En Minneapolis, epicentro de la protesta, decenas de miles de personas colapsaron las calles exigiendo el retiro del ICE y el fin de la política anti -inmigrantes. Las protestas se replicaron en varias grandes ciudades.
El desencadenante de estas movilizaciones fue el 7 de enero cuando el agente del ICE Jonathan Ross disparó tres tiros a través del parabrisas del auto de Renee Nicole Good, todo esto quedó registrado en video.
Las noticias cada vez más desesperantes también llegan desde los centros de detención del ICE donde se denuncian abusos de todo tipo y asesinatos que son explicados como «suicidios» de manera recurrente según familiares de detenidos. La brutalidad de esta fuerza de choque que recuerda a las bandas nazis está cada vez más expuesta, las detenciones a adolescentes e incluso a niños son situaciones cotidianas.
Las manifestaciones fueron espontáneas en Minneapolis, tienen una trágica historia de represión policial y racismo, es el mismo lugar donde asesinaron a George Floyd en el año 2020 luego de ser asfixiado durante más de 10 minutos.
Las manifestaciones en Minneapolis se repitieron todos los días, y los enfrentamientos con el ICE también. La indignación se reavivó con el caso de Liam Conejo Ramos, de cinco años, y su padre Adrian Conejo Arias, de nacionalidad ecuatoriana, detenidos el martes cuando llegaban a su residencia. Según autoridades del distrito escolar, el menor fue utilizado como “carnada” por los agentes de inmigración para golpear en la puerta de la casa e intentar que salieran las personas en su interior.
Decenas de miles de habitantes del estado de Minnesota, al grito de “No hate, no fear, immigrants are welcome here” (Sin odio, sin miedo, los inmigrantes son bienvenidos aquí) marcharon por el centro de Minneapolis el viernes por la tarde para exigir que el ICE abandone el estado. Los organizadores estiman que 50 000 personas o más salieron a las calles, aunque algunas estimaciones fueron más bajas y otras llegaron a alcanzar las 100 000.
La simpatía por la protesta entre los trabajadores de la ciudad obligaron a centenares de dueños a cerrar sus negocios, al tiempo que muchos lo hicieron por genuina solidaridad con la causa y en rechazo a la brutal política de Trump.
La noticia de la huelga y las protestas del viernes se extendió “como la pólvora” en los días previos, según Jake Anderson, miembro de la junta ejecutiva de la Federación de Educadores de St. Paul, un sindicato que representa a maestros y profesionales de apoyo educativo. El sector educativo es uno de los que más enfrenta al ICE, organizando corredores seguros entre docentes y padres para que los alumnos puedan ir de y hacia los colegios.
En otras ciudades del país se replicaron las protestas. New York fue otro de los centros importantes donde miles de personas se movilizaron hacia la emblemática Union Square. Nuevamente los docentes fueron figuras claves de la jornada, pero también dijeron presente el sindicato de Teamsters (camioneros).
En Los Ángeles, donde el movimiento por los derechos de los inmigrantes obligó hace un tiempo a Trump a retirar a la Guardia Nacional, el sindicato de empleados de servicios SEIU convocó una protesta. Esto demuestra que el movimiento sindical está empezando a desempeñar un papel más importante en la lucha por los derechos de los inmigrantes.
Se llevaron a cabo otras acciones solidarias en Boston, Detroit, Filadelfia, Atlanta, Newark, Kansas City, West Palm Beach, San Francisco y otras ciudades. En los próximos días y semanas se verá más claramente lo que esto significa para la lucha contra la extrema derecha en Estados Unidos. Lo que está claro es que la resistencia contra el ICE en Minneapolis, en la que los trabajadores han desempeñado un papel destacado, ha cambiado el debate. La gente está empezando a comprender nuestro propio poder como trabajadores —reforzado por el apoyo popular a los inmigrantes— para paralizarlo todo con demandas claras: ¡Abolir el ICE! ¡Cerrar todos los centros de detención! ¡Encarcelar a Jonathan Ross y a todos los policías asesinos! ¡Y acabar con el terror del ICE!
Agentes federales asesinan al enfermero de 37 años Alex Pretti en Minneapolis
Poco
más de dos semanas después del asesinato de Renee Nicole Good, agentes
federales asesinaron a otra persona en Minneapolis a plena luz del día.
En
un video ampliamente compartido en redes sociales, se ve a seis agentes
de la CBP inmovilizando al enfermero Alex Pretti en la acera. Apenas 10
segundos después, mientras uno de los agentes golpea repetidamente al
individuo en la cara, otro agente abrió fuego. Se escuchan al menos
cuatro disparos, tras los cuales Pretti cae al suelo, inmóvil. Tras un
breve instante, varios agentes continúan disparando a quemarropa a pesar
de que el joven enfermero permanece completamente inmóvil en el suelo,
incluso mientras otros agentes huyen del lugar. En total, se escuchan al
menos 10 disparos.
