Nueve de los treinta miembros de la Junta de Política de Defensa del Pentágono están vinculados a empresas que ganaron contratos por 76.000 millones de dólares sólo en el período 2001/02 y de manera perfectamente inadvertible No se crea que pocos son los elegidos que tienen poderes ocultos. No en EE.UU. por lo menos. […]
Nueve de los treinta miembros de la Junta de Política de Defensa del Pentágono están vinculados a empresas que ganaron contratos por 76.000 millones de dólares sólo en el período 2001/02 y de manera perfectamente inadvertible
No se crea que pocos son los elegidos que tienen poderes ocultos. No en EE.UU. por lo menos. En el 2006 eran 67.000 los integrantes de 900 comités, subcomités, comisiones, juntas y/o paneles que asesoran al Departamento de Agricultura, al Pentágono, al Departamento de Energía y a otros ministerios y organismos federales sobre las materias más diversas, desde las violaciones en el seno de las fuerzas armadas hasta el transporte, la producción y el almacenamiento de petróleo y gas natural.
Sus nombres difícilmente aparecen en los medios y constituyen un poder invisible. Manipulan políticas de Estado y no pocas veces en favor de intereses igualmente diversos. Los cabilderos del Congreso o del Poder Ejecutivo son conocidos. Ellos, casi no.
La existencia de estos organismos es perfectamente legal: la Ley de comités asesores federales (FACA, por sus siglas en inglés) fue aprobada en 1972. Sólo que se aplica de manera particular: pareciera que la elección de quienes los componen tiene que ver más con sus lealtades políticas y económicas que con su experiencia en las materias que les toca examinar. Así lo piensa el representante demócrata Brian Bird: «Sucede -dijo- que se distorsiona deliberadamente la selección de algunos panelistas, se designa a los de ciertas ideologías y se rechaza a los de otras ideologías. Viene intencionalmente contaminada la información que recibimos». No se trata apenas de ideologías, por supuesto.
El inspector general del Departamento de Educación identificó en un panel de 25 miembros a seis que tenían «conexiones profesionales significativas con un método pedagógico que exige el empleo de un programa de lectura determinado», lo que entrañaría el envío privilegiado de fondos a los estados donde se aplica dicho método (The Center for Public Integrity, 29-3-07). Los abogados de Earthjustice -organismo no gubernamental que defiende la aplicación de las leyes ambientales- incoaron un proceso al representante comercial de EE.UU. (USTR, por sus siglas en inglés), instancia que defiende encarnizadamente las bondades del libre comercio: presentaron pruebas de que seis de sus comités asesores están dominados por intereses empresariales. Estos comités evalúan los daños que nuevos productos químicos y farmacéuticos pueden causar a la población. Porque, se sabe, lo principal es la salud. De las corporaciones.
El Dr. Henry Anderson y el especialista Richard Espinosa fueron cesados en el 2005 en sus cargos de la junta asesora que, entre otras cosas, administra programas de indemnización a los trabajadores de la industria nuclear. Hay indicios de que el Departamento de Trabajo consideró que se inclinaban demasiado en favor de los damnificados por radiaciones nucleares. En octubre del 2005, poco después de comunicarles la medida, Shelby Hallmark -director de la oficina de programas de compensación dependiente de ese departamento- elevó un memorándum en el que señalaba que la junta a la que pertenecían los dos científicos recurría a criterios «confusos» para recomendar que un número de trabajadores obtuviera una indemnización y otros beneficios médicos.
Hallmark explicaba que había expirado el mandato de dos miembros y que reemplazarlos «mejoraría de manera importante el equilibrio de la junta» (www.judiciary.house.gov, 15-11-06). Así fue. El Departamento de Trabajo rechazó hasta febrero del 2007 unos 56.000 reclamos de los 90.000 que presentaron las víctimas de cáncer y otras enfermedades provocadas por la exposición al plutonio y al uranio. Es decir, desahució a más del 62 por ciento de los afectados por la industria nuclear.
Los paneles y comités asesores suelen reunirse a puerta cerrada y sellar las actas de las sesiones. A veces se disfrazan de grupos de trabajo no contemplados por la ley y que no la contemplan. El tribunal de apelaciones del circuito de Washington consideró que no están sujetos a la reglamentación de FACA y la Suprema Corte de Justicia falló que tampoco lo estaba el grupo que el vicepresidente Dick Cheney convocó para diseñar las políticas energéticas del gobierno antes de la invasión a Irak.
El detalle es que la mayoría de estos «asesores» tenía intereses declarados en las industrias del ramo, pero Dick no es detallista. Ni el único en la práctica: nueve de los treinta miembros de la Junta de Política de Defensa del Pentágono están vinculados a empresas que ganaron contratos por 76.000 millones de dólares sólo en el período 2001/02 y de manera perfectamente inadvertible.
Antes los poderes ocultos permitían la levitación, la telequinesis, la magia verdadera y otras maravillas. Hoy, en EE.UU., esos poderes se reducen a uno solo: el de hacer dinero. Mucho.