El 19 de diciembre, 400 soldados de la Guardia Nacional de Texas fueron desplegados en mi ciudad natal de El Paso para “ayudar” con la migración masiva en la frontera con Juárez, México.
El estado desplegó estos cuerpos especiales imperiales de hombres armados mientras la ciudad anticipaba el fin del Título 42 el 21 de diciembre, que permitiría a más migrantes solicitar asilo legalmente.
Sin embargo, el Tribunal Supremo intervino el 19 de diciembre y dictaminó “detener temporalmente el fin de la política del Título 42”. Esto permitió a las autoridades estadounidenses seguir deteniendo y expulsando a migrantes en la frontera, privándoles de intentar obtener asilo. El 20 de diciembre, el gobierno de Biden pidió al Tribunal Supremo que pusiera fin a la política, pero “solicitó un aplazamiento hasta al menos después de Navidad”. (PBS NewsHour, 20 de diciembre) Con las disputas legales y políticas, podría llevar meses.
Miles de personas han dejado a sus familias y han viajado durante meses a través de un terreno peligroso, con la esperanza de obtener una vida mejor a su llegada a Estados Unidos, sólo para que se les niegue la entrada y encontrarse con violentos soldados armados y alambre de púas. Muchos migrantes, incluidos niños, han tenido que dormir en las calles de México mientras esperaban la entrada, o deben hacer lo mismo una vez que son admitidos en El Paso. Si consiguen cruzar la frontera, los migrantes pueden ser encarcelados por cargos penales de allanamiento en virtud de las inhumanas leyes de Texas.
Uso racista del Título 42
El Título 42 del Código Gubernamental de EE.UU. o Ley de Servicios de Salud Pública se codificó originalmente en 1944. Permitía a las autoridades federales denegar la entrada de personas y productos en EE.UU. si el cirujano general determinaba que procedían de un país con una “enfermedad contagiosa”. Esa autoridad se otorgó al director del Centro de Enfermedades Transmisibles en 1966. (Texas Tribune, actualizado el 5 de diciembre) (El CDC pasó a llamarse Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades en 1992).
En marzo de 2020, la administración Trump invocó este estatuto en relación con la propagación de COVID-19, utilizándolo como una razón para permitir a las autoridades negar la entrada a los migrantes en la frontera sur. Esta política racista se dirigía específicamente a personas procedentes de países como Venezuela, Nicaragua, Haití, Cuba, Ecuador y Perú; los inmigrantes procedentes de Ucrania y algunos otros países estaban excluidos de ella. Mientras tanto, EE.UU. ha tenido pocas o ninguna restricción COVID-19 para sus residentes y ha sido uno de los principales focos de la enfermedad desde su aparición.
El gobierno de Biden ha seguido manteniendo esta vil política, que ha facilitado la detención y expulsión de más de 2 millones de personas que pretendían entrar en el país en los años fiscales 2021-2022. (BBC News, 21 de diciembre)
En julio de 2021, decenas de miles de haitianos llegaron y acamparon bajo un puente en Del Rio, Texas, días después del asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse. Se les “denegó la entrada” en virtud del Título 42 y se encontraron con violencia estatal y detenciones. Agentes de la Patrulla Fronteriza a caballo les atacaron y gritaron: “Vuelvan a México”. (NPR, 7 de septiembre)
Migrantes que buscan asilo en el muro fronterizo cerca del Río Grande se enfrentan a detenciones por parte de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos. Credit: Reuters/Jose Luis Gonzalez
El CDC señaló en abril que levantaría la orden, y el Título 42 debía terminar el 16 de mayo. Sin embargo, un juez federal bloqueó su finalización, desencadenando una larga batalla legal. Muchos migrantes han estado esperando en México desde entonces a que expirara el estatuto, para que se les permitiera la entrada. La fecha de expiración se trasladó al 21 de diciembre, pero ahora no está claro cuándo terminará, debido a las objeciones de 19 estados liderados por la derecha y a la sentencia del Tribunal Supremo. (Al Jazeera, 19 de diciembre)
2022: Cronología del cruce de la frontera sur
Septiembre: Los venezolanos comenzaron a llegar diariamente por centenares a Ciudad Juárez, México. Muchos se encontraron con resistencia y se les negó la entrada debido al Título 42. Los que pudieron cruzar fueron liberados por la Patrulla Fronteriza en El Paso sin fondos, dejándoles dormir en la calle.
El Paso gastó 9,5 millones de dólares en 2022 en prestar servicios a refugiados y migrantes. (Texas Tribune, 14 de diciembre) Muchos migrantes son amontonados en autobuses o enviados al aeropuerto para ser enviados a Nueva York, Detroit y otros lugares. Al menos un niño se ahogó en el río al intentar cruzar la frontera.
Las autoridades de El Paso propusieron declarar el estado de emergencia, ya que la ciudad estaba y sigue estando mal preparada para albergar y ayudar a los miles de solicitantes de asilo. El alcalde de El Paso, Oscar Leeser, declaró que la congresista Verónica Escobar (demócrata de El Paso) le instó a no declarar el estado de emergencia. Los políticos locales especularon con que era probable, porque una emergencia fronteriza haría quedar mal al gobierno de Biden y al Partido Demócrata local y estatal antes de las elecciones de mitad de mandato del 2 de noviembre. La ciudad recibió fondos federales adicionales sin declarar el estado de emergencia.
Octubre: Miles de personas procedentes de Venezuela, Nicaragua, Colombia, Ecuador y Perú llegan a la frontera para solicitar asilo. Cientos acamparon en la orilla sur del río Grande, en Juárez, mientras esperaban la entrada. El campamento se encontró con abusos policiales en Juárez. Se quemó una tienda y se dispersó a la gente.