Las imágenes no dejan lugar a dudas: agentes de
la CBP ejecutaron públicamente a Pretti. No hay antecedentes, ningún
motivo de la detención ni ninguna circunstancia que pudiera cambiar o
mitigar este hecho. Inmediatamente después del asesinato, cientos de
manifestantes acudieron al lugar. En directo, se ve a agentes del
Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés de los
que dependen el CBP y el ICE) gaseando y rociando con gas pimienta a la
gente de los alrededores, mientras los manifestantes corean: «Fuera
nazis».
No es casualidad que este asesinato ocurra un día después de
las masivas protestas que paralizaron Minneapolis el viernes. Los
negocios cerraron y, a pesar del frío gélido, más de 50,000 personas
salieron a las calles. En todo el país, decenas de miles de personas se
unieron a la lucha para exigir la salida de ICE de nuestras comunidades,
escuelas y vecindarios.
No podemos tolerar esto. El presidente Trump
y su Gestapo no se detendrán sin una acción decisiva. Debemos paralizar
todo con una huelga general, expulsar a todos los agentes federales de
Minneapolis y de todas las ciudades de Estados Unidos, y exigir la
abolición del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
Minneapolis
es el campo de batalla que definirá la situación política, nuestra
capacidad de protestar, alzar la voz e incluso vivir sin miedo. Trump ha
reconstruido las agencias federales de control de inmigración para que
sean una fuerza de choque leal de su administración que ataca no solo a
los inmigrantes, sino cada vez más a los manifestantes, a la izquierda y
a cualquiera que se oponga a ellos o a la agenda de Trump.
Al
justificar el asesinato de Renee Nicole Good, Trump y su vicepresidente
JD Vance dieron luz verde a las fuerzas de extrema derecha del DHS para
que desaten su rabia racista y xenófoba contra la gente de Minneapolis,
dándoles efectivamente el derecho a asesinar con impunidad.
La masiva
acción de la clase trabajadora que paralizó Minneapolis el viernes
demostró cómo podemos contraatacar con éxito. Sin embargo, las
direcciones sindicales respondieron principalmente a la presión y a los
esfuerzos de organización desde abajo. No fomentaron ni coordinaron la
movilización de las bases en escuelas y centros de trabajo para
paralizar todo. Necesitamos exigir más a nuestros sindicatos. En
Minneapolis y en todo Estados Unidos, debemos prepararnos para una
huelga general que demuestre la fuerza de la clase trabajadora y del
pueblo.
En todo el país, necesitamos formar comités de acción para
organizar la solidaridad activa desde nuestros lugares de trabajo y
vecindarios con la gente de Minnesota. Debemos aunar fuerzas para una
huelga nacional organizada.
Esto debe incluir a los sindicatos
docentes, que han organizado huelgas importantes en los últimos años, y
al sindicato United Auto Workers (UAW), que organiza sectores vitales de
la industria en el Medio Oeste. Líderes del UAW, como Shawn Fain, en
particular, tienen la responsabilidad especial —y la capacidad— de
coordinar a todo el Medio Oeste en solidaridad con Minnesota y proponer
medidas concretas para una huelga general nacional.
Estas acciones
también deben incluir a los Teamsters (sindicato de camioneros), quienes
deben ponerse del lado de sus hermanos inmigrantes, no de las políticas
asesinas de Trump. Se trata de defender nuestro derecho a protestar, de
oponernos a la agenda racista y reaccionaria que promueve la
administración Trump, y de luchar contra una fuerza policial paramilitar
que puede secuestrar y asesinar con impunidad.
Si bien debemos
exigir acciones decisivas a los líderes sindicales, esta lucha debe
organizarse desde abajo. Ya estamos viendo organizaciones de base
espontáneas para defender a los migrantes de las redadas del ICE que
están surgiendo en Minneapolis y ciudades como Chicago y Los Ángeles.
También lo hemos visto en las llamadas «escuelas santuario» de
Minneapolis, donde comités de base de docentes se están organizando para
proteger a sus estudiantes inmigrantes.
Necesitamos expandir este
tipo de comités a todos nuestros lugares de trabajo y sindicatos, para
usar nuestra arma más poderosa: la huelga. Esto fortalecerá e inspirará
la autoorganización en barrios y lugares de trabajo para defendernos de
las agencias de inmigración y construir una huelga general nacional.
Las
vidas de nuestros vecinos inmigrantes y activistas están literalmente
en juego, y la violenta agenda autoritaria de Trump no se detendrá sin
una acción masiva decisiva y organizada.
De especial importancia es el papel que han desempeñado los trabajadores en la lucha contra la ofensiva de Trump
En
Los Ángeles, los sindicatos se movilizaron el año pasado para detener
las redadas del ICE. Maestros de todo el país se están organizando en
sus escuelas para proteger a sus estudiantes; como ejemplo temprano, los
trabajadores de la educación y sus familias en Chicago se organizaron
para acompañar a los estudiantes a la escuela y de regreso. El sindicato
de maestros votó a favor de formar un «equipo santuario» en cada
escuela para defender a los estudiantes inmigrantes y sus familias.
