Traducido del inglés para Rebelión y Tlaxcala por Germán Leyens
Durante años, las diversas profesiones relacionadas con la salud mental en EE.UU. se han estado librando luchas territoriales. Los psiquíatras tratan de impedir que los psicólogos puedan realizar terapias o, más recientemente, que receten medicamentos psicotrópicos. Los psicólogos lucharon por derechos para realizar esos tratamientos. Los psicólogos, por su parte, se batieron contra los intentos de sus colegas a nivel de maestría por lograr el reconocimiento profesional. Los asistentes sociales, asesores de salud mental, y psicoanalistas bregan todos por lograr reconocimiento contra la oposición de los demás.
Estas batallas son libradas mediante el cabildeo y la presión legislativos tradicionales. Sin embargo, también tienen lugar mostrando el valor de un grupo en particular en la promoción de los intereses de los poderosos y mediante representantes organizados de cada profesión que mantienen acceso a los pasillos no-legislativos del poder. Así, ser bien recibidos por los poderosos sin enajenarlos, puede ser un aspecto central de la estrategia de avance de una profesión.
En esta lucha, que ha durado décadas, la profesión de la psicología ha tratado de distinguirse de diferentes maneras. Una de estas es subrayar su carácter científico. De este modo, representantes de la psicología organizada tratan por todos los medios de demostrar el valor de la «ciencia de la psicología» a los poderosos en la industria y en el gobierno, incluyendo a los militares y a los dirigentes de la seguridad nacional. Además, se ha puesto énfasis en el valor de la psicología para los dirigentes de la educación, así como su valor en las relaciones industriales y en la mercadotecnia. La Segunda Guerra Mundial presentó muchas oportunidades para que la psicología demostrara su valor en el esfuerzo bélico incluyendo la selección de soldados, el desarrollo de técnicas de propaganda para motivar al frente interno y para debilitar la moral del enemigo, el uso de factores humanos en el diseño de mejoras de aviones, y el tratamiento de victimas psicológicas de la guerra.
El desarrollo posterior a la Segunda Guerra Mundial de un Estado militarizado de seguridad nacional ofreció muchas oportunidades nuevas para que la psicología obtuviera atención para sus contribuciones al arte de la propaganda y al desarrollo de armas utilizables de alta tecnología a través del diseño basado en factores humanos, entre muchos otros.
Un área particularmente inquietante en la que los psicólogos trataron de demostrar su valor fue el desarrollo de técnicas avanzadas de interrogación que permiten obtener información de cautivos reacios mediante la aplicación de técnicas de modificación de la conducta basadas en la ciencia psicológicas. El historiador Alfred W. McCoy ha arrojado luz sobre esta área en su reciente libro: «A Question of Torture» y en numerosos artículos y entrevistas. Documenta el esfuerzo de la CIA durante decenios por utilizar la pericia psicológica para desarrollar formas de tortura que quebranten la personalidad de los detenidos, incapacitándolos, se esperaba, para negarse a proporcionar información deseada. En el conflicto de Vietnam se utilizaron numerosas técnicas de este tipo, así como en las brutales campañas de contrainsurgencia patrocinadas por EE.UU. en Latinoamérica en los años setenta y ochenta del siglo pasado.
Semejantes aplicaciones del conocimiento psicológico planteaban problemas peliagudos para la psicología organizada, que siempre busca nuevos caminos para demostrar su valor para los poderosos. Mientras su cualidad censurable desde el punto de vista moral imposibilitaba un aval directo, una condena directa de esas aplicaciones correría el riesgo de enajenar precisamente a los responsables de la toma de decisiones que podrían ser impresionados por las contribuciones potenciales de la psicología como ciencia y como profesión. Por lo tanto, lo que se esperaría de la Asociación Psicológica de EE.UU., la principal representante de la psicología organizada del país, es que guardara silencio ante tales abusos de la psicología, y lo que se observó fue precisamente su silencio.
La Guerra Global contra el Terror lanzada después del 11-S. presentó otra oportunidad para experimentar con esas técnicas de tortura basadas en la ciencia de la conducta. El establecimiento de un centro de detención en Guantánamo para los detenidos durante la guerra de Afganistán y otras batallas en la «Guerra Global contra el Terrorismo» aseguró un ambiente particularmente favorable. Se creó una institución total en la que los reclusos, los detenidos, no tienen, por lo menos según la opinión del gobierno, ningún derecho en absoluto y donde todos los aspectos de su vida diaria pueden ser supervisados y controlados. La doctrina legal del gobierno subrayó que en lo esencial todo, con la excepción del asesinato directo, es legalmente aceptable.
