Gigantes corporativos como Snap, Block, Oracle y Amazon son algunas de las empresas que han llevado adelante en los últimos meses «megadespidos», eliminando miles de puestos de trabajo de un solo golpe, en un intento por maximizar los beneficios financieros inmediatos y simplificar sus estructuras operativas.
A diferencia del pasado, cuando los despidos masivos eran interpretados por el mercado como una señal de mala gestión o crisis profunda, la narrativa actual ha dado un giro radical. Hoy en día, las empresas que anuncian recortes a gran escala suelen ser recompensadas con un incremento en el valor de sus acciones y elogios por parte de los inversores, «quienes ven en estas medidas una muestra de audacia y compromiso con la rentabilidad», aseguran.
El consenso actual entre los altos ejecutivos estadounidenses es que las organizaciones pueden prescindir de entre el 30% y el 50% de su personal sin afectar materialmente su rendimiento operativo. Aunque la IA se menciona frecuentemente como un factor, los ejecutivos señalan que los recortes actuales responden sobre todo a la necesidad de financiar los altos costos de esta tecnología, pero también a «corregir» el exceso de contratación posterior a la pandemia.
El impacto de esta tendencia es especialmente severo entre los empleados sin trayectoria y jóvenes graduados, alerta la publicación. Datos recientes revelan que la seguridad laboral que antes garantizaba un título universitario prácticamente ha desaparecido en EE UU. Por primera vez en años, la tasa de desempleo entre los trabajadores con educación superior menores de 34 años ha superado a la de aquellos con títulos técnicos, evidenciando una crisis de colocación en los sectores más calificados en el mercado laboral del país norteamericano.
Expertos del sector tecnológico predicen que la situación podría intensificarse hacia finales de 2026. Con el avance de herramientas de codificación basadas en IA, como Claude Code y Codex, la necesidad de contratar personal nuevo se está viendo eclipsada por la eficiencia de las licencias de software, aseguran.
Aunque el epicentro de los megadespidos se sitúa en Silicon Valley, el fenómeno comienza a extenderse a sectores como la logística y el almacenamiento a lo largo del país. Economistas advierten que esta ola de inestabilidad laboral podría convertirse en un punto de conflicto político ante la proximidad de procesos electorales. Mientras la contratación se estanca en la mayor parte de la economía, el temor al despido masivo se consolida como la nueva realidad para la fuerza laboral en EE UU, concluye la nota.
Meta despedirá a 8.000 empleados
Meta
avanza con un nuevo ajuste en su estructura laboral en medio de su
apuesta estratégica por la inteligencia artificial. La compañía planea
despedir a unos 8.000 empleados, equivalente a cerca del 10% de su
plantilla global, y además eliminar alrededor de 6.000 puestos que aún
no estaban cubiertos, de acuerdo a una fuente cercana al caso.
La
decisión fue comunicada internamente y responde a la necesidad de
“gestionar la empresa de forma más eficiente y compensar las
inversiones”, según un mensaje de la directora de Recursos Humanos,
Janelle Gale. La tecnológica atraviesa una etapa de fuerte
transformación, con foco en el desarrollo de inteligencia artificial y
en la optimización de costos.
A fines de diciembre, Meta contaba con
78.865 empleados, según sus presentaciones ante la SEC. El recorte marca
un nuevo capítulo en la reconfiguración de la compañía, que ya había
llevado adelante despidos masivos en los últimos años: en 2022 eliminó
11.000 puestos de trabajo y en marzo de 2023 sumó otros 10.000 recortes.
Sin embargo, entre finales de 2023 y 2025 la plantilla volvió a
expandirse en más de 11.000 empleados.
Aunque la empresa no vinculó
oficialmente los despidos con la inteligencia artificial, el CEO Mark
Zuckerberg ya había anticipado el cambio de paradigma. “Los proyectos
que antes requerían grandes equipos ahora los completa una sola persona
altamente cualificada”, afirmó a comienzos de año. En esa línea, sostuvo
que la compañía está priorizando las contribuciones individuales y
reduciendo el tamaño de los equipos.