Sin
embargo, la intervención del movimiento obrero ha sido tímida. Varios
sindicatos han emitido comunicados contra las operaciones de ICE en sus
ciudades y en todo el país; algunos incluso han denunciado el ataque de
Trump a Venezuela y el secuestro de Maduro. Pero estas declaraciones
deben transformarse en acciones, uniendo fuerzas con los millones de
trabajadores que han tomado medidas en las últimas semanas. Las
movilizaciones y la desobediencia civil son sumamente importantes, pero
no pueden derrotar en última instancia los ataques imperialistas contra
Latinoamérica ni la militarización de nuestras ciudades. Por sí solas,
no pueden poner fin al terror de ICE en nuestras comunidades ni impedir
que asesine y hiera gravemente a inmigrantes, activistas, vecinos y a
cualquiera que proteste contra su brutalidad.
Hasta ahora, el
movimiento de trabajadores no ha actuado para nacionalizar la lucha con
el poder de fuego de la clase trabajadora; sin embargo, Minneapolis está
una vez más yendo contra la corriente con un llamado a los sindicatos y
movimientos sociales para participar en una huelga el 23 de enero para
exigir justicia para Renee Good y el ICE fuera de nuestras ciudades.
Los
sindicatos han comenzado a responder a la convocatoria, ante la presión
de las bases. Entre los sindicatos que respaldaron la acción del 23 de
enero se encuentran: el Sindicato de Empleados de Servicios Local 26, el
Sindicato UNITE HERE Local 17, el Sindicato de Trabajadores de las
Comunicaciones Local 7250, la Federación de Educadores de St. Paul Local
28, la Federación de Educadores de Minneapolis (AFT Local 59), la
Alianza Internacional de Empleados de Escenarios Teatrales Local 13, el
Sindicato de Graduados, el Sindicato Unido de Electricistas Local 1105
de la Universidad de Minnesota, el Sindicato de Transporte (ATU) Local
1005, el Comité de Pasantes y Residentes (SEIU) y la Federación Regional
del Trabajo de Minneapolis (AFL-CIO).
Este llamado ya ha provocado
una respuesta significativa en otras ciudades, como Nueva York, donde se
encuentran los sindicatos locales de UFT, PSC-CUNY y UAW que están
planeando acciones de solidaridad el viernes, junto con estudiantes de
secundaria que también planean marchar.
Para que nuestras luchas
crezcan y se unan, este llamado debe incluir una firme oposición a la
intervención estadounidense en Venezuela y exigir la salida del
imperialismo estadounidense de Latinoamérica. Además, basándose en las
acciones que ya se están planificando en ciudades de todo el país, el
llamado a paralizar el trabajo, las escuelas y las actividades escolares
debe ser retomado por el movimiento obrero nacional.
Estamos bajo ataque: no podemos esperar al Congreso ni a los tribunales.
Los
principales medios de comunicación reflejan el sentir de millones de
personas horrorizadas por la naturaleza extraordinaria, casi
«paramilitar», de las operaciones del ICE, que han recibido la
aprobación del poder ejecutivo. Está asumiendo el papel de una fuerza
policial con poderes especiales para arrestar, golpear y torturar a
inmigrantes, activistas de derechos humanos o vecinos solidarios
—llamados «radicales» y «terroristas domésticos»— que se oponen a ellos.
Tras el asesinato de Good, la represión del ICE se ha intensificado,
especialmente en Minneapolis.
Con plena inmunidad, los agentes
arrestan a personas para encerrarlas en centros de detención donde la
tasa de mortalidad y las denuncias de violaciones de derechos humanos
aumentan de forma escandalosa. Las personas negras y morenas son blanco
de ataques abiertos: no solo inmigrantes, sino también indígenas,
mexicano-estadounidenses, afroamericanos y cualquier persona cuya
«etnia» se perciba como una amenaza para la nueva Gestapo de Trump. El
ICE, que ahora cuenta con el mayor presupuesto de cualquier otra agencia
federal, ha funcionado eficazmente como un medio para institucionalizar
milicias supremacistas blancas de extrema derecha mediante el
reclutamiento agresivo del sector MAGA (Make America Great Again), que
han nutrido los Proud Boys y otros grupos.
Ya hay cientos de
testimonios que denuncian que, tras el asesinato de Good, los agentes
del ICE han estado utilizando su asesinato para amenazar a otros
manifestantes . «¿No aprendieron de lo que acaba de pasar?», amenazó un
agente en Minnesota. «¿No aprendieron? ¡Por eso matamos a esa perra
lesbiana!», gritó otro agente del ICE en un testimonio de manifestantes
publicado en redes sociales. Esto se suma a cientos de casos bien
documentados de brutalidad del ICE en los últimos días. Como escribe
James Dennis Hoff : Así como Trump utilizó y sigue utilizando agencias
federales como el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) para
llevar a cabo una agenda extrajudicial y extra legislativa para
desmantelar y obstaculizar las agencias gubernamentales que se
interponen en su camino, también está recurriendo cada vez más al uso de
fuerzas federales armadas y a la amenaza o el uso real de la violencia
estatal para llevar a cabo un programa político reaccionario de
intimidación, represión, castigo y consolidación del poder que va mucho
más allá de los límites del ejecutivo.