Incorporaron a varios «científicos de la conducta» de la psicología y de la psiquiatría para que ayudaran a desarrollar esta institución total dedicada a la destrucción completa de la personalidad. En 2005 se reveló en el New England Journal of Medicine (NEJM) y en el New York Times que profesionales de la salud mental estaban sirviendo de consultores en Equipos de Asesoría en la Ciencia de la Conducta [BSCT, por sus siglas en inglés] (a los que se refieren coloquialmente como equipos «galleta») en Guantánamo, a fin de asesorar a los interrogadores. Asesoran en todos los aspectos de los interrogatorios. Como Jane Mayer de New Yorker declaró a Democracy Now!, un psiquiatra determinó que a un recluso en particular se le permitirían siete trozos de papel higiénico por día, mientras que a otro recluso que temía a la oscuridad se le mantuvo deliberadamente en una oscuridad casi total. Otro consultor en ciencia de la conducta, el psicólogo James Mitchell, recomendó que los interrogadores trataran a un detenido de una manera que produjera una forma de indefensión conocida como «indefensión aprendida.»·
Los autores M. Gregg Bloche y Jonathan H. Marks señalaron en su artículo de 2005 en New England Journal of Medicine [NEIM] que los interrogatorios en Guantánamo son organizados a menudo de forma que aumenten el estrés utilizando medios que están al borde de la, o incluso constituyen, tortura.
«Los interrogadores militares en la Bahía de Guantánamo han utilizado medidas agresivas de contra-resistencia de modo sistemático a fin de presionar a los detenidos para que cooperen. Estas medidas han incluido, según se informa, privación del sueño, reclusión en solitario, posiciones corporales dolorosas, sofocación ficticia, y palizas. Otras tácticas de inducción de estrés han incluido presuntamente provocación sexual y manifestaciones de desprecio hacia símbolos islámicos.»
Señalan a continuación que:
«Desde fines de 2002, psiquiatras y psicólogos han formado parte de una estrategia que emplea extremo estrés, combinado con recompensas para modificar la conducta, para extraer información justiciable de cautivos que oponen resistencia.»
Recientemente, el Comité de Naciones Unidas contra la Tortura fue más lejos y declaró que «la detención indefinida de personas sin acusación, constituye per se una violación de la «Convención» contra la Tortura. Por lo tanto, según este organismo oficial, la existencia de Guantánamo en su forma actual es de por sí ilegal. A continuación, se sumó a numerosas organizaciones e instituciones, incluyendo recientemente, el Parlamento Europeo, para pedir la clausura de Guantánamo.
[Se puede encontrar más información sobre las técnicas de interrogación utilizadas por las fuerzas estadounidenses en Guantánamo y otros sitios, así como sus efectos en el bienestar psicológico de los que han sido sometidos a ellas, en el informe de Médicos por los Derechos Humanos: «Break Them Down: Systematic Use of Psychological Torture by US Forces. (Quebrántalos: El uso sistemático de la tortura psicológica por las fuerzas de EE.UU.)]
Incluso si se deja de lado el aspecto general de si los interrogatorios del tipo realizado en Guantánamo pueden ser considerados de alguna manera como moralmente aceptables, la participación de profesionales de la salud mental en ellos está potencialmente en conflicto con los códigos éticos que rigen las profesiones psiquiátrica y psicológica, los de la Asociación Psiquiátrica de EE.UU. y de la Asociación Psicológica de EE.UU. El escándalo de Abu Ghraib con su evidencia fotográfica centró dramáticamente la atención en los abusos que ocurrieron en las instalaciones de detención estadounidenses en esta Guerra Global, y después de que se informó ampliamente sobre los horrores que ocurren en Guantánamo y el papel de profesionales de la salud mental en ellos, se hizo más difícil mantener el silencio de la asociación psicológica. La presión aumentó sobre las asociaciones Psicológica y Psiquiátrica para que hicieran algo respecto a la ayuda de psicólogos y psiquiatras en los interrogatorios que utilizan la tortura en Guantánamo.
