El 6 de agosto de 1976, la embajada de China en Asunción dio una recepción a la que asistieron oficiales paraguayos y diplomáticos de diferentes países. Entre ellos, el jefe de inteligencia de Alfredo Stroessner, coronel Benito Guanes, y el embajador de Estados Unidos, George Landau.
El coronel Guanes estaba al tanto del viaje del director adjunto de la CIA, Vernon Walters. En un momento, el embajador Landau tomó de un brazo a Guanes y lo condujo con discreción a un rincón de la sala.
―Recibí un llamado del general Walters ―dijo el embajador―. Parece que surgió un problema con los pasaportes de los dos chilenos que van a viajar a Washington. Nada grave, pero el Departamento de Estado ha decidido suspender sus visas. Así que van a tener que usar sus pasaportes chilenos.
El martes 24, el embajador cenó con el general Enrique Morel, agregado militar de Santiago en Washington. Uno de los asistentes, cuyo nombre aparecerá tachado en los documentos desclasificados, informó que se había reunido con Contreras el pasado mes de julio. El jefe del Servicio Nacional de Información, el coronel brasileño Joao Batista Figueiredo, le mencionó por escrito que Orlando Letelier y Juscelino Kubitschek debían ser neutralizados porque apoyaban la candidatura de Jimmy Carter, considerado un peligro para la seguridad de América del Sur.
Lo primero que hizo el estadounidense que trabajaba para la Dina, Michael Townley, fue ponerse en contacto con cinco cubanos de su lista personal: Guillermo Novo, Ignacio Novo, Virgilio Paz Romero, Dionisio Suárez y Alvin Ross Díaz. Los cinco aceptaron.
Poco antes, Townley había participado con uno de ellos en una operación que había sumado un nuevo éxito, más experiencia y confianza entre varios colaboradores de valor. El 9 de agosto, la CIA lo envió a Buenos Aires junto con el cubano Guillermo Novo. Aunque Novo se encontraba bajo libertad condicional por el atentado contra una embarcación cubana en Canadá, pudo acompañarlo a Buenos Aires para interrogar a dos diplomáticos cubanos que habían sido secuestrados por grupos paramilitares argentinos. Luego del interrogatorio, Crescencio Galañega Hernández de 26 años, y Jesús Cejas Arias de 22 años, desaparecieron para siempre. Según un testigo que no reveló su nombre, sus cuerpos fueron arrojados en los cimientos de un edificio en construcción de Buenos Aires.
Como muchos miembros de la Operación Cóndor, el 23 de agosto Townley se hizo de un pasaporte falso en Paraguay a nombre de Juan Williams Rose. Cuando fueron por las visas, el embajador George Landau puso reparos. Pero Landau recibió una visita de la mano derecha del dictador paraguayo, Stroessner, quien le informó que las visas fueron solicitadas por Pinochet para “una reunión especial” con el subdirector de la CIA, Vernon Waters, en Washington. Poco después las visas fueron asignadas a los pasaportes falsos. Por la dudas, el embajador copió los pasaportes y los envió a Vernon Waters para su autenticación. Waters respondió que no sabía quiénes eran estos agentes chilenos. Landau instó de inmediato a que se negara la entrada a Estados Unidos a los hombres a los que se les habían otorgado las visas.
El 3 de agosto de 1976, el Subsecretario de Estado, Harry Shlaudeman, le informó a Henry Kissinger sobre posibles asesinatos de figuras internacionales. En el Departamento de Estado, los funcionarios discutieron cómo debería proceder el gobierno de Estados Unidos y varios de los principales asesores recomendaron una respuesta directa y contundente a Chile contra cualquier magnicidio que pudiera desatar un escándalo internacional.
