La revelación del encuentro secreto entre Mariano Rajoy y Carles Puigdemont en La Moncloa, el pasado 11 de enero, sirvió de pistoletazo de salida de esta recta final. Un encuentro que no condujo a ningún resultado práctico pero que puso en evidencia tanto al president Puigdemont y Neus Munté, consellera de presidencia y portavoz del […]
La revelación del encuentro secreto entre Mariano Rajoy y Carles Puigdemont en La Moncloa, el pasado 11 de enero, sirvió de pistoletazo de salida de esta recta final. Un encuentro que no condujo a ningún resultado práctico pero que puso en evidencia tanto al president Puigdemont y Neus Munté, consellera de presidencia y portavoz del ejecutivo catalán, como al presidente del PP catalán, Xavier García Albiol que negaron enfáticamente la existencia de dicha reunión.
La confirmación del encuentro supuso un duro golpe para los dirigentes del Govern, no solo por haber sido pillados en una flagrante mentira, sino porque cuestiona uno de los leitmotivs de la propaganda secesionista, según la cual el gobierno español se niega a negociar. Tampoco García Albiol quedó en muy buen lugar. O no estaba informado del asunto, lo cual muestra su irrelevancia en los temas de fondo, o mintió para mantener la postura oficial de que el PP no negocia con los independentistas.
En esta fase resolutiva del procés, el gobierno español ha redoblado su estrategia de hacer frente al reto soberanista mediante la acción decidida de los tribunales y esgrimiendo el estricto cumplimiento de la ley. Al tiempo que, en las columnas de los medios de comunicación madrileños, menudean los artículos reclamando la aplicación del artículo 155 de la Constitución, para que el gobierno central asuma las competencias de la Generalitat lo que, en la práctica, supone una suspensión de la autonomía.
Así, mientras se han celebrado, en Madrid y Barcelona, los juicios contra los responsables políticos del 9N, se acumulan las notificaciones contra la presidenta, Carme Forcadell, y los miembros de la mesa del Parlament. Esto ha dado lugar a situaciones esperpénticas como la exoneración «por su trayectoria política», a pesar de votar a favor de la celebración del referéndum, de Joan Josep Nuet, diputado de Catalunya Sí que Es Pot (CSQP) y líder de EUiA, quien no sólo mostró su indignación por no ser imputado, sino que realizó una encendida defensa del convergente Francesc Homs, ampliamente difundida por los medios independentistas ¿Quién iba a imaginar hace unos años que un dirigente «comunista» se situase en primera línea de la defensa de un conspicuo representante de la burguesía catalana? Ello ante el evidente malestar de los portavoces de su grupo parlamentario, Joan Coscubiela y Lluís Rabell. Paralelamente, el dirigente de En Comú Podem, Xavier Domènech, se desplazó al Parlamento Europeo para recabar apoyos para el referéndum pactado. Una tarea más propia de las formaciones nacionalistas que de un líder de un partido de izquierda cuyas bases sociales no simpatizan con la eventual secesión.
Tras meses de feroces ataques por parte del bloque independentista a la coalición izquierdista, ahora están siendo objeto de numerosos requerimientos y atenciones. A nadie se le escapa que son la única formación que puede apoyarles en caso de convocatoria unilateral del referéndum. Ahora bien, en este supuesto podría desencadenarse una fuerte confrontación interna entre las organizaciones que ahora están encarando el proceso de confluencia para la constitución de un nuevo partido entre fuertes resistencias de la sección catalana de Podemos. En el interior de En Comú Podem y CSQEP se están desarrollando semejantes contradicciones a las que en su día dividieron al PSC e ICV respecto a la cuestión nacional, que pueden estallar violentamente si el ejecutivo catalán decide convocar el referéndum y se ven obligados a posicionarse. En este punto se plantea la duda de si el bloque soberanista busca su apoyo o propiciar su división interna.
Independencia y corrupción
Los procesos sobre el 9N y las imputaciones a la presidenta y la mesa del Parlament han coincidido con las revelaciones de un empresario, acusado en el caso del 3%, implicando a Artur Mas en la comisiones ilegales y la apertura de la vista oral sobre el saqueo del Palau de la Música. Este juicio adquirió un giro inesperado tras la noticia de que Jordi Montull, número dos del Palau, estaba dispuesto a tirar de la manta sobre la financiación irregular de Convergència. Esto ha comportado que el abogado del tesorero de CDC, Daniel Osàcar, por cierto el mismo que defendió a Joana Ortega en el 9N, retire a sus testigos. Acaso para evitar las imputaciones por falsos testimonios.
Los dirigentes del PDeCAT se han quedado solos en la clásica argumentación pujolista que los procesos de corrupción contra su partido responden a un ataque del Estado a causa del giro independentista. ERC, su socio en Junts pel Sí, no ha movido un dedo en su defensa, sabedores que la mayoría de la ciudadanía del país ya no cree en estas explicaciones y cuando la corrupción estructural de la antigua CDC es uno de los grandes argumentos para aposentar su hegemonía en el bloque nacionalista.