Después de un amplio período de discusión y debate, el 22 de mayo de 2006, la Asociación Psiquiátrica de EE.UU. apoyó una declaración de política que estipuló sin ambigüedades que bajo ninguna circunstancia psiquiatras deben participar en interrogatorios en Guantánamo o en otros sitios. La sección crucial señala:
«Ningún psiquiatra debe participar directamente en el interrogatorio de personas bajo custodia de autoridades investigadoras o de mantenimiento del orden militares o civiles, sea en EE.UU. o en otros sitios. La participación directa incluye la presencia en las salas de interrogatorio, la formulación o sugerencia de preguntas, o el asesoramiento de las autoridades respecto al uso de técnicas específicas de interrogatorios de detenidos en particular.»
Al contrario, la Asociación Psicológica de EE.UU. [APA, por sus siglas en inglés], se ha negado rotundamente a aprobar una declaración semejante, diciendo sólo que los psicólogos deben conducirse éticamente. Inicialmente, la organización hizo lo que las organizaciones hacen a menudo cuando se ven mezcladas en alguna controversia indeseada: nombraron un Grupo de Tareas. El Grupo de Tareas recibió un mandato amplio para considerar qué posición debería tomar la Asociación ante la participación de psicólogos en interrogatorios de seguridad nacional en general. Ese mandato puede haber surtido el efecto de diluir el enfoque del Grupo de Tareas sobre los abusos en Guantánamo y la participación de psicólogos en ellos.
Ese Grupo de Tareas Presidencial sobre la Ética Psicológica y la Seguridad Nacional incluyó a miembros de la división de Psicología de la Paz de la Asociación, pero también incluyó a psicólogos involucrados en actividades relacionadas con la seguridad nacional y las fuerzas armadas. (Una fuente afirma que cuatro miembros, de unos ocho, están relacionados con los militares. Otra fuente cree que menos miembros tenían conexiones militares o de seguridad nacional. Una tercera fuente, un artículo publicado por un Presidente de División de la Asociación, indica que 6 de 10 miembros «tienen vínculos con el Departamento de Defensa.»
Sorprendentemente, la composición del Grupo de Tareas fue mantenida en secreto, «debido a preocupaciones expresadas por su seguridad personal,» como explicara un antiguo miembro que se negó a dar más detalles. Sin embargo, se ha establecido que el Grupo de Tareas incluía al coronel Louie (Morgan) Banks, identificado por Jane Mayer en el New Yorker del 7 de julio de 2005 como psicólogo involucrado en el programa de Supervivencia, Evasión, Resistencia y Escape del Pentágono (SERE) que capacita a personal militar que podría estar en peligro ser capturado, para que resista abusos extremos de sus aprehensores. Extrañamente, para ser alguien que participa en un organismo que recomienda políticas, el coronel Banks ni siquiera es miembro de la Asociación. Frank Summers, activista que intenta cambiar la política de la Asociación, describió de modo sucinto el problema de que Banks esté en el Grupo de Tareas, cuando escribió recientemente en un correo electrónico: «¿no es lo mismo que él haya sido incluido en el Grupo de Tareas que si pusieran a Cheney a cargo de la política energética?» Aparte de Banks, algunos informes señalan que por lo menos otro miembro del Grupo de Tareas tuvo conexiones con Guantánamo, pero no he podido conseguir una confirmación inequívoca de este hecho.
Igual que en el caso de la participación en el Grupo de Tareas y su proceso de nombramiento, la información sobre las deliberaciones del Grupo de Tareas fue también mantenida en secreto: los miembros acordaron que el informe del Grupo de Tareas sería autosuficiente y que no se discutirían las deliberaciones. El informe indica que no se llegó a acuerdo sobre varios aspectos. Otros informes indican que un débil borrador original fue reforzado por la presión de miembros descontentos de la Asociación.
El Grupo de Tareas publicó su informe final en junio de 2005. Utilizando un procedimiento muy poco habitual, el Consejo de Directores de la Asociación adoptó formalmente de inmediato el informe sin la discusión y la aprobación usuales por parte del Consejo de Representantes, de base más amplia. Este informe declaró explícitamente que es ético que los psicólogos participen en interrogatorios de seguridad nacional.
