Es cierto que la actuación del gobierno en relación al terremoto que ha devastado las ciudades de Ica, Pisco, Chincha y Cañete ha sido desastrosa, altamente burocratizada y hasta deplorable en el sentido práctico de la ayuda humanitaria. Pero es cierto también que ninguna institución estatal ha estado a la altura de las circunstancias para […]
Es cierto que la actuación del gobierno en relación al terremoto que ha devastado las ciudades de Ica, Pisco, Chincha y Cañete ha sido desastrosa, altamente burocratizada y hasta deplorable en el sentido práctico de la ayuda humanitaria. Pero es cierto también que ninguna institución estatal ha estado a la altura de las circunstancias para enfrentar un desastre natural de grandes proporciones y que ha desnudado ante la opinión pública nacional e internacional, lo endeble y frágil que es este Estado neoliberal, construido sobre las miserias y los andrajos dejados por Alberto Fujimori.
Ni Defensa Civil, ni el PRONAA, ni el Gobierno Regional, ni ninguna institución ha podido responder a los requerimientos de una población abatida por la sed y por el hambre. Pero lo que ha puesto en evidencia también este terremoto es la falta de una clase política dirigente que organice y oriente la conducta y la movilidad social de las poblaciones afectadas.
El saqueo y la anarquía vivida posterior al 15 de agosto, es producto de ello. Sin embargo, a pesar del desastre, y las consecuencias económicas y sociales que traerá el proceso de reconstrucción de la ciudad, creemos que la izquierda y sus cuadros tienen una importante tarea por realizar y plasmar en perspectiva, si logran sacudirse a tiempo del polvo y los escombros de una ciudad castigada por la naturaleza.
Recomponer el tejido social
Una de las primeras tareas que debe orientar el trabajo de las organizaciones de izquierda es la de liderar el proceso de reconstituir el tejido social, organizativo y político de las zonas afectadas. Las secuelas posteriores al terremoto en el plano social, han demostrado que hay una carencia y una debilidad preocupante en las organizaciones sociales, así como una falta de voluntad de parte del gobierno para articular e impulsar el trabajo de reconstrucción con las organizaciones de base como las Asociaciones de Vecinos, Los Frentes de Defensa, los sindicatos entre otros.
Esto es importante señalarlo, porque si la izquierda logra recomponer parte del tejido social y político y lo une a una propuesta de participación popular en la gestión del espacio geográfico a través de los gobiernos locales, entonces logrará insertarse políticamente en las decisiones que incumben a la reconstrucción de las zonas afectadas.
El gobierno por su parte ya ha avanzado en nombrar al empresario y ex presidente de la CONFIEP Julio Favre como Zar de la Reconstrucción y lo designado como presidente de lo que será el Directorio del Fondo de Reconstrucción del Sur (FORSUR), organismo que contará con un presupuesto inicial de S/. 260 millones de soles.
La designación de Favre no es casual. Es indudable que detrás de este nombramiento se mueven diversos intereses económicos ligados principalmente a las grandes empresas y corporaciones del sector de la construcción. Quizá en esa dirección esté planteada la inclusión de Jaime Cáceres, actual presidente de la CONFIEP en el directorio de FORSUR y del ex Ministro de Economía Pedro Pablo Kuczinsky.
En este tema, que duda cabe, entrarán en discusión las visiones de lo que debe ser la reconstrucción de las zonas afectadas. O se cede al manejo centralista y utilitario del gobierno y los grandes empresari os, o como sugiere el Dr. Roberto Rodr íguez Rabanal, se plantea una gestión para la reconstrucción productiva y solidaria, orientada al desarrollo humano sostenible que parta de una mirada de largo plazo y que tenga como elemento fundamental la planificación participativa y concertada con las organizaciones sociales y populares.
Una propuesta que parta desde la izquierda debe recoger y considerar esto último, la participación popular en la reconstrucción a través de los comités de gestión y de los presupuestos participativos municipales. Esto sin dejar de considerar las iniciativas de organización y fiscalización que la misma población pueda constituir. Esto es vital en el sentido de que los municipios, al estar más ligados a las necesidades locales, tienen un mejor diagnóstico de lo que podría ser un mapa de riesgo entre las poblaciones afectadas; esto con la finalidad de canalizar de mejor manera la ayuda económica.
De otro lado, lo único que le puede dar sustento a una reconstrucción que recoja las necesidades, ideas y propuestas de la población es la organización social desde los barrios, las asociaciones de vecinos, los comedores populares, los gremios y sindicatos. Son estos entes los que podrían exigir al gobierno central la creación de un Impuesto Especial de Emergencia a las empresas mineras que gozan de contratos de estabilidad tributaria y que se encuentran exonerados de una serie de impuestos al Estado. A su vez, la exigencia de que programas como Mi Barrio o el Fondo Mi Vivienda se constituyan al lugar del desastre con programas populares.
Sin estos espacios de participación popular, todo intento por renacer de los escombros será prácticamente inviable o estará sujeta al designio de un empresario más interesado en cómo lograr réditos económicos, que aliviar el drama de miles de familias. He ahí parte de la responsabilidad de la izquierda.