El gobierno de Estados Unidos anunció ayer un acuerdo con la farmacéutica Gilead Sciences para adquirir prácticamente la totalidad de la producción mundial de remdesivir por los próximos tres meses (100 por ciento de lo que desarrolle en julio, y 90 de cada 100 de lo correspondiente a agosto y septiembre).
La compra de remdesivir realizada por el Departamento de Salud y Servicios Sociales (HHS, por sus siglas en inglés), garantiza la entrega de medio millón de tratamientos para la atención de pacientes con cuadros graves de COVID-19, cada uno de los cuales tendría un costo de 3.200 dólares.
Remdesivir es un antiviral desarrollado para combatir el ébola, pero que no mostró eficacia alguna en el combate a dicha enfermedad, y que hasta el 1º de mayo pasado no había recibido el aval de las autoridades sanitarias para tratar ningún padecimiento. De acuerdo con un estudio llevado a cabo en más de mil pacientes de varios países por el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos (NIAID, por sus siglas en inglés), el fármaco permite reducir 31 por ciento el tiempo de recuperación de los enfermos; sin embargo, los propios autores del protocolo médico señalaron que no puede evitar muertes y el director del NIAID, Anthony Fauci, calificó sus resultados de modestos desde un punto de vista estadísticamente significativo. Un análisis realizado en China con un número menor de pacientes (237) no encontró beneficio significativo en el uso del remdesivir.
En resumen, se habla de un medicamento cuya eficacia dista de haber sido comprobada y que no fue desarrollado para su uso específico contra el nuevo coronavirus, pero que ya fue objeto del acaparamiento por el gobierno de Donald Trump, así como de la imposición de un precio absolutamente disparatado por el dueño de su patente. Ante estos hechos, cabe hacer eco de las advertencias del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, acerca de la confusión sembrada entre familiares de pacientes de COVID-19 para que consigan remdesivir. Como señaló el funcionario en su comparecencia del martes, tanto en hospitales públicos como privados se ha inducido la creencia de que acceder a este fármaco es necesario para poner a salvo a los contagiados graves, lo cual carece, hasta ahora, de sustento científico.
En cuanto al acaparamiento perpetrado por Estados Unidos, los resultados que arroje el fármaco permitirán leer el enésimo arrebato chovinista de Trump desde una de dos perspectivas. Si tiene un grado significativo de efectividad, Gilead Sciences y Washington habrán cometido un acto de discriminación y exclusión, que no puede calificarse sino de monstruoso, al negar a decenas o centenas de miles de pacientes graves los beneficios de un medicamento que podría salvar sus vidas.
No sería exagerado hablar de un crimen contra la humanidad, pues la distribución de un medicamento con base en la nacionalidad de los pacientes, y no en función de la estricta necesidad médica, es abiertamente violatorio de cualquier derecho humano.
En el otro extremo, si el remdesivir se muestra de nula o escasa utilidad en la lucha contra la pandemia, se habrá configurado un monumental acto de corrupción.
Se trataría de una estafa en la escala de miles de millones de dólares, con el agravante de haberse consumado mediante la manipulación de las emociones y esperanzas de los familiares de los enfermos, y con el apoyo de la jefatura de Estado del país más poderoso del mundo. Está claro que, en cualquiera de los dos escenarios, el acuerdo coloca al gobierno de Estados Unidos en una bancarrota moral pocas veces vista: sea un acto de egoísmo o de corrupción, tal acaparamiento constituye una suprema carencia de escrúpulos.