Sin embargo, esta coerción
desenfrenada podría agravar aún más la situación en ciudades como
Minneapolis, donde la población trabajadora ya vive bajo la presencia
constante de las fuerzas federales y está aprendiendo a defenderse. Por
eso, Trump ha dado marcha atrás en sus amenazas de promulgar la Ley de
Insurrección para reprimir la disidencia, y por eso los tribunales de
Minnesota han ordenado nominalmente a los agentes federales que
controlen su uso de la fuerza contra los manifestantes.
Pero estos
pequeños controles, en última instancia, sirven para normalizar la gran
mayoría de los ataques de Trump, en lugar de oponerse a ellos. La
magnitud del ataque exige unidad y acción. Trump ya ha amenazado con
desplegar operaciones federales similares en ciudades como Nueva York y
Chicago, al tiempo que revoca la financiación federal para estas y otras
«ciudades santuario».
La unidad que necesitamos debe involucrar al
movimiento obrero organizado y a los movimientos sociales. Los líderes
sindicales y de los movimientos sociales en Estados Unidos son buenos
para hablar de unidad, pero no tan buenos para construirla en la acción.
Hoy, dicha unidad significa concretamente apoyar a Minneapolis con
todas nuestras fuerzas el 23 de enero y unificar la lucha contra el ICE
con la lucha contra la agresión imperialista estadounidense en
Latinoamérica.
Los Teamsters, el SEIU, la UFT, los trabajadores de la
salud, etc., deben movilizar a sus afiliados para que se declaren en
huelga en el resto del país. El UAW tiene la responsabilidad central de
impulsar esta lucha, desempeñando un papel crucial en la organización de
la clase trabajadora en todo el país y en sectores estratégicos del
medio oeste. El presidente del UAW, Shawn Fain, debe llamar a todos los
afiliados del sindicato a apoyar a Minneapolis el 23 de enero
paralizando todo, tal como lo hicieron los trabajadores en Italia para
protestar contra el genocidio en Gaza el año pasado.
Imaginen qué
pasaría si el UAW convocara reuniones en sus lugares de trabajo para
organizar una solidaridad activa con sus compañeros y compañeras de
Minneapolis. Esto podría cambiar el rumbo de la lucha para expulsar a
ICE de sus ciudades, incluso mientras la administración Trump envía más
agentes a la zona y promete inmunidad a los agentes que usen fuerza
brutal, incluso letal. La solidaridad activa en un lugar como Detroit,
donde el UAW tiene una influencia particular, sería un impulso increíble
para la lucha contra ICE en Minneapolis y en todo el país.
La
izquierda socialista —incluidos DSA y PSL— debería alzar la voz en las
escuelas, lugares de trabajo y sindicatos donde tiene peso para exigir
que sus líderes se movilicen para hacer huelga el 23 de enero.
Minnesota inicia boicot económico contra políticas migratorias de ICEB
Una
poderosa red de sindicatos, movimientos sociales, clérigos y pequeñas
empresas convocó a una jornada de resistencia y paro total para la tarde
del viernes 23 de enero en el estado de Minnesota, instando a la
población a suspender labores, clases y compras, en marco de un
significativo boicot económico contra las operaciones del Servicio de
Inmigración y Control de Aduanas (ICE),
Bajo consignas que denuncian
el asedio de las fuerzas federales en las calles del país, la
movilización busca denunciar la «extralimitación extrema» de las
autoridades migratorias y exigir su retirada del estado, así como
ejercer una presión sin precedentes sobre la Administración de Donald
Trump, en un momento donde la violencia institucional y las detenciones
arbitrarias han fracturado la tranquilidad de las comunidades locales.
La
movilización busca denunciar la «extralimitación extrema» de las
autoridades migratorias y exigir su retirada del estado, desafiando
incluso las peligrosas temperaturas bajo cero, entre -20 y -30 grados
Celsius, pronosticadas por el Servicio Meteorológico Nacio
La jornada
de protesta está convocada incluso desafiando las peligrosas
temperaturas gélidas que oscilan entre los -20 y -30 grados Celsius
pronosticadas por el Servicio Meteorológico Nacional, un clima que las
organizaciones comparan con la hostilidad del entorno político generado
por las leyes migratorias vigentes.
La movilización del viernes se
planificó como la acción de protesta coordinada más grande hasta la
fecha, incluyendo una marcha en el centro de Minneapolis.
