El gobernador de Georgia, Nathan Deal, promulgó el 13 de mayo una ley antimigrante parecida a la de Arizona que permite a la policía verificar la situación migratoria de cualquier persona detenida por violaciones a leyes estatales, y se sumó así a varios estados que, ante el vacío político sobre el tema dejado por la […]
El gobernador de Georgia, Nathan Deal, promulgó el 13 de mayo una ley antimigrante parecida a la de Arizona que permite a la policía verificar la situación migratoria de cualquier persona detenida por violaciones a leyes estatales, y se sumó así a varios estados que, ante el vacío político sobre el tema dejado por la cúpula política en Washington, formulan sus propias políticas de migración.
La nueva ley también establece requisitos de verificación del estado migratorio de trabajadores por empresas y penaliza a quienes transportan o dan albergue a indocumentados. Críticos consideran que la ley convierte en delito ser inmigrante indocumentado.
El gobernador, quien centró su campaña electoral del año pasado en la promesa de impulsar una ley antimigrante tipo Arizona en Georgia, calificó hoy la promulgación de la misma como «histórica» y añadió que el tema migratorio debe ser resuelto a nivel federal, e indicó: «creo que esta legislación es un paso responsable, ante la ausencia de acción federal».
Pese a las múltiples protestas de miles de activistas comunitarios contra la medida en las últimas semanas -incluyendo hoy en el Capitolio estatal, donde corearon «vergüenza, vergüenza» mientras se firmaba la ley-, fuerzas conservadoras celebraron su triunfo al insistir que logrará reducir el costo de la «inmigración ilegal» (en servicios públicos y más) para los ciudadanos del estado, y el «robo de empleos» por indocumentados, reportó el Atlanta Journal-Constitución.
Según cifras recientes, existen unos 425 mil indocumentados en Georgia -séptimo lugar entre los estados con estas poblaciones-, según el Pew Hispanic Center.
El Migration Policy Institute, que usa cifras de 2009, calcula que la población inmigrante de Georgia se incrementó casi 60 por ciento entre 2000 y 2009 (de 577 mil a 920 mil) y ahora representa 9.4 por ciento de la población estatal. Del total, casi 30 por ciento son originarios de México (el grupo inmigrante más grande del estado).
Opositores a la ley anunciaron que presentarán demandas legales ante los tribunales para anular la implementación de la ley, como se ha hecho en Arizona y otros estados, y que realizarán una campaña nacional para denunciarla y convocar a un boicot económico del estado, entre otras acciones.
La Alianza Latina por Derechos Humanos de Georgia, la red Somos Georgia y otras agrupaciones, junto con asociaciones nacionales como la Red Nacional de Organización de Jornaleros, están convocando a acciones para enfrentar la ley en los próximos meses.
A la vez, la legislación ha dividido a sectores empresariales, que temen consecuencias negativas en sus negocios por la ley. De hecho, algunos agricultores han advertido que Georgia podría ver desaparecer sus dos productos más famosos y emblemáticos, los duraznos y las muy cotizadas cebollas Vidalia, ya que requieren mano de obra de trabajadores inmigrantes.
Asociaciones hoteleras y de turismo en general expresan preocupaciones de que la ley podría dañar ese sector que genera 10 mil millones de dólares al año. De hecho, una asociación nacional de derechos humanos que tenía programada su convención nacional en Atlanta anunció en protesta que la trasladará a otro estado.
Figuras famosas han expresado su repudio de la ley, como la estrella del basquetbol profesional Etan Thomas del equipo Atlanta Hawks, quien declaró su apoyo a los miles de manifestantes que han protestado contra la legislación y advirtió que ésta hará que todo latino sea «sospechoso», y por ello cuestionado sobre su legalidad. «No debería haber lugar para esto en nuestra sociedad», declaró a The Nation.
Lady Gaga sorprendió en México la semana pasada sumándose a otras estrellas musicales al repudiar leyes como las de Arizona y ahora esta de Georgia.
Estas leyes han sido, hasta ahora, exitosamente detenidas (o por lo menos sus medidas más controvertidas) por los tribunales. En el caso de la antimigrante de Arizona, las medidas más agresivas fueron congeladas el año pasado por jueces que determinaron que contenían aspectos anticonstitucionales.
Esta semana, una ley antimigrante promulgada por el estado de Utah también fue suspendida por un juez, de manera similar a la de Arizona. Defensores de derechos civiles anunciaron que solicitarán que la nueva ley en Georgia sea congelada por la justicia hasta evaluar su constitucionalidad.
Algunos jueces han fallado que aspectos de estas leyes son discriminatorios o violan algunas garantías individuales. Pero el argumento de fondo es que sólo el gobierno federal tiene autoridad para aplicar la ley en asuntos migratorios. Se espera que la disputa legal llegue hasta la Suprema Corte.
El mes pasado, el presidente Barack Obama calificó la iniciativa en Georgia como «un error» y reiteró que «no podemos tener 50 leyes de migración diferentes en el país. Arizona intentó esto y un tribunal federal ya lo anuló».
Otros estados continúan impulsando este tipo de leyes, con Alabama a punto de aprobar una. Legisladores republicanos en Florida, Texas, Tennessee, Indiana y Luisiana, entre otros estados, siguen promoviendo iniciativas similares.