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Pandemia de COVID-19: la necesidad de revisar la reforma económica en India

Fuentes: Multidimensiomagazine

La pandemia que ha originado el brote de coronavirus o COVID-19 ha sacudido el planeta, lo que supone un hecho inédito en el mundo actual. La profunda crisis en la que se han sumido EE UU y Europa ha amenazado al mismo tiempo la vida y la economía y ha introducido una incertidumbre sin precedentes en la psique de la economía capitalista.

También India fracasó en la tarea de mantenerse aislada. Sin embargo, su cifra de víctimas mortales continúa siendo mucho más baja que las de Occidente. A diferencia de muchos otros países, incluidos Singapur y Corea del Sur, India ha optado por una cuarentena a nivel nacional, inicialmente de 21 días, que comenzó la medianoche del 25 de marzo de 2020 y, después, se prorrogó hasta el 3 de mayo. El país no planea realizar un testeo activo ya que resulta demasiado ambicioso a nivel logístico y económico.

A pesar de ello, la economía india se encuentra en una situación de parálisis derivada del cese completo de todos los tipos de actividades económicas. Tanto el sector económico de la oferta como el de la demanda se han convertido en algo claustrofóbico, lo cual repercute en la vida y el modo de subsistencia de la sociedad india a todos los niveles y tanto a corto como a largo plazo. La mayoría de los organismos internacionales han reducido de manera drástica el crecimiento económico previsto. El Banco Mundial ha previsto una tasa de crecimiento en India para 2020-21 de entre 1,5 y 2,8 % y el FMI y CRISIL sostienen que será de 1,8 % y 1,9 % respectivamente. Se estima que el déficit fiscal podría rondar el 9 % del PIB en 2021 (The Economic Times, 2020). Barclays Research estimaba en una nota del 14 de abril que las pérdidas de producción debido al cierre de fábricas y oficinas giran en torno a los 26.000 millones de dólares semanales. Dicha cifra resulta mucho más elevada que la de su estimación anterior, de 16.600 millones de dólares, principalmente debido a que en los sectores de agricultura, servicios, construcción y ventas al por mayor y al por menor, estas pérdidas están siendo superiores a las previstas. Se ha estimado que la pérdida global rondará los 234.400 millones de dólares, lo que supone el 8,1 % del PIB y Barclays sitúa el crecimiento económico de este año en cero (Iyer, 2020). Es probable que el desempleo alcance su máximo histórico desde el comienzo del periodo de posindependencia. Según los datos del Centro de Monitoreo de la Economía India (CMIE,2020), la tasa de desempleo ha alcanzado el 23,6 %. A 28 de abril de 2020, la tasa en las áreas urbanas era de un 25,3 %, mientras que en la India rural era de un 22,8 %. Esta nueva coyuntura ha puesto de manifiesto la realidad evidente del sector informal de la economía india, al que no se prestaba demasiada atención antes del brote de la pandemia. Asimismo, la situación crítica en la que se encuentran las personas con salario diario, trabajadoras migrantes que se han extendido durante el periodo de confinamiento, puso sobre la mesa ciertas cuestiones básicas en relación con la eficacia y el resultado de las reformas económicas en India y sobre el fundamento teórico de la filosofía de la economía neoliberal.

Constantemente, se ha debatido en torno a la cuestión de si el incremento de las tasas medias de crecimiento tras los años 90 ha beneficiado solo a unos pocos y ha intensificado las disparidades y las desigualdades (Gustafsson et al., 2008; Dev y Ravi, 2007; Bhaduri, 2008; Sarkar y Mehta, 2010). Numerosos estudios sostienen que el aumento en el crecimiento del PIB ha implicado una desigualdad de ingresos mayor (Chandraseakhar y Ghosh, 2007; Sengupta et al., 2008). Esta opción cuestiona el argumento básico del modelo de crecimiento de Solow, que defiende que las fuerzas competitivas y la migración interregional permitirán que la desigualdad regional desaparezca a través de la equiparación gradual de los precios de los factores (Solow, 2000). Hasta el momento, lo han cuestionado algunos nuevos teóricos del crecimiento como Romer, Lucas, Krugman, Veneables y Fujita. La causa de la desigualdad regional es, según Lucas, la distribución desigual del capital humano y, según Romer, las diferencias en cuanto a la investigación y el desarrollo (Barro y Sala-i-Martin, 1995).

