«Me alegro de que las cartas estén sobre la mesa y de que no haya una agenda oculta. Ahora podremos luchar en consecuencia». English Marcha en oposición a la elección de Donald Trump. Domingo, 13 de noviembre de 2016, en St. Louis. Foto AP / Jeff Roberson. El plan diseñado por la administración Obama para […]
«Me alegro de que las cartas estén sobre la mesa y de que no haya una agenda oculta. Ahora podremos luchar en consecuencia». English
Marcha en oposición a la elección de Donald Trump. Domingo, 13 de noviembre de 2016, en St. Louis. Foto AP / Jeff Roberson.
El plan diseñado por la administración Obama para deportar a adolescentes centroamericanos en cuanto alcanzan la mayoría de edad sigue operativo. A pesar de la intercesión de funcionarios públicos y de un recurso pendiente en la Corte Federal de Inmigración, el joven Pedro Arturo Salmerón, de Carolina del Norte, fue deportado a El Salvador el sábado 12 de noviembre, pocos días después de que Donald Trump saliera elegido presidente de los Estados Unidos.
Esta deportación confirma la continuación de la política iniciada el año pasado, bajo el gobierno de Obama, como respuesta al número sin precedentes de menores y de madres con hijos pequeños que llegaron a la frontera entre México y Estados Unidos procedentes de El Salvador, Guatemala y Honduras durante el verano de 2014. A consecuencia de la escalada de violencia que convirtió a estos países en los lugares más peligrosos de la tierra y desencadenó una migración masiva, el Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos (DHS) publicó una directiva, en diciembre de 2015, cuyo objetivo son los jóvenes y los solicitantes de asilo en situación de vulnerabilidad tan pronto como quedan sin protección por haber superado la mayoría de edad.
Aunque tanto el DHS como el presidente Obama insistieron en que su objetivo era sólo detener y deportar a criminales peligrosos, la realidad parece indicar lo contrario. Los inocentes solicitantes de asilo y ayuda, fácilmente identificables y localizables porque facilitan toda su información personal, son los que están en mayor riesgo.
En junio de 2014, cuando tenía 17 años, Pedro huyó de El Salvador para reunirse con su familia en Charlotte, Carolina del Norte, tras el brutal asesinato y decapitación de un primo suyo a manos de miembros de una pandilla criminal que, según afirma su familia, le amenazaba también a él.
Pero la estancia con su madre, Carmen, y otros miembros de su familia acabó bruscamente. Al llegar a los Estados Unidos, Pedro solicitó inmediatamente asilo humanitario y permiso para vivir con sus familiares en Carolina del Norte, y toda la familia se empeñó en seguir su caso, invirtiendo en ello miles de dólares. Pero el 26 de enero de 2016, Pedro, estudiante de la Escuela Secundaria Vance, fue arrestado por agentes del ICE (el brazo policial del DHS) camino de la escuela.
Pedro sabe tocar varios instrumentos y soñaba con emprender una carrera musical, pero en Vance sobresalía también en ciencias y literatura. Tras su detención, se le ha mantenido confinado durante 10 meses en el Centro de Detención Stewart en Lumpkin, Georgia, a 640 km de su familia y simpatizantes en Carolina del Norte, en una atmósfera que ha descrito como de «decepción y desespero«.
El espigado joven, de voz suave y pelo largo y brillante que le cae por la espalda, tenía en principio que ser trasladado a Houston, Texas, pero el avión en el que iba a viajar no obtuvo permiso de vuelo. Era la tercera vez que Pedro y su familia tenían que pasar por un comienzo en falso de los procedimientos de expulsión. A la 1 de la madrugada del 31 de julio le sacaron de Stewart para su deportación inminente, pero le trajeron de vuelta a Georgia al día siguiente. Lo mismo había ocurrido ya dos veces aquella misma semana. El abogado de Pedro cree que se trataba de una «represalia» por haber presentado una queja por un anterior traslado a un centro de Louisiana.
La congresista Alma S. Adams, representante del distrito 12 de Carolina del Norte, ha estado denunciando el caso y apoyando a Pedro y a la familia Salmerón durante todo el año, incluso viajando a Stewart para verle. Pedro ha contado también con el apoyo de otros tres congresistas, John Lewis (Demócrata, Georgia), Hank Johnson (Demócrata, Georgia) y G.K. Butterfield (Demócrata, Carolina del Norte), que escribieron con Adams una carta dirigida a Jeh Johnson, director del DHS, solicitando una «solución humana» para los jóvenes inmigrantes.
La actitud hacia los jóvenes inmigrantes no sigue, sin embargo, líneas partidistas.
Kay Hagen, senador del Partido Demócrata que representó a Carolina del Norte en Washington entre 2009 y 2015, se opuso vehementemente a la Ley DREAM (Desarrollo, Ayuda y Educación para Menores Extranjeros), que permite que los estudiantes indocumentados que han nacido en otros países pero han crecido y se han educado en Estados Unidos continúen sus estudios en este país. En 2010, Hagen fue uno de los únicos cinco senadores demócratas que se opusieron a la ley.
En la bancada opuesta, Lindsay Graham, senador republicano de Carolina del Sur, trabaja actualmente con el senador Jeff Flake (Republicano, Arizona) para extender legislativamente la iniciativa del Presidente Obama de 2012 conocida como DACA (Acción Diferida para Llegadas Infantiles), cuya aplicación implica que el DHS debe abstenerse de deportar a las personas indocumentadas que llegaron a los Estados Unidos siendo niños, se han educado en el país y no tienen antecedentes criminales. A estos inmigrantes indocumentados se les conceden visados temporales, a renovar cada dos años, para vivir y trabajar en Estados Unidos.
Las fichas de los 750.000 solicitantes de DACA y del millón de personas acogidas a la Ley DREAM pueden resultar muy tentadoras para el presidente electo Donald Trump, que ha manifestado repetidamente y con vehemencia durante la campaña electoral su intención de deportar a millones de inmigrantes indocumentados. Tras años señalando a los inmigrantes como chivos expiatorios y convenciendo a sus seguidores, o quizás a una gran parte del público estadounidense, de que los inmigrantes son «violadores y asesinos», le sería fácil satanizar ahora a toda la población inmigrante para justificar las deportaciones de refugiados y estudiantes y cumplir así más fácilmente lo prometido en campaña.
¡Pues adelante!, exclama la defensora de los derechos de los inmigrantes Viridiana Martínez, una de las fundadoras de la organización Dream Team de Carolina del Norte y de Alerta Migratoria. «Obama nos dijo cosas buenas, pero las hizo mal», dice Martínez. Con Trump, «me alegro de que las cartas estén sobre la mesa y de que no haya una agenda oculta. Ahora podremos luchar en consecuencia».