«Es consistente con el Código de Ética de la APA que psicólogos sirvan en roles consultivos para procesos de interrogación y de recolección de informaciones para propósitos relacionados con la seguridad nacional.»
Aunque el informe reiteró que los psicólogos no deberían estar involucrados de ninguna manera en «torturas u otro tratamiento cruel, inhumano o degradante,» el Grupo de Tareas declaró que no se le encargó la realización de ningún tipo de investigación, y por lo tanto no se formó una opinión sobre si había ocurrido alguna conducta poco ética.
El Grupo de Tareas concluyó además que no se necesitaban modificaciones del Código de Ética de la Asociación para encarar los temas relacionados con el servicio de psicólogos en varios papeles en la seguridad nacional. Extrañamente, considerando los orígenes del grupo de tareas en la controversia sobre abusos (alias tortura) en Guantánamo, el informe no menciona ésa ni ninguna otra instalación específica.
Al parecer los miembros no-militares, bienintencionados, del Grupo de Tareas fueron menos hábiles que los funcionarios de la APA que le dieron una tarea tan amplia, involucrando todos los tipos de papeles de seguridad nacional, que los miembros no se atrevieron a decir que los psicólogos deben abstenerse por completo de participar en actividades relacionadas con la seguridad nacional. Una vez colocados en esta posición, los miembros terminaron por declarar perogrulladas comparables con las palabras tranquilizadoras del gobierno de EE.UU. de que éste jamás realizaría torturas. Como el gobierno Bush, la dirección de la APA se negó a definir «la tortura u otro tratamiento cruel, inhumano o degradante,» privando a los edictos del Grupo de Tareas de toda fuerza para conformar realmente la política.
En una etapa tardía de la existencia del Grupo de Tareas, después de la publicación de su informe, mientras debían clarificar algunos detalles en una anotación en un Registro de Ética, renunció Mike Wessells, uno de los miembros no-militares, y declaró:
«la continuación del trabajo con el Grupo de Tareas legitima por omisión el silencio y la inacción más amplios de la APA respecto a los problemas cruciales existentes. A los niveles superiores, la APA no ha formulado una reacción fuerte, concertada, exhaustiva, pública e interna del tipo exigido por las severas violaciones de los derechos humanos en Abu Ghraib y en la Bahía de Guantánamo.»
Wessells explicó que no se quejaba directamente sobre el Grupo de Tareas, que:
«tenía un mandato muy limitado y que no estaba estructurado de un modo que aseguraría el tipo de reacción exhaustiva o de proceso representativo requeridos.»
Se requería, más bien:
«Una reacción fuerte, preventiva, exhaustiva, que reafirmara nuestro compromiso profesional con el bienestar humano y que hiciera resonar una potente condena de la participación de psicólogos no sólo en la tortura sino en todas las formas de tratamiento cruel, inhumano y degradante de detenidos, incluyendo el uso de tácticas como la privación del sueño.»
Por supuesto, la Asociación nunca ha publicado una semejante «reacción fuerte, preventiva, exhaustiva».
Una indicación más de que el informe del Grupo de Tareas no significó que la Asociación se interesara por hacer algo real respecto a la participación de psicólogos en la tortura, y como signo de apoyo para el Estado de Seguridad Nacional de George Bush, el entonces presidente de la APA, Ronald F. Levant, viajó a Guantánamo en octubre de 2005. El comunicado de prensa anunciando el viaje indicó hasta dónde la Asociación iría en su apoyo al campo que Amnistía Internacional califica de «el Gulag de nuestros días.» Dejó en claro que la dirección de la Asociación nunca se propuso detener la participación de psicólogos en Guantánamo. Al contrario, citaron al presidente Levant diciendo:
«Acepté esta oferta de visitar Guantánamo porque consideré la invitación como una importante oportunidad para seguir suministrando nuestra experiencia y orientación sobre cómo los psicólogos pueden jugar un papel apropiado y ético en investigaciones de la seguridad nacional. Nuestros objetivos son asegurar que los psicólogos agreguen valor y salvaguardias a tales investigaciones y que sean realizadas de modo ético y efectivo que proteja la seguridad de todos los participantes.»
