Independiente de la metrópoli francesa desde 1960, la República Centroafricana (RCA) es un país de casi cinco millones de habitantes sin salida al mar e históricamente definido por la «inestabilidad» política. Además de los diferentes golpes de estado y dictaduras militares, dese 1980 se han celebrado cinco foros nacionales de diálogo y reconciliación. A los […]
Independiente de la metrópoli francesa desde 1960, la República Centroafricana (RCA) es un país de casi cinco millones de habitantes sin salida al mar e históricamente definido por la «inestabilidad» política. Además de los diferentes golpes de estado y dictaduras militares, dese 1980 se han celebrado cinco foros nacionales de diálogo y reconciliación. A los conflictos no es ajena la riqueza del país en diamantes, uranio, oro, maderas nobles así como potenciales yacimientos de gas y petróleo. Países como Chad, Sudán y Libia también han intentado tradicionalmente ampliar su área de influencia en África Central. Cuando no han preferido la «protección» francesa, los líderes políticos han utilizado las Fuerzas Armadas Centroafricanas (FACA) para ampliar su poder o mantenerse al mando del país. Al panorama se agregan numerosos grupos armados, como la antigua coalición Séléka o las milicias anti-balaka, muchas veces fragmentadas, vinculadas a la criminalidad y a la instrumentalización de las religiones.
Publicado en junio de 2016 por el Centre Delàs y la Escola de Cultura de Pau, el informe «República Centroafricana: transitando por la encrucijada de la (in)gobernabilidad» analiza en 36 páginas la realidad de un país por el que transitan las armas ligeras y los combatientes llegados de otros conflictos, de países limítrofes como Chad, Sudán y la República Democrática del Congo. Además, según Naciones Unidas, en la República Centroafricana viven 2,5 millones de personas en situación de «inseguridad alimentaria», lo que supone más de la mitad de la población. En abril de 2016, ACNUR recalcó que el número de refugiados centroafricanos en Camerún, Chad, República del Congo y República Democrática del Congo se eleva a 482.000; a estos desplazados se suman otros 418.000 en el interior de la RCA. Ante la crisis humanitaria, las diferentes agencias de la ONU hicieron un llamamiento con el fin de captar 531,5 millones de dólares en 2016, pero en mayo sólo se había conseguido el 9% de la cantidad propuesta (fue la crisis derivada de un conflicto armado con menor financiación de todo el planeta). Otra de las barreras es la del suministro de ayuda humanitaria a la población civil, cuyo acceso se vio restringido en el Este del país desde el aumento de los ataques en junio de 2016.
Diferentes ONG han denunciado las violaciones de los derechos humanos y las aristas mercantiles del conflicto. En julio de 2015 Global Witness señaló que empresas europeas estaban haciendo negocio con la explotación de la madera, con firmas que podrían financiar a las milicias. Amnistía Internacional también ha instado a que el gobierno de Bangui establezca controles sobre el comercio ilegal de diamantes, ya que podría constituir un mecanismo para financiar a grupos armados. Según Naciones Unidas, Amnistía Internacional y Human Rights Watch, la mayoría de la población se halla a merced de estos grupos, las bandas de criminales y las fuerzas de seguridad estatales, que violan sistemáticamente los derechos humanos. Tanto las fuerzas armadas como las milicias han reclutado de modo forzoso a menores, según Coalition to Stop the Use of Child Soldiers; en el caso de los grupos armados, los menores de edad han llegado a participar en los combates.
A estas revelaciones se suman las del informe «Alerta 2016!» de Escola de Cultura de Pau, que señala la utilización de la violencia sexual «de forma deliberada» como arma de guerra en la RCA. En algunas zonas del norte y el centro del país, el clima de inseguridad ha obligado a que centenares de miles de personas huyeran a Camerún o Chad, donde ACNUR ha informado del aumento de los secuestros así como del tráfico y violación de mujeres. Elaborado por Jordi Calvo y Josep Maria Royo, el informe del Centre Delàs y Escola de Cultura de Pau dedica un apartado a las acusaciones de abusos sexuales cometidas por personal civil o militar de las misiones de mantenimiento de la paz de la ONU. Precisamente Naciones Unidas sitúa a la República Centroafricana como primer país del mundo en cuanto a denuncias por actos de violencia sexual perpetrados por estas misiones (de las 69 realizadas en 2015, 22 corresponden a la RCA). En 2016 se mantiene la tendencia. Entre enero y mayo se han registrado 44 nuevas denuncias, de las que 29 hacen referencia a la República Centroafricana. Otras situaciones que afrontan las mujeres son la pobreza extrema, la poligamia autorizada por las leyes estatales o la mutilación genital.
