El 19 de julio de 1978, diez días después de vivir la salvaje agresión policial padecida durante los Sanfermines de ese año, la Comisión de Interior del Congreso de Diputados se reunió para debatir de aquellos sucesos, así como también de los de Donostia (un manifestante muerto por balas policiales el día 11) y Rentería […]
El 19 de julio de 1978, diez días después de vivir la salvaje agresión policial padecida durante los Sanfermines de ese año, la Comisión de Interior del Congreso de Diputados se reunió para debatir de aquellos sucesos, así como también de los de Donostia (un manifestante muerto por balas policiales el día 11) y Rentería (un pueblo arrasado por el vandalismo policial el día 13).
En Iruñea, el 8 de julio, al finalizar la corrida de toros, un par de decenas de mozos bajaron al ruedo portando una pancarta en la que se reclamaba amnistía y unos Sanfermines sin presos. De ahí se derivó un pequeño altercado después de que algunas personas arrojaran sobre aquellos distintos objetos. El incidente -cuatro empujones, insultos y tortas- fue tomado como razón-excusa suficiente para desencadenar una salvaje intervención policial.
Cerca de veinte mil personas fueron testigos de lo que luego sucedió. Allí se cargó y disparó indiscriminadamente pelotas de goma, botes de humo, de gas y fuego real contra la gente que ocupaba ruedo y tendidos. Luego, en la calle, la Policía lo arrasó todo y un joven, Germán Rodríguez, fue asesinado por balas policiales. Según datos oficiales, sólo en aquella noche se dispararon 5.000 pelotas de goma, 1.000 botes de humo, otros 1.000 de gas y más de 150 balas de munición real. La emisora policial transmitió aquellos días órdenes criminales: «Disparar con todas vuestras energías. No os importe matar».
Martín Villa era entonces ministro del Interior. A las pocas horas de suceder aquello afirmó: «Lo nuestro son errores. Lo de ellos, crímenes». Tenía experiencia en estas lides. Dos años antes, en 1976, en la masacre de Gasteiz (cinco trabajadores muertos, más de cien heridos de bala), siendo ministro de Relaciones Laborales, fue corresponsable político, junto a Fraga Iribarne, de aquella sarracina. Sin parpadear siquiera afirmó entonces que la policía disparó en defensa propia tras ser asaltada por los trabajadores que, despavoridos, salían de la iglesia de Zaramaga, gaseada previamente por aquella.
Pero volvamos al principio. En aquella Comisión de Interior del 19 de julio, Martín Villa compareció para explicar los «errores» propios y «crímenes» ajenos de los que habló. Según él, la actuación policial había que enmarcarla en un contexto social previo en el que los agentes del orden estaban siendo rechazados y amenazados en Euskal Herria. Esto hacía entendible que «algunos que debieran ser servidores de la serenidad, pierdan la serenidad». Solo le faltó decir que la orden de «no os importe matar» estuvo también motivada por la tensión y estrés policial vivida en Iruñea.
Aquella Comisión aprobó exigir «la máxima claridad en la información sobre los hechos y responsabilidades ocurridos y derivados de ellos…, así como respecto de las medidas disciplinarias y sanciones aplicadas, o en vías de aplicación». Pero lo aprobado fue, sin más, un brindis al sol. Nunca ha sido dada información oficial alguna sobre aquellos hechos, ni se ha sabido de expediente, sanción o medida disciplinaria adoptada.
Después de aquello, ninguno de los sumarios abiertos tuvo mayor recorrido. Las pruebas solicitadas por la acusación particular fueron boicoteadas notoria y desvengonzadamente por el Ministerio del Interior: remisión de documentación, identificación de policías, aportación de pruebas,… Otras fueron rechazadas por los jueces: testigos directos de la agresión policial en la plaza de toros, calles y lugar donde se asesinó a Germán, material recogido por la Comisión Investigadora de las Peñas,…
Los jueces miraron para otro lado. Todo fue archivado. No hubo juicio alguno. Ningún policía llegó siquiera a sentarse en el banquillo. Ninguna pena fue impuesta. Los Autos judiciales fotocopiaron la versión ministerial. Allí, a lo más, se dieron unos malos entendimientos de las órdenes dadas sin que, por otro lado, tampoco fuera posible individualizar autorías ni responsabilidades en mandos, oficiales o agentes concretos. En definitiva, las resoluciones de aquellos jueces se escribieron al dictado de Martín Villa y su «lo nuestro son errores; lo de ellos, crímenes». Al igual que sucede hoy con el juicio contra los chavales de Altsasu, era el Gobierno y su Policía quienes encauzaban los procesos penales y sentaban las bases para las actuaciones judiciales.
Hoy, cuarenta años después, a petición de «Sanfermines 78: gogoan!», el Parlamento de Navarra ha aprobado una Declaración reclamando del Gobierno del PP la desclasificación de toda la documentación existente en el Ministerio del Interior relativa a aquellos hechos. El apoyo conseguido fue casi unánime (Geroa Bai, EH Bildu, PSN, Podemos, I-E y UPN), con la sola abstención del PP. La necesidad de hacer aflorar la memoria secuestrada era evidente.
En la Declaración aprobada se pormenorizan los documentos, pruebas, actas, expedientes, investigaciones y pruebas de todo tipo que se reclaman. Muchas de ellas fueron ocultadas o no aportadas en su día por el Ministerio del Interior. De la existencia de otras se ha sabido con posterioridad. Pues bien, queremos que se desclasifique toda esta información y que sea hecha pública.
Nuestra pretensión es rescatar la verdad silenciada, pues esto sería el primer paso para poder obtener después justicia y reparación. Para eso, con la ayuda de siete grupos políticos del Congreso español, hemos presentado en su Comisión de Interior una petición que se debatirá y votará el próximo ocho de mayo, a fin de que esta ratifique el acuerdo del Parlamento de Navarra. Queremos en definitiva que la misma Comisión de Interior del Congreso que aprobó en 1978 exigir «la máxima claridad en la información sobre los hechos y responsabilidades ocurridos..» le diga al Gobierno del PP que han pasado ya cuarenta años desde aquello y que nada se ha hecho al respecto.
Confiamos, por supuesto, que todos los grupos que aquí, en Nafarroa, votaron a favor de esta petición al Gobierno del PP lo vuelvan a hacer en el Congreso español y que la resolución sea así aprobada. Puro sentido común.
Fermín Rodríguez, Amaia Kowasch y Sabino Cuadra son miembros de «Sanfermines 78: gogoan!»
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