Más de 100
pequeñas empresas en las Ciudades Gemelas, predominantemente cafeterías y
restaurantes, anunciaron que cerrarían en solidaridad con los
movilizados, así como para evitar que su personal sea víctima de
secuestros por parte de los agentes federales. Asimismo varios de estos
afirmaron que donarían parte de sus ingresos para los manifestantes, a
fin de apoyarlos con abrigos y comidas calientes para ayudar a hacer
frente a las bajas temperaturas.
En el ámbito educativo, numerosas
escuelas también planearon cierres. La Universidad de Minnesota, con
aproximadamente 50.000 estudiantes matriculados, suspendió sus clases
presenciales debido a la alerta de frío extremo, decisión que también
adoptó el distrito escolar público de St. Paul. Las Escuelas Públicas de
Minneapolis anunciaron su cierre para el viernes por un «día de
mantenimiento de registros de maestros», sumándose indirectamente a la
jornada de interrupción.
La Iglesia también tomó una postura activa;
líderes religiosos de diversas tradiciones, desde el budismo hasta el
islam, se han trasladado desde Washington y Los Ángeles para sumarse a
la marcha, afirmando que la fe debe estar al lado de los oprimidos
frente a la extralimitación del poder estatal. El clima de tensión en
Minnesota se agudizó tras la visita del vicepresidente J.D. Vance, quien
instó a las autoridades locales a profundizar la cooperación con los
agentes de ICE, desatando la indignación de los defensores de derechos
civiles.
Por su parte, el Servicio de Inmigración y Control de
Aduanas de Estados Unidos confirmó el fallecimiento de Víctor Manuel
Díaz, un migrante nicaragüense de 36 años que murió bajo custodia
federal apenas ocho días después de su detención en Mineápolis. Díaz fue
trasladado al polémico centro de detención Camp East Montana, en El
Paso, Texas, donde personal de seguridad privada lo encontró
inconsciente en su celda el pasado 14 de enero.
A pesar de que las
autoridades estadounidenses califican el hecho como un presunto
suicidio, la causa oficial permanece bajo investigación, sumando un
nuevo nombre a la lista de víctimas del sistema carcelario migratorio
que opera bajo la Administración de Donald Trump. Este caso representa
la tercera muerte ocurrida en el centro de detención de El Paso en lo
que va de 2026 y la sexta víctima fatal bajo custodia del ICE a nivel
nacional en menos de un mes.
Organizaciones de derechos humanos
denuncian que Camp East Montana es un epicentro de condiciones
inhumanas, aislamiento prolongado y negligencia médica deliberada,
factores que empujan a los detenidos a situaciones de estrés extremo.
Activistas señalan que el ingreso de Díaz el 6 de enero y su posterior
muerte evidencian la celeridad con la que se ejecutan los traslados y la
falta de protocolos de protección para la integridad física y mental de
los migrantes centroamericanos, quienes enfrentan un mecanismo de
represión sistemática.
La tragedia de Víctor Manuel Díaz ha encendido
nuevamente las alarmas sobre la gestión de centros de detención
operados por empresas privadas, los cuales funcionan sin una supervisión
efectiva y bajo contratos que priorizan el hacinamiento sobre la
dignidad humana. Defensores de los derechos de los migrantes denuncian
que estas instalaciones se transformaron en campos de castigo donde
impera la impunidad y la ausencia de atención médica básica.
Ante
este panorama, diversas coaliciones sociales exigen una investigación
independiente que aclare las circunstancias de este deceso, el cual se
inscribe en un patrón de violencia institucional que busca quebrar la
voluntad de los pueblos del Sur Global que intentan sobrevivir al asedio
migratorio de Washington.
Líder sindical se declara inocente tras ser detenido durante protesta contra redadas en Los Ángeles
David
Huerta es presidente del Service Employees International Union
California. Fue arrestado el 6 de junio mientras se unía a una gran
multitud de manifestantes frente a un negocio en Los Ángeles, donde
agentes federales investigaban presuntas violaciones de inmigración.
Inicialmente,
Huerta fue acusado de obstrucción, resistencia u oposición a un agente
federal, un delito grave de clase A. Sin embargo, los fiscales federales
desestimaron el cargo original de conspiración para impedir a un
agente.
Se declaró inocente de obstrucción de la justicia como delito
menor. Su juicio debe comenzar el 20 de enero de 2026, informó el Los
Angeles Times.
Durante la protesta de junio, Huerta se sentó frente a
una puerta vehicular y animó a otros a caminar en círculos para impedir
que las fuerzas del orden entraran o salieran, escribió un agente
especial de Investigaciones de Seguridad Nacional, que forma parte de
Inmigración y Control de Aduanas, en un documento presentado en un
tribunal federal.
Un policía le dijo a Huerta que se retirara, luego
le puso las manos encima para moverlo del camino de un vehículo,
escribió el agente. Huerta se resistió, y el policía lo empujó al suelo y
lo arrestó, según el documento.