El ajuste laboral se da en
paralelo a un incremento sin precedentes en la inversión. Meta prevé
destinar entre 115.000 y 135.000 millones de dólares en 2026,
principalmente para fortalecer su infraestructura de inteligencia
artificial, incluyendo centros de datos y capacidad de procesamiento.
Como
parte de ese plan, la compañía cerró un acuerdo con AMD para la compra
de millones de chips por al menos 60.000 millones de dólares, un
movimiento clave para sostener el desarrollo de sus modelos y servicios
basados en IA.
De este modo, Meta profundiza su giro hacia un modelo
más automatizado y eficiente, en el que la inteligencia artificial no
solo impulsa nuevos productos, sino que también redefine la organización
interna y el volumen de su fuerza laboral.
Meta instalará un nuevo
software de seguimiento en los ordenadores de sus empleados en Estados
Unidos con el objetivo de recopilar datos que serán utilizados para
entrenar sus modelos de inteligencia artificial (IA). La herramienta
permitirá registrar movimientos del ratón, clics, pulsaciones de teclas y
capturas de pantalla mientras los trabajadores realizan sus tareas
diarias.
Según memorandos internos, esta iniciativa forma parte de un
plan más amplio de la compañía para desarrollar agentes de IA capaces
de ejecutar tareas laborales de manera autónoma, una de las prioridades
estratégicas del grupo en su actual proceso de transformación interna.
De
acuerdo con la documentación interna, Meta busca que sus modelos
aprendan a interactuar con sistemas informáticos imitando el uso real
que hacen las personas. “Aquí es donde todos los empleados de Meta
pueden ayudar a que nuestros modelos mejoren simplemente realizando su
trabajo diario”, señala uno de los comunicados enviados al personal.
La
iniciativa se enmarca en el impulso de la empresa por integrar
inteligencia artificial en sus flujos de trabajo y reorganizar su
estructura laboral en torno a esta tecnología. La compañía sostiene que
este enfoque permitirá operar de manera más eficiente y acelerar el
desarrollo de productos.
Despidos en empresas tecnológicas
En
los últimos meses, empresas del rubro han intensificado los recortes de
personal en medio de un escenario marcado por la desaceleración
económica, la reconfiguración de negocios y el avance de la
automatización.
Gigantes internacionales como Google, Amazon y Meta
encabezaron nuevas rondas de despidos, que se suman a los ajustes
iniciados en años anteriores. Las compañías argumentan la necesidad de
optimizar estructuras, reducir costos y enfocarse en áreas estratégicas
como la inteligencia artificial.
El fenómeno no se limita a las
grandes corporaciones. Startups y firmas medianas también comenzaron a
achicar sus equipos, afectadas por la caída en las inversiones de
capital de riesgo y la dificultad para sostener modelos de crecimiento
acelerado. En muchos casos, los recortes impactan tanto en áreas
técnicas como administrativas.
Analistas del sector sostienen que el
ajuste responde, en parte, a un período de sobre expansión durante la
pandemia, cuando la demanda de servicios digitales creció de manera
exponencial. Con el regreso a una dinámica más estable, las empresas
buscan corregir ese crecimiento y mejorar su rentabilidad.
Al mismo
tiempo, el avance de tecnologías basadas en inteligencia artificial
genera un cambio en los perfiles laborales requeridos. Mientras algunos
puestos se reducen, aumenta la demanda de especialistas en datos,
automatización y desarrollo de sistemas avanzados, lo que reconfigura el
mapa del empleo en la industria.
A pesar del contexto, expertos
coinciden en que el sector tecnológico seguirá siendo clave en la
economía global, aunque con una estructura más eficiente y enfocada en
la innovación. Entretanto, los trabajadores enfrentan un escenario de
mayor competencia y la necesidad de reconvertirse para adaptarse a las
nuevas demandas del mercado.
El golpe económico de Texas a miles de camioneros inmigrantes
Por Patricia Clarembaux
Juan
Espinoza pasó casi ocho años reconstruyendo su vida en Estados Unidos.