Como ya advirtió Sen (1991a, 1991b, 1992) de manera consistente, el crecimiento no asegura el bienestar de cada individuo y, para conseguirlo, debería prestarse una mayor atención al desarrollo de los recursos humanos. Además, sostiene que no se pueden utilizar los ingresos como la única medida para evaluar la desigualdad, ya que no aseguran por completo la capacidad o la libertad del individuo para conseguir lo que desea. Por el contrario, la desigualdad económica no solo tiene en cuenta los ingresos, sino que también considera la educación, la salud, la justicia, el crédito y otros recursos productivos y oportunidades que proporcionan incentivos a un individuo para mejorar su situación general (Sen, 1997). La pandemia de COVID-19 ha vuelto a poner este argumento en primer plano.

Medidas económicas del Gobierno durante la Pandemia

Medidas monetarias

El 27 de marzo de 2020, el Banco de la Reserva de la India (RBI) hizo público su informe bimensual de política monetaria, la resolución 2019-20 del Comité de Política Monetaria (MPC), para inyectar liquidez en la economía a través de instituciones financieras bancarias y no bancarias. La tasa de interés sobre la cesión temporal de activos se ha reducido en 75 puntos base y ha disminuido a un 4,4 %, mientras que la tasa de interés sobre la adquisición temporal de activos ha caído en 90 puntos, lo que le sitúa en un 4 %. Esta reducción de tasas por parte del RBI se produjo tras haberlas anunciado ya algunos bancos centrales de otras partes del mundo con el fin de evitar una recesión relacionada con el coronavirus. El coeficiente de caja (CRR) también se ha reducido en 100 puntos base (1 %) y se sitúa en un 3 % (RBI Press Release, 2020). El 17 de abril de 2020, el RBI anunció un segundo paquete de medidas de ayuda destinadas a aliviar la crisis económica derivada de la pandemia de COVID-19. Estas medidas incluyen una reducción de la tasa de interés sobre la adquisición temporal de activos de 25 puntos base que disminuirá la tasa al 3,75 %. Además, se ha anunciado un servicio de refinanciación especial de 500.000 millones para instituciones como el Banco Nacional de Agricultura y Desarrollo Rural (NABARD), el Banco para el Desarrollo de Pequeñas Industrias de India (SIDBI) y el Banco Nacional de la Vivienda (NHB). Estas instituciones desempeñan un papel esencial en el cumplimiento de los requisitos de financiación a largo plazo de la agricultura y el sector rural, las pequeñas industrias, las empresas de financiación de vivienda, las empresas financieras no bancarias (NBFCs) y las instituciones de microfinanzas (RBI Press Release, 2020). El impacto acumulativo de estas medidas se añade a los 6,6 billones de rupias (3,2 % del PIB) inyectados durante los últimos dos meses.

