Los medios de comunicación, según una fórmula ya consagrada, dicen que la situación en Birmania se caracteriza por una escalada de la violencia. Es como si existiera una entidad llamada violencia que recibe presiones de no se sabe quién –o quizá de todas las partes en presencia–, que hacen que ascienda a cimas cada vez más altas. Dicha fórmula, por el contrario, designa la vía razonable: la de un compromiso que hay que buscar y establecer, a ser posible con ayuda de una mediación supuestamente internacional. Así se borra la dimensión social de lo que hemos calificado de insurrección democrática.
Una dimensión democrática y social que se expresa, entre otras iniciativas, en huelgas contra el poder dictatorial de la junta militar, huelgas que también han protagonizado el personal sanitario, trabajadoras del sector textil, enseñantes, empleados de banca, etc. Esta cantinela mediática es bastante parecida a la insistencia en el crecimiento de las desigualdades sin asociarlas a las relaciones sociales entre explotadores y explotados, entre capital y trabajo. El plan de la junta militar se desarrolla en varios terrenos: institucional, político, represivo, mediático, económico.
Este lunes 1º de marzo ha comenzado por videoconferencia la vista oral del juicio incoado contra la presidenta de la LND (Liga Nacional por la Democracia) y exconsejera de Estado (del 6 de abril de 2016 al 1º de febrero de 2021), Aung San Suu Kyi. Su abogado, Min Min Soe, no ha tenido ocasión de ponerse en contacto con la inculpada. Desde hace ocho días, la junta no ha facilitado información alguna sobre su lugar de detención. Las acusaciones se basan en el artículo 505 del Código Penal, que declara ilegales “toda declaración, rumor o reportaje” susceptibles de incitar a la población a “cometer una infracción contra el Estado”, un Estado que tiene sinónimo: Junta Militar. La segunda acusación se refiere a la supuesta violación del artículo 67 de la ley relativa a las telecomunicaciones y al uso de equipos de comunicación. Se habla de la importación de transmisores y receptores portátiles. En caso de condena, estas acusaciones comportan penas de dos y un año de prisión, respectivamente, o fuertes multas.
Conviene comprender el precedente jurídico que pretende sentar la Junta. En efecto, los cientos de grupos de resistencia existentes cometen una “infracción contra el Estado” cuando difunden en Facebook u otras redes sociales llamamientos a desobedecer a la Junta, a organizar ocupaciones de calles y a obstaculizar la libre circulación de las tropas militares y policiales, denuncian las matanzas que se multiplican y las detenciones que aumentan todos los días. Se invoca el artículo 505 del Código Penal para acallar webs de información como Dawei Watch, The Voice of Minorities y Monywa Gazette en birmano, o sitios como Frontier y Myanmar Now, así como la agencia gráfica MPA, cuyo director ha sido detenido.
Además, la detención de numerosos periodistas birmanos y extranjeros se inscribe en esta voluntad, propia de toda dictadura: el control estricto de la información. En cuanto al artículo 67 de la ley de telecomunicaciones, se esgrimirá contra todas las aplicaciones que permiten la coordinación y los contactos entre las movilizaciones que han proliferado en las principales ciudades del país, lo que demuestra la amplitud del rechazo al poder del general Min Aung Hlaing y del complejo militar: el Tatmadaw.
Apenas iniciado el juicio contra Aung San Suu Kyi, contra el presidente depuesto Win Myint y contra miembros del ejecutivo de la LND y responsables regionales destituidos el 1 de febrero, se ha aplazado al 15 de marzo. En efecto, la Junta pretende fijar la naturaleza de las condenas en función de la correlación de fuerzas que piensa establecer en los próximos quince días. Dicho de otro modo, haciendo gala de su capacidad de aplastar una revuelta protagonizada por una juventud resuelta y combativa, multiplicando los actos de terror policial y militar, los encarcelamientos y las detenciones por “actos de complicidad con manifestantes”, que se han multiplicado estos últimos días.
Se ha sabido que en varias ciudades del país policías de paisano han registrado domicilios y practicado detenciones. En el Estado federado de Karen, en la capital Hpa-an, el pasado 28 de febrero policías de paisano penetraron en varias viviendas, donde practicaron detenciones. Un vídeo muestra a una agente que agarra a una mujer por los cabellos y la arrastra fuera de su casa para detenerla.
La publicación Frontier cita, con fecha del 1º de marzo, a un testigo ocular que declara que todas las personas que se hallaban en la calle n.º 66 del distrito de Maha Aung Myay de Mandalay (ciudad del norte de Myanmar) han sido detenidas y que la policía “no solo ha disparado contra los manifestantes, sino también contra quienes se encontraban simplemente en la calle. He visto a un oficial de policía encima de un camión disparando contra un motorista apuntándole a la cabeza”. Estas prácticas terroristas no han impedido que este lunes 1º de marzo miles de manifestantes, en particular estudiantes e incluso monjes salgan a la calle. Las fuerzas del orden han impedido que estudiantes de medicina y personal médico salgan del hospital universitario. Las fotos y reportajes difundidos revelan el motivo: ingresan numerosas personas con heridas de bala y víctimas de granadas aturdidoras. Toda una ilustración del carácter social y político del enfrentamiento.
Otra imagen de este enfrentamiento muestra cómo, el domingo 28 de febrero, en Mandalay, unos manifestantes detuvieron un vehículo policial camuflado que llevaba en el interior armas y municiones. Neutralizaron a los agentes, que en la foto aparecen abatidos, casi arrepentidos, en una actitud típica de casi todos los defensores del orden cuando el desorden los desarma. Cosa que no impide que un policía del distrito de Sanchaung, en Rangún (Yangon), declare, según informa un periodista de Frontier (28 de febrero): “No solo reprimimos porque es nuestro deber, sino también porque nos gusta hacerlo. Todas las personas que se encuentran ahora en la calle serán abatidas”, mientras dispara contra la gente que se manifiesta.
El 1º de febrero se inició un movimiento huelguístico. Conviene tener presente la coexistencia de la apertura de la economía birmana a las inversiones de las empresas multinacionales con la necesidad de establecer una legislación laboral de carácter cosmético que sirva para camuflar los métodos de sobreexplotación al uso. Como ocurre en varios países de la región, la industria textil y de la confección –que en 2019 empleaba a 700.000 trabajadoras, en su gran mayoría mujeres– contaba con la presencia de grandes marcas como Benetton (Italia), Calvin Klein (EE UU), C&A (Países Bajos), Inditex (España), Le Coq sportif (Francia), Itochu, Mizuno y Muji (Japón), Tally Weijl (Suiza), Tesco y Lidl (Alemania), H&M y Lindex (Suecia).
El salario mínimo en este sector se sitúa en torno a 3,26 dólares [2,75 euros] al día y es el resultado de una serie de luchas. Una parte significativa del personal participa en una oleada de huelgas desde el 1 de febrero. Como ilustra la fotografía del encabezamiento, las trabajadoras de Inditex reclaman que “Inditex asegure que ninguna trabajadora sea despedida por acudir a las manifestaciones a favor de la democracia”. Esta es una ilustración suplementaria del carácter engañoso de la expresión escalada de la violencia. Las declaraciones elocuentes que denuncian el golpe de Estado podrían ser menos dramáticas si la solidaridad internacional y las sanciones apuntaran directamente contra estas multinacionales, que en su totalidad colaboraron con la Junta antes del 1 de febrero y desde entonces se muestran cautelosas, a la espera de la evolución de la situación y del desenlace de los enfrentamientos en curso.
Traducción: viento sur (https://vientosur.info/que-esconde-la-formula-escalada-de-la-violencia/)