En un dormitorio frío y húmedo, iluminado solo por los rayos solares que provienen de los agujeros en el techo, un centenar de prisioneros congoleños están echados, en silencio, sobre esteras de paja y alfombras sucias, algunos de ellos esperando la muerte. La cárcel de Mbandaka, una capital de provincia oriental es el ejemplo tipo […]
En un dormitorio frío y húmedo, iluminado solo por los rayos solares que provienen de los agujeros en el techo, un centenar de prisioneros congoleños están echados, en silencio, sobre esteras de paja y alfombras sucias, algunos de ellos esperando la muerte.
La cárcel de Mbandaka, una capital de provincia oriental es el ejemplo tipo de la RDC. La mitad de sus prisioneros estaba grave cuando un periodista de IPS les visitó en marzo, pero no había ni médico ni medicinas. Cuarenta prisioneros dijeron al periodista que sufrían diarrea. Los prisioneros defecaban en un cubo de metal abierto, colocado en un rincón. El mal olor se expandía en ese espacio abarrotado de gente.
Entre los detenidos enmoheciéndose en la cárcel a lo largo del Congo, figuran por lo menos 10 niños, algunos de apenas 15 años, condenados a muerte y esperando a que los ejecuten, según una carta de septiembre de 2005, de las Naciones Unidas al Gobierno congoleño.
IPS no obtuvo autorización para visitarles, pero un prisionero cuyo caso está siendo seguido por la ONU es Mbako Banza, de 15 años. Niño soldado que trabajó para las fuerzas gubernamentales, formaba parte de los 33.000 niños reclutados y armados durante la guerra congoleña de 1998 a 2002. En mayo de 2005, un tribunal militar condenó a muerte a Banza por homicidio, indica una carta de la ONU.
Menores como Banza están en el corredor de la muerte en RDC, porque, con frecuencia, no pueden probar su edad. Con más frecuencia, creen los trabajadores de la ONU, estos niños no tienen dinero para pagar gabinetes jurídicos adecuados.
Los abogados de oficio, empleados del tribunal, están sobrecargados de trabajo y con poca paga y no ofrecen más que un trabajo superficial. Los jueces congoleños presiden procesos que no pueden tener un nivel elevado de justicia, añadieron los responsables de la ONU.
«Generalmente, los procesos son expeditivos, sin respeto a las garantías de un juicio equitativo hacia los derechos de los acusados o de las víctimas. Ciertos niños condenados ni siquiera tenían abogado» dijo a IPS en una entrevista, Daniela Baro, abogado de la ONU que investiga sobre jóvenes criminales condenados a muerte.
«El año pasado condenaron a uno en solo un día».
Hasta ahora, los responsables de la ONU dicen que no han recibido ninguna contestación concreta del Gobierno.
La nueva Constitución del Congo, aprobada en diciembre de 2005 por el primer voto democrático en el país durante 40 años, considera la vida humana como sagrada, pero no hace ninguna mención a la pena de muerte.
Sin embargo, incluso si el Código Penal del Congo la autoriza en ciertas circunstancias, es ilegal condenar a muerte a una persona por crímenes cometidos cuando tenía menos de 18 años.
Pero el sistema judicial debilitado del Congo carece de Magistrados calificados, de dinero e infraestructuras para llevar a cabo procesos adecuados y proteger a testigos en casos sensibles, como los que se refieren a menores, dijeron los trabajadores de la ONU.
Una dictadura corrompida durante 32 años, bajo Joseph Mobutu y una guerra civil de 5 años han dejado las infraestructuras del país, incluso su sistema judicial, en un desbarajuste sin nombre. Los jueces reciben en la actualidad un salario tan irrisorio como 10 dólares al mes y viven, en gran medida, de pagos clandestinos en asuntos lucrativos, como los litigios sobre propiedades, dice mucha gente.
Pocos magistrados se esfuerzan en tratar convenientemente los asuntos que implican a menores pobres, añadieron los responsables de la ONU, porque es poco probable que paguen una prima por sus servicios.
Sin embargo, hace por lo menos 5 años que no se ha ejecutado a nadie en el Congo, en parte por una moratoria sobre la pena de muerte impuesta en 2003 y levantada en 2004. Para los menores condenados a muerte, eso significa esperas interminables en las cárceles deterioradas del Congo – de hecho, cárcel de por vida.
Aunque las ejecuciones no se hayan cumplido, la gente continúa estando condenada a muerte, en su mayor parte por tribunales militares del Congo. Los jueces de tribunales militares, en los que se pronuncian la mayor parte de las penas de muerte, no siguen, en general, las orientaciones del Código penal, indicaron los observadores.
