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Más de 70 niños asesinados en solo diez ataques aéreos sobre Afganistán

Fuentes: The Intercept
(Campesinos afganos trasladan el cuerpo de un civil asesinado por un ataque aéreo de las fuerzas lideradas por EE. UU. en el este de Afganistán durante una protesta celebrada en la ciudad de Ghazni, al oeste de Kabul, el 29 de septiembre de 2019. Foto: Rahmatullah Nikzad/AFP)

Traducido del inglés para Rebelión por Sinfo Fernández

115 civiles murieron en tan solo diez ataques aéreos en la guerra de Estados Unidos en Afganistán en los últimos dos años; más de 70 de ellos eran niños. Ese es el hallazgo de una nueva investigación de The Bureau of Investigative Journalism, o TBIJ, que da una idea de la terrible realidad del conflicto en Afganistán. Los ataques en los que se centró la investigación -perpetrados por el ejército estadounidense y la fuerza aérea afgana respaldada por EE. UU.- representan solo un puñado del número total de bombardeos durante tal período.

TBIJ recabó información sobre ataques concretos, luego trabajó con un equipo de filmación de Al Jazeera que viajó a Afganistán para reunirse con algunos de los supervivientes, confirmando las víctimas civiles en algunos casos en los que el gobierno de Estados Unidos no las había admitido. Los diez ataques aéreos analizados en su informe tuvieron lugar entre 2018 y 2019. El hecho de que más del 60% de los que murieron en los atentados fueran niños refleja la población abrumadoramente joven de Afganistán y una cultura en la que las familias numerosas tienden a vivir juntas en grandes recintos habitacionales.

No hay explicación oficial para cuatro de los diez ataques investigados por TBIJ. En cuanto a los demás, según los detalles proporcionados por el ejército de EE. UU. o los que están contenidos en los informes de las Naciones Unidas, el ejército estadounidense invocó la defensa propia. Pero incluso en los casos en que se producían combates en las cercanías, las víctimas dicen que los ataques que arrasaron sus hogares y mataron a sus familias no tenían justificación alguna. Para agravar su dolor, nunca se les ha rendido cuentas ni tratado de compensar su pérdida.

Expertos en derecho de la guerra le dijeron a TBIJ que esos ataques “plantean serias preocupaciones sobre el cumplimiento de las leyes de la guerra”, en palabras de Daragh Murray, profesor de derecho de la Universidad de Essex. Patricia Gossman, destacada investigadora en Afganistán de Human Rights Watch, dijo que el alto número de víctimas civiles y de niños asesinados significaba que “estos ataques pueden haber sido desproporcionados”.

En un incidente documentado por TBIJ, los ataques aéreos bombardearon un recinto habitacional en la provincia de Faryab, donde vivía un hombre afgano llamado Bismillah Khan y su extensa familia. En las primeras horas del 1 de septiembre de 2019, una serie de explosiones impactaron sobre su hogar, derrumbando las edificaciones sobre Khan y su familia mientras dormían. Los ataques mataron a 12 personas, incluidos siete niños y la esposa recién casada de uno de los primos de Khan.

Los voluntarios que trabajan para TBIJ y el medio de investigación de código abierto Bellingcat recopilaron publicaciones de las redes sociales e informes de noticias locales que corroboraban el ataque. A pesar de las evidencias mostrando a los civiles que resultaron heridos, incluidas las imágenes de los cuerpos y casas destruidas, ni el ejército estadounidense ni la fuerza aérea afgana respaldada por Estados Unidos se hicieron responsables del ataque. Las promesas de investigación no se han cumplido, y las víctimas y la comunidad local se han visto obligadas a vivir sin que nadie les haya rendido cuentas por su pérdida. Khan y muchos de sus vecinos han abandonado la aldea, incapaces de soportar seguir viviendo en el lugar de una masacre.

“Antes del bombardeo teníamos una buena vida. Somos granjeros. Teníamos vacas y burros y también quedaron enterrados bajo los escombros”, dijo Khan a los investigadores. “Tenía fotos de mi familia en el móvil, pero no podía soportar mirarlas”.

El ejército de EE. UU. ha lanzado decenas de miles de bombas sobre Afganistán desde que comenzó a ocupar el país en 2001. Esta violencia ha aumentado en lugar de disminuir incluso tras haber anunciado en 2014 el “final” oficial de la misión de combate allí, habiéndose alcanzado el año pasado un récord anual de 7.423 bombas.

Si bien el Pentágono afirma que hace todo cuanto puede para evitar matar o herir a personas inocentes, ofrece escasos recursos para investigar el impacto verdadero de sus ataques. En realidad no rastrea a las víctimas de los ataques aéreos, confía en su propia inteligencia y se niega a visitar los sitios de sus ataques o entrevistar a testigos. Por lo tanto, el agotador trabajo de investigar a quiénes están matando y mutilando estos ataques ha quedado en manos de organizaciones no gubernamentales y periodistas. La realidad que descubren generalmente es mucho más fea de lo que sugieren los informes oficiales del Gobierno estadounidense.

