– ERC presenta una proposición no de ley sobre los derechos humanos en el Sáhara Occidental.
– La violación de los derechos humanos, que es silenciada y olvidada, tendría que indignar cualquier relación con Marruecos.
– España está obligada por su condición de potencia administradora del Sáhara Occidental, establecida por la ONU y ratificada por la Audiencia Nacional.
El Gobierno español debe dar protección a quienes en el Sahara Occidental, como la activista Sultana Jaya o el periodista preso político Mohamed Lamin Haddi, están sufriendo los abusos de las fuerzas militares, paramilitares y penitenciarias marroquíes.
Lo contempla la Proposición no de Ley (PNL) que Esquerra Republicana ha presentado en el Congreso de los Diputados sobre la protección de los Derechos Humanos en el Sáhara Occidental, en la que el Congreso insta al Gobierno a cumplir ocho puntos sobre la excolonia española.
La PNL, presentada a instancia de la diputada María Carvalho Dantas, reclama al Gobierno que ejerza de potencia administradora del Sáhara Occidental, “tal y como queda recogido en un informe jurídico de Naciones Unidas, posteriormente ratificado en 2014 por un auto de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional”.
El Grupo Parlamentario Republicano indica en su exposición de motivos que Marruecos ha intensificado sus actuaciones para reafirmar “su más que cuestionada soberanía sobre el territorio del Sáhara Occidental”, y que avalado por un pacto del silencio con los Estados Unidos de Donald Trump, y por una ruptura del alto al fuego con el Frente Polisario hace ya más de un año, “ha aprovechado todas sus armas de Estado “para someter a la población saharaui a su voluntad a través del miedo y la violencia”.
Ante esto, ERC afirma que la comunidad internacional se queda en silencio, sin intervenir, “no siendo ninguna excepción el Estado español”, y pregunta: ¿Hasta cuándo va a seguir el Estado rehuyendo su responsabilidad?
Relata que del Sáhara Occidental llegan los gritos de socorro de la población y de los y las defensoras de Derechos Humanos, como es el caso de Sultana Jaya, que lleva más de un año en arresto domiciliario con su familia y ha padecido violencia física y sexual, allanamientos de morada, negación de asistencia médica, privación de acceso a suministros básicos (agua, luz e Internet) “y miedo por las constantes actuaciones de los paramilitares que, armados, vigilan y allanan su casa a su antojo”. Y las autoridades no han presentado aún cargos contra ella.
Cita, también, el caso del periodista Mohamed Lamin Haddi, que estuvo en huelga de hambre por las condiciones de su encarcelamiento, y del que su familia no ha tenido comunicación desde el pasado 7 de octubre.
Para ERC la violación constante de los Derechos Humanos, que es silenciada y olvidada, “tendría que indignar y centrar cualquier relación que se pueda establecer con Marruecos”.
El Gobierno contesta con vaguedades
Agrega que cualquier pregunta que sobre este tema se hace al Gobierno es contestada “con tres líneas de vaguedades y generalidades, con una respuesta en Pleno del Congreso equidistante y medida, o con una prohibición a periodistas de RTVE de visitar los campamentos de los refugiados saharauis”.
Denuncia ERC el silencio cómplice de la Unión Europea, que se quiere erigir en la garante y mediadora por los Derechos Humanos en el mundo, pero “no es capaz de levantar la voz en un caso tan claro como es este de su frontera suroeste”.
Recuerda lo que dijo el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albar: “Las relaciones de vecindad jamás se anteponen a la defensa de los derechos humanos”, para agregar que si es esto cierto, el Gobierno, la UE y la comunidad internacional no pueden seguir haciendo oídos sordos de las múltiples denuncias de abusos y violaciones de los Derechos Humanos que se hacen en el Sáhara Occidental, “por responsabilidad histórica y por dignidad”.
En la PNL se urge al Gobierno a que ejerza de potencia administradora del territorio del Sáhara Occidental y dé protección a los y las ciudadanas que están sufriendo los abusos de las fuerzas militares, paramilitares y penitenciarias marroquíes.
También se le pide que exija a las autoridades marroquíes el “escrupuloso cumplimiento de los Derechos Humanos de los y las activistas saharauis”, que brinden a Sultana Jaya y a su familia atención médica y que pongan fin a las torturas y al arresto domiciliario que padecen, y que finalicen los abusos en el sistema penitenciario, como es el caso de Mohamed Lamin Haddi.
El Gobierno, según la PNL, debe condenar el veto que las autoridades marroquíes ejercen sistemáticamente sobre la entrada de delegaciones institucionales a territorio saharaui, como las que tuvieron lugar el 28 de febrero de 2020 con parlamentarios catalanes, o el 3 de octubre de 2021 con dos abogadas y una médico, que contaba con el aval de Naciones Unidas.
El Grupo Parlamentario Republicano que recuerda que la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible pide “acciones y medidas eficaces, de conformidad con el derecho internacional, para eliminar los obstáculos que impiden la plena realización del derecho a la libre determinación de los pueblos que viven bajo ocupación colonial y extranjera”, afirma que “el Gobierno de España debe liderar en las Naciones Unidas la búsqueda de una salida negociada y justa para una descolonización real del territorio del Sáhara Occidental”.