En octubre de este año se cumplirán 33 del asesinato de Antonio González Ramos, fallecido a consecuencia de las torturas que le infligió el comisario de policía Manuel Matute Fernández. Murió prematuramente, de una muerte que no tenía que haber sido la suya. Antonio González Ramos era un hombre sencillo, un campesino del norte de […]
En octubre de este año se cumplirán 33 del asesinato de Antonio González Ramos, fallecido a consecuencia de las torturas que le infligió el comisario de policía Manuel Matute Fernández. Murió prematuramente, de una muerte que no tenía que haber sido la suya. Antonio González Ramos era un hombre sencillo, un campesino del norte de Tenerife que había marchado a Alemania en los años ’60 y allí, en los círculos de la emigración española, había conocido al Partido Comunista. Cuando regresó a Tenerife unos años más tarde, era ya un obrero industrial consciente, como decíamos entonces. Un día nos contó su despedida de los camaradas de Alemania:
– Vuelvo a España. ¿Cómo encontraré al Partido?
– Búscalo en el pueblo.
Eran otros tiempos. Antonio buscó al Partido en Tenerife, sin éxito al principio. Entró a trabajar en la fábrica de tabacos de Philips Morris y con otros compañeros -recuerdo ahora a Chicho Montesinos y a Luis Molina– fue despedido por reclamar mejores condiciones de trabajo, y entonces se reencontró con los suyos, en el Partido de Unificación Comunista de Canarias, del que se hizo militante un año antes de la muerte de Franco.
Encuadrado en el sector obrero del PUCC, Antonio intervino en la creación de Comisiones Obreras en la isla. Como uno más, sin excesivos protagonismos de los que huía su natural de hombre modesto. También trabajó en el movimiento vecinal, en el barrio de La Laguna donde vivía, haciéndose acreedor al cariño y respeto de sus convecinos.
Así, hasta el aciago día 29 de octubre de 1975. En una concatenación de casualidades, Antonio fue detenido por la Brigada de Investigación Social, la policía política del franquismo. En casa de un amigo suyo había sido hallada una maleta con panfletos y documentos del PUCC, que había llevado para que le guardaran y, en otro lugar de la misma vivienda, unos cartuchos de dinamita que el amigo, trabajador ocasional de la construcción, tenía para emplear en la pesca clandestina. Fue lo suficiente para exacerbar el celo de los sicarios, temerosos ante las incertidumbres que estaba abriendo la enfermedad que iba a llevar a la tumba al Caudillo un mes después, y ansiosos de apuntarse el tanto de desarticular una banda terrorista. El PUCC era un partido comunista clásico, que basaba su estrategia en la lucha de masas, sin dar la mínima opción al terrorismo individual y, por otra parte, en la isla no se había producido todavía ningún tipo de atentado de este tipo (la campaña del MPAIAC empezaría meses más tarde). Pero esas consideraciones no detuvieron a los esbirros empeñados en hacer confesar a Antonio su implicación en tales actividades. Así, horas más tarde de su detención, Antonio González murió a consecuencia de los golpes que le propinó el inspector José Matute Fernández. Hizo un buen servicio aquella noche el judoka Matute. De golpe eliminó a un comunista, dejó viuda a una mujer joven, convirtió en huérfanos a cuatro niños y llevó el dolor y la rabia al corazón de todos sus amigos y camaradas.
Cobardemente, los asesinos intentaron ocultar su crimen, aduciendo que Antonio había muerto cuando, trasladado en coche a una verificación, se arrojó en marcha del vehículo. El período de inseguridad política que abrió la muerte del dictador no era la situación más apropiada para la impunidad de los asesinos y, acosado por las investigaciones judiciales, Matute huyó a Venezuela, de donde regresó un año más tarde, cuando ya era de dominio público que se iba a promulgar la ley de amnistía que iba a acoger por igual a las víctimas y a los victimarios del franquismo. Aunque fue procesado, el juicio no llegó siquiera a celebrarse, pues en 1977 fue amnistiado y se reincorporó a sus tareas como policía. Para más escarnio, uno de sus últimos destinos en la Dirección General de Seguridad, en Madrid, fue en el departamento de elaboración y custodia de los datos de las personas detenidas. Fernando Sagaseta en sus tiempos de diputado por UPC denunció esta situación de favor a un convicto de torturas y asesinato; pero fue en vano, como más recientemente lo ha sido también con el jefe provincial de Policía de Santa Cruz de Tenerife, condenado por un delito similar hace años.
El Gobierno indemnizó a la viuda y a los hijos de Antonio con una cifra que sonroja, si las comparamos con las indemnizaciones que andando el tiempo iban a cobrar (reservadamente) los altos cargos del felipismo implicados en el turbio negocio de los GAL. La fecha y las circunstancias de su muerte entran de lleno en las condiciones que establece la llamada Ley de la Memoria Histórica, por lo que su viuda y sus hijos podrán acceder a las indemnizaciones establecidas para las víctimas del franquismo y sus herederos. En tiempos de UPC el Ayuntamiento de La Laguna acordó dar a una calle de la ciudad el nombre de Antonio González Ramos. Está situada en San Benito, entre las calles Cruz de Candelaria y Buenaventura Bonnet.
Ahora que casi todos olvidan estas cosas, nosotros queremos seguir con la memoria despierta y recordar al camarada y al amigo con el que un día compartimos luchas y esperanzas, a las que a pesar de los pesares, seguimos sin renunciar.