Hay también hay una pauta que suelen seguir esos informes: el ejército de EE. UU. tiende a negar instintivamente un ataque o a afirmar que solo murieron militantes; solo dan marcha atrás, en algunos casos, después de que investigadores independientes presenten pruebas contradictorias. En un informe anual publicado a principios de este mes sobre las muertes de civiles en todas las zonas activas de guerra de Estados Unidos, el ejército afirmó que solo mataron a 132 personas en sus operaciones en Afganistán, Iraq, Somalia, Siria, Yemen y Libia. Esa cifra mínima oficial ha quedado repetidamente desmentida por los periodistas y ONG que trabajan invariablemente con una pequeña fracción del presupuesto del Pentágono.

Incluso durante el gobierno de Obama, que se declaró comprometido con la transparencia, hubo escasa rendición de cuentas por la muerte de personas inocentes en las operaciones militares de EE. UU. En 2012 se informó, por ejemplo, que el ejército calificaba a cualquier “hombre en edad militar” que mataba en los ataques como militante por defecto. La práctica de “ataques característicos», por la que se asesinaba a determinadas personas aunque no se conocieran sus identidades porque su patrón de comportamiento coincidía supuestamente con el de un militante, desmentía la insistencia de los funcionarios de Obama de que los ataques aéreos eran precisos y se usaban solo para objetivos de alto valor. Los investigadores externos también acusaron a esa administración de rebajar drásticamente el número de civiles asesinados.

Ahora, bajo el presidente Donald Trump, el Gobierno de Estados Unidos ha hecho, según parece, todo lo posible para fomentar un ambiente de impunidad y relajar las normas de combate. Trump hizo campaña con la promesa de aumentar la brutalidad de las guerras existentes, perdonando e incluso celebrando a los militares en servicio acusados ​​de crímenes de guerra. En este aspecto, parece que Trump ha cumplido sus promesas de campaña –se ha informado del aumento de los ataques y del número de víctimas civiles en numerosos países donde el ejército está operando o apoyando a las fuerzas locales-, incluido Afganistán, donde el número de víctimas en los últimos años ha alcanzado cifras de récord.

Después de casi dos décadas de combates no concluyentes, Estados Unidos parece estar preparándose para salir de Afganistán. En lugar de derrotar a los talibanes, el Gobierno estadounidense está dando los últimos toques a un acuerdo de paz con el grupo que permitirá su retirada militar, pero ofrece pocas garantías de paz entre los militantes y el gobierno central afgano que se estableció durante la ocupación. Desde 2001, la guerra ha matado a más de 2.300 miembros del ejército estadounidense. Nadie está seguro de cuántos afganos han muerto, pero incluso las estimaciones más conservadoras ponen la cifra por encima de los 100.000, sin contar a todos los que han resultado mutilados o expulsados ​​de sus hogares a causa de los combates.

Mientras se prepara para salir de Afganistán, la administración Trump está librando también una batalla en la retaguardia para evitar cualquier responsabilidad legal por las acciones de Estados Unidos durante la guerra, incluidos los letales ataques aéreos y las redadas que rutinariamente mataron a civiles en un nivel muy superior a las cifras oficiales. El secretario de Estado Mike Pompeo ha amenazado a la Corte Penal Internacional por autorizar una investigación de crímenes de guerra centrada en parte en los asesinatos de civiles afganos por el ejército estadounidense, y se ha atrevido a nombrar a miembros específicos del personal de la CPI y a sus familiares como potencialmente sujetos a represalias si formulan acusaciones de crímenes de guerra contra los oficiales estadounidenses.

Esas acciones muestran a un gobierno profundamente hostil a cualquier tipo de examen riguroso de sus acciones. La investigación sobre los ataques en Afganistán recopilada por TBIJ e investigadores independientes da una idea del por qué. Contrariamente a la narrativa y las cifras oficiales, la guerra de Estados Unidos en Afganistán ha tenido un impacto devastador en los civiles. Si bien esa guerra se desvanecerá pronto de la memoria de los estadounidenses, muchos afganos comunes y corrientes tendrán que enfrentar las consecuencias durante el resto de sus vidas.

Murtaza Hussain es un periodista que centra sus trabajos en temas de seguridad nacional, política exterior y derechos humanos. Sus escritos han aparecido con anterioridad en el New York Times, The Guardian y Al Jazeera English.

Fuente: https://theintercept.com/2020/06/03/children-killed-airstrikes-afghanistan-tbij-report/

Esta traducción puede reproducirse libremente a condición de respetar su integridad y mencionar al autor, a la traductora y a Rebelión.org   como fuente de la misma.

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