– Incremento de la represión en el Sáhara Occidental, especialmente con los presos políticos saharauis.
– El Gobierno de España, que condena las violaciones de los DDHH en cualquier parte del mundo, especialmente en Ucrania, se mantiene en silencio ante lo que ocurre en el Sáhara Occidental ocupado por Marruecos.
“Los derechos humanos deben aplicarse a todas las personas en todas partes, pero la invasión de Ucrania ha puesto de manifiesto la hipocresía de los Estados occidentales, que reaccionaron con contundencia a la agresión del Kremlin pero consienten violaciones graves de los derechos humanos en otros lugares”.
Lo dice Amnistía Internacional (AI) en su último informe sobre la situación de los derechos humanos en el mundo y bien podría referirse al Sáhara Occidental, territorio invadido a finales de 1975 por Marruecos, que bombardeó con fosforo blanco y napalm a la población que huía por el desierto y reprimió durante todos estos años, y lo sigue haciendo, al pueblo saharaui que vive en los territorios ocupados, como han denunciado las principales organizaciones internacionales de DDHH.
Lo que afirma hace Amnistía se puede aplicar al Gobierno de España: cada vez que condena la violación del derecho internacional y el atropello a los derechos Humanos en Ucrania por parte de Rusia es como si se refiriese al Sáhara Occidental y a Marruecos. Desde abril de 2015, doce altos cargos militares y de la policía de Marruecos se encuentran procesados en España por delitos de genocidio contra el pueblo saharaui.
El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, que dice que “España es un país profundamente comprometido con los derechos humanos” cuya protección y promoción constituye un eje prioritario de su política exterior, suele emitir comunicados de preocupación y condena por lo que ocurre en los territorios palestinos ocupados y reprueba los ataques contra la población civil en diferentes países del mundo.
Pero esta política de defensa de los derechos humanos por parte de España tiene una excepción: no hay reacción alguna si se trata del Sáhara Occidental ocupado por Marruecos, y menos desde que en marzo de 2022 se conoció el respaldo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la propuesta de autonomía marroquí para la excolonia española, que filtró la Casa Real de Mohamed VI y rechazaron las fuerzas políticas parlamentarias españolas, con la excepción del PSOE.
En marzo se ha incrementado el acoso al pueblo saharaui por parte de régimen marroquí: ataques a defensoras de los DDHH, incluida una periodista; detención y condena a un periodista, juicios y severas penas…Pero con quien más se ceba la represión es con los presos políticos saharauis, recluidos la mayoría de ellos en cárceles de Marruecos a más de mil kilómetros de sus familias. Denuncian que sufren tortura y un trato inhumano, su única alternativa es la huelga de hambre, pero no hay reacción alguna del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, como cada lunes le pide desde hace dos años el Movimiento por los Presos Políticos Saharauis (MPPS) -en la Plaza de la Provincia, en Madrid-, que le recuerda la responsabilidad de por ser España la potencia administradora del Sáhara Occidental .
En la última carta al ministro Albares del MPPS, el 3 de abril, el profesor Luis Portillo expone el calvario que padece el preso político Hussein Bachir Amaadour, que ha estado 34 días en huelga de hambre en protesta por las condiciones de reclusión, incomunicación y falta de asistencia médica, pidiendo el traslado a un centro cercano al lugar de residencia de su familia, como exige el protocolo al respecto de la ONU. La respuesta de las autoridades marroquíes fue su traslado, y el de otro recluso que también hizo huelga de hambre, a una cárcel aún más lejana.
Se da la circunstancia de que Hussein Bachir, estudiante universitario, llegó en patera a la isla de Lanzarote el 11 de enero de 2019, pero días después fue entregado a la policía marroquí por funcionarios del Ministerio del Interior a pesar de que pidió asilo en España. Ahora cumple una condena de 12 años de prisión.
El drama de Yega Elalem, la activista que luchó en la clandestinidad
En marzo también hubo momentos para la alegría en la familia del preso político Yahya Mohamed Al-Hafed Aaza, de 57 años: que fue puesto en libertad después de cumplir integra una condena de 15 años. Un Grupo de Trabajo de la ONU determinó que fue detenido arbitrariamente por ser un destacado activista saharaui y que no hubo motivos para su enjuiciamiento.
La comunidad saharaui le hizo un gran recibimiento en Tan Tan, su ciudad, y después llegó la represalia marroquí contra algunas de las personas que participaron.
En declaraciones a la agencia de información saharaui Equipe Media, reivindica la resistencia hasta el final y dice que nunca ha vacilado frente a los marroquíes. Sobre los cargos absurdos que le atribuyeron cuenta que hizo varias huelgas de hambre para que se los retiraran, consiguiendo al menos, mediante presión de organizaciones internacionales, que le quitaran la acusación de espiar para partidos extranjeros –el Frente Polisario– manteniendo los de delitos comunes, que tampoco eran ciertos. Sus huelgas de hambre fueron de 20, 30, 40 y 63 días para que le cambiaran de cárcel. Le mantuvieron aislado y sin control médico casi hasta el final de la reclusión y relata que se le iba la cabeza, gritaba y tenía visiones.
Y en el marzo se ha conocido el drama de Yega Sidahmed El Alem, publicado en PUSL. Nacida en 1964, en su juventud, en los años de la guerra, se unió a una célula clandestina del Frente Polisario para reclutar activistas, llevar mensajes y distribuir propaganda en defensa de la libertad. Estuvo tres años y medio desaparecida. Cuando fue puesta en libertad se encontraba en un estado crítico debido a las torturas psicológicas y físicas que padeció en prisión. Después de años de enfermedad y falta de tratamiento y de haber perdido a sus familiares más cercanos, ahora permanece en un hospital marroquí en grave estado y se teme por su vida; necesita ser evacuada para recibir la asistencia que precisa.
El 6 de octubre del pasado año el ministro Albares escribió en Twitter:
“El derecho a la vida, a la libertad de asociación y a la libertad de expresión son derechos humanos. Apoyamos a las mujeres de #Irán en su lucha por la igualdad y contra la violencia. Los derechos de las mujeres son derechos humanos”. El responsable de Exteriores recibió múltiples críticas por ignorar las violaciones que diariamente sufren las mujeres saharauis. Ahora, el ministro tiene la ocasión de dar credibilidad a sus palabras y actuar por Yega El Alem.
Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional, ha declarado que estamos ante “un espectáculo de hipocresía y doble moral palmarias” y que “los Estados no pueden criticar las violaciones de derechos humanos primero, y luego consentir abusos similares en otros países solamente por proteger sus propios intereses”.
La siguiente es una relación aproximada de casos relacionados con los derechos humanos ocurridos en marzo de 2023 en el Sáhara Occidental ocupado por Marruecos y con los presos políticos saharauis -hechos sobre los que no opina el Gobierno socialista-, elaborada con datos de ONG y medios de información saharauis y españoles: