Un día después de que se conocieran los resultados oficiales en el referendo sobre la carta presidencial para «la paz y la reconciliación nacional», comienzan a recogerse declaraciones y posicionamientos de los diferentes sectores políticos y sociales argelinos. Aunque algunos medios del país presentan estas manifestaciones como una muestra de división social, conviene cautela por […]
Un día después de que se conocieran los resultados oficiales en el referendo sobre la carta presidencial para «la paz y la reconciliación nacional», comienzan a recogerse declaraciones y posicionamientos de los diferentes sectores políticos y sociales argelinos.
Aunque algunos medios del país presentan estas manifestaciones como una muestra de división social, conviene cautela por cuanto los datos del referendo muestran un porcentaje de partición cercano al 80% y un apoyo a la medida presidencial del 97,36% de los votantes.
Pese a la llamada al boicot de la consulta de los dos principales partidos de la oposición, el «no» alcanzó únicamente el 2,64% de los sufragios y sólo uno de cada cinco argelinos con derecho a voto se abstuvo.
Ante esta situación, estos partidos políticos definieron los resultados como un fraude, calificando como manipuladas las cifras a favor del presidente Bouteflika. Por todo ello solicitaron que el referéndum fuera anulado.
Para Hocine Aït-Ahmed, líder del Frente de las Fuerzas Socialistas (FFS), la cita electoral fue «un maremoto totalitario que impidió toda expresión de los opositores y de los contestatarios, un fraude que no sólo no va a zanjar los problemas, sino que los agravará».
Por el contrario, el Frente de Liberación Nacional (FLN) se declaró «orgulloso» del pueblo argelino y añadió que los resultados demuestran que su país «siempre supo aceptar los desafíos, reafirmar su deseo de paz, pasar definitivamente una página dolorosa de su historia y empezar una nueva era prometedora».
En el mismo sentido se expresaron la Alianza Nacional Democrática (RND), que calificó el referendo como un «acontecimiento histórico»; el Partido de los Trabajadores (PT), para el que se abren «nuevas perspectivas para el pueblo argelino y permitirá a Argelia alcanzar el sitio que merece en el plano internacional»; y el Movimiento de la Reforma Nacional, que interpretó los resultados «como una respuesta a todos los detractores de Argelia».
Al mismo tiempo, el respaldo popular al proyecto presidencial llevó a una veintena de comandos armados, adscritos al Grupo Salafista para la Predicación y el Combate (GSPC), ha declarar su intención de entregar las armas.
Estas rendiciones habrían sido posibles gracias al concurso de las familias de terroristas todavía en actividad y a la intermediación de ex miembros arrepentidos.
Pese a todo, el GSPC anunció a través de Internet que rechazaba la amnistía gubernamental para los militantes islamistas. «No queremos el poder -añadió-. No tomamos las armas frente a los dirigentes del país por cuestiones políticas. Nos levantamos frente a los tiranos con el fin de hacer triunfar el Islam». Este grupo surgió en 1998, fruto de una escisión del Grupo Islámico Armado (GIA).
La amnistía del gobierno excluye sin embargo a los islamistas responsables de matanzas, de violaciones y de atentados con bomba en los lugares públicos.