La multinacional Repsol ganó 4.251 millones de euros en 2022, y ha anunciado un aumento del 11% en la remuneración en efectivo para sus accionistas en 2023 (“se mantiene entre las más atractivas del sector y del IBEX 35”, según la empresa).
En 2021 la firma obtuvo un beneficio neto de 2.499 millones de euros. “El debate social sobre el beneficio empresarial hay que ponerlo en contexto (…); somos conscientes de nuestra labor como servicio esencial para la sociedad”, ha afirmado el consejero delegado Josu Jon Imaz (el directivo ganó 4,13 millones de euros en 2022, un 3,5% más que el año anterior, según Forbes).
El pasado 15 de enero se cumplió el primer aniversario del “mayor vertido del petróleo en el mar de Perú”, constata la asociación Entrepobles; la responsabilidad recae en la compañía Repsol, que opera en este país desde 1995. El primer derrame se produjo en el Terminal Multiboyas 2 de la Refinería La Pampilla (provincia del Callao), perteneciente a la empresa RELAPASAA (grupo Repsol).
Se vertieron cerca de 12.000 barriles de petróleo en las playas de Ventanilla, con un impacto sobre más de 11.000 hectáreas; diez días después tuvo lugar una segunda fuga de hidrocarburos –de menores proporciones- en el Terminal de la empresa española.
“Desde el inicio del derrame, y en estos últimos meses, la empresa viene gestionando de manera discrecional las acciones de compensación y reparación con los sectores afectados de Ventanilla y zonas aledañas, ofreciendo indemnizaciones sin sustento técnico ni considerando todas las implicaciones del ecocidio que ha producido”, denuncia Entrepobles.
Personas afectadas por el vertido dieron cuenta del desastre -el 18 de febrero-, en una charla organizada por la citada asociación solidaria en el jardín comunitario Cabanyal Horta de Valencia. En el contexto de una gira por diferentes ciudades españolas (Repsol hazte cargo. Contra la impunidad de las transnacionales), participó el pescador artesanal (con cerca de 40 años de experiencia) Zenón Gallegos, también presidente de la Asociación Sindicato de Pescadores Artesanales del Puerto de Chancay.
Asimismo intervino el pescador y presidente de la Asociación de Pescadores Artesanales del distrito de Aucallama (APADA), Luis Antonio Díaz; y el sociólogo y director de la ONG peruana CooperAcción, Alejandro Chirinos.
En la jornada se difundieron los datos del impacto ambiental generado por el derrame: 48 playas (25 de uso recreacional), dos áreas naturales protegidas (la Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras; y la Zona Reservada de Ancón); el número de personas afectadas –con sus medios de vida: pesca, comercio y turismo-, que podría alcanzar las 10.300 (empadronadas en la zona), y que se elevarían a más de 50.000 si se consideraran también las familias.
A ello se agrega la muerte de más de 800 ejemplares de fauna (en los primeros meses, según fuentes oficiales), por ejemplo especímenes de lobo marino chusco, Zarcillo (avifauna), la nutria marina y el pingüino de Humboldt (en algunos casos se trata de fauna vulnerable o en peligro de extinción).
“En las semanas previas a cumplirse un año del derrame, la empresa publicó una serie de comunicados señalando que prácticamente todos los problemas generados habían sido solucionados. Sin embargo, las autoridades peruanas siguen reportando 71 áreas afectadas (…)” (comunicado Entrepobles, 13 de febrero).
En enero CooperAcción publicó el informe A un año del derrame de Repsol ¿Qué avances existen y qué está pendiente?, realizado por Ana Leyva, Mario Zúñiga y Alejandro Chirinos. El documento analiza las tres hipótesis que se plantearon como causa del vertido: un fuerte oleaje; el incumplimiento en las normas de seguridad; y la falta de mantenimiento en las instalaciones de RELAPASAA (Repsol). Se desarrolló “una contención, limpieza y recuperación de hidrocarburos tardía y poco diligente”, concluyen los investigadores.
El informe de CooperAcción incluye el testimonio de población afectada, como el de un pescador no embarcado, de 25 años, del distrito de Aucallama: “La empresa saca su comunicado (el 14 de abril) indicando que había hecho la limpieza de todas las zonas afectadas dejándolas aptas, pero no es verdad. Nosotros hemos salido a recorrer nuestras orillas, acantilados y lo que vemos son enormes cantidades de crudo en las playas; han sido devueltas del fondo a la orilla gracias a los oleajes que levantan todo con las correntadas (…)”.
Otro punto de interés son los siete procedimientos administrativos sancionadores que afronta Repsol, iniciados por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), dependiente del Ministerio de Medio Ambiente; a los que se suman seis por parte del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN).
Un ejemplo de las movilizaciones populares sucedió el 11 de noviembre de 2022; una gran marcha pacífica promovida por más de 20 asociaciones de pescadores artesanales, estibadores, armadores e integranes del sector transportista partió de la plaza 2 de mayo de Lima, En defensa de nuestras playas. #RepsolEcocida. Los colectivos provenían de los distritos de Ventanilla, Santa Rosa, Ancón, Aucallama y Chancay.
Entre las reivindicaciones figuraba la exigencia a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) de una garantía del cumplimiento –por parte de Repsol- de las “obligaciones” asumidas con los pescadores; “a la fecha RELAPASAA ha decidido de manera unilateral dejar de abonarles los adelantos de compensación económica”, apuntaba la convocatoria; de manera que se ponía en “grave riesgo” la subsistencia, educación y alimentación de miles de familias.
El 14 de enero CooperAcción recogía las palabras de uno de los trabajadores de Ventanilla: “La alimentación en la casa ha disminuido, hemos tenido que racionar los productos que teníamos”; antes de la catástrofe “mi abuelo y yo todos los días podíamos comer pescado fresco, y nunca nos aburrimos porque desde niño había comido así”.
Y a los cuatro meses del desastre, los relatores especiales de Naciones Unidas remitieron una carta a los gobiernos de Perú, España, Países Bajos y la firma Repsol, en la que constataban cómo el derrame estaba afectando “de forma severa los derechos humanos”. Evaluaban además “que los metales pesados del crudo permanecerán en el ecosistema durante muchos años”.
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