Cada día, en el oeste del Congo, de siete a diez aviones, cargados cada uno con dos toneladas de casiterita, vuelan de Mubi a Goma, desde donde el mineral pasa ilegalmente más allá de la frontera ruandesa. El tráfico de oro, de diamantes, de cobre y de cobalto tampoco se ha ralentizado. Tales son las […]
Cada día, en el oeste del Congo, de siete a diez aviones, cargados cada uno con dos toneladas de casiterita, vuelan de Mubi a Goma, desde donde el mineral pasa ilegalmente más allá de la frontera ruandesa. El tráfico de oro, de diamantes, de cobre y de cobalto tampoco se ha ralentizado. Tales son las conclusiones del último informe del grupo de expertos de las Naciones Unidas.
El Estado congoleño nada recibe de las ganancias de este contrabando. Sin embargo muy poco parece que se ha hecho para combatir el pillaje prolongado de los recursos mineros congoleños. Los mineros – hay varios miles – son sus principales víctimas.
El oro proviene de Ituri, situado al noroeste del Congo. Entre 30.000 y 200.000 (¡!) «mineros artesanales» extraen el mineral por cuenta de «sub-contratantes» que lo distribuyen a una red de compradores y de contrabandistas. El 90 o 95% de oro termina por desaparecer hacia Kampala (Uganda) o Dubai. Los «cavadores» pueden ganar cada día, de 4 a 5 $ de salario bruto, pero, en realidad, su trabajo no les proporciona más que deudas. Ello se explica por el coste de la vida en las aldeas de mineros y por las innumerables «propinas» que pagan sobre todo a los militares y a los ex-rebeldes que custodian las minas. Ya no deberían existir milicias en Ituri. Algo distinto sucede en el Kivu-norte, que permanece inestable. Según el informe, «la llegada de ruandeses y las tensiones étnicas han hecho despertar los conflictos». En 1994, grupos extremistas ruandeses se refugiaron en esta provincia. Durante la guerra (1998-2003), la población ha sufrido cruelmente el terror y chantaje ejercidos por los rebeldes pro-ruandeses del RCD-Goma.
En la zona de Walikale, la población se ve confrontada a dos sociedades mineras pro-ruandesas que se disputan la explotación de la casiterita. De esta última, una vez refinada, se saca el preciado coltan. Durante la guerra, la firma surafricana Minino Processing Congo ayudó al «ala comercial» del ejército ruandés a sacar del Congo el contrabando de este mineral. En cuanto al Grupo Minero Bangandula, pertenece a los ricos hermanos «Makabuza», que mantienen estrechas relaciones con los ex-rebeldes del RCD-Goma.
Igualmente en el Kivu Norte, la mayoría de los «mineros artesanales» trabaja ruinosamente y existe una amplia red de mercaderes, que estaría constituida en sus tres cuartas partes por «operadores» que, escapando de cualquier tasa o impuesto, hacen pasar fraudulentamente el mineral a Rwanda; aquí es posteriormente refinado o exportado para transformaciones más avanzadas.
Walikale es el centro de extracción de la casiterita en el Kivu Norte. Desde ahí, el mineral es transportado a pie hasta Mubi, ciudad situada a unos cincuenta kilómetros. Existe en Mubi un pequeño aeropuerto, desde donde, todos los días, de 7 a 10 aviones, cargados cada uno con dos toneladas de mineral, salen hacia Goma, cerca de la frontera ruandesa.
Oro hacia Burundi
De la provincia de Kivu Sur – ocupada también durante la guerra – provienen igualmente oro y casiterita. En algunos lugares de la provincia, elementos de la milicia FDLR se han apropiado de las minas, lo que contribuye a que perduren violentos conflictos. En otros sitios, principalmente en la ciudad minera de Kamituga, persisten las tensiones sociales, a causa de las tasas e impuestos ilegales a los que son sometidos los mineros.
El oro del Kivu Sur desaparecía en Burundi, donde los derechos de aduana a la exportación son menores que en el Congo y donde los operadores no deben procurarse licencias (cuyo precio alcanza 75.00$). La firma exportadora Delta Force de Kamituga es a la que concierne. Las cantidades de mineral pasadas en contrabando son considerables: La Federación de Empresarios Congoleños (FEC) las evalúa en 500 kilos de oro al mes, con un valor de 8 ó 9 millones de dólares.