El 23 de agosto, Kissinger firmó un cable dirigido a las embajadas de Uruguay, Paraguay y Chile. Los embajadores fueron informados de los informes de la CIA sobre asesinatos planeados y dirigidos dentro y fuera del territorio de los miembros de la Operación Cóndor con instrucciones de colaborar con los colaboradores. Washington estaba al tanto de los asesinatos planeados de “figuras prominentes” y continuaba preocupado por el impacto en la opinión internacional.
Al día siguiente, el embajador de Estados Unidos en Chile, David Popper, se opuso a participar en el pedido de pasaportes de Pinochet. Popper sabía que Pinochet tomaría la medida cautelar como un insulto y que minaría la colaboración con su régimen, pero no tenía muchas alternativas. El embajador de Estados Unidos en Uruguay también dudó. Consideró que pasar en alto tal advertencia pondría en peligro su vida.
El 30 de agosto, el Subsecretario para Asuntos Interamericanos, Harry Shlaudeman, le envió un memorando a Kissinger solicitando permiso para permitir que el embajador de Estados Unidos en Uruguay, Ernest Siracusa, se reuniese con altos funcionarios de Operación Cóndor: “Debemos evitar una serie de asesinatos internacionales que podrían causar graves daños a la reputación de nuestros países”.
Pero Kissinger y la CIA no tenían ese tipo de preocupaciones.
El 28 de agosto The Nation publicó el artículo de Orlando Letelier titulado “Los Chicago Boys en Chile”. En la página 137, sus asistentes en el Institute for Policy Studies en Washington, Ronnie y Michael Moffitt, reconocieron la voz de Orlando en la letra impresa:
“Las políticas económicas están condicionadas por la situación social y política en la que se ponen en práctica y, al mismo tiempo, las modifican. Por lo tanto, las políticas económicas se introducen siempre para alterar las estructuras sociales.
Es curioso que el hombre que escribió un libro titulado Capitalismo y libertad [Milton Friedman] afirmando que sólo el liberalismo económico clásico puede sustentar una democracia política, pueda ahora divorciar tan fácilmente la economía de la política cuando las teorías económicas que defiende coinciden con una restricción absoluta de todos los derechos y de todas las libertades democráticas. Sería de esperar que si quienes restringen la empresa privada son considerados responsables de los efectos de sus medidas en la esfera política, quienes imponen una “libertad económica” sin restricciones también deberían ser considerados responsables, sobre todo cuando la imposición de esta política va inevitablemente acompañada de una represión masiva, hambre, desempleo y la permanencia de un estado policial brutal… La represión para las mayorías y la ‘libertad económica’ para pequeños grupos privilegiados son dos caras de la misma moneda”.
―Orlando es el candidato ideal para ser el próximo presidente de Chile ―dijo Ronni.
―Eso mismo me preocupa ―insistió Michael.
Su antiguo asistente, el general Augusto Pinochet, debía pensar lo mismo. La estatura política e intelectual de Letelier crecía de forma acelerada. Trabajaba en el IPS, daba clases en la American University y había logrado que el gobierno de Holanda retuviera una importante inversión del grupo minero Stevin en Chile. Acababa de recibir una oferta por un libro con un anticipo de derechos igual a lo que ganaba en un año en IPS. No existía en el exilio una figura con más reconocimiento y aceptación. También tenía el apoyo de muchos senadores en Washington; solía almorzar con Ted Kennedy, Hubert Humphrey y George McGovern. La activista feminista Angela Yvonne Davis y otras figuras de los movimientos sociales solían visitarlo en su casa de Bethesda.
Pero Letelier y los exiliados de las dictaduras fascistas de América Latina tenían una debilidad notoria: escribían artículos, daban conferencias. No ponían bombas en las embajadas, en los teatros ni en los aviones.
La Dina también tomó nota de este peligro. Orlando Letelier en Washington, Juscelino Kubitschek en Río de Janeiro y João Goulart en Corrientes fueron neutralizados antes de que terminase el año 1976. Entre muchos otros.
Capítulo adaptado de 1976. El exilio del terror.
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