentario que pasó a la historia nacional: «Aquí se piensa muchas veces que nosotros venimos a servir los intereses de los unos contra los otros; pero se equivocan. Nosotros servimos los intereses de nosotros mismos». En 1983, el presidente Ronald Reagan diría lo mismo: «Nosotros no estamos en el mundo para defender los intereses de los demás. Estamos para defender nuestros intereses». El propósito de toda intervención es controlar un país, su geografía y recursos. Creer otra cosa es suponer cuadrados los planetas.
Los sucesos en Libia han provocado una reacción exterior que produce vértigo. En un puñado de días, el Tribunal Penal Internacional (TPI) anuncia investigaciones sobre la presunta comisión de crímenes internacionales en dicho país (¿dónde estaba el TPI cuando Israel destruía Líbano o masacraba palestinos en Gaza?); EEUU y la OTAN organizan un enorme dispositivo militar; se expulsa a Libia de la Comisión de DDHH de NNUU; se congelan bienes del gobierno libio; INTERPOL lanza una alerta mundial contra los Gadafi… ¿Qué de especial tienen los rebeldes libios que no tengan, digamos, palestinos o iraquíes? ¿Qué tesoro oculto posee Libia que no poseía Ruanda cuando el genocidio (que duró meses), o los argelinos, cuando la salvaje guerra contra los islamistas (que llevó años)? ¿Por qué el bombardeo de civiles afganos por la OTAN es legal y el presunto bombardeo de civiles por Gadafi un crimen? ¿Cuál es la diferencia -jurídica y moral- entre los muertos en Afganistán y los muertos en Libia? ¿No tienen igual valor para todos las Convenciones de Ginebra sobre conflictos armados?
Libia vive una sangrienta y deplorable guerra civil, que, en vez de intentar ser detenida, está siendo alentada desde fuera, como demuestra el reconocimiento del gobierno rebelde por Francia, acto de intervención, según el Derecho Internacional, que enconará la guerra y hará más difícil la paz. ¿Derrocar a Gadafi como sea, usándolo como chivo expiatorio para lanzar un aviso a otros pueblos árabes? En el Caribe de los años 20, EEUU derrocaba gobiernos e invadía países para demostrar su poder incontrastable. Una acción militar contra Trípoli buscaría tener efectos disuasivos. Si EEUU y la OTAN intervienen en Libia, pueden intervenir también en Qatar o Yemen.
No estaríamos ante una acción para alentar la ola revolucionaria y democratizadora que está barriendo el mundo árabe, sino ante una acción para detenerla. La OTAN se estaría sirviendo de la pieza más frágil del ajedrez islámico -Gadafi- para realizar un acto de fuerza que demuestre su voluntad de mantener controlada una región que ha sido, aunque no se diga públicamente, el «patio trasero» de Europa. Y, como el desaparecido «patio trasero» de EEUU, lo prefería Europa poblado de dictaduras infames. Ahora es la carrera para salvar cuanto se pueda del derrumbe.
Por demás, como en cualquier conflicto bélico interno, las partes combatientes deben respetar el Derecho Humanitario bélico. En caso de denuncia, corresponde investigar. El gobierno libio ha pedido a NNUU y la Unión Africana (UA) el envío de una comisión investigadora. También cabe promover acuerdos entre los contendientes. Lo que no cabe es aprovechar la situación para justificar una intervención extranjera «en aras de los intereses de la humanidad», como diría Wilson. Así lo expresó de forma contundente, en 1949, la Corte Internacional de Justicia: «el pretendido derecho de intervención… es manifestación de una política de fuerza que, en el pasado, dio lugar a los mayores abusos y que no puede… encontrar lugar alguno en el Derecho Internacional… Porque, reservada por la naturaleza de las cosas a los Estados más poderosos, podría con facilidad llevar a falsear la propia justicia internacional». La CIJ ratificó esta norma en 1986. Sigue, hoy, conservando su carácter imperativo. La paz hay que buscarla siempre, pero no al precio de volver a caducos imperialismos.
*Augiusto Zamora es autor de Ensayo sobre el subdesarrollo. Latinoamérica, 200 años después
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