Medidas de política fiscal

Inmediatamente después de la cuarentena, el ministro de finanzas anunció un paquete fiscal de 1,7 lakh crore de rupias (unos 21.000 millones de euros), lo que supone cerca del 1 % del PIB, destinado a asegurar comida y dinero en efectivo para el sector más pobre y vulnerable de la sociedad (Thomas, Chakraborty, 2020). También se ha anunciado que, al amparo del programa de alimentación PM Garib Kalyan Anna, toda persona que entre en el plan recibirá, de manera gratuita, 5 kg de arroz o trigo adicionales a los 5 kg de la asignación actual durante los próximos tres meses. También se entregará a cada familia 1 kg gratis de la legumbre preferida (en base a las preferencias regionales) mediante el programa público de distribución. Se espera que salgan beneficiadas 230 millones de las familias que reciben cartillas de racionamiento o alrededor de 820 millones de personas, lo que supone alrededor de dos tercios de la población. Gracias al programa PM-KISAN (un plan de subsidios de ingreso mínimo), las personas que se dedican a la agricultura reciben, cada año, 6000 rupias en tres plazos iguales. El Gobierno ha decidido ingresar por adelantado el primero de estos pagos en abril, punto de inicio del ejercicio 2020, y espera beneficiar así a cerca de 86,9 millones de agricultores. En el marco del programa MGNREGA (Ley nacional de Garantía de Empleo rural Mahatma Gandhi), el salario ha aumentado de las 182 rupias a las 202 y es probable que beneficie a 50 millones de familias. Tal aumento sumará un ingreso adicional de 2000 rupias por trabajador. Por otro lado, 30 millones de personas mayores, viudas o con diversidad funcional obtendrán el pago ex gratia de 1000 rupias en dos plazos a lo largo de los próximos tres meses. En cuanto al plan Jan Dhan, proveerá de un pago ex gratia de 500 rupias al mes durante los próximos tres meses a 200 millones de mujeres titulares de una cuenta. Además, las mujeres de 83 millones de familias que viven bajo el umbral de la pobreza obtendrán de manera gratuita cilindros de GLP (bombonas de gas doméstico) para tres meses dentro del programa Ujjwala (PMUY). El Gobierno también está concediendo préstamos sin garantía de 200.000 rupias a 630.000 grupos de ayuda (SHGs) con la intención de ayudar a 70 millones de hogares. Además, el fondo minero de los distritos, de 310.000 millones de rupias, se destinará a la población que afronta perturbaciones económicas por causa del confinamiento.

Repercusiones de las políticas

En vista de las medidas monetarias y fiscales, surgen ciertas dudas al respecto. Desde la óptica de la política monetaria, las observaciones generales sostienen que reducirá de forma temporal la volatilidad del mercado de valores. Esto aliviará a los prestatarios, dado que se reducirán los intereses de los préstamos concedidos a las industrias independientemente de su tamaño. Los préstamos de vivienda serán más baratos y se reducirá el pago de intereses sobre las mensualidades iguales. También se suavizarán los requisitos crediticios para el sector agrícola. La aprobación de moratorias en las amortizaciones de los préstamos y en los pagos de intereses ayudará a los pequeños prestatarios del sector del transporte, en especial a quienes conducen vehículos utilitarios deportivos, autorickshaws, rickshaws eléctricos e incluso un rickshaw. Quienes dirigen microempresas y comercios tendrán un respiro y la microfinanciación facilitará la concesión de préstamos de consumo, en su mayoría a mujeres de los grupos de ayuda. Por otro lado, la reducción de los tipos de interés de los depósitos a plazo fijo desincentivará a los grupos con ingresos medios, en especial a la población más envejecida. Es posible que se dé un impacto en los ahorros pequeños.