Uno de los ejes del trabajo de Jordi Calvo y Josep Maria Royo son las exportaciones de material de defensa, analizadas durante el periodo 2005-2013. En esos años, el volumen autorizado para la exportación por los países de la Unión Europea a la RCA asciende a 11 millones de euros. El informe destaca como principales actores en el comercio de armas a Eslovaquia (7,7 millones de euros), Portugal (3,3 millones de euros), Alemania, Francia y Reino Unido. Además, según la UE, las exportaciones efectivamente realizadas entre 2005 y 2013 suman 3,8 millones de euros; Portugal (3 millones de euros) concentra la mayor parte de las ventas, seguido por Eslovaquia (799.000 euros) y Francia. Los autores del informe constatan una «relevante implicación» de Portugal en el conflicto mientras éste persistía. El resto de países lo hicieron en periodos anteriores. El documento también destaca que la antigua potencia colonial, Francia, no sólo despliega una «intensa actividad militar» en la RCA, sino que además es el tercer país en exportaciones realizadas y el cuarto en autorizadas.
Otra circunstancia de interés es que el «pico» en el volumen de exportaciones se registró en 2010, año en que se prorrogó la misión de Naciones Unidas en la RCA. Al tiempo que se comerciaba con las armas, Naciones Unidas consideró que la situación del país «era de riesgo para la paz y la estabilidad regionales», explican los dos investigadores. Además, desde mayo de 2013 pesa un embargo sobre la venta de armas a la República Centroafricana, que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas amplió hasta el 31 de enero de 2017. La década 2003-2014 ha sido particularmente cruenta en la RCA, con diferentes repuntes en el conflicto como en 2013, cuando la coalición de grupos armados Séléka ejecutó un golpe de estado. Durante los años inmediatamente anteriores, hubo países europeos -Portugal, Alemania, Reino Unido o Francia- que incrementaron las exportaciones de material de defensa. El documento del Centre Delàs y la Escola de Cultura de Pau informa, asimismo, de las exportaciones a escala mundial de armas pequeñas y ligeras a la RCA entre 2005 y 2014. El monto asciende a 18,8 millones de dólares, según el NISAT (iniciativa noruega para combatir la violencia con armas ligeras). Las gráficas señalan un aumento desbocado en 2014 de las exportaciones (sobre todo, morteros y cañones por valor de 13,2 millones de dólares). El país que lidera las trasferencias de armas pequeñas y ligeras en 2005-2014 es Pakistán (13,2 millones de dólares), seguido de Francia (2,1 millones) y España (1,6 millones).
La fuente Datacomex (Estadísticas del Comercio Exterior Español) cifra en 3,5 millones de euros las exportaciones de armamento pequeño y ligero entre 2005 y 2013 a la RCA. El «pico» de las trasferencias se produjo en 2011 (966.800 euros), y al año siguiente continuaron (856.100 euros) pese a que tuvo lugar «una escalada del conflicto con nuevos ataques entre los grupos de Séléka y anti-balaka», subrayan Jordi Calvo y Josep Maria Royo. Además, el estado español ha vendido armas de caza y tiro deportivo a la República Centroafricana, aunque exista la posibilidad de que éstas se utilicen en choques violentos. Las cifras de Comercio Exterior también arrojan luz sobre las provincias que exportan armas pequeñas y ligeras a la RCA. Sobresale Álava (3,4 millones de euros entre 2005 y 2013), que comprende la mayor parte de la producción del estado español (3,5 millones). El informe subraya la importancia de la empresa Maxam, que produce material en Álava y Vizcaya (dos de las provincias exportadoras) y cuyas municiones han aparecido según diferentes testimonios en la República Centroafricana.
Por las fronteras «porosas» de países como Sudán llega armamento a la RCA, que han utilizado grupos como Séléka y anti-balaka. «Observamos que los países de origen de las municiones, lanzacohetes, morteros, granadas, ametralladoras, lanzagranadas y vehículos militares son los que tienen una regulación de la exportación de armas más estricta», afirman Jordi Calvo y Josep Maria Royo. Por ejemplo, estados miembros de la UE como Alemania, Bélgica, Bulgaria, Reino Unido, República Checa, España e Italia. Y otros como Irán, China y Sudán. Con independencia de los grupos armados, la policía y el ejército de la RCA son también receptores de armas ligeras, como el kalashnikov y otros rifles y fusiles de asalto. El rearme corre en paralelo a un aumento de efectivos en el ejército, que pasó de 1.400 (2005) a 7.000 (2015). El gasto militar pasó del 1,1% (2005) al 2,5% (2010). Mientras, la República Centroafricana ocupaba en 2012 la posición 180 en el Índice de Desarrollo Humano de la ONU, sobre un total de 187 países.
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