De habla tigriña, los eritreos denuncian privaciones, palizas y arrestos. Culpan a la ONU de “abandonarlos” y no hacer valer su derecho a permanecer en Etiopía
La ONU les dio permiso para permanecer en Etiopía, pero los refugiados eritreos denuncian detenciones arbitrarias y traslados forzosos a zonas del país devastadas por la guerra.
Los agentes de seguridad del Gobierno etíope han sido acusados de acorralar, maltratar y detener ilegalmente a refugiados eritreos que tienen permiso legal para residir en el país, así como a eritreos con una segunda nacionalidad.
Berket*, ciudadano británico nacido en Eritrea, ha hablado con The Guardian sobre su experiencia durante unas vacaciones recientes a la capital etíope, Adís Abeba. A principios de julio, se apuntó a una excursión de un día a un destino religioso. Tras visitar un monasterio, viajaba en autobús junto a otros 140 eritreos cuando la policía etíope los detuvo a las afueras de la capital.
“Solo nos detuvieron a los que hablábamos tigriña [lengua de eritreos y de la provincia etíope de Tigray]. Además de los refugiados, había decenas de eritreos que tenían un segundo pasaporte europeo, canadiense, estadounidense o británico. Nos quitaron nuestras pertenencias y nos obligaron a subir a otro autobús”, dice Berket.
“No nos dijeron qué ‘délito’ habíamos cometido y no escucharon cuando se les enseñaron las identificaciones y los pasaportes de ACNUR [Agencia de la ONU para los refugiados]”, añade. “Nos negamos a subir al autobús porque los policías no nos daban ninguna explicación. Pero los agentes nos golpeaban y nos intimidaban. También había una turba de gente agrediéndonos verbalmente. Nos asustamos”, relata.
Trasladaron al grupo hasta un campamento en Debark, una ciudad de la conflictiva región de Amhara, donde 10 días después liberaron a Berket y a otras 20 personas con un segundo pasaporte. Los demás siguen retenidos en el campamento de Alemwach junto a miles de refugiados eritreos.
“Es muy duro”, dice Berket. “[El campamento] carece de cosas básicas como instalaciones para el agua. Da miedo porque por la zona hay muchas milicias violentas. Me han detenido y liberado de manera arbitraria. No hay orden ni ley”, cuenta.
Inacción de la ONU
En sus testimonios a The Guardian, los eritreos acusaron a ACNUR de no hacer valer sus derechos como refugiados. También mostraron al diario británico decenas de certificados demostrando que su estatus de refugiados legales del ACNUR sigue en vigor, así como el permiso para residir en la capital etíope.
Yekalom*, padre de tres hijos, dice que había vivido y trabajado en Adís Abeba desde su huida de Eritrea en 2013 y hasta este 9 de julio, cuando lo llevaron a vivir al campamento, separándolo de su esposa y sus hijos, que siguen en la ciudad. “Construí mi vida en Adís Abeba, confiando en que ACNUR protegería mis derechos como refugiado, pero ahora parece que no tengo ningún derecho. No hemos recibido ninguna explicación de por qué estamos retenidos aquí, ni de cuánto tiempo va a durar”, dice.
“Nadie del ACNUR nos ha preguntado. Nos han abandonado. No tenemos ningún lugar al que ir para hacer valer nuestros derechos, no hay ningún sitio al que ir para pedir protección”, añade.
Aterrorizados
Según los refugiados, el campamento no es un lugar seguro. Aunque no ha habido combates desde que los rebeldes de Tigray se retiraron en diciembre del conflicto que tienen con el Gobierno etíope, los que viven dentro de él aseguran estar aterrorizados por los bandidos y los grupos armados que se han formado con gente del lugar.
“Hay mucha gente armada. Saquean y secuestran a la gente. No sabes quién te va a atacar”, cuenta Lewam*, otro refugiado que fue trasladado a la fuerza desde Adís Abeba. “Ni siquiera es seguro para los lugareños. En el campamento no hay agua ni comida y los refugios están en malas condiciones”, relata.
Lewam también dijo que “había terminado el proceso de visado y esperaba viajar a Noruega la semana pasada [la tercera semana de julio]”: “Pero ahora me veo obligado a vivir aquí, abandonado en una situación incierta”.
Kidan*, que llevaba siete años viviendo en Addis Abeba, dice que el ACNUR les había fallado. “Hui a Etiopía confiando en las promesas del ACNUR, pero la organización es prácticamente inexistente ahora mismo, ya no protege nuestros derechos”, explica. “Tengo todos los documentos legales, no hay razón para que me retengan aquí”, apunta.
Decenas de refugiados muertos
En las oficinas etíopes del ACNUR dijeron a The Guardian estar muy preocupados por el incidente. “Tras nuestra intervención con las autoridades, algunas de las personas han podido ser trasladadas de vuelta a Adís Abeba. También estamos haciendo un seguimiento de los casos restantes junto a las autoridades. Estamos trabajando para garantizar que las personas reciban la ayuda que necesitan”, dijo un portavoz.
En la oficina del primer ministro de Etiopía no respondieron a las peticiones de comentarios de The Guardian.
Desde que comenzó la guerra en Etiopía, todos los bandos han abusado de los refugiados eritreos. En diciembre de 2020, el Gobierno etíope reunió a los refugiados para reubicarlos a la fuerza.
Los informes sugieren que los rebeldes de Tigray y las fuerzas eritreas que luchan junto al Gobierno también han atacado a los refugiados. La organización Human Rights Watch (HRW) publicó un informe en septiembre asegurando que entre noviembre de 2020 y enero de 2021 las tropas eritreas habían matado, hecho “desaparecer”, detenido o devuelto forzosamente al campamento de Hitsats (en Tigray) a refugiados eritreos.
HRW también documentó asesinatos indiscriminados y violencia sexual por parte de las milicias de Tigray en dicho campamento. Según los informes, decenas de refugiados han muerto.
El ACNUR comunicó en septiembre que siguen sin aparecer unos 7.600 eritreos reubicados en los campamentos de Hitsats y de Shimelba, en Tigray.
* Los nombres han sido modificados como medida de protección.
Traducción de Francisco de Zárate