El sindicato de Huerta representa a
cientos de miles de conserjes, guardias de seguridad y otros
trabajadores en todo California. Su arresto se convirtió en un grito de
protesta para los defensores de los inmigrantes en todo el país, quienes
pidieron su liberación y el fin de la represión migratoria del
presidente Donald Trump.
Abbe David Lowell y Marilyn Bednarski, los
abogados de Huerta, dijeron en un comunicado que buscarán «el juicio más
rápido» para vindicarlo.
Enfermeras en New York continúan en huelga
La
ciudad de Nueva York puede estar experimentando uno de sus climas más
fríos del invierno, con temperaturas bajo cero que muerden los dedos y
pellizcan las mejillas, pero eso no ha impedido que miles de enfermeras
se unan a la línea de piquetes para lo que es la huelga de enfermeras
más grande en la historia de la ciudad.
Casi 15.000 enfermeras que
trabajan en tres sistemas hospitalarios distintos han estado en huelga
desde el 12 de enero, exigiendo un aumento de personal, mayor seguridad
en los hospitales y mejores prestaciones sanitarias. La Asociación de
Enfermeras del Estado de Nueva York (NYSNA) ha señalado los enormes
salarios que han recibido los directores ejecutivos de los hospitales,
en un momento en que las enfermeras afirman que son muy pocas para
atender adecuadamente a los pacientes.
La huelga tiene el apoyo de
Zohran Mamdani, el alcalde de la ciudad de Nueva York, y de Bernie
Sanders , el senador socialista democrático de Vermont, quienes se
unieron a las enfermeras en huelga afuera de un hospital de Mount Sinai
el pasado martes.
“Cuando vemos una huelga, la gente olvida que los
trabajadores no quieren estar ahí. La huelga es un último recurso. Lo
que los trabajadores quieren es volver al trabajo. Se trata de
condiciones laborales seguras. Se trata de un contrato justo. Se trata
de dignidad”, dijo Mamdani .
“De lo que se trata, en realidad, es de reconocer el valor de todas y cada una de las enfermeras de esta ciudad”.
Se
han establecido piquetes frente a los hospitales Mount Sinai,
Montefiore y NewYork-Presbyterian, cuyos representantes tenían previsto
reanudar las negociaciones con la NYSNA el jueves a instancias de
Mamdani y Kathy Hochul, gobernadora de Nueva York. Las enfermeras han
soportado temperaturas gélidas que han descendido hasta los -7 °C
mientras Mamdani y Sanders hablaban el martes.
“La gente de este país está harta y cansada de la codicia de la industria de la salud”, dijo Sanders.
Están
hartos de que las farmacéuticas nos estafen, las aseguradoras nos
estafen y los ejecutivos de los hospitales reciban sueldos exorbitantes.
No me digan que no pueden ofrecer una buena proporción de enfermeras
por paciente cuando le pagan al director ejecutivo del
NewYork-Presbyterian 26 millones de dólares al año, al director
ejecutivo del Montefiore 16 millones de dólares al año y al del Mount
Sinai 5 millones de dólares al año.
Mount Sinai ha declarado que el
sindicato está planteando «demandas económicas extremas», mientras que
un portavoz de Montefiore afirmó que el sindicato estaba planteando
«demandas imprudentes». Los hospitales indicaron que las enfermeras
colegiadas ganan un promedio de 165.000 dólares al año en Montefiore,
162.000 dólares en Mount Sinai y 163.000 dólares en el Centro Médico
Irving de la Universidad de Columbia del Presbiteriano de Nueva York.
Montefiore afirmó que las peticiones del sindicato elevarían el promedio
a 220.000 dólares en tres años; Mount Sinai afirmó que el promedio allí
alcanzaría los 275.000 dólares.
Las enfermeras dicen que tienen
cargas de trabajo inmanejables y piden mayor seguridad en los
hospitales. También exigen mejores medidas de seguridad en el lugar de
trabajo.
Soy una de las innumerables enfermeras que tienen
dificultades, están agotadas y cada vez tienen más miedo de ir a
trabajar; la razón principal es la seguridad en nuestros hospitales. No
es una exageración, es una realidad cotidiana. Estamos en huelga por la
falta de seguridad. Tenemos escasez de personal y hemos aumentado los
niveles de violencia laboral a niveles sin precedentes”, dijo Aretha
Morgan, enfermera del NewYork-Presbyterian con 34 años de experiencia.
“Los
hospitales intentan manchar nuestra reputación como profesión
respetada; intentan presentarnos como irrazonables y exigentes, cuando
en realidad solo luchamos por personal seguro, entornos seguros y los
recursos básicos necesarios para proteger a nuestros pacientes”.
Morgan agregó: “Tienen que sentarse a la mesa de buena fe, hablar de ello y lograr que esto se haga”.