El paso ilegal de casiterita por la frontera es más difícil. Pero los marchantes sobornan a los funcionarios para que éstos evalúen a la baja los volúmenes exportados de manera que los derechos de aduana se reducen mucho.
Empresas de Estado en la agonía.
La provincia de Katanga y la mitad oeste del Kasaï occidental no fueron ocupadas durante la guerra por las tropas venidas de Rwanda, Uganda o Burundi. Las zonas mineras permanecieron bajo el control del gobierno de Kinshasa. Pero, éste último concedió no obstante considerables concesiones a firmas de Zimbabwe (muchas de las cuales eran de hecho sociedades-pantalla, propiedad de altos mandos militares) porque este país había enviado tropas cuando el este del Congo fue invadido por sus vecinos.
Las minas de Kananga producen cobre y cobalto. Su explotación está en manos de firmas que acordaron «Joint Ventures» con filiales de la compañía de estado Gécamines. En las concesiones, trabajaban alrededor de 150.000 «mineros artesanales» que a menudo rechazan someterse al explotador oficial. A finales de diciembre, los mineros se opusieron a la sociedad minera Chemaf y esta confrontación causó al menos 3 muertos y cerca de 20 heridos.
El grupo de expertos ha calculado que los mineros pueden aspirar a ganar unos 200$ brutos al mes, pero que en realidad a fin de mes se encuentran con una media de 15$ de deudas.
El centro diamantífero de Mbuji-Mayi – en el Kasaï oriental – ha visto cómo su población estallaba a causa de los numerosos refugiados que huían de la línea del frente y que acudían a esta zona a buscar refugio. La ciudad sigue creciendo a causa de sus recursos minerales. Vivirían en ella en la actualidad unos 2 millones de personas. La industria diamantífera sigue formalmente bajo control de la compañía estatal MIBA. 40% de los diamantes extraídos desaparecerían ilegalmente. La compañía ha firmado varias «joint ventures» con sociedades mineras extranjeras. Éstas han recibido enormes concesiones: First American Diamonds recibió una concesión de 800 km2, BHP Billiton, una concesión de 16.000 km2, y la recibida por Beers se extiende por una superficie de 60.000 km2. A cambio de un préstamo de 15 millones de dólares, a Emaxon Diamonds & Dan Gertler se le otorgó el derecho de comercializar el 88% de la producción de MIBA. En las minas de diamantes trabajan aproximadamente un millón de «mineros artesanales». Pero, según el grupo de expertos, estaría a punto de estallar una «guerra a pequeña escala» entre mineros, los servicios de seguridad de MIBA y bandas criminales, supuestamente «suicidas», que someten a los mineros a chantaje. Este conflicto sigue costando numerosas vidas humanas.
¿Sanciones inútiles?
Según el grupo de expertos, el Estado congoleño apenas juega un papel en el sector minero. Las compañías mineras del Estado están en agonía práctica. OKIMO (oficina de las minas de oro de Kilo-Moto) en Ituri, ya sólo dispone de 1.500 empleados que sobreviven gracias a algunas granjas de Estado. Las concesiones auríferas son dejadas en «leasing» a sub-contratantes» que, al menos en teoría, deben indemnizar a la compañía. En el Kivu-Norte, la compañía estatal SOMINKI (Sociedad minera e industrial del Kivu) sólo existe sobre el papel. Otras sociedades miran de reojo con vista a la concesión. En Kivu-Sur, SOMINKI ha sido vendida en 1995 al grupo minero BANRO que, es de pública notoriedad, tiene hoy grandes ambiciones en la exportación de oro.
GECAMINES, en Kananga, ha sido troceada, como consecuencia directa de las «joint ventures» concluidas con grupos privados. Todos los contratos firmados con estos grupos son especialmente desventajosos para el Estado congoleño. La comisión Lutundula del Parlamento congoleño ha examinado cuidadosamente cuarenta de estos contratos, pero su informe no ha sido jamás objeto de debate en el Parlamento (ahora sustituido por una Asamblea elegida).
A causa del tráfico a gran escala, la caja del Estado no se beneficia apenas nada de las ganancias generadas por el sector minero, que, por el contrario, enriquece a redes ilegales y a un puñado de empresas extranjeras. ¿Qué medidas adoptar para remediar esta situación? La amarga conclusión de los expertos es que muy pocas. Sus sugerencias principales conciernen a los servicios públicos, como las aduanas o la inspección de minas, cuya reconstrucción debería ser emprendida con determinación.