Leo en el Boletin de noviembre de la Federación de Enseñanza de CC.OO., un artículo que dice: «El riesgo de la memoria histórica es la deriva hacia un historicismo reduccionista, la tentación de elevar a categoría de ciencia lo que no dejan de ser puntos de vista, seguramente muy interesantes, sobre determinados acontecimientos del pasado». […]
Leo en el Boletin de noviembre de la Federación de Enseñanza de CC.OO., un artículo que dice: «El riesgo de la memoria histórica es la deriva hacia un historicismo reduccionista, la tentación de elevar a categoría de ciencia lo que no dejan de ser puntos de vista, seguramente muy interesantes, sobre determinados acontecimientos del pasado». Por contra, cada día somos mas los que tenemos claro que recuperar la Memoria Histórica, aquí y ahora, significa reconocer, con todas sus consecuencias, que el origen de la guerra civil española fue el levantamiento fascista contra la II República. Una insurrección militar impulsada por terratenientes, Iglesia y capitalistas que contó con el apoyo activo de Hitler y Mussolini, que tuvo consecuencias trágicas para muchos, pero especialmente para la clase obrera cuyas organizaciones -socialistas, comunistas y anarquistas- fueron destruidas, y que finalizó con la instauración de una dictadura militar durante cuarenta años.
Estos hechos están suficientemente reconocidos por historiadores e instituciones internacionales, y recientemente el Consejo de Europa ha condenado, por unanimidad, «las graves y múltiples violaciones de Derechos Humanos cometidas en España por el régimen franquista». Son una realidad histórica que obliga a respetar y aplicar las normas internacionales sobre violaciones graves de derechos humanos, justo lo contrario de lo que hace el proyecto de ley sobre víctimas del franquismo presentado por el Gobierno Zapatero. Un texto en el que late el temor al enfrentamiento con el PP y el miedo a rectificar errores del pasado, por-que el mito de la transición, como modelo de gestión política, de consensos y perdones, es una reconstrucción ideológica de la memoria que hace tiempo está en crisis y va revelando, poco a poco, hasta que punto la actual democracia se ha construido sobre la injusticia, el silencio y el miedo.
La ley de amnistía de 1977 es una ley de punto final que vulnera el derecho internacional. Una ley por la que los criminales perdonaron a sus víctimas a cambio de que estas guardaran silencio y renunciaran a reclamar justicia por sus crímenes. Se anularon derechos fundamentales que son indisponibles por el legislador y cuya violación no admite la prescripción ni la amnistía, ni es un tema interno de cada país.
Es una verdad indiscutible que la única versión oficial ofrecida por el Estado respecto de la guerra civil fue la «Causa General» instruida por el régimen franquista, y que quienes ganaron la guerra honraron a sus muertos y compensaron a su victimas mientras que los que la perdieron fueron sometidos a una represión implacable, sistemática y selectiva. He aquí un trato desigual que hay que reparar con quienes fueron privados de todo tipo de derechos.
Por eso la ley de la Memoria Histórica debe anular las sentencias de tribunales golpistas y los procesos judiciales de la dictadura, en lugar de reconocer explícitamente la legalidad franquista, como hace el proyecto de ley, con los mismos argumentos utilizados en 1990 para excluir a los «esclavos del franquismo» de las indemnizaciones por privación de libertad alegando que cumplían el «servicio militar». Es inaceptable oponer el criterio de «cosa juzgada» ante fallos derivados de procesos judiciales parciales y sin garantías, o alegar «seguridad jurídica» cuando se sabe que las normas pueden tener carácter retroactivo si son favorables. Si la jurisprudencia constitucional reitera que la seguridad jurídica es el equilibrio de principios «para promover la justicia y la igualdad, en libertad» no hay excusas para que se anulen las farsas judiciales del franquismo en lugar de obligar a las víctimas a demostrar ante un «Consejo de Notables», que según la propuesta debe ser pactado con el PP, su derecho a ser rehabilitadas.
Además, es la Administración la que debe ponerse al frente de la tarea de buscar y enterrar dignamente a los miles de desaparecidos durante el franquismo, y debe hacerlo garantizando la intervención judicial y forense para dejar constancia de lo ocurrido. El proyecto de ley insiste en desplazar al ámbito privado, familias y organizaciones civiles, la tarea de localizar fosas donde puedan encontrarse restos de personas desaparecidas o ejecutadas extrajudicialmente cuando debe ser el Estado el que asuma la responsabilidad de investigar tan graves delitos.
Compensar adecuadamente a las víctimas significa hacerlo de forma proporcional al daño causado, asumir la responsabilidad de la Administración, incluir a todos los colectivos y luchadores antifranquistas, aceptar que el dinero no compra el derecho a la verdad y la justicia, homogeneizar las distintas ayudas autonómicas. Justo lo contrario de un plan cicatero que mantiene los tres años de privación de libertad para tener derecho a compensación cuando hay comunidades como la vasca que establece un mínimo de seis meses o la catalana que indemniza desde el primer día.
El proyecto de ley mejora pensiones, reconoce la doble nacionalidad a excombatientes de Brigadas Internacionales y compensa a las víctimas del franquismo hasta 1977, pero contiene aspectos preocupantes que hay que corregir. El monumento al franquismo, realizado por 14.000 presos republicanos en el llamado «Valle de los Caídos», se consolida como panteón franquista financiado por todos, aunque se prohíba su exaltación, y la apología del fascismo sigue siendo un concepto penal inexistente. La mejora de la conservación y localización de los «archivos de la represión» es insuficiente al no facilitarse el acceso a víctimas y familiares y restringirse el acceso a documentos cuando «identifiquen a los autores u otras personas intervinientes en los hechos». La falta de referencias a políticas educativas, el no reconocimiento de los «maquis» o de los presos en campos nazis, son otras ausencias notables.
La propuesta del PSE para que el parlamento vasco apruebe el Informe «Valentín de Foronda» sobre los asesinatos del 3 de marzo en Vitoria-Gasteiz, como una alternativa al informe policial, viene a reconocer las carencias de un proyecto de ley que excluye expresamente derechos imprescriptibles, porque el derecho a la justicia conlleva la obligación del Estado de investigar e identificar a los autores, la obligación de proveer y garantizar un recurso judicial efectivo, y la obligación de sustituir por la verdadera la versión oficial que procede de la dictadura.
No se puede, finalmente, justificar la equiparación de víctimas y verdugos en el proyecto de ley alegando prudencia porque en derechos fundamentales no valen medias tintas. Bertold Brecht, artista y víctima del nazismo alemán, en su poema A los descendientes, pedía a los nietos que se acordasen de sus abuelos, pero no sólo de sus éxitos sino de sus fracasos, para que ellos hicieran realidad sus esperanzas. Es ya el tiempo de poner caducidad a la impunidad y rescatar del olvido los ideales revolucionarios que inspiraron la resistencia y la lucha antifranquista. El PSOE tiene un compromiso con la Historia, con su propia historia y con la base social que les llevó al gobierno y hay que exigirles que lo cumplan.