Sin embargo, esta intervención en el sector de la oferta puede acarrear cualquier cambio sustancial a corto plazo y es aquí donde aparece el escepticismo para pedir explicaciones. Desde 2019, India experimenta un proceso de desaceleración económica en el que su tasa de crecimiento disminuye de manera lenta pero continuada. Antes de la pandemia, rondaba entre el 4 y el 4,5 %, por lo que la euforia imperante cuando la tasa se situaba en niveles de entre el 7 y el 8 % ya hace tiempo que se esfumó. El índice de la producción industrial (IIP) alcanzó el nadir (-4,3 %) y casi todos los sectores industriales se enfrentaron a una desaceleración grave. Diversas corporaciones y entidades del sector organizado iniciaron un proceso de reducción de personal de dimensiones colosales mucho antes incluso del comienzo de la pandemia. Resulta inevitable que, durante el periodo de cuarentena, la industria y los servicios generen un crecimiento negativo de dos dígitos. La reducción de la tasa del impuesto sobre sociedades hasta el 30 % fracasó en la tarea de reavivar el crecimiento de las industrias. Tras la pandemia de COVID-19, ha tenido lugar una grave erosión de la demanda y en casi todos los sectores se ha visto alterada la cadena de producción al completo. El comercio incluyendo los negocios al por menor, los transportes y las comunicaciones, el turismo y los hoteles, la banca, las empresas de entretenimiento y cada uno de los sectores han perdido impulso en la mayor medida posible. Por consiguiente, hasta que la intervención en el sector de la demanda y los ingresos de la gran mayoría de la población no mejoren, la disponibilidad de créditos baratos a duras penas cambiará las cosas. Las principales dudas que se plantean los productores son quién comprará, cuánto podrán permitirse comprar y cuánto deben producir. Existe una cuestión macroeconómica fundamental y mundana que ha quedado sin resolver.

Las medidas fiscales, en especial aquellas dirigidas a los sectores más pobres y vulnerables, no pueden tratarse como si fuesen medidas nuevas e innovadoras. A excepción de la provisión adicional de cereales, el resto ya estaban incluidas en los presupuestos de 2020-21. El único cambio que se ha introducido es que, en la mayoría de los casos, se han asegurado las prestaciones de los pagos ex gratia durante tres meses. La asignación presupuestaria para el sector social ha sido del 7,7 % del PIB en 2020-21, mientras que en 2014-15 fue del 6,2 %. En cuanto a la asignación para educación, tuvo lugar un incremento marginal al pasar del 2,8 al 3,1 % en el mismo periodo y la de sanidad aumentó al 1,8 % desde el escaso 1,2 % de 2014-15. El presupuesto de 2020-21 recortó la asignación para ciertos programas emblemáticos como el MGNREGA (comúnmente conocido como el plan de empleo de 100 días), la misión Swachh Bharat (para la gestión de residuos) o el Welfare of SCs (de apoyo a las castas desfavorecidas). Por su parte, la asignación en el sector agrícola recibió un aumento del 75 %. Se han anunciado un total de 122 programas de entre los cuales, 22 van dirigidos a los sectores más pobres y vulnerables. Sin embargo, muchos de estos programas son la continuación de los que lanzó el gobierno anterior, como por ejemplo el subsidio alimentario a la Corporación de Alimentos de India (FCI), en el marco del programa nacional de seguridad alimentaria; las misiones nacionales de salud, medios de subsistencia, renovación urbana y educación; el programa de desarrollo infantil integral; el Sarva Siksha Abhiyan para la universalización de la educación primaria; el Mid-Day Meal de comidas escolares; el plan de vivienda Pradhan Mantri Awas; el subsidio a la urea, etc. Si esta serie de programas son lo que se considera una red de seguridad social, eso significa que el panorama que ha emergido del periodo de cuarentena y del anterior al COVID pone en cuestión los resultados de las tres décadas de reformas económicas en India. Además, debe tenerse en cuenta el hecho de que India va a conseguir una menor recaudación fiscal debido a la caída de los impuestos sobre bienes y servicios dada la grave erosión de su demanda.

