Traducido del francés para Rebelión por Francisco Fernández Caparrós y Rosa Carazo.
Si bien la perspectiva de una despenalización total parece irreal, desde la sociedad civil hasta los artistas, pasando por el jefe del Estado, se multiplican los llamamientos para llevar a cabo una profunda reforma de la controvertida «ley 52» con el objetivo de que «fumar un porro» deje de llevar a la cárcel a miles de jóvenes del Túnez posrevolucionario.
«La represión no es para nada eficaz. (…) Estoy totalmente en contra del encarcelamiento», declaró el pasado miércoles en el diario La Presse la secretaria de Estado para la juventud, Faten Kallel, lamentando «el conservadurismo de la sociedad tunecina».
La «ley 52», promulgada en 1992 durante el régimen de Ben Alí, es objeto de una larga controversia en el país, ya que prevé una pena mínima de un año de prisión por «consumo de estupefacientes» y además prohíbe a los magistrados que tengan en cuenta circunstancias atenuantes.
Durante la dictadura, a menudo fue utilizada como pretexto para reprimir a las voces críticas. Hoy su aplicación se ha banalizado y cada año miles de jóvenes tunecinos son encarcelados, la mayoría por consumo de cannabis: entre los años 2000 y 2016 el número de procesados pasó de 732 a 5744, tal y como indicaron recientemente las autoridades.
En un informe publicado hace un año, Human Rights Watch (HRW) resumía así la situación: «en Túnez, si una persona es sorprendida fumando un porro, puede ser detenida, golpeada por la policía, obligada a realizarse un test de orina y acabar encerrada durante un año en una cárcel masificada con autores de delitos graves como compañeros».
Ante esta constatación, las ONG pensaban que era un argumento de peso a favor de un proyecto de modificación de la ley sometido en el Parlamento a finales de diciembre por el gobierno, lo que suprimiría la pena de prisión para las primeras condenas. Sin embargo, el entusiasmo ha durado poco, tal y como señaló el lunes la responsable local de HRW, Amna Guellalli.
«Cifras alarmantes»
Responsables de las ONG han averiguado en efecto que el ministerio de Justicia tunecino, aconsejado por la Comisión Legislativa de la Asamblea de Representantes del Pueblo, ha restablecido la posibilidad de encarcelamiento desde la primera condena.
«Los diputados estimaron que la versión inicial era demasiado indulgente», explicó el miércoles a la Agencia France-Presse (AFP) el vicepresidente de esta comisión, Hassouna Nasfi. Después de muchos aplazamientos, «ocho ONG serán escuchadas hoy jueves [19 de enero], y el próximo miércoles escucharemos a algunos detenidos», aseguró.
Sin embargo, el anuncio de este paso atrás ha incitado a la movilización. «Consideramos que tiene que haber una gradación de las penas» , repitió el pasado miércoles el abogado Ghazi Mrabet, entregado a esta lucha con el colectivo «Sajin 52» (Prisionero 52).
Ante la prensa, el partido neoliberal Afek Tounes también apeló a una revisión del texto inicial, denunciando la opacidad de la maniobra parlamentaria con respecto a este «importante» proyecto de ley. «Por fin estamos en una democracia. Las opiniones pueden ser distintas, pero es necesario transparencia y un diálogo totalmente abierto», dijo su líder Yassine Brahim.
El mundo al revés: el jeque está a favor de la despenalización
Además, en un país cuya juventud está confrontada a la desesperanza, decepcionada por las promesas de la revolución y a la lacra del yihadismo, Brahim ha señalado que la legislación actual puede constituir un factor de radicalización en las cárceles. Asimismo, una de las posturas más destacadas ha sido la del polémico Lotfi Zitoun, un allegado al líder de Ennahda [1], Rachid Ghanuchi.
Las cifras son «espeluznantes: cerca de un tercio de la población presa estaría compuesta por jóvenes tunecinos que habrían consumido sustancias ilícitas. Entre ellos, numerosos alumnos y estudiantes: nuestros niños», denunció el 16 de enero en una tribuna publicada por Leaders.
«Mientras la juventud tunecina trata de reconstruirse después de décadas de dictadura, la ley 52 destroza vidas (…) y obliga a los condenados a vivir teniendo antecedentes penales que puede llevarles (…) a ser reclutados por grupos terroristas» , ha proseguido, haciendo un llamamiento «pura y simplemente» a una despenalización.
Sin ir más lejos, el presidente Béji Caïd Essebsi -de 90 años- también ha ratificado su apoyo a una reforma en profundidad. «Se trata de no arruinar el futuro de algunos jóvenes», estimó el pasado jueves ante estudiantes extranjeros.
Notas:
[1] Ennahda (Partido del Renacimiento) es el mayor partido islamista de Túnez. Fue legalizado en el año 2011 tras la caída del gobierno de Ben Alí.
Texto original: http://www.lecourrierdelatlas.com/appels-a-la-depenalisation-du-cannabis-un-elan-national–7224