Dieciocho meses después de que el escándalo de Abu Ghraib atrajera la atención del mundo a los horrores que ocurren en las instalaciones estadounidenses de detención, incluso después de que la prensa dominante publicara numerosos artículos sobre cómo el general Miller de Guantánamo contribuyó su propio tipo de brutalidad a Iraq con recomendaciones de «guantanamizar» Abu Ghraib, el comunicado de Associated Press no incluyó mención alguna de que en Guantánamo ocurriera algo fuera de lo normal. Como propagara el presidente Levant:
«‘Este viaje me dio la oportunidad de formular preguntas y observar de primera mano una breve instantánea de la instalación de Guantánamo.’ ‘Como continúa la labor de APA en el estudio de los temas presentados por las necesidades de la seguridad nacional de nuestro país, este viaje fue otra oportunidad para que la Asociación informe y asesore el proceso.'»
La campaña de la Asociación para defender Guantánamo y la participación de psicólogos en ese lugar continuó bajo el siguiente presidente de la Asociación, Gerald Koocher. Un mes después de hacerse cargo del puesto, el presidente Koocher dedicó su columna presidencial del mes en el APA Monitor de la Asociación a defender a la organización y su negativa de hacer algo en respuesta a los bien documentados horrores que ocurren en Guantánamo. Con lenguaje orwelliano, intituló su defensa de la falta de acción ante la barbarie: «Hablando contra la tortura.» En su columna atacó a críticos de la Asociación al mismo tiempo que trataba de cambiar de tema:
«Una serie de comentaristas oportunistas que se presentan como eruditos siguieron informando sobre presuntos abusos por parte de profesionales de la salud mental. Sin embargo, cuando se les solicitó personalmente que suministren a la APA nombres y circunstancias en apoyo de semejantes afirmaciones, esos mismos críticos no presentaron ningunos datos y ningún miembro de APA ha sido vinculado a conductas contrarias a la ética profesional. La máxima periodística tradicional de informar quién, qué, dónde y cuando parece estar notablemente ausente.»
Por lo tanto, el tema político de la ética de la participación de psicólogos en las actividades ilegales en Guantánamo fue alterado para ser uno de culpabilidad personal. ¿Podía probarse que un cierto psicólogo identificado participaba en una conducta proscrita en particular? Mediante este truco la Asociación trató de negar todas las críticas de la prensa, de Naciones Unidas y de ONG. Ante la ausencia de una queja ética explícita contra un individuo, la Asociación no haría nada. Como lo sabía perfectamente la Asociación, los nombres de la mayoría de los psicólogos que ofrecieron sus «servicios» en Guantánamo, así como los detalles sobre lo que constituyen esos servicios, constituyen un secreto estrictamente protegido.
En el mismo artículo, el presidente Koocher utilizó una técnica común de dirigentes en dificultades ya que trató implícitamente a unir a la comunidad psicológica contra el odiado otro, los psiquiatras:
«Muchos de nuestros colegas psiquiátricos han presentado una crítica interpretativa, aunque su asociación profesional aún no ha aprobado una posición oficial. Un borrador propuesto a la asociación psiquiátrica incluye una lista detallada de tácticas específicas prohibidas que consideran torturas. Un análisis cuidadoso de su borrador muestra que tiene un parecido extraordinario con nuestra posición, aunque ningún periodista ha comentado todavía sobre este punto. Del mismo modo, ningún periodista – incluyendo a los que critican el informe de PENS – ha comentado sobre una interesante ironía: A pesar de la oposición de los psiquiatras a privilegios de extensión de recetas para los psicólogos, la lista de técnicas coercitivas prohibidas de la asociación psiquiátrica omite toda mención del uso de drogas, permitiendo implícitamente semejantes prácticas.»
En un reciente debate con críticos, Koocher utilizó una defensa más que parece destinada a un uso más amplio actual al aumentar la presión para que la Asociación actúe. Hizo una distinción entre los psicólogos que proveen servicios sanitarios a los detenidos, a los que, afirmó, les está prohibido utilizar la información obtenida por ese medio para ayudar a los interrogadores, y los asesores científicos conductuales que no están allí para atender a los detenidos y que por lo tanto pueden ayudar en los interrogatorios. Sin embargo, incluso Koocher tuvo que admitir que todos los psicólogos están obligados por el principio de «no hacer daño.» Él, por supuesto, no explicó como la participación en el funcionamiento de una institución hecha para destruir las personalidades de los encarcelados en ella puede llegar a corresponder al principio de «no hacer daño.»