La estrategia judicial del PP contra el proceso soberanista respecto a las actuaciones políticas de la mayoría parlamentaria y el gobierno catalán, presenta el problema derivado del cuestionamiento de la independencia del poder judicial. La escandalosa sentencia del caso Nóos, la destitución y las amenazas denunciadas por el fiscal anticorrupción de Murcia por atreverse a investigar al presidente de la comunidad autónoma o la renovación de cuatro vocales del Tribunal Constitucional, al viejo estilo de pasteleo entre PP y PSOE… arrojan espesas sombras de duda sobre la calidad democrática de la justicia española que están siendo exprimidas por el poderoso aparato mediático independentista. Una desconfianza agravada por las revelaciones sobre la llamada «operación Cataluña», capitaneada por el anterior ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, sectores de la cúpula del aparato policial y el director de la Oficina Antifraude catalana, Daniel de Alonso, nombrado en el cargo a propuesta de Convergència.
Argucias parlamentarias.
Uno de ejes de la estrategia mediática y política del movimiento secesionista radica en acusar al Estado español de neofranquista y escasamente democrático por no permitir el referéndum de autodeterminación y castigar penalmente «poner las urnas» en el 9N. Ejemplos de ello son las manifestaciones, en sede parlamentaria, del president Puigdemont denunciando la «enfermedad» de la democracia española o del portavoz de Junts pel Sí, Jordi Turull, quien comparó las imputaciones a los miembros de la mesa del Parlament con el fallido golpe de Estado de Tejero.
Esta línea argumental se ha visto gravemente comprometida con la propuesta de Junts pel Sí de reforma del reglamento de la cámara catalana, para tramitar por la vía de urgencia, hasta ahora reservada al gobierno y que precisa del apoyo de todos los grupos parlamentarios. Se trata de aprobar sin posibilidad de enmiendas y en lectura única la ley de transitoriedad jurídica, mediante la cual la legalidad española sería sustituida por la catalana lo cual permitiría la celebración del referéndum unilateral. Una ley hasta ahora mantenida en el más estricto secreto y de la que los parlamentarios sólo tendrían conocimiento el mismo día de su aprobación.
Este argucia normativa concebida para dificultar su impugnación por el Tribunal Constitucional, pero también para impedir un debate a fondo de una ley de tanta trascendencia ha motivado las quejas de los letrados del Parlament, que han recordado a la presidenta del Parlament la preceptiva constitución de una ponencia conjunta para una reforma de tal calado y las duras críticas de los grupos de la oposición. También el desmarque de la CUP y de algunos diputados de Junts pel Sí que ven cuestionada la línea estratégica antes citada y condensada en la consigna Love democracy. Unas críticas significativas en el caso de CSQEP cuyo portavoz, Lluís Rabell, ha amenazado con «montar un pollo» si la reforma llega a aprobarse. Todo ello ha comportado la retirada de la propuesta inicial y su reconsideración para volver a ser tramitada la próxima semana con «condiciones»; es decir, para ser estudiada por una ponencia conjunta.
La propuesta de reforma reglamentaria revela el carácter instrumental que las garantías democráticas tienen para los dirigentes del movimiento soberanista: se invocan los procedimientos democráticos, como las consultas populares, cuando favorecen la causa independentista, pero se rechazan si, como en el preceptivo debate parlamentario, son obstáculo para alcanzar el objetivo de la separación.
El dictamen del Consell de Garanties Estatutàries sobre los presupuestos de la Generalitat ha significado un duro revés para los planes de Junts pels Sí. Se trata de un órgano consultivo compuesto por juristas nombrados por el Parlament de Catalunya, que funciona como una especie de Tribunal Constitucional, que ha declarado ilegal la partida consignada para la celebración del referéndum. Según este organismo no puede dedicarse una partida para celebrar una consulta para lo cual solo el gobierno central tiene competencias. Mientras la oposición se ha apresurado a exigir la disolución de la Cámara y la convocatoria de elecciones, Puigdemont se ha encastillado y, argumentado que se trata de un órgano consultivo, y no piensa seguir sus recomendaciones. En este caso no se puede argüir un ataque del Estado, sino de la resolución de un organismo dependiente de la Generalitat, con lo cual el ejecutivo catalán estaría vulnerando su propia legalidad, en una huída hacia adelante.
Este breve periplo por los frentes políticos y judiciales del proceso soberanista muestra, por utilizar una metáfora militar, la acumulación desigual de fuerzas cara a la batalla final.
Fuente: http://www.elviejotopo.com/topoexpress/periplo-por-los-frentes-politicos-y-judiciales-en-catalunya/
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