El gobierno cambia la edad jubilatoria y ahora hay que trabajar más años para cobrar lo mismo
Por
estos días, el debate sobre la jubilación en Estados Unidos volvió a
colocarse en el centro de la escena política y económica. Con tres
opciones vigentes de retiro y un sistema que se financia exclusivamente
por los aportes de los trabajadores, el Gobierno federal enfrenta
crecientes advertencias sobre el futuro de los fondos de la Social
Security Administration (SSA). Entre las medidas analizadas en los
últimos años aparece una posibilidad que genera controversia: aumentar
la edad jubilatoria para extender la vida del sistema.
En la
actualidad, los ciudadanos estadounidenses pueden jubilarse a los 62, 67
o 70 años, dependiendo de sus necesidades y de la estrategia financiera
que elijan. Cada una de estas edades implica consecuencias económicas
directas en el monto mensual que perciben. Sin embargo, la presión sobre
el financiamiento del sistema —agravada por el envejecimiento
poblacional y la menor proporción de jóvenes aportantes— reabrió la
discusión sobre si estas edades deberán modificarse en el futuro.
El
Seguro Social funciona bajo un sistema de reparto: los trabajadores
actuales financian los beneficios de quienes ya se han retirado. Esto
significa que cualquier variación en el mercado laboral, en la esperanza
de vida o en las tasas de empleo puede afectar la estabilidad del
fondo.
En este marco, quienes optan por jubilarse a la edad mínima de
62 años sufren automáticamente un recorte del 30% en sus ingresos, una
penalización que se conoce desde hace décadas y que busca fomentar que
los ciudadanos prolonguen su vida laboral. No obstante, para muchas
personas con trabajos de alta exigencia física o con problemas de salud,
retirarse antes sigue siendo la única alternativa viable.
La
advertencia sobre una posible crisis financiera del Seguro Social no es
nueva. Durante la primera presidencia de Donald Trump, funcionarios y
asesores barajaron la posibilidad de aumentar la edad jubilatoria, una
medida impopular pero considerada como una solución drástica para
extender la vida del sistema. En ese período, informes oficiales
proyectaban que los fondos podrían enfrentar serias dificultades en las
próximas décadas si no se adoptaban ajustes significativos.
Si bien
la iniciativa nunca avanzó y quedó en pausa, el tema volvió a aparecer
cada vez que se discuten reformas fiscales o cambios estructurales para
garantizar la sostenibilidad del sistema. El aumento de la esperanza de
vida, sumado a un crecimiento más lento de la población activa, genera
un desbalance que tarde o temprano deberá resolverse.
De hecho, la
SSA aclara en su sitio oficial que muchos beneficiarios no podrán elegir
libremente retirarse a los 62 años, ya que existen reglas específicas
según el año de nacimiento. Para quienes nacieron en 1959, por ejemplo,
la edad plena de retiro —o full retirement age— es de 66 años y 10
meses, lo que implica limitaciones adicionales.
El concepto de «full
retirement age» es clave para entender el sistema. Quienes se jubilan a
esa edad, que fluctúa entre 66 y 67 años, reciben el 100% del beneficio
calculado en función de sus contribuciones históricas. En cambio:
Si el ciudadano se retira a los 62 años, acepta una reducción permanente en su beneficio mensual.
Si
posterga su jubilación hasta los 70 años, recibe un incremento por los
llamados delayed retirement credits, lo que resulta en un pago
considerablemente mayor.
Para los nacidos en 1959, la SSA determina
que la edad plena es de 66 años y 10 meses, por lo que no todos pueden
acogerse al retiro temprano sin sufrir un impacto mayor en sus ingresos.
El
corazón de la discusión se encuentra en los números. Para recibir una
jubilación en Estados Unidos, una persona debe acumular 40 créditos de
Seguro Social, lo que equivale aproximadamente a 10 años de trabajo
formal. Los créditos se obtienen en función de los ingresos anuales, y
el monto del beneficio depende tanto de los salarios percibidos como de
la edad en la que se solicita la jubilación.
Actualmente, los montos máximos pagados por la SSA en 2025 son los siguientes:
2.831 dólares mensuales para quienes se retiran a los 62 años.
4.018 dólares mensuales para quienes optan por la edad plena de 67 años.
5.108 dólares mensuales para quienes postergan su retiro hasta los 70 años.
Estas
cifras reflejan por qué muchos estadounidenses eligen seguir trabajando
más allá de la edad tradicional. El incremento de casi el doble entre
la jubilación mínima y la máxima representa una diferencia sustancial,
especialmente en un contexto de inflación persistente, aumento del costo
de vida y hogares cada vez más endeudados.
¿Por qué podría aumentar la edad jubilatoria en el futuro?
Mientras
algunas propuestas políticas buscan defender el esquema actual, otras
sostienen que la única forma de evitar un colapso presupuestario es
elevar la edad mínima de retiro. Entre los argumentos más frecuentes
aparecen:
1. Mayor esperanza de vida
Los estadounidenses viven más
años en promedio, lo que significa que reciben beneficios por un
período más prolongado. El sistema, diseñado hace más de 80 años,
registraba expectativas de vida mucho menores.
