El gobierno de George W. Bush insiste en que Cuba y no la política estadunidense hacia la isla es lo único que tiene que cambiar, mientras que expertos consideran que se vislumbra una apertura económica pero no política bajo el gobierno de transición. Carlos Gutiérrez, secretario de Comercio de Estados Unidos -y de origen cubano- […]
El gobierno de George W. Bush insiste en que Cuba y no la política estadunidense hacia la isla es lo único que tiene que cambiar, mientras que expertos consideran que se vislumbra una apertura económica pero no política bajo el gobierno de transición.
Carlos Gutiérrez, secretario de Comercio de Estados Unidos -y de origen cubano- ofreció ayer una apasionada defensa de la política de Washington hacia La Habana al insistir en que «la pregunta no es cuándo Estados Unidos cambiará su política, sino cuándo la cambiará Cuba».
Esta fue la respuesta contundente del gobierno de Bush ante expectativas de que frente a una creciente presión de empresarios, algunos gobernadores y legisladores republicanos y, sobre todo, la reconquista del control del Congreso por los demócratas, se podría estar considerando alguna liberalización de la política hacia Cuba.
Sin embargo, el discurso de Gutiérrez, en un foro sobre Cuba después de Fidel Castro patrocinado por el Consejo de las Américas, reveló la creciente presión en este país -incluso entre la cúpula empresarial y varios políticos del propio partido del presidente- que se está sumando a un coro en contra el embargo y la política de aislamiento de la isla. Gutiérrez insistió en que lo que debía cambiar es Cuba y no la política de Bush, y sostuvo que aquellos que dicen que el embargo impuesto desde hace 48 años debe ser descartado están «completamente equivocados».
La lógica fue aún más tortuosa cuando argumentó que Estados Unidos es el mayor proveedor de asistencia «humanitaria» a la isla, con un tercio de los alimentos y medicinas ofrecidas «por nosotros». Suspender el embargo, reiteró, no cambiará nada. «El embargo no es el problema y no es la solución… La única solución es cambiar el sistema (en Cuba)».
Gutiérrez describió el «acuerdo con el pueblo cubano» anunciado por el gobierno de Bush en que se expresa el compromiso de otorgar ayuda a ese pueblo, particularmente durante una transición política «real» -indicando que no se reconocerá un gobierno encabezado por Raúl Castro- hacia la «libertad política y económica». Estados Unidos, dijo, está preparado para ofrecer combustible, alimento y medicina y apoyar a la sociedad civil independiente durante una transición. Gutiérrez es copresidente, junto a la secretaria de Estado, Condoleezza Rice, de la llamada Comisión por la Asistencia para una Cuba Libre, establecida por Bush.
A la vez, insistió en que estos apoyos y promociones de la visión estadunidense de «libertad» no implicaban ninguna intromisión. «Nuestro presidente no tiene ningún objetivo imperialista ni tenemos planes militares», indicó, y señaló que Washington no es una amenaza para el pueblo cubano, sino que «la amenaza más grave que enfrenta Castro es la libertad». Gutiérrez, tal vez olvidando que es alto funcionario del gobierno de Estados Unidos, o tal vez no, concluyó su discurso con un «viva Cuba libre».
Por otra parte, en el mismo foro, Brian Latell, analista en la CIA y del Consejo Nacional de Inteligencia durante 35 años y ahora investigador en la Universidad de Miami, afirmó que la transición actual en Cuba está procediendo, y que se puede esperar una «nueva era con un cambio económico, pero no político» en la isla. Dijo que entre 50 y 60 por ciento de la economía cubana estaba controlada por los militares, y que «algunos de los generales de mayor rango son modernizadores» que perciben el modelo chino de finales de los 70 como un marco; apertura económica sin apertura política.
Latell comentó que la relación de Cuba con Venezuela fue «altamente personalizada» entre Fidel Castro y Hugo Chávez -Castro, señaló, fue clave en lograr que algunos militares venezolanos regresaran a Chávez al poder después del golpe-, pero que ese vínculo íntimo no necesariamente se extiende al resto del liderazgo cubano. Sin embargo, dijo que sin el subsidio petrolero de Venezuela, la economía cubana se desplomaría en crisis en dos semanas.
Afirmó que la cúpula cubana está elaborando una estrategia económica que considera la introducción de «mecanismos de mercado en una escala mayor». Una apertura económica ofrece nuevas posibilidades para la relación comercial con Estados Unidos y otros países, entre ellas el etanol procesado de caña de azúcar, las reservas petroleras, la producción y exportación de vegetales y frutas de invierno y mano de obra altamente calificada.
Posada Carriles
Preguntado por La Jornada durante el foro qué le aconsejaría a Bush sobre cómo manejar el caso de Luis Posada Carriles, Latell primero dijo que no deseaba declarar nada sobre un caso legal pendiente, y rápidamente agregó que «no lo conozco», y «no sé qué es la cadena de pruebas» en su contra. Repitió varias veces que simplemente no quería hablar de eso, que no conocía al hombre que durante décadas ha sido una de las figuras anticastristas más conocidas, acusados de ser el autor intelectual del acto terrorista más mortal del hemisferio hasta el 11-S (el bombazo del avión de Cubana donde perecieron 77 personas) en 1976, y quien durante algún tiempo estaba en la nómina de la CIA y cuya extradición han solicitado Venezuela y Cuba.
De hecho, hoy un juez federal en El Paso, Texas, descartó peticiones de Posada Carriles de ser liberado por las autoridades migratorias. El juez Philip Martinez declaró que no podía dar curso a la petición ya que Posada Carriles ya no está bajo custodia de las autoridades migratorias, sino que enfrenta cargos criminales presentados el 11 de enero acusado de mentir a autoridades federales sobre su ingreso al país.
El gobierno estadunidense ha buscado deportar a Posada Carriles sin éxito, ya que ningún país le ha ofrecido asilo, mientras que ha rehusado responder a la solicitud de extradición de Venezuela, sobre la base de que podría ser sujeto a tortura. A la vez, también ha evitado designarlo como «terrorista» bajo las nuevas leyes del 11-S y con ello mantenerlo encarcelado de manera indefinitiva. El caso ha causado gran incomodad para el gobierno de Bush, ya que está albergando un «terrorista» mientras lleva a cabo su gran cruzada «anti-terrorista» en la política interna y exterior.