Cuando llegó a Austin, supo que había dejado en Caracas al gerente que
fue por 20 años y que debía trabajar en cualquier oficio que le
permitiera mantener a su familia. Ese oficio fue el de conductor de
camiones. En febrero de 2020 obtuvo legalmente su licencia de conducir
comercial en Texas.
Dos meses después, compró su primer camión. Con
él, se dedicó a trasladar materiales a obras en construcción y así logró
ahorrar el pago inicial para su casa y para comprar un carro. En 2025,
su negocio propio seguía creciendo y decidió adquirir un segundo camión.
En diciembre, también ganó su caso de asilo; seguían las buenas
noticias: “Me sentía tranquilo y seguro (…) Yo vi un mundo de
oportunidades en este negocio. Mi sueño era tener una flota de
camiones”, cuenta.
Pero cuando el venezolano de 49 años fue al
Departamento de Vehículos de Texas (DMV) para actualizar su estatus
migratorio en la licencia de conducir, supo que su permiso de manejo
había sido degradado por una nueva norma estatal. Así, sorpresivamente y
sin que le llegara una notificación del Estado, se enteró hace unos
meses de que ya no podía manejar sus camiones.
“Ha sido una situación
muy difícil. Con todos los compromisos económicos que tengo, todo se me
vino abajo”, dice este venezolano.
En consonancia con una regla
emitida por el Gobierno federal —tras una serie de accidentes de
tránsito en los que estaban involucrados conductores extranjeros,
algunos con licencias comerciales falsificadas en México—, el
Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) suspendió el 29 de
septiembre de 2025 la emisión de licencias de conducir comerciales para
no ciudadanos con estatus como refugio y asilo, así como para
beneficiarios de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia
(DACA, que protege a quienes llegaron con sus padres inmigrantes cuando
apenas eran menores) y otros permisos humanitarios. Solo en Texas son
más de 6.400 asilados, refugiados y beneficiarios de DACA afectados,
según cifras del DPS.
La regla se ha replicado en más Estados del
país, bajo el argumento de mantener las carreteras y vías seguras.
Documentos de una demanda nacional presentada en febrero en Washington
D.C. estiman que aproximadamente 200.000 personas con permiso de
permanencia en todo el país perderán sus empleos como resultado de la
regla y reclaman que el Gobierno federal no ha probado con datos que los
conductores a quienes les han suspendido sus licencias comerciales han
estado involucrados en más accidentes de tránsito.
Cuando su licencia
de conducir comercial fue degradada por su estatus como asilado, Juan
Espinoza tuvo que destinar el dinero con el que pagaba la hipoteca de su
casa para la contratación de un segundo chofer, una tarea más difícil
tras la entrada en vigor de la regla: son menos y los disponibles pueden
ser más costosos. Sus ingresos se redujeron además por la inflación, el
aumento en los precios del combustible y la caída en el valor de las
cargas que transporta hacia zonas en construcción. Siente que con la
medida, el gobierno estatal lo dejó prácticamente desempleado pese a ser
dueño de su negocio. “Apenas cubre para que los camiones salgan a
trabajar”, dijo.
Para pagar la hipoteca, Espinoza y su esposa
decidieron alquilar por semanas tres habitaciones de su casa a otros
trabajadores, además de hacer horas como conductores de Uber y
repartidores de comida por aplicaciones: “No es mucho lo que se cobra
pero ayuda”.
La familia asegura que viven en una “restricción
económica completa”: no gastan en distracción, ni en vacaciones o en
comidas en restaurantes; solo en el mercado y en el pago de los
servicios. “Nos hemos apretado el cinturón”.
La suspensión de
licencias comerciales en Texas se concretó después de una orden
adicional de “tolerancia cero” dada por el gobernador Greg Abbott al DPS
para exigir que cualquier camionero que circulara por el Estado fuera
“capaz de comunicarse en inglés”, algo que ya era requerido desde que
presentaban las pruebas para obtener las licencias.
La regla afectó a
conductores de camiones de materiales de construcción, como Espinoza,
pero también a choferes de buses escolares que requieren licencia
comercial, como la salvadoreña Rina Flores.
A esta solicitante de
asilo le tomó siete meses prepararse para el examen de manejo y luego
para el que le permitía transportar a pasajeros en autobuses escolares.
