La propaganda y la batalla de la información Si preguntásemos a la población si el ejercito libio dispara contra los manifestantes, seguramente cerca del 100% de los encuestados respondería afirmativamente. Sin embargo ni con una búsqueda exhaustiva en Internet he podido encontrar vídeos que lo confirmen. Los pocos que existen son confusos y no proporcionan […]
La propaganda y la batalla de la información
Si preguntásemos a la población si el ejercito libio dispara contra los manifestantes, seguramente cerca del 100% de los encuestados respondería afirmativamente. Sin embargo ni con una búsqueda exhaustiva en Internet he podido encontrar vídeos que lo confirmen. Los pocos que existen son confusos y no proporcionan ninguna evidencia para certificar que han existido esos ataques. Por supuesto que sí que hay vídeos de policías disparando contra manifestantes aunque lamentablemente estas actuaciones son usuales en muchos estados, incluso en los occidentales.
La ausencia de vídeos de masacres es altamente significativo por que el 73% de la población libia tiene teléfono móvil (según la ONU ) y desde las zonas rebeldes llegan continuamente vídeos e información. La falta de información no se puede excusar por la censura del gobierno de Gadafi. Los rebeldes cuelgan continuamente vídeos e información en Internet, incluidos vídeos de ejecuciones de soldados y policías gubernamentales que los medios han querido atribuir al propio gobierno libio. Sí alguien puede proporcionarme un vídeo que demuestre lo contrario me lo puede hacer llegar como comentario a este artículo. Es significativo que en la búsqueda para redactar este artículo sí que he hallado un vídeo de un helicóptero militar de Bahrein disparando contra manifestantes.
Pero no solo la información ciudadana en Internet no confirma el motivo del ataque, sino que el gobierno ruso ha declarado que no han existido dichos ataques. Cabe recordar que este gobierno se ha mostrado neutral en el conflicto. De hecho el ejecutivo ruso pudo vetar la intervención militar en el Consejo de Seguridad de la ONU, absteniéndose en la votación en la resolución que la «autorizó». Sí que existen versiones creíbles que explican que los 220 muertos y 500 heridos graves en la ciudad de Bengasi se produjeron durante el asalto rebelde al cuartel militar El Qatib. También, cómo argumenta Julio Anguita, utilizar aviación contra manifestantes es «matar moscas a cañonazos». El bombardeo sólo tiene sentido en confrontaciones armadas puesto que no sólo acaba con vidas humanas sino que daña gravemente infraestructuras propias de comunicación y urbanas.
Hay poca información sobre lo que está ocurriendo en Libia, de lo que estamos seguros es que Gadafi es un dictador pero que bajo su mandato se nacionalizó todo el petroleo. Sabemos que a pesar del desigual reparto de la riqueza la ONU clasifica a Libia entre los estados que tienen un nivel de «desarrollo humano alto» . También somos conocedores que la organización tribal tiene mucha importancia en la sociedad libia y que Gadafi ha conservado el apoyo de parte del ejercito y del pueblo.
Desde luego que en Libia se violan los derechos humanos, hasta el inicio de las revueltas Gadafi, las denuncias más graves por violación de derechos humanos habían sido motivadas por la creación de campos de concentración donde recluía a inmigrantes sub-saharianos, actuando el gobierno libio como mandatario del gobierno italiano. Este es uno de los gobiernos que alega violaciones de derechos humanos para bombardear Libia.
La propaganda, como nos ha enseñado Chomsky, es una herramienta esencial para hacernos creer ética una acción tan deplorable como la agresión militar con una única motivación real consistente en apropiarse de su petroleo.
La legitimidad de la intervención
El gobierno del PSOE se encuentra atrapado por su pasado, la participación del ejercito español en la guerra de Libia choca con su anterior oposición frontal a la intervención en Iraq. El ejecutivo del socialista, los grupos políticos satélites y medios de comunicación afines intentan soltar ese pesado lastre buscando diferencias entre ambos episodios bélicos.
La única diferencia de peso entre las dos guerras ha sido la previa autorización del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En base a la resolución del pasado jueves 17 de marzo se defiende la intervención de la OTAN por ser conforme al derecho internacional.
Tomemos la definición de derecho más neutral que podamos encontrar. Derecho, según la Real Academia de la Lengua Española, es el «Conjunto de principios y normas, expresivos de una idea de justicia y de orden, que regulan las relaciones humanas en toda sociedad y cuya observancia puede ser impuesta de manera coactiva». Por tanto, para que podamos hablar de una legalidad internacional se requiere un conjunto de normas justo, que obliguen a toda la comunidad internacional de forma que se impongan sanciones a los estados incumplidores.
Sin embargo, respecto a las llamadas «intervenciones humanitarias» falta todo rastro de sujeción a normas jurídicas que podamos reconocer como tales. Nos quieren hacer pasar por leyes resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU que chocan, incluso, con los principios de la Carta fundacional de las Naciones Unidas; resoluciones que exceden, en mucho, las competencias del propio Consejo y que son dictadas para cada caso concreto, como por ejemplo, para castigar a Libia o Iraq.
A su vez no hay sanción para otras violaciones de derechos humanos similares o más graves que las perpetradas por el ejecutivo libio. Tal ese es el caso de Israel que incumple sistemáticamente las resoluciones de la ONU, mantiene ocupado territorios militarmente, viola continuamente los derechos humanos de la población palestina y ataca con medios militares a población civil sin que sufra ningún tipo de sanción. En la misma situación se encuentran Marruecos y Guinea Ecuatorial.
A la ausencia de un verdadero ordenamiento jurídico, se suma la falta de legitimidad democracia del auténtico órgano ejecutivo internacional, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y que el Tribunal Penal Internacional tiene limitadísimas competencias por la negativa de muchos e importantes estados a ratificarlo.
En la actualidad, nos encontramos con una potencia mundial, EEUU, que se erige en acusadora, juez y ejecutora, la que además no ha suscrito el Estatuto del Tribunal Penal Internacional y tiene derecho a veto en el Consejo de Seguridad. Por tanto, no cabe ampararse en la llamada legalidad internacional cuando la realidad es que el mundo está gobernado por una tiranía que ejerce directa y exclusivamente Estados Unidos, conocido también como «el imperio».
Los defensores de esta intervención dirán que en otros casos se hace mal pero esto no es razón para que en este caso las cosas se hagan «bien». Este argumento se rebate recordando que el fundamento primero del derecho y la justicia es que el mismo supuesto de hecho tenga la misma consecuencia jurídica. Si para un mismo supuesto, por ejemplo, el ataque probado a manifestantes con medios militares en Bahrein no se aplican las mismas sanciones que se ha aplicado a Libia, falta toda legalidad y legitimidad a esa última actuación. En la actuación de la llamada «comunidad internacional» sólo hay arbitrariedad y venganza.
En conclusión, creo que en nuestro país hay muchas personas que de buena fe se han posicionado a favor de la intervención, pero además de los anteriores argumentos, deberían tener en cuenta los antecedentes de la OTAN y EEUU en situaciones similares. Todo esto es suficiente para suscitar dudas más que razonables sobre la esta actuación bélica. Y en caso de duda, deberíamos estar siempre en contra de la guerra.
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