– La Coordinadora de Asociaciones Solidarias con el Sáhara lamenta que la Comisión de Derechos Humanos de la ONU esté presidida por un Estado que no respeta los derechos humanos ni el derecho internacional y que usa la corrupción, el espionaje y el chantaje como arma para conseguir sus fines.
– Afirma que con esta decisión crece el desprestigio de las Naciones Unidas, si es que le quedaba alguno, ante su incapacidad manifiesta para evitar y resolver conflictos y sancionar a los violadores del derecho internacional, que es para lo que fue creada.
Marruecos ocupa el Sáhara Occidental y “tiene un Gobierno dictatorial que vulnera las resoluciones de la ONU y viola los derechos humanos, tanto de la población civil saharaui como de su propia población, y a pesar de ello ha sido elegido para presidir el Consejo de Dere4chos Humanos de la ONU”.
Lo lamenta la Coordinadora estatal de Asociaciones Solidarias con el Sáhara (CEAS Sáhara),que ha recibido con “asombro e indignación” la elección de Marruecos en una votación que ganó a la candidatura de la República Sudafricana en lo que parece que influyó “poderosamente el castigo a Sudáfrica por su denuncia por genocidio contra el Estado de Israel” y que “seguro que las diplomacias israelí (amigos de Marruecos) y americana se han empleado a fondo para evitar la presidencia sudafricana”.
CEAS destaca entre los méritos de la candidatura marroquí se encuentran “el desprecio absoluto a los derechos humanos, al derecho internacional y el uso del chantaje, el espionaje y la corrupción como armas políticas para imponer el criterio, la agenda y los intereses propios”.
Recuerdan las asociaciones solidarias con el Sáhara el procesamiento en España de 11 altos cargos del ejército y la policía marroquí por genocidio en el Sáhara Occidental por el juez Pablo Ruz, que ordenó la detención de los implicados, “que, naturalmente, viven en Marruecos en plena libertad”. A este auto firme se suman “las numerosas denuncias de personas afectadas y de Instituciones y organizaciones internacionales de todo tipo, así como de la propia Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que ahora Marruecos presidirá.”
Sobre el derecho internacional, CEAS indica que “Marruecos ocupa un territorio que no es suyo, de acuerdo al Tribunal Internacional de La Haya y las resoluciones de las Naciones Unidas, y que ha incumplido los acuerdos de paz firmados en 1991 con el Frente POLISARIO, representante legítimo del pueblo del Sáhara Occidental, boicoteando cualquier solución justa y acorde con el derecho internacional y manteniendo la ocupación cerca de 50 años”.
Sobre la corrupción como arma para imponer sus intereses, cita el Catargate, “que bien se podía haber llamado Moroccogate«, en el que “miembros de la diplomacia marroquí en Europa han sobornado de forma continuada a eurodiputados y eurodiputadas del Parlamento Europeo para que apoyaran sus intereses en la ocupación del Sáhara Occidental”, que constituye “el mayor caso de corrupción que ha afectado a las instituciones de la Unión Europea”.
Además, indica que Marruecos, casi total seguridad, parece “estar detrás del uso del programa espía Pegasus en los teléfonos de activistas y periodistas” y de importantes líderes europeos, “como por ejemplo los presidentes de España, Pedro Sánchez y buena parte de su Gobierno, Francia, y su presidente Emmanuel Macron”.
Sobre el chantaje y su uso por parte de Marruecos cita los casos continuados de entrada de inmigrantes por las fronteras españolas, que son las europeas, que se recrudecen “cuando Marruecos se siente ofendido o quiere obtener determinada ventaja, declaración o apoyo, para disminuir, una vez conseguido el objetivo”.
Concluye CEAS que la Comisión de Derechos Humanos de la ONU “estará presidida por un Estado que no respeta los derechos humanos ni el derecho internacional, que usa la corrupción, el espionaje y el chantaje como armas para conseguir sus fines”, y que con esta decisión “crece el desprestigio de las Naciones Unidas, si es que le quedaba alguno, ante su incapacidad manifiesta para evitar y resolver conflictos y sancionar a los violadores del derecho internacional, que es para lo que fue creada”.