Traducido por Sarahymí Serra Rodríguez y revisado por Yasnay Houelly Pérez del Equipo de Traductores de Cubadebate y Rebelión
Ernesto Guillermo Barreiro parecía integrarse muy bien con sus vecinos en Virginia, la apacible tierra de los caballos. El tranquilo y refinado argentino abrió una tienda de artesanías y antigüedades luego de mudarse el año pasado a una granja en The Plains.
Barreiro trató de pasar desapercibido en el área comprendida entre la Galería de Arte y tienda de antigüedades FB, establecida en su casa, y una tienda de artesanía llamada Pampa’s Corner (Esquina de Pampa) cerca de Main Street, donde vendía, junto a su esposa, productos de piel importados y pósters.
Esa vida sin pretensiones se desvaneció el domingo por la mañana cuando agentes estadounidenses de inmigración metieron a empujones al mayor retirado del ejército argentino en una camioneta para que respondiera por las acusaciones penales de fraude en la tramitación de visado y para la posterior deportación a su país natal donde se le acusa de servir de interrogador principal en un centro clandestino de tortura conocido como La Perla, durante la Guerra Sucia Argentina en los decenios de los setenta y ochenta.
Barreiro era uno de los tres ex militares sudamericanos sospechosos de crímenes de guerra cuyos arrestos se anunciaron ayer por la Agencia de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos, (ICE por su siglas en ingles), la cual renovó sus esfuerzos para tomar medidas enérgicas contra los presuntos violadores de los derechos humanos que viven como fugitivos en los Estados Unidos.
Las otras personas arrestadas son Telmo Ricardo Hurtado, un ex mayor del ejército peruano que dirigió un ataque que ocasionó la muerte de 69 aldeanos, muchos del los cuales fueron torturados y violados. Este hecho tuvo lugar el 14 de agosto de 1985, en la aldea Accomarca de la altiplanicie peruana, durante la guerra militar contra el movimiento de guerrilla Sendero Luminoso. Hurtado fue arrestado el viernes en Miami.
Juan Manuel Rivera-Rondon, otro ex- soldado que ahora vive en Gaithersburg, fue arrestado en Baltimore y es posible que sea deportado a Perú donde, según funcionarios estadounidenses, él y Hurtado serán entregados a las autoridades locales para ser procesados por los supuestos roles que desempeñaron en los asesinatos de 1985. Los funcionarios estadounidenses y los activistas de los derechos humanos dijeron que los tres estaban entre los sospechosos más importantes capturados desde que ICE activara una unidad de derechos humanos a principios del año pasado. Los problemas diplomáticos y el lento esfuerzo del gobierno causaron más de una vez el bochorno de los Estados Unidos cuando se comprobó que notorios violadores de los derechos humanos de todo el mundo estaban viviendo vidas normales en el país. «Esta agencia ha dado un paso muy importante», dijo Jose Miguel Vivanco, director ejecutivo de la sección estadounidense de Human Rights Watch. «Hay tantas personas como estas que han encontrado con éxito un segundo hogar en los Estados Unidos… sin ningún temor a un juicio, arresto o programas legales potenciales en los Estados Unidos y mucho menos en sus países de origen.»
En diciembre, las autoridades estadounidenses acusaron al hijo del ex presidente liberiano Charles Taylor por la supuesta tortura de un aliado de los opositores políticos de su padre. Conocido como Chuckie Taylor pero legalmente renombrado Roy Belfast hijo, el hijo de Taylor se encuentra apresado sin posibilidad de fianza en una cárcel de La Florida.
En enero, los Estados Unidos acusaron a Luis Posada Carriles, un exiliado anticastrista cubano de 78 años detenido por los funcionarios estadounidenses de inmigración que lo acusaron de fraude migratorio. Posada, un ex agente de la CIA vinculado con la fallida invasión a Bahía de Cochinos en 1961, ha sido acusado de tramar el derribo de un avión cubano en Venezuela en 1976. Emmanuel «Toto» Constant, condenado sin estar presente por un tribunal haitiano debido a su participación en una masacre en 1994, fue arrestado el año pasado por los cargos de fraude hipotecario en Queens después que las autoridades de inmigración se rehusaron a deportarlo.
El arresto de Barreiro causó mucho impacto en The Plains, un poblado rústico ubicado en las montañas del condado de Fauquier donde Barreiro y su esposa, Ana Delia Magi de Barreiro, trasladaron su tienda el año pasado. En una agradable tarde de abril, los vecinos recordaron a la bien vestida pareja, quienes, según el agente de bienes raíces Keith Nelsen Stroud, era «una pareja muy tranquila, muy dulce y muy refinada», y a su perro poodle, Lulu.
«Me han dejado en una pieza», dijo James Wiley, quien arrienda la tienda Pampa´s Corner y llevaba puesto un cinturón de cuero argentino que compró en la tienda del hombre a quien llamaba Ernesto.