«La justicia militar es expeditiva hasta un grado inaceptable, incluso cuando condena a muerte a la gente» declaró a IPS Luc Henkinbrandt, alto responsable de la ONU para los Derechos Humanos en Kinshasa, la capital de RDC.
Por otra parte, los tribunales militares no tendrían que juzgar a menores porque la Ley no autoriza que los niños luchen en el Ejército. Sin embargo, en la mayor parte de los casos, los magistrados declaran que muchos detenidos, en particular los que ahora son adultos, no tienen papeles adecuados sobre su edad, para probar que eran menores cuando cometieron sus delitos.
Los congoleños y también los niños, rara vez tienen su documento de identidad o la prueba de su edad. Para la mayor parte de los ciudadanos, una campaña de alistamiento para las elecciones en 2005 les ha permitido obtener una identificación oficial por primera vez en su vida.
«Algunos abogados son incapaces de probar la edad del niño por falta de recursos para obtener pruebas alternativas de la edad y el juez los considera como adultos. Esto significa que puede imponer legalmente la pena de muerte», declaró Baro.
Los niños que han trabajado con grupos armados durante la guerra se han visto separados de sus familias durante muchos años. Los abogados podrían ir a la aldea para buscar la prueba de su edad, pero eso, con frecuencia, resulta que hay que ir a centenares de kilómetros del lugar de las audiencias del tribunal – cosa que poca gente esta dispuesta a hacer.
El principal problema al que están confrontados los abolicionistas de la pena de muerte en el Congo, explica Henkinbrandt, es que el público congoleño, cansado de la guerra, desea ver que los criminales de su país pasan ante la justicia. Creen que los autores de las horribles masacres del Congo merecen procesos mediocres y que, globalmente, deberían morir.
«Incluso si no se aplica la pena de muerte, la población está por la justicia expeditiva y, a veces, por la pena de muerte. La abolición de la pena de muerte no es muy popular entre la población», indicó Henkinbrandt.
«Aunque los políticos abolicionistas hayan conseguido parar las ejecuciones no tienen la valentía de ir contra una opinión pública clara y suprimir la pena de muerte», añadió.
La guerra del Congo ha matado a cerca de 4 millones de personas, víctimas, en su mayoría, del hambre y las enfermedades, pero también en el curso de numerosas batallas y masacres de carácter político. Unos acuerdos de paz pusieron fin a la guerra en 2002. Se formó un nuevo Gobierno de transición, que comprende a antiguos rebeldes y señores de la guerra, entre los cuales algunos habían participado en las peores matanzas de la guerra.
Sin embargo, docenas de líderes de milicias no se implicaron en los acuerdos de paz de 2002 y continúan violando, matando y reclutando niños, incluso después del fin de la guerra.
Amnistía Internacional dijo en un informe de este mes que hay un número alarmante de niños que están siendo alistados por líderes de milicia en el agitado Este del Congo. Ocultándose en los bosques del Congo, fuera del alcance de los militares, estos señores de la guerra temen severas represalias por crímenes como el asesinato de civiles, tortura y esclavitud de niños como concubinas, portadores o soldados.
Los esfuerzos de la Misión de Mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas en el Congo, con 17.000 hombres, la más grande del mundo y tropas del gobierno mal entrenadas, han conseguido arrestar a ciertos militantes sin fe ni ley como Thomas Lubanga, un antiguo señor de la guerra del Este, en territorio congoleño de Ituri, presa del conflicto.
Lubanga está actualmente en La Haya como primer asunto de la Corte Penal Internacional (CPI) y se le juzgará por cargos entre los que figura el reclutamiento de niños como soldados. La sentencia máxima autorizada a la CPI es la de prisión perpetua.
En consecuencia, Lubanga no será merecedor de la pena de muerte si se le reconoce como culpable. Sin embargo, la mayor parte de los cómplices de Lubanga durante los años de guerra, comprendiendo a los niños reclutados para combatir con él, están en el Congo. Trágicamente, podría exponerse a una ejecución.
Ciertos congoleños creen que Lubanga ha escapado a la verdadera justicia.
«Lubanga es uno de los peores criminales del Congo, es una de las personas más peligrosas, pero por haber ido a La Haya no estará expuesto a la pena de muerte. Es una pena» ha declarado Ken Ilunga, técnico de mantenimiento, de 28 años, en Kinshasa. «Pero los niños no tendrían que pagar el pato de la pena de muerte. Después de todo, eran jóvenes y no hicieron otra cosa que obedecer a las órdenes»