Le tocó estudiar las normas de tránsito y practicar, pero también se
propuso mejorar su inglés. Dijo que aprobar ambos exámenes en 2023 le
hizo sentir “orgullo” como inmigrante y representó “un soporte digno”,
una “mayor estabilidad económica” para su familia.
En su trabajo en
un distrito escolar de Houston, Flores tenía un buen salario, seguro de
vida, un fondo de retiro y la posibilidad de optar a préstamos, como el
que usó para comprar su carro. Contó que usaba sus ingresos para
construir un futuro para sus dos hijas, de 7 y 10 años, pero sobre todo
para la mayor, que fue diagnosticada con autismo.
Cuando DPS degradó
su licencia de conducir comercial en enero de 2026, perdió su trabajo en
el distrito escolar. “Me tocó renunciar a algo por lo que luché”.
Ahora,
trabajando como gerente de un edificio, gana la mitad del salario,
perdió su seguro médico, no pudo volver a aportar a su fondo de retiro y
ya no puede ahorrar dinero para sus hijas. “Cheque que gano, cheque que
sirve para pagar ‘biles’, deudas y tarjeta de crédito”, dice.
Además
de la degradación de las licencias comerciales para ciertos
inmigrantes, los republicanos en Texas han empujado medidas que limitan
la capacidad de los no ciudadanos, por ejemplo, para registrar o comprar
un auto y optar por ayudas estatales para estudiar en universidades.
Alaín
Cisneros, vocero de la organización de apoyo a inmigrantes en Houston,
FIEL, asegura que están llevando a personas con documentos y permisos de
trabajo “al borde económico”. Agrega que, con esas normativas, el
Gobierno de Texas “está irrespetando el estado de derecho”.
Cisneros
—igual que han reclamado algunos congresistas demócratas del Estado—
cree que reglas como la que degradó las licencias de conducir
comerciales de miles de inmigrantes debieron ser decididas en el
Congreso para que se generaran guías estatales y se evaluaran los
posibles efectos para la economía.
El otro daño: el psicológico
Desde
diciembre, Espinoza no duerme bien. Se levanta y entra en sus cuentas
de banco para pensar en cómo cubrir cada gasto cotidiano. Cuenta que uno
de sus ojos y uno de sus cachetes le tiemblan de forma recurrente. Son
síntomas que ya sintió en 2024, cuando el estrés le paralizó la mitad
del rostro. “¿Qué es delito acá? ¿Trabajar?”, cuestiona. “Yo venía con
muchas ilusiones y de repente me dieron en el ala y me fui a pique”.
El
venezolano espera que esta degradación a su licencia de conducir
comercial sea temporal y que un día le digan que la medida quedó sin
efecto. Dice que cuando pasa por una de las comunidades que se
construyeron con materiales que él trasladó, se siente contento por
haber sido parte de ese desarrollo.
Rina Flores también tiene la
esperanza de que revoquen la regla. Cuenta que era feliz transportando a
los niños a sus colegios: “Era un trabajo muy lindo porque veía a los
niños crecer y ayudaba a que los padres fueran tranquilos a sus trabajos
mientras uno recogía a sus hijos y los llevaba seguros a la escuela”.
El maestro del mes
Cole
Allen, un maestro de profesión, fue el autor de un ataque en la Cena de
la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, donde participaba el
presidente Donald Trump. Allen, de 31 años, recibió el título de
«maestro del mes» en diciembre de 2024 y era profesor en C2 Education,
una empresa que ofrece asesoría de admisiones y servicios de preparación
para exámenes a estudiantes que aspiran a ingresar a la universidad. Su
ataque fue descrito como un intento de atentar contra la Administración
Trump, y fue detenido por el Servicio Secreto tras ser capturado.
Allen, también es ingeniero mecánico e informático y desarrollador de
videojuegos independiente.
El reciente atentado perpetrado por Cole
Thomas Allen no puede entenderse únicamente como el acto de un individuo
aislado, sino como el síntoma de una sociedad que atraviesa una crisis
de representatividad y un profundo descontento estructural. La figura de
Allen, un maestro de escuela sin antecedentes criminales, emerge en un
contexto donde el pesimismo económico y la polarización política han
alcanzado niveles históricos.
