Cientos de miles de civiles están sumergidos en una ola de violencia y caos en República Centroafricana, según Amnistía Internacional, que exigió el despliegue inmediato de cascos azules allí. «La ley y el orden en República Centroafricana se dirigen rápidamente hacia el borde del colapso», según Godfrey Byaruhanga, investigador de Amnistía que acaba de regresar […]
Cientos de miles de civiles están sumergidos en una ola de violencia y caos en República Centroafricana, según Amnistía Internacional, que exigió el despliegue inmediato de cascos azules allí.
«La ley y el orden en República Centroafricana se dirigen rápidamente hacia el borde del colapso», según Godfrey Byaruhanga, investigador de Amnistía que acaba de regresar de una visita al país y al sur de Chad, donde entrevistó a refugiados de aquel país.
«La autoridad del gobierno está confinada a la capital, Bangui, donde reinan la inseguridad, la corrupción y la impunidad. La repercusión del colapso será catastrófica para toda la región de África central», agregó.
La peor violencia, según Amnistía, se registra en el norte del país, donde la población civil no sólo se enfrenta con la violencia de tropas del gobierno y de varias facciones rebeldes, sino también de bandoleros armados.
La situación en República Centroafricana, uno de los países más pobres del mundo, no es tan notoria como la de la occidental región sudanesa de Darfur y Chad oriental, que sufren la agresión de milicias árabes respaldadas por Jartum.
El presidente de República Centroafricana, François Bozizé, está estrechamente aliado con el de Chad, Idriss Déby, quien apoyó a las fuerzas rebeldes en Darfur. Mientras, analistas regionales acusan a Sudán de respaldar a fuerzas rebeldes en República Centroafricana y en Chad.
Representantes de los tres países se reunieron en febrero en Francia para firmar un acuerdo que comprometió a cada uno de ellos a abstenerse de apoyar a fuerzas rebeldes en los otros.
Pero el acuerdo fue ignorado, mientras las prolongadas negociaciones entre la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y Sudán demoraron el despliegue de una fuerza conjunta de 21.000 efectivos del foro mundial y la Unión Africana (UA) en la región para vigilar las fronteras y a proteger a la población civil.
Se calcula que 400.000 personas fallecieron como consecuencia de la violencia en Darfur, mientras más de dos millones debieron abandonar sus hogares. Decenas de miles también fueron desarraigados por la violencia transfronteriza en Chad. Se calcula que del norte de República Centroafricana huyeron 280.000 de los 4,5 millones de habitantes en los últimos dos años de combate.
Pero la situación se deterioró en los últimos meses, según Amnistía.
A comienzos de junio, un socorrista francés de Médicos Sin Fronteras fue asesinado cuando participaba en una misión de evaluación a lo largo de la frontera común de República Centroafricana con Chad y Camerún.
Las agencias humanitarias de la ONU suspendieron las operaciones en el área afectada.
Según Byaruhanga, de Amnistía, el norte de República Centroafricana se volvió «una batalla campal, un coto de caza para varias milicias, tropas regulares e incluso bandoleros armados, algunos de los cuales proceden de lugares tan lejanos como África occidental para secuestrar personas y saquear en aldeas».
Las fuerzas rebeldes matan a civiles que se niegan a apoyarlas o a unirse a ellas, y efectivos del gobierno ejecutaron a civiles acusados de cooperar con insurgentes, e incluso incendiaron aldeas enteras en ataques de represalia.
Mientras, bandoleros conocidos como zaraguinas o «cortadores de rutas» deambulan libremente en el área en busca de ganado y niños a los que secuestran en procura de un rescate.
Según refugiados entrevistados por Byaruhanga, padres de estos niños deben pagar el equivalente de hasta 4.000 dólares por su libertad. Algunos fueron secuestrados muchas veces.
«Los civiles están atrapados en una situación de pérdida total. Muchos tienen tanto miedo que huyen a Sudán, Camerún y Chad meridional, yendo de mal en peor por pura desesperación», explicó.
Francia, que intervino frecuentemente en República Centroafricana desde su independencia en 1960, tiene unos 200 efectivos apostados en Bangui para proteger la capital.
Estados Unidos, que retiró a su embajador en República Centroafricana en 2002 para poner de relieve su insatisfacción con el fracaso del entonces presidente Ange-Félix Patassé en la implementación de reformas económicas y políticas, enviará en julio a un nuevo representante, Frederick Cook.
En 2003, Bozizé depuso a Patassé, elegido presidente en 1993, a través de un golpe de Estado. Dos años después, ganó elecciones presidenciales que, según el embajador Cook, satisfacían «estándares internacionales mínimos».
Al menos una de las facciones rebeldes, el Ejército Popular para la Restauración de la Democracia, es considerada leal a Patassé.
Uno de sus líderes, Magloire Nguetel, dijo esta semana a The Associated Press que él y algunos de sus efectivos estaban preparados para abandonar las armas y volver a unirse al ejército bajo el mando de Bozizé.
La revista Foreign Policy y el Fondo para la Paz, con sede en Washington, ubicaron la semana pasada a República Centroafricana y a tres de sus vecinos entre los 10 primeros de un índice anual de «estados fracasados».