Sanidad

India seguirá entre las peor preparadas para enfrentarse a la pandemia por la debilidad de la estructura de su sanidad pública. Según los datos del BM, la disponibilidad de camas de hospital era de 0,55 por cada mil habitantes en 2019, mientras que en 1980 era de 0,718. En 2011, el número de médicos por cada mil habitantes era de 0,739 frente a los 0,27 de 1981, el de personal sanitario público de 0,504 frente a los 0,627 de 2003 y el de enfermeras y matronas de 0,9 frente a las 0,787 de 1991 (World Bank, 2020). En cuanto al desarrollo humano general en 2019, India consiguió una puntuación de 0,647 que la ubicó en el puesto 129 de los 189 países que pertenecen a la categoría de desarrollo humano medio. Por el contrario, un país como Sri Lanka progresó de manera considerable y consiguió el puesto 71 con una puntuación de 0,708 que lo ubica entre los países de la categoría de desarrollo humano alto, además de superar al resto de países de la ASACR, incluida China. El sistema de salud al completo ha quedado en manos privadas, ya que el Gobierno prefirió que el sector de población con ingresos medios y altos dependiera de los seguros médicos. El anuncio del Ayushman Bharat ha aclarado por partida doble que el Gobierno está dispuesto a extender la red de seguros médicos de manera que la atención médica pueda seguir desarrollando su dependencia del sector privado. Durante la COVID-19, quedó totalmente expuesto el hecho de que el sector de la salud pública ya no está capacitado para asumir la carga de esta pandemia. Además, la salud comunitaria y la inmunización de niños y de embarazadas se encuentra en una situación de crisis total, ya que el personal sanitario que se ha colocado al frente de la lucha contra la pandemia es insuficiente. En cuanto al pobre sistema de salud rural, ha visto acentuado el estrés y la tensión.

Empleo y desempleo

Ya se ha señalado que la tasa de desempleo ya ha alcanzado el 23 %. La tasa media de crecimiento económico durante todo el periodo de reformas se mantiene en torno al 6 %. Ahora, la propia relación entre el crecimiento y el empleo ha entrado en un estado de seria duda. En los presupuestos de 2020-21, la agricultura y el desarrollo rural cuentan con una asignación total de cerca de un 11 % del PIB, pero múltiples programas de estos dos sectores han fracasado en la tarea de mejorar la economía rural. Tal es la situación, que alrededor de un 43 % de la población agraria comparte solo el 14 % de los ingresos. Este auge de las dificultades en el medio rural ha elevado la oferta de fuerza de trabajo en el sector urbano informal y ha aumentado el porcentaje de personas trabajadoras migrantes. En resumen, las reformas económicas y la expansión del sector informal han ido de la mano. La definición del sector informal manifiesta el grado de incertidumbre y vulnerabilidad de la fuerza de trabajo. Los trabajadores informales no tienen ningún contrato por escrito, permisos remunerados, prestaciones sanitarias o seguridad social. Cerca del 90 % de la fuerza de trabajo está involucrada en los sectores informales y las estimaciones del PNUD revelan que el 76,6 % de ella puede considerarse como empleo vulnerable. En 2011, el porcentaje era del 80,6 % y, en 1991, del 83,3 % (PNUD, 2019). La OIT define el empleo vulnerable como el porcentaje de personas empleadas que desempeñan trabajos familiares sin remuneración y que trabajan por cuenta propia (OIT,2019). En la India rural, el 85 % de la fuerza de trabajo no tiene un empleo asalariado y, en el caso de las áreas urbanas, el porcentaje es del 53 %.

De entre quienes tienen un empleo asalariado, el 46 % carece de permisos remunerados y el 70 % ni siquiera cuenta con un contrato por escrito (NSO, 2019). Según la 46ª ronda de la encuesta anual de la Oficina Nacional de Estadística india (NSO), el porcentaje combinado de los trabajadores autónomos y los temporales rondaba el 77 % en 1991. Por lo tanto, resulta evidente el hecho de que las tres décadas de reformas económicas han ampliado el sector informal con un grado elevado de temporalidad y vulnerabilidad, así como con una degradación constante de la calidad de los empleos. Según el censo de 2011, 41 millones de personas, es decir, el 8,5 % de la población total, trabaja como migrante y el 3,5 % son migrantes temporales. La mayoría migra desde la región oriental y UP hacia los distritos costeros occidentales y sudoccidentales, lo que indica que, en muchos estados, ni la agricultura ni la economía rural con capaces de asegurar unos ingresos que permitan la subsistencia durante todo el año. Siempre han existido diferencias regionales. Por ello, el contexto de cuarentena y de recesión económica severa simultáneas ha creado un escenario en el que están en juego tanto la vida y los medios de subsistencia del 90 % de la fuerza de trabajo, como su supervivencia.