Según declaraciones de su hermano y
hermana, Allen envió el un manifiesto a sus seres cercanos anunciando el
ataque. Su hermana reveló que el joven escondió un arsenal (dos
pistolas y una escopeta) en casa de sus padres mientras entrenaba
constantemente en campos de tiro.
Allen era parte activa del grupo
«The Wide Awakens» y participó en las protestas de «No Kings» en
California, lo que demuestra una identificación con la idea de derrocar
lo que él percibía como una tiranía monárquica en Washington.
El contenido del Manifiesto
El
documento no es solo una amenaza; es un diagnóstico de desesperanza.
Allen detalla un plan para atacar no solo al presidente, sino a una
lista de funcionarios específicos de la actual administración. Sus
motivaciones, aunque centradas en la corrupción moral, tienen un
trasfondo geopolítico claro.
Allen, de 31 años, justifica sus
acciones describiéndose como un ciudadano que no está dispuesto a
permitir que un «pedófilo, violador y traidor» actúe en su nombre.
Allen
especificó que utilizaría «perdigones en lugar de balas sólidas» para
evitar que los disparos atravesaran las paredes y alcanzaran a personas
ajenas a sus objetivos.
El atacante estableció reglas de combate en
las que excluía como blancos a empleados del hotel, invitados y, en la
medida de lo posible, a la seguridad del establecimiento y a la Guardia
Nacional, a menos que estos abrieran fuego contra él.
No obstante,
indica en su texto que «pasaría por encima de casi todos» para llegar «a
los objetivos si fuera absolutamente necesario, bajo la premisa de que
la mayoría de la gente eligió asistir a un discurso de un pedófilo,
violador y traidor y, por lo tanto, son cómplices, pero realmente espero
que no se llegue a eso».
El texto también incluye una sección de
«réplicas» a posibles objeciones. La primera objeción es: «Como
cristiano, deberías poner la otra mejilla».
«Refutación: Poner la
otra mejilla es para cuando tú mismo eres oprimido. Yo no soy la persona
violada en un campo de detención. No soy el pescador ejecutado sin
juicio. No soy un escolar que vuela por los aires, ni un niño
hambriento, ni una adolescente abusada por los muchos criminales de esta
administración. Poner la otra mejilla cuando alguien más es oprimido no
es un comportamiento cristiano; es complicidad en los crímenes del
opresor», escribió.
Cierra el manifiesto con una reflexión: “Si
alguien tiene curiosidad por saber cómo se siente hacer algo así: es
horrible. Me dan ganas de vomitar; me dan ganas de llorar por todas las
cosas que quería hacer y que nunca haré, por todas las personas cuya
confianza traicioné. Siento rabia por lo hecho por esta administración».
La asfixia económica como detonante
El
eje central del malestar ciudadano se encuentra en la economía. La
inflación en Estados Unidos escaló al 3,3% en marzo de 2026, impulsada
en gran medida por el conflicto bélico con Irán. Este fenómeno ha
golpeado con especial dureza a las comunidades de la clase trabajadora y
al sector rural, donde más de 7 de cada 10 residentes consideran que el
costo de vida es el problema más grave del país. Para muchos
ciudadanos, la sensación de falta de futuro económico es el caldo de
cultivo que radicaliza posturas antes moderadas.
La «Tiranía» de los
funcionarios: Allen menciona un plan para atacar a funcionarios
específicos. Esos nombres suelen estar ligados a quienes ejecutan las
políticas de ICE (Inmigración) y la defensa internacional. Su odio no es
solo contra Trump, sino contra el «maquinado» gubernamental que ignora
las crisis humanitarias globales para priorizar el control geopolítico
La
política exterior ha profundizado la fractura social. Tras el inicio de
las operaciones militares en Irán, el 53% de la población manifestó su
oposición a los ataques, calificando la estrategia de «imperialista». A
esto se suma el rechazo a acciones de fuerza en el hemisferio, como las
incursiones en Venezuela a inicios de año, la Guerra en alianza con
Israel contra Irán y el bloqueo energético contra Cuba, medidas que han
sido percibidas como violaciones a la soberanía estatal que debilitan la
imagen internacional de Washington.