La campaña de la Asociación Psicológica de EE.UU. por desviar toda crítica de la participación de psicólogos en Guantánamo ha sido constante. Miembros preocupados presionaron para que se realizara una investigación independiente para aclarar lo que los psicólogos realmente hicieron en Guantánamo, pero la Asociación se negó. Los miembros presionaron por un cambio del código ético declarando que los psicólogos no siguen leyes u órdenes cuando el hacerlo viola derechos humanos básicos, pero tropezaron con el argumento de que una tal declaración podría ser utilizada contra profesionales psicólogos en causas judiciales. Los críticos que trataron de lograr que la Asociación declarara explícitamente que debería consultarse el derecho internacional aparte de la ley estadounidense sobre temas tales como la definición de los derechos humanos y de su violación o la definición de la tortura y de la conducta inhumana, fracasaron. La dirección de la Asociación anunció que desarrollaría un artículo en el registro de ética aclarando la conducta aceptable e inaceptable en interrogatorios con apoyo de psicólogos, pero hasta ahora no ha cumplido.
Ésa era la situación cuando el New York Times del 7 de junio de 2006 reveló que el Pentágono tomó nota cuidadosamente de la posición de la Asociación y que, desde ahora, los militares preferirían a psicólogos a los psiquiatras.
«El doctor William Winkenwerder Jr., secretario adjunto de defensa para asuntos de salud, declaró a periodistas que la nueva política que favorece el uso de psicólogos en lugar de psiquiatras constituía un reconocimiento de posiciones divergentes adoptadas por sus respectivos grupos profesionales.»
Los militares habían estado utilizando por igual a psiquiatras y psicólogos en equipos de asesoría de ciencia conductual, para asesorar a interrogadores sobre cómo mejor obtener información de prisioneros.
Pero el doctor Steven S. Sharfstein, reciente presidente de la Asociación Psiquiátrica de EE.UU., señaló en una entrevista que el grupo adoptó en mayo una política que especificó inequívocamente que sus miembros no formarían parte de los equipos.
El grupo equivalente de los psicólogos, la Asociación Psicológica de EE.UU., ha adoptado una política diferente. Dijo en julio pasado que sus miembros que sirven como consultores en los interrogatorios que tienen que ver con la seguridad nacional deben «tener en cuenta factores específicos de esos roles y contextos que requieren una consideración ética especial.»
Para muchos psicólogos activistas en la Asociación que habían participado pacientemente en el juego del Grupo de Tareas de la Asociación, la discusión del Consejo, nota aquí, nota allá, sin que ocurra un cambio sustantivo en la política de la Asociación, esta noticia fue la paja proverbial que quebró la espalda del camello. Miembros que habían estado durante meses pidiendo cuidado y una actitud de ir paso a paso procedieron repentinamente a instar a que no se paguen las cuotas a la Asociación. En pocos días, se lanzó una campaña de correos electrónicos al presidente Koocher de la Asociación y en 48 horas se enviaron 300 correos. Koocher respondió con desdén y con un aire de condescendencia, mientras aprobaba explícitamente el deber de los psicólogos de ayudar al Estado de Seguridad Nacional. Una versión de la carta que envió es la siguiente:
«Usted está totalmente equivocado.
La APA no ha guardado silencio.
El Consejo de Directores de la APA comprende y aprecia que sus miembros tengan opiniones de peso sobre la participación de psicólogos en interrogatorios, y que sus opiniones no sean uniformes. Le ruego que reconozca que un interrogatorio no es el equivalente de una tortura y que existen muchos contextos civiles y militares en los que psicólogos participan éticamente en la recolección de información en función del interés público sin dañar a nadie y sin violar nuestro código ético. Le ruego que también examine los informes de prensa con un escepticismo saludable y que busque hechos, en lugar de dedicarse de forma reflexiva a campañas de escritura de cartas basadas en un acceso inadecuado a los datos.
El Consejo ha adoptado como política de la APA un Informe del Grupo de Tareas, que prohíbe inequívocamente que psicólogos participen en o aprueben la tortura u otro tratamiento cruel, inhumano, o degradante. Como base para esta posición, el Grupo de Tareas consideró primero el Principio A en los Principios Éticos de los Psicólogos y el Código de Conducta, «No hagas daño,» y luego el Principio B, que refleja las responsabilidades de los psicólogos hacia la sociedad. Ambas responsabilidades éticas juegan un rol central en la profesión de la psicología. En virtud del Principio A, los psicólogos no causan daño. En virtud del Principio B, los psicólogos utilizan su experiencia en, y su entendimiento de, la conducta humana para ayudar a impedir el daño.