Sudán quedó en el primer lugar, Chad en el quinto, República Democrática del Congo y República Centroafricana en el décimo.
«Ubicado en la frontera de Chad, Sudán y los Congos, el país enfrenta la presión de los vecinos, que por momentos pueden preferir que el país sea débil e inestable para que pueda servir como refugio para sus rebeldes, o sus fuerzas, o ambos», dijo Cook a los senadores en su audiencia de confirmación a comienzos de este mes.
«La autoridad del gobierno está confinada a la capital, Bangui, donde reinan la inseguridad, la corrupción y la impunidad. La repercusión del colapso será catastrófica para toda la región de África central», agregó.
La peor violencia, según Amnistía, se registra en el norte del país, donde la población civil no sólo se enfrenta con la violencia de tropas del gobierno y de varias facciones rebeldes, sino también de bandoleros armados.
La situación en República Centroafricana, uno de los países más pobres del mundo, no es tan notoria como la de la occidental región sudanesa de Darfur y Chad oriental, que sufren la agresión de milicias árabes respaldadas por Jartum.
El presidente de República Centroafricana, François Bozizé, está estrechamente aliado con el de Chad, Idriss Déby, quien apoyó a las fuerzas rebeldes en Darfur. Mientras, analistas regionales acusan a Sudán de respaldar a fuerzas rebeldes en República Centroafricana y en Chad.
Representantes de los tres países se reunieron en febrero en Francia para firmar un acuerdo que comprometió a cada uno de ellos a abstenerse de apoyar a fuerzas rebeldes en los otros.
Pero el acuerdo fue ignorado, mientras las prolongadas negociaciones entre la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y Sudán demoraron el despliegue de una fuerza conjunta de 21.000 efectivos del foro mundial y la Unión Africana (UA) en la región para vigilar las fronteras y a proteger a la población civil.
Se calcula que 400.000 personas fallecieron como consecuencia de la violencia en Darfur, mientras más de dos millones debieron abandonar sus hogares. Decenas de miles también fueron desarraigados por la violencia transfronteriza en Chad. Se calcula que del norte de República Centroafricana huyeron 280.000 de los 4,5 millones de habitantes en los últimos dos años de combate.
Pero la situación se deterioró en los últimos meses, según Amnistía.
A comienzos de junio, un socorrista francés de Médicos Sin Fronteras fue asesinado cuando participaba en una misión de evaluación a lo largo de la frontera común de República Centroafricana con Chad y Camerún.
Las agencias humanitarias de la ONU suspendieron las operaciones en el área afectada.
Según Byaruhanga, de Amnistía, el norte de República Centroafricana se volvió «una batalla campal, un coto de caza para varias milicias, tropas regulares e incluso bandoleros armados, algunos de los cuales proceden de lugares tan lejanos como África occidental para secuestrar personas y saquear en aldeas».
Las fuerzas rebeldes matan a civiles que se niegan a apoyarlas o a unirse a ellas, y efectivos del gobierno ejecutaron a civiles acusados de cooperar con insurgentes, e incluso incendiaron aldeas enteras en ataques de represalia.
Mientras, bandoleros conocidos como zaraguinas o «cortadores de rutas» deambulan libremente en el área en busca de ganado y niños a los que secuestran en procura de un rescate.
Según refugiados entrevistados por Byaruhanga, padres de estos niños deben pagar el equivalente de hasta 4.000 dólares por su libertad. Algunos fueron secuestrados muchas veces.
«Los civiles están atrapados en una situación de pérdida total. Muchos tienen tanto miedo que huyen a Sudán, Camerún y Chad meridional, yendo de mal en peor por pura desesperación», explicó.
Francia, que intervino frecuentemente en República Centroafricana desde su independencia en 1960, tiene unos 200 efectivos apostados en Bangui para proteger la capital.
Estados Unidos, que retiró a su embajador en República Centroafricana en 2002 para poner de relieve su insatisfacción con el fracaso del entonces presidente Ange-Félix Patassé en la implementación de reformas económicas y políticas, enviará en julio a un nuevo representante, Frederick Cook.
En 2003, Bozizé depuso a Patassé, elegido presidente en 1993, a través de un golpe de Estado. Dos años después, ganó elecciones presidenciales que, según el embajador Cook, satisfacían «estándares internacionales mínimos».
Al menos una de las facciones rebeldes, el Ejército Popular para la Restauración de la Democracia, es considerada leal a Patassé.
Uno de sus líderes, Magloire Nguetel, dijo esta semana a The Associated Press que él y algunos de sus efectivos estaban preparados para abandonar las armas y volver a unirse al ejército bajo el mando de Bozizé.
La revista Foreign Policy y el Fondo para la Paz, con sede en Washington, ubicaron la semana pasada a República Centroafricana y a tres de sus vecinos entre los 10 primeros de un índice anual de «estados fracasados».
Sudán quedó en el primer lugar, Chad en el quinto, República Democrática del Congo y República Centroafricana en el décimo.
«Ubicado en la frontera de Chad, Sudán y los Congos, el país enfrenta la presión de los vecinos, que por momentos pueden preferir que el país sea débil e inestable para que pueda servir como refugio para sus rebeldes, o sus fuerzas, o ambos», dijo Cook a los senadores en su audiencia de confirmación a comienzos de este mes.