Caída del gasto en consumo

Pese a contar con infinidad de programas dirigidos a la India rural, cada vez está más claro que la condición económica de dicha zona comenzó a deteriorarse mucho antes de que tuviese lugar el brote de la pandemia de COVID-19. De acuerdo con el estudio Key Indicators: Household Consumer Expenditure in India de la NSO, el gasto medio mensual por persona se ha reducido de las 1501 rupias de 2011-12 a las 1446 de 2017-18. Esto implica una disminución general del gasto en consumo per cápita del 3,7 %. Sin embargo, el factor más preocupante es la reducción del 8,8 % del gasto en consumo en la India rural y del 2 % en la urbana. El problema fundamental es que el gasto mensual en alimentación de la India rural ha disminuido un 10 % entre 2011-12 y 2017-18. Mientras que antes era de unas 643 rupias mensuales, en 2017-18 se redujo a 580. Las cifras se han ajustado a la inflación, por lo que la disminución se da en términos reales. De manera drástica, tanto la India rural como la urbana gastaron menos en alimentos esenciales como el aceite, la sal, el azúcar y las especias. Un miembro de la extinta Comisión de Planificación del Gobierno de India afirmó que una caída del gasto en alimentación, especialmente en las aldeas, evidencia que la desnutrición ha aumentado al mismo tiempo que el nivel de pobreza (The Economic Times, 2019). También muestra una falta de oportunidades laborales fuera del sector agrícola, así como la ralentización de este (Editorials, EPW, 2020). Durante el periodo de confinamiento y tras él, ya ha aumentado la alteración de los precios de la cadena de producción de verduras y otros alimentos. La cuarentena y el cese de las actividades económicas van a generar unas oportunidades mínimas de obtener empleo e ingresos tanto para la población rural como para aquella vinculada al gran sector urbano informal. La propagación del hambre y el empobrecimiento se ha convertido en algo inminente.

Desigualdad de ingresos

Han pasado casi tres décadas desde que India inició las reformas económicas en 1991. En varias ocasiones, se le ha etiquetado como el país con un crecimiento más rápido o como el segundo después de China. La tasa media de crecimiento durante todo este periodo ronda el 6 % y la polémica está en si el crecimiento trae igualdad o si, por el contrario, aumenta la desigualdad de ingresos. Según la teoría, la naturaleza del crecimiento económico es tal que, en un periodo inicial, con el aumento del crecimiento económico, la desigualdad de ingresos se incrementará. No obstante, en el periodo posterior, la desigualdad de ingresos tenderá a caer con cada aumento del crecimiento. El patrón de crecimiento económico de India y los cambios en el grado de desigualdad no dicen lo mismo. El popular trabajo de investigación de dos economistas de renombre como Lucas Chancel y Thomas Piketty (Chancel y Piketty, 2017) puso de manifiesto que la desigualdad de ingresos de India alcanzó su nivel más elevado a partir de la entrada en vigor del impuesto sobre la renta en 1922. Este estudio también reveló que, entre 1951 y 1980, la brecha entre la población rica y la pobre se estaba estrechando, sin embargo esta tendencia se revirtió entre 1980 y 2014. Se estima que el coeficiente de Gini ronda el 0,5, lo que sería un máximo histórico. Un aumento general del coeficiente de Gini indica que las políticas del gobierno no son inclusivas y pueden estar beneficiando a la población rica tanto o incluso más que a la pobre.