En contextos relacionados con la seguridad interior y nacional, estos principios éticos convergen cuando se da mandato a psicólogos para que adopten pasos afirmativos para impedir el daño a individuos que son interrogados, y al mismo tiempo, ayuden a obtener información fiable que pueda impedir el daño a otros.
Es crítico señalar que al encarar estos temas mediante un informe del Grupo de Tareas, la Asociación Psicológica de EE.UU. respondió a psicólogos en entornos de la seguridad nacional que habían contactado a la APA buscando orientación sobre el camino más ético a seguir. El Consejo considera su responsabilidad el apoyo a nuestros colegas y miembros que se esfuerzan por comportarse correctamente. El Consejo alienta a sus miembros que tienen diferentes puntos de vista sobre éste o cualquier tema a que hagan conocer sus posiciones, y saluda la oportunidad de más discusión sobre este tema en la reunión del Consejo en agosto.»
Dejando de lado el «Usted está totalmente equivocado,» una introducción que mostró aún peor gusto al ser utilizada sólo unos pocos días después del suicidio de tres detenidos desesperanzados en el antro horrible de Guantánamo, la nota dejó en claro para los miembros titubeantes que la dirección de la Asociación se propone continuar haciendo lo mismo, que no es de esperar que ocurra acción alguna respecto al desafío moral de nuestros tiempos, a menos que los miembros la impongan.
En este momento, la dirección de la oposición fue tomada por la sección de Justicia Social (Sección 9) de la División de Psicoanálisis (División 9: verdad en las advertencias en embalajes: Soy miembro de esta Sección). Horas después de la recepción del mensaje de Koocher, miembros de la sección que se habían mostrado dispuestos a trabajar dentro de la estructura de la Asociación decidieron, como lo describió un miembro en un correo a la lista de direcciones de la Sección: «Es hora de que aceptemos el punto de vista de que la dirección de la APA participa totalmente en el problema de la utilización de la ofuscación y de la propaganda para justificar los actuales objetivos y métodos militares.»
Miembros de la Sección actuaron rápidamente para lanzar una campaña de petición exigiendo un cambio en la política de la Asociación. Se escribió rápidamente una Petición y fue enviada el 15 de junio [en http://www.thepetitionsite.com/takeaction/483607021] y comenzaron los intentos de hacerla conocer a los miembros en todos los diversos sectores de la Asociación. [Otra verdad en la advertencia del embalaje: Soy uno de los autores de la petición y aparezco como su patrocinador.]
En las semanas transcurridas desde entonces una serie de organizaciones, incluyendo las Divisiones de Justicia Social de varias divisiones de la Asociación y otras fuera de la Asociación, incluyendo a Médicos por los Derechos Humanos y el Fondo Ignacio Martín-Baró han iniciado discusiones sobre una estrategia coordinada para cambiar la política de la Asociación. Se obtuvo un acuerdo inicial para apoyar los intentos para que la Asociación, en su convención de agosto, reitere sus declaraciones de que los miembros no deben participar en la tortura o en interrogatorios abusivos. Parecería que no hay nada en esa declaración a lo que se oponga la dirección de la Asociación, que probablemente afirmará que ya forma parte de la política de la Asociación. Sigue abierta la pregunta de si este grupo irá más lejos y tratará de lograr que la Asociación declare que sus miembros no pueden participar en interrogatorios de detenidos de la Guerra Global contra el Terrorismo en capacidad alguna y bajo ninguna circunstancia. Parece poco probable que este grupo emprenda el paso adicional de exigir que la Asociación llame a cerrar Guantánamo e instituciones similares.