2. Menos trabajadores activos
La
tasa de natalidad ha caído de manera sostenida, y esto se traduce en
menos jóvenes aportando al sistema. Esto genera un desequilibrio entre
quienes financian el programa y quienes lo perciben.
3. Mayor presión fiscal
Otros
programas sociales, como Medicare, también enfrentan desafíos
financieros. Sostener todos los esquemas simultáneamente requerirá mayor
recaudación o recortes en beneficios.
4. Ajustes que se demoraron demasiado
Expertos
sostienen que pequeños cambios hace décadas habrían evitado la
situación actual. Al no haberse realizado, las medidas necesarias ahora
podrían ser más drásticas.
El impacto en la población trabajadora
La
posibilidad de aumentar la edad de retiro genera resistencia en amplios
sectores de la sociedad. Los empleos que exigen esfuerzo físico, como
la construcción, la agricultura o el transporte, dificultan que los
trabajadores continúen en actividad hasta edades avanzadas. Para muchos,
extender la vida laboral es lisa y llanamente inviable.
A ello se
suma un problema creciente: la salud laboral se ha visto afectada por el
estrés, las enfermedades crónicas y el envejecimiento poblacional,
factores que podrían empeorar si se obliga a los ciudadanos a trabajar
más años.
Por otro lado, hay quienes argumentan que aumentar la edad
jubilatoria no es necesariamente la única solución. Algunas alternativas
planteadas incluyen:
Elevar el tope salarial sobre el cual se cobran impuestos del Seguro Social.
Crear un fondo complementario de capitalización.
Redirigir parte de los impuestos federales hacia el sistema.
Establecer incentivos para que más jóvenes ingresen al mercado laboral formal.
Una reforma que nadie quiere encarar
Pese
a que el debate aparece y desaparece según el clima político, la
preocupación por el futuro del Seguro Social es real. Los informes
anuales de la SSA advierten que, sin cambios estructurales, los fondos
podrían enfrentar recortes automáticos en los próximos años.
Sin
embargo, ningún presidente —ni republicano ni demócrata— ha querido
asumir el costo político de proponer una reforma profunda. Aumentar la
edad jubilatoria es un tema extremadamente impopular, especialmente en
un país donde millones dependen de este ingreso para sobrevivir.
Por
el momento, la propuesta para elevar la edad mínima permanece congelada,
pero el debate sigue vivo y probablemente gane fuerza en los próximos
ciclos electorales. Lo cierto es que, en medio de este panorama, los
ciudadanos continúan planificando sus finanzas personales en función de
un sistema que podría cambiar en cualquier momento.
Tras despedir a 600 trabajadores, Instagram pone fin al home office
A
partir de febrero, toda la plantilla de la empresa de Meta deberá
regresar a la presencialidad los cinco días semanales, previa
reestructuración que cortó 600 puestos.
Todos los empleados de
Instagram, división de Meta, en EE UU, deberán volver a la oficina a
trabajar cinco días por semana a partir de febrero de 2026.
Previamente,
en octubre pasado, Meta había puesto en práctica una reestructuración
que apuntó a reducir burocracia interna y reorganizar equipos, lo que
desembocó en el recorte de 600 puestos en sus Superintelligence Labs, el
área de IA.
La decisión de retornar a la presencialidad laboral se
agrega a la tendencia que encabezaron de Amazon, Google, AT&T,
Boeing y Dell, de que, paradójicamente, desde la cúspide de la
tecnología que hizo posible adoptar el trabajo remoto durante la
pandemia del coronavirus estén llevando la iniciativa de eliminar
inclusive el modelo híbrido, que permite alternar presencialidad con
virtualidad.
La compañía de Mark Zuckerberg llegó a la conclusión que
la presencialidad permitirá avanzar más rápido en sus ciclos de
creatividad y desarrollo.
El viraje estratégico coincide con una reingeniería de sus laboratorios de IA para competir con OpenAI, Microsoft y Google.
Es
lo que viene con todo. Cada vez más empresas exigirán presencialidad
total: menos roles remotos disponibles en áreas corporativas y
reestructuraciones impulsadas por la carrera de inteligencia artificial.
Precisamente,
el sector tecnológico norteamericano atraviesa un cambio acelerado que
presiona hacia la vuelta completa a las oficinas.
Las corporaciones
más grandes ya comenzaron a marcar el rumbo con decisiones que reordenan
equipos y aceleran el fin del trabajo remoto.
El avance de la
megaempresa Meta, con despidos masivos y un retorno obligatorio al
trabajo presencial, consolida un giro que podría replicarse en todo el
ecosistema tech.
El objetivo es aumentar la velocidad y la calidad del desarrollo de productos.
Instagram
sostiene que la presencia física agiliza decisiones, reduce reuniones y
favorece prototipos rápidos en lugar de documentos extensos.
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