El tema de Epstein: El punto de
quiebre radica en las acusaciones de «pedofilia, violación y traición».
Estos calificativos —que ya provocaron una reacción defensiva y agresiva
en el Ejecutivo durante su reciente encuentro con la prensa
(específicamente con Norah O’Donnell en 60 Minutes)— confirman que el
caso Jeffrey Epstein es un catalizador del odio de Allen hacia el
sistema.
Sociológicamente, el caso de Allen —vinculado a grupos como
The Wide Awakens— refleja a un sector de la población que ya no confía
en las vías democráticas tradicionales para generar cambios. Con un
índice de popularidad presidencial que continúa en descenso, registrando
apenas 27 días de aprobación mayoritaria en lo que va de mandato, la
desafección política se traduce en una búsqueda de soluciones fuera del
sistema.
En conclusión, el «manifiesto» de Allen es el reflejo de una
sociedad que percibe un horizonte de estanflación y conflictos externos
interminables. Sin ser una justificación a la violencia, estos factores
exponen la fragilidad de la paz social cuando el ciudadano común siente
que sus necesidades básicas y sus valores morales han sido desplazados
por la agenda del poder.
Este documento de Allen es, en esencia, un
síntoma. El hecho de que un maestro de escuela sin antecedentes haya
diseñado un ataque contra el hotel Washington Hilton tras asistir a las
protestas de «No Kings» en California, revela que el contrato social en
Estados Unidos se ha roto. No es una justificación del delito, sino el
entendimiento de cómo una sociedad sometida a presiones extremas puede
desencadenar episodios de violencia radicalizada.
Renuncia la secretaria de Trabajo de Trump en medio de investigaciones en su contra
La
secretaria de Trabajo de Estados Unidos, Lori Chavez-DeRemer, renunció a
su cargo convirtiéndose así en la tercera secretaria en abandonar el
gabinete del presidente Donald Trump en los últimos dos meses.
El
director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, confirmó en
una publicación en X la salida de la secretaria, que estaba siendo
investigada por la Oficina del Inspector General del Departamento de
Trabajo por una posible conducta indebida.
Cheung aseguró que
Chavez-DeRemer había realizado «una labor fenomenal» en su cargo al
proteger a trabajadores estadounidenses e implementar prácticas
laborales justas. Ahora se irá a trabajar en el sector privado, la misma
excusa que se puso para irse el director interino del Servicio de
Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), Todd Lyons.
Sin
embargo, la secretaria enfrentaba acusaciones sobre una supuesta
conducta indebida y abuso de poder, que incluiría viajes de carácter
personal realizados durante desplazamientos en avión financiados con
fondos de los contribuyentes.
La investigación buscaba establecer si
el jefe de gabinete de Chavez-Remer, Jihun Han, y su adjunta, Rebecca
Wright, incurrieron en fraude de viajes al organizar eventos
profesionales para la secretaria como excusa para viajes personales. Al
menos dos altos funcionarios fueron suspendidos en medio de la
pesquisa.
Además, una investigación posterior del New York Times puso
al descubierto que el esposo de la secretaria, Shawn DeRemer,
supuestamente tocó inapropiadamente a dos mujeres en el edificio del
Departamento de Trabajo, lo que obligó a que se le impidiera el ingreso a
las instalaciones federales en la capital estadounidense. Uno de los
incidentes habría ocurrido en diciembre pasado y, al parecer, fue
captado por las cámaras de seguridad del edificio federal.
La
dimitida secretaria, en un comunicado publicado en las redes sociales
abordó brevemente las acusaciones, afirmando que «han sido difundidas
por agentes de alto rango del Estado profundo» a quienes acusó de
trabajar para socavar la agenda de Trump.
