La Corte Penal Internacional (CPI) determinó que hay suficiente evidencia contra un miliciano de la República Democrática de Congo como para dar comienzo a lo que constituye el primer juicio de este tribunal. Thomas Lubanga, de 46 años, está acusado de reclutar niños soldados durante la brutal guerra civil que tuvo lugar en Congo entre […]
La Corte Penal Internacional (CPI) determinó que hay suficiente evidencia contra un miliciano de la República Democrática de Congo como para dar comienzo a lo que constituye el primer juicio de este tribunal.
Thomas Lubanga, de 46 años, está acusado de reclutar niños soldados durante la brutal guerra civil que tuvo lugar en Congo entre 1998 y 2003. Los fiscales alegan que, entre 2002 y 2003, niños de hasta 10 años de edad fueron secuestrados para luchar.
La CPI, basada en La Haya, fue establecida en 2002 como el primer tribunal permanente para juzgar crímenes de guerra. Fue diseñada para reemplazar a los varios tribunales para crímenes de guerra ad hoc que han sido creados, incluyendo a los establecidos para juzgar los crímenes de guerra cometidos en la ex Yugoslavia y el genocidio en Ruanda.
Estados Unidos se opuso categóricamente a la creación de la CPI, por temor a que se lleve a cabo una persecución política de los soldados.
¿Conflicto étnico?
Lubanga encabezó a los milicianos de la Unión de Patriotas Congoleños (UPC) en el distrito de Ituri, en el noreste del país, donde los enfrentamientos continuaron mucho más allá del final oficial de la guerra de cinco años en 2003.
«Lubanga hizo entrenar a niños para matar, Lubanga los hizo matar y Lubanga dejó que los niños murieran… en enfrentamientos», le dijo el abogado de la fiscalía Ekkehard Withopf a la corte durante una audiencia en noviembre.
La fiscalía dice que los niños eran secuestrados cuando iban a la escuela y forzados a luchar para las milicias étnicas de Lubanga, Hema, contra sus rivales Lendu. «Lubanga hizo entrenar a niños para matar, Lubanga los hizo matar y Lubanga dejó que los niños murieran… en enfrentamientos« 
Lubanga rechazó las acusaciones. Sus abogados dicen que él estaba intentando poner fin al conflicto y está siendo castigado por la comunidad internacional porque se negó a otorgar concesiones mineras a firmas extranjeras en zonas bajo su control.
Refiriéndose a sus enemigos, Lubanga le dijo a las fuerzas de paz en una ocasión: «aquellos que han cometido genocidio o masacres deben ser castigados».
El corresponsal de la BBC Mark Doyle señala que si bien el conflicto en Ituri se presenta como una guerra étnica, sus orígenes están en la explotación minera del oro y otros minerales que hay en la región.