Grupos de migrantes entraron en El Paso a través de la autopista fronteriza y por túneles de alcantarillado y agua y por encima de las vallas. Dos personas fueron atropelladas cuando intentaban cruzar por la autopista.
Diciembre: Más de 20.000 personas llegaron a Juárez, y hasta 6.000 migrantes intentaron cruzar a El Paso diariamente. Los que lograron cruzar tuvieron que ingeniárselas para conseguir un billete de avión o autobús, o tuvieron que dormir en la calle. Muchos dependen de cartones para mantenerse calientes durante las gélidas noches.
Los refugios y los hogares están desbordados. El 16 de diciembre, el alcalde Leeser declaró el estado de emergencia para solicitar ayuda adicional. Las escuelas están siendo reutilizadas como refugios de emergencia.
Las tropas de la Guardia Nacional de Texas instalaron vehículos militares y vallas de alambre de espino en las zonas fronterizas, donde se congregaba la gente. Blandiendo rifles, han estado impidiendo de forma abusiva la entrada de personas en Estados Unidos.
Se mantiene la política de ‘permanecer en México’
La administración Trump implementó los Protocolos de Protección al Migrante o la política de Permanecer en México (RMX) en enero de 2019. Requiere que los hombres adultos solos, las mujeres y las unidades familiares, que buscan asilo por tierra en la frontera entre Estados Unidos y México, regresen a México mientras esperan sus audiencias de asilo en el tribunal de inmigración de Estados Unidos.
Esta política perjudicial somete a poblaciones ya de por sí vulnerables a condiciones inseguras y peligrosas en la frontera y les niega su derecho a solicitar asilo. Más de 70.000 migrantes se han visto obligados a permanecer en México a la espera de juicio en Estados Unidos.
El presidente Joe Biden había suspendido ese programa cuando asumió el cargo en enero de 2021, pero tribunales inferiores restablecieron la política RMX después de que se presentaran demandas encabezadas por republicanos de Texas y Missouri. Se reanudó en diciembre de 2021; el 8 de agosto, un juez anuló la orden que había estado en vigor desde entonces, y el Departamento de Seguridad Nacional puso fin a esta política.
Pero el 15 de diciembre, un juez federal de Texas impidió que la administración Biden pusiera fin temporalmente al programa RMX hasta que se resolvieran los recursos legales interpuestos por Texas y Missouri.
Fin de la brutal ‘Operación Estrella Solitaria’
El 6 de marzo de 2021, el misógino y xenófobo gobernador de Texas, Greg Abbott, junto con el Departamento de Seguridad Pública de Texas, puso en marcha la “Operación Estrella Solitaria”. Según un comunicado de prensa de Abbott, integra el DPS con la Guardia Nacional de Texas y “despliega activos de seguridad de fronteras aéreos, terrestres, marinos y tácticos a zonas de alta amenaza para negar a los cárteles mexicanos y otros contrabandistas la capacidad de mover drogas y personas a Texas.”
Esta política inhumana y racista tiene como objetivo a los migrantes y los lleva por la vía rápida a la cárcel o a la deportación. En virtud de esta política, los agentes de policía y los soldados realizan perfiles raciales de los migrantes en la frontera y en los condados circundantes. Los migrantes se enfrentan a ridículos cargos de delito menor de allanamiento de morada (en tierra robada), que se castigan con hasta un año de cárcel.
Muchos migrantes llevan meses en prisión preventiva, sin reunirse nunca con un abogado ni ser acusados formalmente. Sólo en el condado de Kinney hay al menos 800 personas recluidas a la espera de juicio.
En el marco de este programa, se desplegaron 10.000 agentes del orden en la frontera entre Texas y México para detener a los solicitantes de asilo que intentaban entrar en el país. Dedicaron más tiempo a patrullar los condados fronterizos, algunos de los cuales se encuentran hasta a 200 millas de la frontera. Esta política represiva no ha hecho más que magnificar los incidentes de elaboración de perfiles raciales y discriminación contra negros y pardos, que ya eran frecuentes en los condados fronterizos de Texas. Millones de personas han sido detenidas en la frontera debido a este decreto criminal, injusto y supremacista blanco.
Más de 4.000 millones de dólares del dinero de los contribuyentes de Texas se han utilizado para financiar la Operación Estrella Solitaria desde su inicio. Un condado de Texas, donde muchos residentes viven por debajo del índice de pobreza y carecen de las necesidades básicas, recibió 3.000 millones de dólares de financiación, pero sólo se destinaron a la Operación Estrella Solitaria.
El imperialismo estadounidense en la raíz de la crisis
En los dos últimos años se han registrado más de 1.350 muertes en la frontera, aunque es probable que el número de los que perdieron la vida antes de completar su viaje sea mucho mayor.
Los migrantes llegan a Estados Unidos en masa debido a las condiciones materiales creadas o exacerbadas por el capitalismo global, la destrucción del clima y la guerra, perpetrados por Estados Unidos. Este imperio violento, supremacista blanco y heteropatriarcal protege la propiedad, la riqueza y el poder de los superricos.
El gobierno estadounidense proclama que este país es un “faro de la democracia mundial” y utiliza esa afirmación como motivo para financiar guerras, invadir países, fortificar golpes de Estado y contrarrevoluciones. Mientras tanto, muchos residentes de Estados Unidos no tienen acceso a necesidades básicas como alimentos, vivienda, atención sanitaria y educación. El Estado capitalista niega cruelmente la entrada a millones de personas desesperadas, sobre todo a las que son negras y morenas e intentan buscar asilo en el llamado “mejor país del mundo.”
Nadie es ilegal en tierra robada. Las personas tienen el derecho fundamental a viajar libremente y vivir donde elijan.