«Estoy consternada», dijo Lynn, esposa de Wiley, quien le vendió a los Barreiro su casa y galería de arte. «Nunca me hubiera imaginado que ese dócil y dulce hombrecito podría ser culpable de cometer asesinatos.»
Ayer, Barreiro compareció ante el Tribunal Federal de Distrito en Alexandria, donde el juez estadounidense T. Rawles Jones (hijo) ordenó que se mantuviera en prisión sin fianza hasta el juicio.
Desde 1976 hasta 1979 más de 2 200 personas estuvieron encarceladas en La Perla, un centro de detención cercano a Córdoba, donde se torturaba y asesinaba a los opositores de la dictadura militar argentina, según «Nunca Más», un informe de 1984 del gobierno, recopilado con el testimonio de miles de testigos.
De acuerdo con informes de noticias argentinos, Barrerio viajó al aeropuerto internacional de Dulles en 2004 poco antes de que un juez ordenara su procesamiento por estar supuestamente involucrado en la desaparición de Diego Hunziker, un estudiante de 17 años que según se informó había sido secuestrado, torturado y asesinado en 1977.
«La detención de Barreiro tiene mucha importancia para nosotros porque es la única persona involucrada en el caso Hunziker que hasta el momento ha burlado la justicia», dijo al periódico Pagina 12 de Buenos Aires Graciela Lopez de Filoiuk, una fiscal a cargo de este caso. Según funcionarios de ICE, los inspectores estadounidenses se enteraron que Argentina había emitido, a través de INTERPOL, una orden judicial para el arresto de Barreiro, por cargos de asesinato y tortura, cuando este solicitara la renovación de su visa de visitante. Según los funcionarios, su visa se prorrogó hasta el 28 de marzo. No está claro por qué se aprobó la prórroga si el gobierno sabía que existían cargos pendientes en Argentina. Los peruanos Hurtado y Rivera lideraron una de las masacres más brutales cometidas por el ejército peruano durante su batalla de 20 años contra el grupo maoísta Sendero Luminoso. Hurtado era parte de un grupo de soldados que debía ser enjuiciado por la masacre ocurrida en 1986. En 1992, solo Hurtado fue declarado culpable, y no de asesinato sino de abuso de autoridad, por una corte marcial ante la cual se le declaró responsable de los actos de la patrulla.
Hurtado, graduado de la Escuela Militar de los Estados Unidos, fue sentenciado a seis años en prisión, aunque todavía no está claro si en algún momento cumplió parte de la pena, según documentos de los tribunales de Estados Unidos y Perú e informes de noticias. Aún después de su condena, se mantuvo en el ejército peruano y fue promovido de teniente, primero al rango de capitán y luego a mayor.
Hurtado escapó a los Estados Unidos a través de Colombia en diciembre de 2002, cuando las autoridades peruanas reabrieron las investigaciones sobre los asesinatos, poco antes que una Comisión de Verdad y Reconciliación publicara un informe donde se detallaba la violencia política que había provocado aproximadamente 69 280 víctimas en Perú entre 1980 y 2000.
«En 1999 fue que nos dimos cuenta que Hurtado seguía en el ejército y por primera vez el gobierno reaccionó y ordenó que se sacara de su puesto», dijo Susanna Villaran, asociada del Instituto de Defensa Legal, un grupo a favor de los derechos humanos, y ex secretaria de estado. «Este hombre se las ha arreglado para librarse del castigo de un crimen que ha sido meticulosamente documentado.»
Lorenzo Gomez se encuentra entre los que festejaron los arrestos en Perú. Su padre, Pastor Gomez de la Cruz, fue una de las personas asesinadas.
«Recuerdo todo lo que sucedió ese día y cómo le dispararon a mi padre y a otros parientes y luego quemaron sus cuerpos», dijo Gómez, de 65 años, quien vive en Lima pero viaja con frecuencia a Accomarca para supervisar las fincas de la familia. «Han pasado 22 años, pero los recuerdos no se pueden borrar».
El caso podría ser una prueba para el presidente Alan Garcia, quien fue reelegido el año pasado. Acababa de ser investido en su primer mandato como presidente, cuando ocurrió la masacre en 1985. Despidió a los comandantes militares, pero su partido político APRA, fue acusado posteriormente de encubrir los ataques a testigos de estos y otros casos de violación de los derechos humanos.
«Allí nadie quiere que se haga un juicio porque nadie quiere saber quien en realidad dio la orden de masacrar a mi pueblo», dijo Gómez. «No creo que el presidente García quiera a Hurtado o a Rivera de vuelta en Perú, porque podrían decir la verdad.»
Contribuyeron en la redacción de este informe el corresponsal Monte Reel en Buenos Aires, el corresponsal especial Lucien Chauvin en Lima, los redactores Jerry Markon, Clarence Williams y Martin Weil y los investigadores Julie Tate y Meg Smith en Washington.