Las protestas contra la guerra, los grupos pacifistas, los activistas antibélicos están teniendo en Estados Unidos exactamente el mismo tratamiento destinado a los sospechosos de terrorismo: son estrechamente rondados y observados por una maquinaria de espionaje, calificada por algunos como una insidiosa cultura de vigilancia. Supuestamente, para los menesteres de escudriñar en la vida y […]
Las protestas contra la guerra, los grupos pacifistas, los activistas antibélicos están teniendo en Estados Unidos exactamente el mismo tratamiento destinado a los sospechosos de terrorismo: son estrechamente rondados y observados por una maquinaria de espionaje, calificada por algunos como una insidiosa cultura de vigilancia.
Supuestamente, para los menesteres de escudriñar en la vida y obra de quienes cometen delitos graves dentro de EE.UU. estaría el FBI (Buró Federal de Investigaciones), pero las potencialidades acrecentadas de todo el sistema de inteligencia, desde que George W. Bush y su equipo neoconservador tomaron las riendas del poder, han comprometido en las tareas de seguimiento doméstico a otras instituciones del espionaje, como la Agencia Nacional de Seguridad (NSA), la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y hasta el mismísimo Pentágono. Prácticamente se vigila a todos o una gran parte de los estadounidenses, sin importar que sean patriotas y honestos.
La olla, con ese cocido lleno de peligro para una sociedad supuestamente garante de las libertades individuales y la democracia política, tiene por estos días un nuevo destape y sobran las evidencias.
Un grupo de estudiantes de los grados 11 y 12 de la Escuela Secundaria Católica Vanier, en el Yukon canadiense, que participaron junto a sus maestros en una demostración pacifista en Alaska, el pasado año, ha sido etiquetado como «amenaza» por la Homeland Security (Seguridad Nacional), todo porque levantaron sus carteles y voces de protesta contra la proliferación de misiles frente a Fort Greely.
El FBI, durante 12 meses y comenzando en agosto de 2033, lanzó una investigación terrorista contra PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) en Norfolk, Virginia, dándole a esa asociación que defiende a los animales la connotación de «enemiga» del país.
Los investigadores federales también infiltraron el Comité Árabe-Norteamericano contra la Discriminación, y en un documento enviado a la unidad contraterrorista del FBI en Los Angeles nombró a miembros de esa organización con base en Washington que participaron, en mayo de 2002, en una conferencia en Stanford, California, para protestar las sanciones contra Iraq.
Greenpeace, reconocida organización internacional que lucha contra la contaminación ambiental, y el Grupo Trabajadores Católicos (Catholic Workers/CW) también aparecen en la relación de las instituciones-amenaza, porque en mayo de 2001 realizaron acciones para interrumpir las pruebas de misiles en California. El reporte del FBI anota sobre CW: «abogan por una distribución comunista de los recursos».
Estos casos citados sirven para medir el nivel de paranoia con que trabaja la administración Bush que acompañó en esa lista de organizaciones-amenaza para el Pentágono a más de 1 500 grupos contra la guerra, incluidos los Cuáqueros de la Florida y las uniones estudiantiles de las mayores universidades estadounidenses, consideradas también un «riesgo para la seguridad nacional».
Por supuesto, el FBI considera que esas investigaciones se han hecho apropiadamente y sujetas a las leyes estadounidenses y los lineamientos del Departamento de Justicia. John Miller, director asistente del cuerpo de agentes federales, presentó este argumento como epitafio: «Si usted termina con su nombre o el nombre de su grupo en los files del FBI es porque usted está haciendo cosas».
ACLU ACUSA AL FBI
Basados en cientos de documentos fuertemente censurados por el Buró Federal de Investigaciones, obtenidos al amparo de la Ley de Libertad de Información, abogados de la Unión Norteamericana de Libertades Civiles (ACLU) acusan al FBI de usar indebidamente a los agentes investigadores del terrorismo en el monitoreo de organizaciones políticas domésticas involucradas en protestas pacíficas. Los documentos están en el sitio web: www.aclu.org/spyfiles.
Tanto el Departamento de Defensa como el FBI tienen sus propias listas de sospechosos o de organizaciones «amenaza», y ese amplio espectro para el escudriñamiento indiscriminado ha colmado la copa con las prerrogativas especiales dadas por George W. Bush a la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) para escuchar en secreto y sin autorización judicial las llamadas telefónicas originadas en Estados Unidos hacia el exterior o viceversa.
La orden, reconocida con altanería en uno de sus mensajes radiales sabatinos, le ha ganado a Bush el calificativo de Rey George entre algunos críticos de ese poder absolutista.
Pero, a despecho de que se considera y constituyen un real abuso de poder, es inconstitucional, antinorteamericano, y contrario a los intereses de cualquier definición de una democracia saludable, como han dicho muchos en el debate suscitado, el Fiscal general, Alberto R. Gonzales, dijo que el presidente Bush tiene «autoridad inherente» para conducir la vigilancia secreta sobre personas dentro de Estados Unidos sin obtener una orden legal de ningún cuerpo judicial.
De esta forma Gonzales, que cuando era asesor en la Casa Blanca redactó y firmó el extenso memorando presidencial que permite el uso de métodos de tortura en los interrogatorios de los detenidos clasificados como «combatientes enemigos» o «sospechosos de terrorismo», le da la espalda al poder judicial que él mismo dirige y que los Padres fundadores de Estados Unidos consideraron debía servir de equilibrio -junto con el Congreso, o poder legislativo- para evitar una dictadura presidencial.
Nada arredra a los neoconservadores en la puesta en práctica de sus políticas imperiales. Ahora mismo, el Departamento de Seguridad de la Patria o Territorial, como quiera llamársele, está consolidando su preparación contra el terrorismo y los desastres naturales con un directorio para estar listos, que ha obtenido 4 000 millones de dólares para su primer año de operaciones. Si la política del departamento que dirige Michael Chertoff se mantiene exactamente igual que antes de los huracanes Katrina y Rita, el grueso de esa suma se la llevarán las operaciones antiterroristas.
Pero, la impúdica actuación del reyecito Bush ha motivado más de un rechazo. La Cámara acaba de prorrogar las prerrogativas represoras de la llamada Ley Patriota, aunque solo por un mes y en el Senado hay un fuerte debate en el que incluso cuatro senadores republicanos formaron filas con los demócratas; no pocos editoriales o artículos de la gran prensa se muestran alarmados por la amenaza que ven a las libertades civiles, y un caso especial ha sido el del juez federal de distrito en Washington, James Robertson.
Robertson acaba de presentar su renuncia como uno de los once miembros de Corte de Vigilancia de la Inteligencia Extranjera, que supervisa la aplicación del gobierno de la vigilancia secreta sobre extranjeros y ciudadanos estadounidenses sospechosos de terrorismo o espionaje. Su decisión fue tomada aparentemente en protesta por la autorización secreta que Bush hizo al programa de espionaje, ha dicho The Washington Post.
La renuncia de Robertson se reportó horas después que el vicepresidente Dick Cheney defendiera vigorosamente el programa de vigilancia sin orden judicial y llamara a establecer poderes presidenciales «fuertes y robustos», pues considera que la autoridad ejecutiva ha sido erosionada desde las eras Watergate y Vietnam.
El debate se calienta, el uso de poderes casi absolutos por parte de esta administración no solo tiene que ver con el asunto espionaje interno, son muchas las decisiones comprometedoras que, en lugar de fortalecer la posición de Estados Unidos, pueden estar debilitándolo como gigante con pies de barro.