El informe que realizó Oxfam India en 2018 muestra el aumento de la desigualdad en India durante el pasado reciente. Sostiene que el 73 % de la riqueza generada en el último año fue a parar al 1 % más rico, mientras que los 670 millones de personas que constituyen la mitad más pobre de la población india vieron aumentar su riqueza en un 1 %. Además, el número de milmillonarios ha aumentado de solo 9 en el año 2000 a 101 en 2017 (Oxfam India, 2018). El hecho de que la pandemia haya creado una crisis económica sin precedentes es indudable pero, aun así, la vulnerabilidad del 90 % de la fuerza de trabajo, que ahora se ha convertido en el centro de un debate considerable, es el resultado de la fe ciega en las fuerzas del mercado que India considera sagradas.

Conclusiones

El cómo encontrar un equilibrio entre las vidas y los medios de subsistencia es, posiblemente, la preocupación principal del país en esta coyuntura crucial de la pandemia de COVID-19. La solución a corto plazo radica en mantener vivo el sector económico de la demanda para dar un respiro al de la oferta en el futuro. Por lo tanto, la atención debería centrarse en las personas vinculadas al sector informal de la economía, agricultura incluida. Una de las opciones es la transferencia de efectivo y en especie, como el arroz o el trigo y las legumbres que se han suministrado mediante el Sistema Público de Distribución indio (PDS). Gracias a las buenas cosechas y adquisiciones de la última temporada kharif, la FCI cuenta con 59 millones de toneladas de cereales, lo que supone cerca de tres veces los 21,04 millones que establece la normativa como tope de reserva. La cosecha de los cultivos rabi también está en marcha, por lo que el suministro de los 810 millones de raciones aproximadas de arroz y trigo no es algo desalentador.

Sin embargo, es necesario reorientar los alimentos que se distribuyen a través del PDS. Añadiendo huevos, soja, aceite de mostaza, sal, patatas, cebollas y leche se mantendrá intacto el nivel nutricional y se salvará de la lucha contra el hambre y la inanición a los millones de personas vulnerables. Según las estimaciones de pobreza del Comité Rangarajan (2014), toda persona desempleada debería recibir una transferencia en efectivo de 1407 rupias en las zonas urbanas y de 972 rupias en las rurales. Si se posee una tarjeta Aadhaar vinculada a una cuenta bancaria a través del plan Jan Dhan, esta transferencia puede realizarse de manera fácil sin riesgo de robo. La asignación presupuestaria para el MGNREGA, la misión nacional de subsistencia rural y la urbana, el Mid-Day Meal y los planes PM Kishan Pension y Atal Pension puede estancarse para asegurar la transferencia de efectivo y en especie hasta que las actividades económicas prosperen con normalidad. La relación entre deuda y PIB de India es del 69,04 % (Union Budget, 2020-21). Teniendo en cuenta el hecho de que la recaudación fiscal será mucho menor de lo previsto, India debe relajar su déficit fiscal para mantenerse entre el 3,5 y el 4,5 % y debería destinar al menos el 5 o el 6 % del PIB al apoyo de las familias vinculadas al sector informal. Las exportaciones ya se han reducido un 35 % y todo Occidente se enfrenta a una recesión severa, por lo que el comercio internacional se desarrollará en un segundo plano. Ante esta situación, reavivar la economía y la demanda nacionales es la única opción, pero solo es posible si la población del sector informal sobrevive con comida y efectivo asegurados. Además, en este momento es necesario reorientar por completo el sistema de salud pública, aunque la salud es un asunto estatal. Por todo esto, no queda otra opción que la de encontrar un equilibrio entre las vidas y los medios de subsistencia. Las reformas económicas sin una red de seguridad para el sector más pobre y vulnerable, continuarán planteando interrogantes sobre los resultados orientados al crecimiento y la filosofía de las reformas económicas en India.

Anjan Chakrabarti es profesor asociado en el UGC-Human Resource Development Centre de la Universidad de Bardhaman, Bengala Occidental, India y Pooja Sharma es profesora asociada superior en el Daulat Ram College de la Universidad de Delhi.

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Artículo original: https://multidimensionmagazine.com/2020/05/16/covid-19-pandemic-need-to-revisit-economic-reform-in-india/

Fuente: https://vientosur.info/spip.php?article16101

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