Sospecho que el cambio de la política de la Asociación necesitará una modificación de las tácticas utilizadas hasta ahora por los críticos. Hasta la fecha, la mayor parte de las objeciones desde el interior de la Asociación han sido formuladas de modo bastante limitado en términos de los detalles del código de ética y lo que dice, o debería decir, sobre la participación de psicólogos en interrogatorios coercitivos. Este enfoque lo coloca a uno en el campo del razonamiento legal y de la interpretación detallada de textos. Como demostraron siglos de argumento legal, un razonamiento semejante puede llevar a numerosas conclusiones diferentes, dependientes del objetivo del que razona. Y los funcionarios de la Asociación han dado pruebas de su habilidad, incluso de su genio, para torcer el razonamiento moral a fin de apoyar su posición de que los psicólogos tienen el derecho, tal vez incluso el deber, de servir en Guantánamo y en instalaciones similares. [Véanse por ejemplo, los argumentos decididamente diferentes, pero ambos bien presentados, del presidente Koocher en una entrevista de Democracy Now! el 16 de junio, y por el director de ética de la Asociación, Stephen Behnke, publicada aproximadamente al mismo tiempo: http://www.apa.org/releases/PENSfinal_061606.pdf] Aunque los críticos tienen que refutar en detalle esos argumentos, la batalla no tendrá éxito a ese nivel, tal como los cambios sociales importantes son logrados raramente en tribunales sin que cambios sociales simultáneos ocurran fuera de la corte.
Los miembros de la Asociación que critican la actual política han opuesto una resistencia extrema a denunciar abiertamente a Guantánamo por ser el campo de concentración que es. En general no se han unido de algún modo organizado a aquellos, como el Comité de la ONU contra la Tortura, que declaran claramente que una institución total que encarcela a gente «indefinidamente sin acusación, en la que los reclusos no tienen derechos, ni protección, virtualmente ninguna posibilidad de controlar algún aspecto de su entorno, constituye en sí una tortura. Los psicólogos, y todo ser humano moral, simplemente no tienen nada que buscar en una institución semejante. Estar allí en cualquier capacidad es hacer daño. Hasta ahora los argumentos han sido similares a los de una sociedad médica de la era nazi que hubiera objetado sólo a que doctores sirvieran en los campos de la muerte, y no a la existencia de los propios campos de la muerte. Creo que es un error.
La participación de psicólogos en Guantánamo no es simplemente un problema profesional. Es un importante desafío moral para el concepto mismo de utilizar el conocimiento para el bien y no para el mal. Si esta participación continúa, la psicología habrá perdido su alma, igual como todo nuestro país está en peligro de perder su alma, si apartamos la mirada de esos males que son cometidos en nuestro nombre.
A medida que miembros, y no-miembros, de la Asociación, desarrollan un enfoque más agresivo por un cambio de la política de ésta, deberían recordar esta historia. Deja en claro que la dedicación de los dirigentes de la Asociación a la demostración del valor de la psicología en el impulso de algunos de los aspectos más sórdidos del estado de seguridad nacional es profunda y que viene de largo. Los últimos días han producido más evidencia de los estrechos vínculos entre la Asociación y los militares; los críticos han sido informados que sólo una persona fue invitada a hablar ante la convención de la Asociación en agosto sobre el tema de Guantánamo, el general Kiley, jefe del servicio federal de salud del ejército que redactó el informe que recomienda que se utilice sólo a psicólogos para los interrogatorios. El general Kiley responderá solamente a preguntas sometidas por anticipado. Considerando los estrechos vínculos entre la Asociación Psicológica y los militares es evidente que la Asociación no será cambiada fácilmente. El cambio exigirá una amplia presión, utilizando una amplia gama de instrumentos, a fin de hacer impacto en una política tan profundamente establecida. Queda por ver si los miembros activistas estarán en medida de mantener la energía y la pasión provocadas por las recientes noticias y acontecimientos, o si de nuevo recaerán en ese estado de «impotencia docta» que al parecer es inducida intencionalmente por la conducta de la Asociación.
Stephen Soldz, investigador y psicoanalista, es director del Centro de Investigación, Evaluación, y Desarrollo de Programas en la Escuela de Posgrado de Psicoanálisis de Boston. Es miembro de Roslindale Neighbors for Peace and Justice y fundador de Psicoanalistas por la Paz y la Justicia. Mantiene la página en la red de Iraq Occupation and Resistance Report. Para contactos escriba a: [email protected].
http://www.counterpunch.org/soldz08012006.html
Germán Leyens es miembro de los colectivos de Rebelión y Tlaxcala (www.tlaxcala.es), la red de traductores por la diversidad lingüística. Esta traducción es copyleft.