El Gobierno de la RDC tiene que actuar en base a las recomendaciones de una investigación del Parlamento congoleño que ha sacado a la luz la explotación ilegal de los recursos naturales y las ganancias sacadas del conflicto armado, declaró un grupo de organizaciones internacionales de primera línea, activas en el tema de derechos humanos, […]
El Gobierno de la RDC tiene que actuar en base a las recomendaciones de una investigación del Parlamento congoleño que ha sacado a la luz la explotación ilegal de los recursos naturales y las ganancias sacadas del conflicto armado, declaró un grupo de organizaciones internacionales de primera línea, activas en el tema de derechos humanos, el medioambiente y la ayuda.
En junio de 2005, la Comisión Lutundula, una comisión especial de la Asamblea Nacional dirigida por el diputado Christophe Lutundula, entregó un informe relativo a las investigaciones efectuadas sobre los contratos mineros y otros contratos de negocio firmados por los rebeldes y las autoridades gubernamentales entre 1996 y 2003, cuando la guerra estaba en su punto álgido en el Congo.
El informe constataba que docenas de contratos eran o bien ilegales o bien que tenían un valor limitado para el desarrollo del país. El informe recomendaba su anulación o su renegociación. Recomendaba también una acción judicial contra un cierto número de actores de alto rango pertenecientes al mundo político, de los negocios o implicados en esas operaciones.
Con un retraso de 8 meses, la semana pasada, la oficina de la Asamblea nacional, dirigida por Olivier Kamitatu, decidió difundir el informe a todos los diputados, aunque no se había tomado decisión alguna sobre la fecha de su examen oficial por parte de la Cámara. Fuentes locales dijeron que el retraso se debía a las presiones ejercidas por los políticos de alto rango citados en el informe y por los representantes de los partidos políticos principales, que hubieran deseado enterrarlo antes de las elecciones previstas en mayo. La discusión referente a este informe la ha retrasado ya dos veces la Asamblea nacional y corre el riesgo de que se rechace con posterioridad debido a un programa parlamentario cargado.
«Durante años, los políticos del Congo han concluido contratos que les enriquecían pero que no aportaban ningún beneficio a los congoleños. Los beneficios de esos contratos se obtuvieron con frecuencia al precio de sufrimientos y pérdidas humanas enormes» declaró la coalición de organizaciones no gubernamentales. «El Parlamento tiene que examinar con lupa las conclusiones de la Comisión Lutundula y considerar como responsables de sus acciones a los actores políticos, antes de la llegada de las elecciones».
Desde la llegada al poder del Gobierno de Transición, en junio de 2003, grupos armados vinculados a países vecinos y responsables corrompidos del Gobierno congoleño han continuado explotando económica e ilícitamente, al país. El mes pasado, un Grupo de las Naciones Unidas encargado de la observación de los movimientos de armas, expuso al Consejo de Seguridad que la rivalidad por el control de los recursos naturales continúa alimentando el violento conflicto que desgarra el Este y el Sur del Congo.
El informe de la Comisión Lutundula llama la atención sobre la explotación ilegal en curso y recomienda una moratoria inmediata sobre la firma de nuevos contratos hasta que se celebren las elecciones. Para garantizar la continuidad del trabajo de examen liderado por el Parlamento, el informe hace una llamada para que se amplíe el mandato de la Comisión a fin de que puedan también estudiarse los contratos firmados durante el período del Gobierno de Transición de junio de 2003 hasta hoy. Formuladas hace 8 meses, estas recomendaciones se han visto ignoradas. Al mismo tiempo, los actores políticos y los del mundo de los negocios han concluido nuevos contratos mineros sin una supervisión verdadera.
Mientras que realizaban esta investigación, ciertos miembros de la comisión fueron amenazados y tuvieron tropiezos con políticos, responsables y apoderados de empresas que rehusaban contestar a sus preguntas. A pesar del apoyo que aportó el Banco Mundial al trabajo de la comisión, un cierto número de países y organizaciones internacionales rehusaron apoyar a la comisión. Responsables de Naciones Unidas y del Senado belga, instancias que han investigado la extracción de recursos naturales del Congo entre los años 2000 y 2003, rehusaron comunicar informaciones importantes sobre ciertos contratos ilegales, pretextando confidencialidad.
En su informe, la Comisión corrobora las conclusiones centrales del Grupo de Expertos de las Naciones Unidas y otras investigaciones que afirman que los beligerantes estaban motivados, en parte, por el deseo de explotar la riqueza mineral y económica del Congo. Los beligerantes utilizaban algunos de sus beneficios para financiar operaciones militares suplementarias que producían graves abusos de derechos humanos y violaciones del derecho internacional humanitario contra civiles. La guerra habría causado la muerte de 4 millones de personas en el Congo, el balance más amplio en pérdida de vidas humanas civiles desde la Segunda Guerra Mundial.
Establecida por los Acuerdos de Paz de 2003, la Comisión Lutundula comprende a representantes de las principales partes en conflicto. La Comisión evaluó la legalidad de los contratos iniciados por los antiguos beligerantes y sus efectos posibles para la Nación. En su primer informe, la Comisión recomendaba la anulación de 16 contratos y su renegociación y que 28 compañías congoleñas e internacionales fueran objeto de investigación por violación del derecho congoleño. La Comisión recomendaba también que 17 personas fueran llevadas ante la justicia por fraude, robos y otras acusaciones. Un segundo informe que detallara el coste financiero de la guerra tendría que someterse pronto a la Comisión.
«Cuando se firmaron los Acuerdos de Paz, las partes estuvieron de acuerdo en que se investigaran los contratos. Ahora, que la Comisión ha puesto en evidencia pruebas de corrupción y abusos, los responsables congoleños tienen que mirar cara a cara el problema» declaró la coalición de ONG internacionales. «El Parlamento tiene que inscribir el informe de la Comisión en el orden del día de sus actividades y actuar en base a las recomendaciones formuladas, antes de que termine el período de transición».
El grupo de organizaciones internacionales y congoleñas que trabajan sobre los derechos humanos, el medioambiente y la ayuda, comprende a:
ASSOCIATION AFRICAINE DE DROIT DE L’HOMME (ASADHO-KATANGA)
BROEDERLIJK DELEN CENTRE NATIONAL D’APPUI AU DEVELOPPEMENT ET A
LA PARTICIPATION POPULAIRE (CENADEP)
FATAL TRANSACTIONS
FRIENDS OF THE EARTH-USA
GLOBAL WITNESS
GROUPE D’APPUI AUX EXPLOITANTS DES RESSOURCES NATURELLES (GAERN) HUMAN RIGHTS WATCH
INTERNATIONAL CRISIS GROUP (ICG) NETHERLANDS INSTITUTE FOR SOUTHERN AFRICA (NIZA)
NOUVELLE DYNAMIQUE SYNDICALE (NDS)
ORGANISATION CONCERTEE DES ECOLOGISTES ET AMIS DE LA NATURE (OCEAN)
RIGHTS AND ACCOUNTABILITY IN DEVELOPMENT (RAID)
THE RAINFOREST FOUNDATION UK