Durante meses, la Oficina
del Inspector General del Departamento de Trabajo ha estado investigando
una denuncia de que Chávez-DeRemer mantenía, además, una relación
sexual con un miembro de su equipo de seguridad, así como otras
acusaciones de comportamiento inapropiado, como enviar a personal a
comprar bebidas alcohólicas e intentar utilizar viajes de negocios como
excusa para viajes personales, según una fuente del Departamento de
Trabajo con conocimiento de la situación.
Por ejemplo,
Chávez-DeRemer había expresado su deseo de asistir a eventos como una
pelea de la UFC en Chicago, un concierto de Morgan Wallen y visitar a
amigos y familiares en varios estados, y pidió al personal que diseñara
viajes de trabajo que le brindaran oportunidades para asistir a esos
eventos, según la fuente.
Como parte de la investigación, se
entregaron al inspector general mensajes de texto de carácter personal
intercambiados entre Chávez-DeRemer, sus familiares cercanos y miembros
del personal del departamento, según la fuente. Entre los mensajes se
incluían conversaciones entre el esposo de la republicana y al menos un
joven empleado, en las que él solicitaba que se le mantuviera al tanto
de su paradero.
El abogado de Chavez-DeRemer, Nick Oberheiden,
declaró antes de que se anunciara su nuevo cargo: «La secretaria Lori
Chavez-DeRemer se ha labrado una reputación como defensora acérrima de
los trabajadores estadounidenses. Centrada en su misión y comprometida
con el presidente Trump con la máxima lealtad, la secretaria
Chavez-DeRemer no hará comentarios sobre acusaciones sesgadas y absurdas
en su contra».
Chávez-DeRemer juró su cargo como secretaria de
Trabajo en marzo de 2025, un momento en que la administración Trump, a
través del Departamento de Eficiencia Gubernamental, buscaba recortar la
financiación federal, suprimir programas y reducir drásticamente la
plantilla federal mediante el recorte de cientos de miles de puestos de
trabajo.
Según datos de la Oficina de Gestión de Personal de Estados
Unidos, en febrero la plantilla del Departamento de Trabajo era casi un
25 % menor que en septiembre de 2024.
La reducción de personal en la
Oficina de Estadísticas Laborales, en particular, generó preocupación
entre legisladores, economistas, académicos, investigadores y otros,
quienes alertaron de que la financiación y el personal existentes no
eran suficientes para modernizar y consolidar los datos considerados de
referencia. Además, la agencia se enfrentó a una grave crisis cuando
Trump destituyó a la comisionada Erika McEntarfer tras un informe de
empleo que contenía importantes revisiones.
Durante su gestión, el
Departamento de Trabajo de Chávez-DeRemer anunció una amplia
desregulación destinada a reescribir o derogar más de 60 regulaciones
laborales que consideraba obsoletas. Entre ellas se incluían propuestas
para eliminar el requisito de salario mínimo para los trabajadores de
atención médica a domicilio, suprimir una norma que exigía iluminación
en áreas de construcción activas y reducir las regulaciones de salud y
seguridad en la industria minera.
Antes de ser secretaria de Trabajo,
Chávez-DeRemer era representante a la Cámara por un distrito de Oregón,
pero la republicana perdió el escaño en las elecciones de 2024.
Cheung declaró que el subsecretario de Trabajo, Keith Sonderling, asumiría el cargo de director interino de la agencia.
La
salida de Chávez-DeRemer -la única hispana que hacía parte del gabinete
estadounidense junto al secretario de Estado, Marco Rubio-, se da a
poco más de dos semanas que el presidente Trump anunciara la salida de
la fiscal general, Pam Bondi, una fiel seguidora de sus políticas a la
que llamó «una gran patriota».
Un mes antes, Kristy Noem, la entonces
secretaria de Seguridad Nacional, había sido la primera miembro del
gabinete en salir, tras poner la cara en la campaña de deportaciones
masivas que dejaron dos estadounidenses muertos en las redadas en
Minnesota en enero pasado.
También se ha marchado el citado responsable del ICE y se ha forzado la marcha del jefe del Estado Mayor, Randy George.
Fuentes: SPUTNIK / LA HAINE, AFP, Reuters, Resumen Latinoamericano, NBC, Aporrea
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.